La dependencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones interconectadas globalmente ha puesto en el centro de la discusión la necesidad de trabajar en políticas y/o estrategias nacionales de seguridad digital. Esta necesidad es alimentada por el aumento de incidentes y ataques digitales con potenciales consecuencias catastróficas para la protección de la seguridad de la información, por tanto, de las personas. De acuerdo a información de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), tan solo 76 de sus 193 Estados miembros cuentan con algún tipo de política, estrategia o norma nacional de seguridad digital.

De estos, solo 6 de 33 países pertenecientes a la región de Latinoamérica y el Caribe tiene con una política o estrategia al respecto. Siendo la seguridad digital una discusión cada vez más crítica, hay que reconocer que la sociedad civil y los grupos de interés público no han sido suficientemente considerados, algo que desequilibra el debate y lo ubica en un tema enfocado en los sistemas o vagos conceptos de seguridad nacional, en lugar de las personas. Sin embargo, la seguridad digital está intrínsecamente relacionada con las personas, pues la forma en cómo se definen e implementan las políticas de regulación del comportamiento en línea y la seguridad de la información, tienen profundas implicaciones para los derechos humanos, en especial la privacidad, la libertad de expresión o la libre asociación.