Internet, redes informales y la política condicionan acceso a información pública en Paraguay

Mucho antes de la aprobación de la ley de acceso a información pública en 2014, individuos y organizaciones en Paraguay se han valido de este tipo de información para su trabajo. Tal es el caso de los centros de investigación  – también conocidos como think tanks – , organizaciones que se dedican a la producción de conocimientos para incidir en políticas públicas. Para estas organizaciones, la información pública es como la materia prima de todo lo que hacen. En una investigación que realicé desde el CADEP con el apoyo de Prociencia-Conacyt, documento la experiencia de cuatro think tanks de Paraguay. En ellas, investigadores dan cuenta que hay varias condiciones que facilitan el uso de la información, como la disponibilidad de la información en Internet y las redes de contactos. Pero existen varios desafíos que dificultan el uso de la información, como los criterios con los que se confeccionan los datos y los cambios de autoridades o gobiernos.

En Internet y entre conocidos se accede mejor a información pública

Los investigadores cuentan que el uso  de información es más efectivo cuando se encuentra accesible en Internet, o cuando las instituciones públicas proveen sistemas informáticos que ofrecen que ayudan a procesar grandes volúmenes de datos. También es importante el soporte electrónico en el cual se dispone la información. Los hallazgos ponen en evidencia dos tendencias. Primeramente, aquellos investigadores que acuden a la Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos tienen más posibilidades de beneficiarse de las condiciones tecnológicas que facilitan el uso de la información, ya que esta institución dispone su información en Internet, en sistemas informáticos y en bases de datos accesibles a los usuarios. Segundo, quienes buscan información de carácter económico tienen una aparente ventaja en comparación con aquellos investigadores que trabajan en las áreas de biología, salud y educación. Además de la DGEEC, los investigadores de temas económicos reconocen cómo las condiciones tecnológicas de la información que publican el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Contrataciones Públicas facilitan su labor.

Las redes de vínculos o contactos son determinantes para el trabajo de los investigadores. Estas redes están compuestas de funcionarios públicos con los que han trabajado previamente, con quienes se ha establecido una relación en el tiempo que genera confianza. Estas redes permiten sortear mecanismos oficiales de acceso a información, como las solicitudes mediante nota escrita, u obtener información no disponible para el público en general, según el relato de los mismos investigadores. Un investigador lo resume así: «Las redes tienen una relevancia bastante considerable para resolver determinados problemas, que van desde problemas económicos hasta cuestiones profesionales. Ese tipo de vínculos son los que operan para dar respuestas a muchos tipos de necesidades, entre ellas, éstas [acceder a información pública]. Si vos los conocés, son tus amigos, o hiciste algún trabajo con ellos, es más fácil».

Los datos también son políticos

Sin embargo, hay hallazgos de la investigación que son inquietantes porque suponen desafíos que no están del todo contemplados en las iniciativas de transparencia de los gobiernos. Uno de estos hallazgos es el hecho que los investigadores muchas veces no confían o cuestionan los estándares, los criterios o las metodologías con las que se confeccionan los datos públicos. También consideran que uno de los problemas más graves es el sub-registro, lo que pone en duda la fiabilidad de la información pública. Un investigador sintetiza esta situación con claridad al referirse al problema con datos de mortalidad materna en el país:

“Ellos (el Ministerio de Salud) tienen una interpretación que las acciones de gobierno han contribuido a una reducción del 30% de la mortalidad materna. (Esta afirmación) tiene varias cuestiones metodológicas interesantes de analizar. En primer lugar, está lo que se conoce como el factor atribuible, que es una cuestión de causa-efecto o la multi-causalidad y los efectos. Sería muy inusual que una única acción dé cómo resultado la disminución de un 30% de la mortalidad materna. La plausibilidad de tal afirmación es muy discutible, en primer lugar. En segundo lugar, la consistencia. O sea, si miras cuáles son las acciones, hay un compromiso nacional de reducir la mortalidad materna, pero por otra parte hay reportes contradictorios de déficit de insumos, de kits de parto, déficit de personal, etc., cuyo conjunto hace poco plausible y consistente ese dato. Otro elemento es que las estadísticas vitales tienen un ciclo regular de proceso. Está un ciclo donde se recoge la información, un ciclo donde se depura la información, un ciclo donde se consolida y se publica la información. Entonces yo, por más expeditivo que sea en mi sistema de información, el 31 de diciembre de este año no puedo dar la información del 2016, porque hasta ese día se estarán produciendo eventos. Y la totalidad de los reportes de los meses previos no llegan de manera automática tampoco al Ministerio de Salud, y una vez recibido hay que procesarlos. Entonces si yo hago un discurso el 20 de diciembre sobre la mortalidad materna del 2016, no estoy cumpliendo con el ciclo que está previsto. Entonces hay una gran pregunta ahí. En caso de que todos los requisitos de la información se hayan cumplido, en qué medida los programas de salud contribuyeron a la reducción y en que medida otras situaciones, como la evolución normal de la sociedad“

Otro problema con el que se encuentran los investigadores es el cambio de los criterios de confección de datos sin previo aviso. También es un problema cuando los cambios no se aplican de forma consistente a todos los sets de datos.

Datos de salud y educación, generados por el Ministerio de Salud y Bienestar Social y el Ministerio de Educación y Cultura, son los que presentan más problemas de estándares o criterios de confección según los testimonios de los investigadores. También ocurre que instituciones como la DGEEC, que aparecen como instituciones que se adecuan a estándares que facilitan el uso de información, publican cierta información bajo criterios diferentes. Por ejemplo, la información del Censo Económico no se encuentra desagregada. En estos casos, puede existir un problema de oferta y demanda. Es decir, la información que se publica – y cómo se publica- no es necesariamente la que necesitan los investigadores.

Los investigadores recalcan que el cambio de autoridades en las instituciones puede modificar prácticas de provisión de información por parte de los funcionarios. Algunos comentan que entre un gobierno y otro han tenido distintas experiencias. Por ejemplo, lograban acceder a ciertos datos con la sola solicitud de ellos. Pero con la llegada de un nuevo ministro, los funcionarios exigían notas firmadas o convenios con el think tank por modificaciones a las políticas de acceso a información dentro del ministerio. Esto demuestra que no hay mecanismos que eviten que los cambios de autoridades o de gobiernos alteren las prácticas de provisión de información. Si existen normativas, no son lo suficientemente sólidas para interponerse a los intereses de las autoridades. Queda por verse qué efectos tendrá la aplicación de la Ley de acceso a información pública en este aspecto. ¿Servirá la Ley para evitar que las prácticas de provisión de información sean ambiguas, dependientes del gobierno de turno o la actitud de los responsables?; ¿Los investigadores harán uso de este recurso legal para superar este obstáculo? son algunas preguntas que emergen a partir del análisis.
Para leer todos los hallazgos de la investigación, podes acceder aquí al informe final.