Por Julieta H. Heduvan
Resumen
Este artículo analiza la creciente vulnerabilidad de Paraguay ante amenazas cibernéticas en un contexto internacional caracterizado por la digitalización, la interdependencia tecnológica y la reconfiguración del orden global. A través del estudio de casos recientes de ciberespionaje y ataques dirigidos a infraestructuras estatales clave, se argumenta que la seguridad nacional ya no puede entenderse únicamente en términos territoriales, sino que debe expandirse al ámbito digital. La investigación sostiene que las capacidades cibernéticas, tanto defensivas como ofensivas, constituyen hoy un componente central de la política exterior y de defensa, lo que obliga a países como Paraguay a integrar esta dimensión en su estrategia de seguridad y en su posicionamiento internacional.
Palabras clave: Ciberseguridad, ciberpoder, ciberespionaje, relaciones internacionales, Paraguay
Introducción
En los últimos años, el aumento de incidentes de ciberseguridad en Paraguay han puesto de manifiesto una vulnerabilidad latente en el Estado (Infobae, 2025). En un sistema internacional crecientemente digitalizado y tensionado por disputas geopolíticas, todos los Estados enfrentan riesgos concretos vinculados al robo de información, el espionaje y la injerencia externa. La creciente exposición digital impone la necesidad de fortalecer capacidades en ciberseguridad como parte fundamental de la soberanía estatal.
Los nuevos debates en las relaciones internacionales plantean un escenario en el cual la defensa nacional se ha extendido hacia un nuevo dominio, donde la información se ha convertido en un recurso estratégico tan valioso como lo fueron en su momento los recursos naturales o las posiciones geográficas. Los episodios recientes de ciberataques e intrusiones en los sistemas estatales, como el caso de la infiltración del grupo Flax Typhoon en la cancillería paraguaya y el episodio de ciberespionaje asumido por el gobierno de Brasil en el marco de las negociaciones de Itaipú (Ultima Hora, 2024: DW, 2025), han expuesto la vulnerabilidad del país frente a amenazas que no reconocen fronteras físicas. Estos incidentes demuestran que, en la actualidad, la soberanía ya no se ejerce únicamente sobre un territorio delimitado por líneas geográficas, sino también sobre un espacio virtual que aun carece de demarcaciones claras.
La reconfiguración del sistema internacional, el ciberpoder y la expansión del concepto de frontera
El sistema internacional atraviesa un momento de inflexión marcado por una creciente incertidumbre estructural y un proceso de transición hegemónica aún no resuelto. Desde el final de la Guerra Fría, el orden liberal liderado por Estados Unidos ha experimentado una combinación de erosión interna y cuestionamientos externos que, junto con el ascenso sostenido de China, han configurado un escenario cada vez más competitivo, marcado por intensas disputas de poder y la emergencia de nuevas dinámicas de influencia (Ruiz, 2025).
En este contexto, la tecnología ha consolidado su posición como el recurso de vanguardia primordial para acumular y proyectar poder, redefiniendo las capacidades de incidencia de las potencias globales. La rivalidad estratégica se mantiene como eje de esta transformación, donde el ciberpoder emerge como un factor crítico en la disputa por la hegemonía y la configuración del orden global. Si bien no existe una definición única, Nye (2010, p.3) desgrana el concepto entendiendo que el poder varía según el contexto y que el ciberpoder se construye a partir de los recursos que caracterizan al ciberespacio. Esta dinámica ha generado un escenario en el que las potencias no solo compiten por la superioridad en capacidades convencionales, sino por la facultad de establecer los estándares, normas y arquitecturas que gobernarán el ecosistema digital del futuro.
Tradicionalmente, la seguridad nacional se centraba en la defensa del territorio frente a invasiones o agresiones militares tangibles. La soberanía se entendía como el control exclusivo sobre un espacio físico, y las amenazas eran visibles: tropas enemigas, aviones sobrevolando espacios aéreos o buques cruzando límites marítimos. No obstante, la revolución digital ha reconfigurado radicalmente este paradigma. Hoy, las fronteras no solo existen en el plano material, sino también en el virtual, donde la soberanía se ve constantemente desafiada por actores estatales y no estatales que operan desde el anonimato.
