Defensa de los derechos humanos en la transición climática: el aporte de TEDIC al informe del ACNUDH

Desde TEDIC contribuimos al informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan por el cambio climático y una transición justa. Este informe busca visibilizar los desafíos y riesgos que enfrentan estos actores clave, así como proponer recomendaciones para su protección.

La contribución regional fue coordinada por Derechos Digitales y contó con la participación de organizaciones como Nupef (Brasil) y TEDIC (Paraguay). Nuestro enfoque desde Paraguay se centró en el impacto del modelo extractivista —particularmente el agronegocio— sobre comunidades campesinas e indígenas, así como en los riesgos para activistas climáticos y digitales.

Paraguay: extractivismo, criminalización y despojo

En Paraguay, el contexto es particularmente alarmante. El modelo económico basado en el agronegocio y la expansión de monocultivos —especialmente de soja transgénica— ha profundizado la desigualdad, afectando gravemente a comunidades indígenas y campesinas. La presión sobre la tierra ha generado desalojos forzosos, pérdida de medios de vida y persecución a defensores y defensoras del territorio.

Esta violencia no se limita al ámbito físico: se manifiesta también a través de campañas de difamación, procesos judiciales arbitrarios y una criminalización sistemática de quienes alzan la voz contra los impactos ambientales.

En este escenario, el informe —elaborado por Paz Peña para TEDIC— propone una mirada crítica sobre la transición digital. Plantea que, en un contexto de transiciones gemelas (la digital y la climática), es indispensable abordarlas desde una perspectiva de justicia. De lo contrario, los sectores más rezagados en términos de digitalización —que coinciden con quienes más sufren los embates de la crisis ecológica— volverán a quedar al margen de las soluciones y decisiones.

Desconexión digital como forma de represión

Uno de los aspectos más críticos que resaltamos desde TEDIC es cómo la falta de conectividad también se convierte en una herramienta de exclusión y control. En zonas del norte del país —como en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay— se han reportado cortes deliberados del servicio de internet y telefonía móvil en momentos de conflicto o represión.

Estos cortes afectan especialmente a periodistas comunitarios, defensores del territorio y activistas que buscan documentar abusos o movilizarse. La desconexión digital impide el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información y la denuncia de violaciones.

Recursos públicos para vigilancia: el caso CONATEL

Otro punto crítico que visibilizamos en el informe es el uso de fondos destinados a conectividad para adquirir sistemas de reconocimiento facial, en un país donde vastas zonas rurales aún carecen de acceso básico a internet. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), ente regulador de las telecomunicaciones, desvió recursos del Fondo de Servicio Universal —teóricamente destinado a garantizar conectividad en zonas marginadas— para financiar tecnologías de vigilancia masiva sin debate público ni controles adecuados.

Esto plantea serias preocupaciones sobre la militarización del espacio público y la vulneración del derecho a la privacidad, especialmente en un contexto donde la protesta social es constantemente vigilada.

Ciberseguridad y vigilancia digital

Junto con la Fundación Karisma, también documentamos los crecientes riesgos en el entorno digital. En Paraguay, defensores ambientales, periodistas y organizaciones sociales han sido blanco de:

• Filtraciones de datos personales por parte de autoridades o medios alineados con intereses corporativos.
• Campañas de estigmatización y desinformación en redes sociales.
• Ciberataques dirigidos a silenciar o intimidar a colectivos que denuncian violaciones de derechos humanos.

A esto se suma la falta de una estrategia nacional de ciberseguridad con enfoque de derechos humanos, lo que deja a personas y colectivos en situación de alta vulnerabilidad. TEDIC ha insistido en la necesidad de una agenda digital democrática, que contemple la protección de datos personales, el acceso seguro a internet, y la participación ciudadana en la formulación de políticas tecnológicas.

La falta de una ley de protección de datos personales en Paraguay amplifica los riesgos, al dejar expuestas a estas mujeres sin recursos legales para resguardar sus derechos. ONU Mujeres ha destacado que proteger los datos personales, especialmente en contextos de violencia de género y vigilancia, es clave para su autonomía y seguridad

Recomendaciones clave para una transición justa

El documento regional, con fuerte presencia de los hallazgos de TEDIC en Paraguay, formula una serie de recomendaciones al ACNUDH y a los Estados. Algunas de las más relevantes son:

• Reconocer y proteger a los defensores ambientales y digitales, y sancionar los actos de criminalización y hostigamiento.
• Evitar el uso de tecnologías de vigilancia masiva como el reconocimiento facial, especialmente cuando su financiamiento se hace con recursos públicos destinados a derechos básicos como la conectividad.
• Garantizar la conectividad plena en zonas rurales y en comunidades históricamente marginadas como condición esencial para el ejercicio de derechos y la participación en debates sobre políticas climáticas.
• Adoptar medidas urgentes para prevenir desconexiones arbitrarias en momentos de protesta o movilización social.
• Desarrollar marcos regulatorios sobre ciberseguridad que respeten los estándares internacionales de derechos humanos y garanticen la seguridad de las personas defensoras.
• Incluir a la sociedad civil en los procesos de formulación de políticas digitales y ambientales, asegurando transparencia, acceso a información y mecanismos de rendición de cuentas.

Desde TEDIC, reafirmamos nuestro compromiso con una transición climática justa, inclusiva y democrática, en la que las tecnologías sean aliadas de los derechos humanos y no herramientas de represión. Continuaremos trabajando para que las voces de las comunidades afectadas por el extractivismo, la desconexión y la vigilancia sean escuchadas en los espacios de decisión tanto a nivel nacional como internacional.

Descargá aquí el informe entregado a la ACNUDH.

La presente publicación ha sido financiada por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de TEDIC y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.