La irrupción del ciberespacio ha introducido una dimensión inmaterial que desdibuja las fronteras convencionales de la competencia interestatal. Esto permite proyectar influencia de maneras antes impensables: un hacker al servicio de un gobierno extranjero puede infiltrarse en sistemas críticos de los Estados sin pisar físicamente el país, un grupo criminal puede desestabilizar instituciones financieras desde otro continente, actores nacionales y extranjeros pueden manipular a la opinión pública, y datos sensibles —desde estrategias de defensa hasta información sobre recursos naturales— pueden ser extraídos sin que medie un solo disparo.
Entre los casos más paradigmáticos de incidentes de ciberseguridad a nivel internacional destaca el ataque a la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (OPM) en 2015, considerado una de las mayores violaciones de datos en la historia del país. El incidente implicó la filtración masiva de información sensible de millones de empleados gubernamentales, incluyendo datos biométricos y formularios de seguridad nacional, siendo finalmente atribuido a actores vinculados al gobierno chino (Sanger y Hirschfeld Davis, 2015).
Por otra parte, el caso Stuxnet, detectado en 2010, marcó un punto de inflexión al tratarse del primer malware conocido, desarrollado específicamente para sabotear infraestructura crítica, en este caso, el programa nuclear iraní (BBC, 2015). Este ataque evidenció la capacidad de los Estados para diseñar herramientas cibernéticas capaces de producir daños físicos concretos, introduciendo al ciberespacio como un nuevo dominio estratégico en disputa, junto a los ámbitos terrestre, marítimo, aéreo y espacial.
En América Latina, uno de los casos más emblemáticos en materia de filtraciones intraestatales fue revelado en 2013 por Edward Snowden, al divulgar documentos clasificados sobre los programas de vigilancia masiva de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos. Las filtraciones demostraron que la NSA había espiado a un gran número de países, incluyendo a Brasil, con especial atención a la empresa estatal Petrobras y a las comunicaciones de la entonces presidenta Dilma Rousseff y su gabinete (Brasil de Fato, 2024). Este episodio generó un profundo malestar diplomático y reavivó el debate sobre la necesidad de establecer marcos internacionales que regulen las prácticas de vigilancia digital, con especial énfasis en la protección de los derechos humanos, la privacidad y las libertades civiles en el entorno digital (Santoro y Borges, 2017).
El presente que desafía a la teoría en Relaciones Internacionales
Las dinámicas existentes en el ciberespacio no solo complementan las formas tradicionales de poder, sino que en ocasiones las redefinen. En el ámbito de las relaciones internacionales la teoría ha tenido que adaptarse para incorporar el ciberespacio como un dominio estratégico, aunque aún se debate sobre su integración como un campo de batalla.
Como señala Aguilar Antonio (2021), las teorías realistas no han logrado un consenso sobre la denominación del ciberespacio como un dominio de conflicto comparable al terrestre, marítimo, aéreo o espacial. No obstante, en la búsqueda de un consenso, el realismo contempla al ciberespacio como un ámbito de interacción donde los Estados-Nación interactúan, en dinámicas tanto de conflicto como de cooperación, para alcanzar sus objetivos e intereses.
Para expandir esta visión, las teorías constructivistas ofrecen una perspectiva más amplia al incorporar la participación de actores no estatales, como empresas privadas, hackers o grupos criminales, dentro del entramado del ciberespacio y del rol de estos nuevos partícipes en la forma de entender el complejo sistema internacional y sus límites. Sin embargo, desde la visión de Joseph Nye (2010) el ciberespacio no reemplaza los espacios geográficos ni elimina la soberanía de los Estados, aunque su capacidad en la difusión de poder conlleva necesariamente grandes complicaciones en su ejercicio.
Asimetrías en el ciberespacio, difusión de poder y profundización de las vulnerabilidades
Para Joseph Nye (2010), la difusión de poder en el dominio del ciberespacio es representada por el gran número de actores involucrados y la reducción relativa de las diferencias de poder entre ellos. El ciberespacio tiene la capacidad de reconfigurar las asimetrías tradicionales de poder favoreciendo a que actores estatales y no estatales, sin tradición de poderío militar o económico comparable a los de grandes potencias, puedan perfeccionar mecanismos que representen una amenaza frente a Estados más fuertes (Daniel, 2022).
De este modo, la relativa reducción de barreras de entrada en el ciberespacio permite que actores con capacidades materiales limitadas proyecten influencia o generen disrupciones sobre adversarios significativamente más poderosos. A través de herramientas de bajo costo, como el malware y el phishing —que solo en abril de 2025 acumularon cerca de 200 incidentes reportados en Paraguay (Informe del Observatorio de Innovación de Paraguay, 2025)—; ataques cibernéticos coordinados, que en mayo de 2025 afectó los sitios web de más de diez entidades del Estado paraguayo, incluyendo la Presidencia, la Cámara de Diputados y el Ministerio de Salud, con fines de sustracción de datos (Página 12, 2025); o la infiltración en redes, evidenciada en la usurpación de la identidad digital del presidente Santiago Peña en la red social X (La Nación, 2025), un actor técnicamente competente, pero con recursos limitados puede comprometer infraestructuras críticas, obtener información clasificada o generar efectos sociales desproporcionados en relación con su peso real en el sistema internacional. En términos estratégicos, se trata de una nueva forma de guerra asimétrica trasladada al plano digital.
Sin embargo, esta aparente democratización del poder encierra una paradoja fundamental: el mismo espacio que permite ampliar el margen de acción de algunos actores más débiles también puede profundizar la dependencia, la exposición al daño y la subordinación estructural de aquellos países en desarrollo que no cuenten con capacidades institucionales para protegerse. La proliferación de amenazas, la velocidad de los ataques, la opacidad de los actores y la constante evolución tecnológica generan un entorno en el que los Estados menos preparados no solo tienen dificultades para defender sus infraestructuras críticas (redes de distribución de agua potable, hidroeléctricas, sistemas de defensa, máquinas de votación, etc) sino también detectar una intrusión o atribuir su origen. Esta situación es especialmente compleja en países en desarrollo que no han logrado construir sistemas robustos de ciberdefensa, carecen de legislación específica en materia de seguridad y defensa del ciberespacio, normativas que identifiquen y resguarden la infraestructura crítica o que aún no han desarrollado una doctrina estratégica para abordar la dimensión digital de la seguridad nacional.
Así, el ciberespacio no solo permite que el débil amenace al fuerte, sino que convierte al débil en un blanco aún más vulnerable frente a actores más sofisticados. A diferencia de las guerras convencionales, donde un Estado periférico puede mantenerse al margen del conflicto directo, en el ámbito digital la simple conectividad lo convierte en un nodo de interés o en una posible víctima colateral.
En este escenario, la capacidad de un Estado para proteger su infraestructura digital se ha convertido en un componente esencial de su seguridad nacional. Y en esto radica uno de los mayores desafíos para Paraguay: los avances en ciberseguridad suelen ir a un ritmo mucho más lento que el de las amenazas, dejando a los gobiernos en una carrera cuesta arriba para mantener sus sistemas protegidos.
La información como elemento en disputa en el ciberespacio
La proliferación de tecnologías digitales ha transformado radicalmente la escala y el alcance de la recopilación de información (Leung, 2015). De acuerdo con Obioha Val et all (2025), la capacidad de recolectar, procesar y utilizar la información se ha convertido en una herramienta estratégica para los Estados en la era digital, reconfigurando las dinámicas de poder y la naturaleza de la interacción internacional. Kuelh (2009) lo adelantaba en su definición de ciberpoder, al caracterizarlo como la habilidad de utilizar el ciberespacio para crear ventajas e influenciar eventos, siendo la información el elemento más relevante.
En este escenario, el ciberespionaje, definido como la adquisición no autorizada de información sensible con fines estratégicos, políticos o económicos, se ha consolidado como un componente fundamental de la diplomacia contemporánea y la seguridad nacional (Obioha Val et all, 2025). Más allá de la mera recolección secreta de inteligencia, las operaciones de ciberespionaje a menudo incluyen acciones encubiertas digitales, como sabotaje, subversión y operaciones de información (Broeders, 2024). Esta transformación ha elevado el ciberespionaje de incidentes aislados a una amenaza global persistente, exacerbada por la expansión masiva de la infraestructura digital.
El uso de técnicas de intrusión digital, campañas de desinformación y acceso no autorizado a sistemas críticos permite a los actores estatales obtener ventajas estratégicas sin recurrir al conflicto armado tradicional. Su bajo costo, alto impacto y la dificultad de atribuir con certeza la responsabilidad de los ataques convierten al ciberespionaje en un instrumento ideal para alcanzar objetivos de política exterior sin asumir los riesgos asociados a una confrontación abierta (Khan, Saeed y Kakar, 2024).
En el último tiempo, Paraguay ha sido blanco de al menos dos episodios paradigmáticos de ciberespionaje estatal. En noviembre de 2024, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) de Paraguay y la Embajada de Estados Unidos en Asunción afirmaron que el grupo de ciberespionaje Flax Typhoon, presuntamente vinculado al gobierno chino, había logrado infiltrarse en los sistemas del gobierno paraguayo (Infobae, 2024). Este ataque, que afectó principalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, evidenció la sofisticación de los métodos empleados por este grupo con objetivo de inferir en los intercambios de información que mantiene el país, en el marco de sus relaciones bilaterales, con el fin de extraer datos (Ultima Hora, 2024). El gobierno de la RPC negó su participación en el ataque, cuestionando las acusaciones de “infundadas”, como parte de una «campaña sensacionalista» liderada por Washington (La Política Online, 2024).
A diferencia de la guerra convencional, regulada por marcos jurídicos internacionales, el dominio cibernético carece de normas universales que establezcan límites claros entre la inteligencia legítima, el sabotaje y la agresión maliciosa (Khan, Saeed y Kakar, 2024). Esta “zona gris” normativa favorece la proliferación de operaciones encubiertas y complica tanto su gestión diplomática como la rendición de cuentas ante incidentes de gran escala (Broeders, 2024).
No obstante, en ocasiones, los incidentes pueden también tener atribuciones de responsabilidad claras e incluso ser utilizado entre países aliados para obtener ventajas en negociaciones estratégicas, comprometiendo la confianza y revelando la ubicuidad de estas prácticas en el ámbito de las relaciones bilaterales.
En marzo de 2025, el medio brasileño ‘UOL’ reveló que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) habría llevado a cabo operaciones de espionaje informático contra funcionarios paraguayos de alto mando involucrados en las discusiones sobre las tarifas de energía de Itaipú y la renegociación del Anexo C del tratado binacional (EFE, 2025). Aunque el gobierno de Lula da Silva confirmó que la operación habría sido ordenada durante la administración anterior, de Jair Bolsonaro, y suspendida posteriormente, el incidente generó una fuerte tensión diplomática, con Paraguay llamando a consultas a su embajador y solicitando explicaciones formales, e incluso suspendiendo temporalmente las negociaciones sobre Itaipú (Agencia Brasil, 2025).
Ambos incidentes subrayan la vulnerabilidad de Paraguay frente a las amenazas del ciberespionaje estatal, resaltando la necesidad urgente de fortalecer sus capacidades de ciberseguridad. La información y los datos, especialmente aquellos relacionados con la política exterior, la infraestructura crítica y los intereses económicos estratégicos, son blancos constantes en un sistema internacional donde el ciberpoder se ejerce de manera sigilosa y persistente, afectando la estabilidad y la soberanía de los Estados.
La delgada línea entre actividades de inteligencia aceptadas internacionalmente y operaciones cibernéticas ofensivas plantea dilemas éticos sustanciales en torno a la proporcionalidad y la responsabilidad (Deeks, 2020). No obstante, Nazareno (2024) afirma que existen posturas que relativizan el impacto del ciberespionaje, señalando que estas prácticas no difieren fundamentalmente del espionaje tradicional que los Estados han empleado durante décadas. Desde esta perspectiva, su existencia no necesariamente incrementa las tensiones internacionales, aunque sí complejiza las relaciones entre actores en un entorno con creciente opacidad. De esta forma, el autor sostiene que en la práctica, muchos Estados enfrentan una contradicción: mientras reconocen públicamente la importancia de fortalecer sus defensas cibernéticas, también desarrollan —y en algunos casos despliegan— capacidades ofensivas como parte de sus estrategias de seguridad nacional y proyección internacional. Esta doble lógica refleja la ambigüedad inherente al uso del ciberpoder en el siglo XXI.
Conclusiones
La consolidación del ciberespacio como un componente estructural de la política internacional ha transformado las nociones tradicionales de seguridad, soberanía e influencia. La ciberseguridad ya no se limita a la protección de sistemas tecnológicos, sino que se entrelaza con la integridad de las instituciones democráticas, la protección de los derechos fundamentales y la autonomía de los Estados en la toma de decisiones estratégicas.
Paraguay no está exento de las problemáticas del mundo. A medida que el sistema internacional se vuelve más impredecible, las tensiones entre la vulnerabilidad estructural y la exposición geopolítica se tornan más evidentes. La infiltración atribuida al grupo chino Flax Typhoon en 2024 y el espionaje político revelado en 2025 vinculado a la ABIN brasileña, exponen la falta de capacidades preventivas y reactivas frente a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas. Estos incidentes no solo comprometen la confidencialidad de la información estratégica, sino que erosionan la confianza en las instituciones y debilitan la posición negociadora del país en escenarios internacionales sensibles como Itaipú o sus relaciones diplomáticas con otros actores internacionales.
Estos eventos reflejan cómo incluso países con una exposición geopolítica limitada pueden ser considerados objetivos valiosos por parte de otros actores globales debido a su rol estratégico o sus recursos críticos. En el caso de Paraguay, el país debe comprender cómo se posiciona en el sistema internacional, cuáles son los asuntos globales en los que puede verse involucrado o elige involucrarse y cómo proteger esa información o esos recursos resulta fundamental en una estrategia nacional de seguridad integral.
Tomando esto como punto de partida, es posible dilucidar el riesgo de seguridad digital, es decir, cuál es el efecto perjudicial que los incidentes de seguridad digital pueden tener en las actividades económicas y sociales (Bernat, 2021); y de esta forma, determinar el marco de prevención y de acción adecuados, y a qué programas debe dirigir la política y destinar los recursos.
Sin embargo, la respuesta no debe limitarse a una lógica de securitización o militarización del ciberespacio. Por el contrario, se vuelve imprescindible avanzar hacia una gobernanza digital multilateral, centrada en el respeto de los derechos humanos, la privacidad y las libertades civiles.
La defensa de los intereses nacionales en la era digital exige una visión de largo plazo y una comprensión integral del ciberespacio como herramienta de proyección en el sistema internacional contemporáneo. Frente a este escenario, Paraguay enfrenta el desafío de fortalecer no solo sus capacidades institucionales y normativas en materia de ciberseguridad, sino también la promoción de una política exterior digital proactiva que priorice la cooperación internacional, la transparencia y el control soberano de su infraestructura crítica.
En búsqueda de un consenso global, resulta fundamental promover una gobernanza integral de Internet que sea capaz de adaptarse a los desafíos de la transformación digital. Esto implica fortalecer marcos multilaterales basados en los principios de transparencia, participación equitativa, respeto a los derechos humanos y soberanía tecnológica, asegurando que el desarrollo y uso del ciberespacio se orienten al bien común, y no queden sujetos a dinámicas unilaterales.
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