Jueza ampara a Youtuber y ordena censurar contenido que evidencia violencia machista

La jueza Gizella Palumbo ha concedido el pedido de amparo de un individuo involucrado en un chat grupal donde hablaban de violar a una periodista por su orientación sexual.  El individuo presentó esta acción legal contra la periodista y nuestra organización, alegando que su “honor, reputación y privacidad“ estaban siendo dañadas. La jueza ordenó a TEDIC y a la periodista a retirar los screenshots del chat grupal en cuestión porque “puede seguir siendo objeto de malas interpretaciones por parte de los usuarios de la red“, calificando al debate que se generó en torno al tema de la violencia de género de “insustanciosa“ (sic).

Esta resolución deja un nefasto precedente en la lucha local y global por la libertad de expresión y la erradicación de la violencia de género, además de tener un posible impacto en el trabajo de organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y otros espacios que sirven como canales de denuncia y visibilización.

El precedente, en vez de promover que más personas, específicamente mujeres y minorías LGBTQI, se animen a denunciar la violencia y fortalecer el derecho a la libertad de expresión, promueve que otros agresores acudan a este recurso constitucional –que se debería aplicar sólo de forma excepcional– para blindarse de una necesaria sanción social.

Desde TEDIC apelaremos esta decisión sin reparo alguno. Además de varios errores de forma que contiene la resolución, en este caso hay un interés público comprometido: visibilizar cómo se manifiesta la violencia de género. Es lo que tratamos de hacer al utilizar el contenido del chat grupal que hizo pública la periodista afectada para mostrar qué tipos de expresiones –ya sean “chistes“ o agresiones directas– forman parte de una cultura de la violación.

Organizaciones de todo el mundo están prestando atención a este caso y ya han manifestado su apoyo a TEDIC y a la periodista, como R3D de México, Derechos Digitales de Chile, Fundación Karisma de Colombia, ADC de Argentina y las organizaciones internacionales Access Now y Artículo 19. 

La jueza argumenta que la publicación afecta al denunciante porque permite identificarlo “con su nombre de pila y así mismo con la fotografía de su perfil“. Sin embargo, el derecho a la privacidad del individuo cede en este caso en beneficio del derecho que los ciudadanos tienen a conocer esta información, porque es una publicación de mayor relevancia social, cultural y política. Además, la resolución es desproporcionada. Lo proporcional sería resguardar la identidad del denunciante, pero mantener el contenido del chat grupal visible para que las personas tengan oportunidad de seguir debatiendo sobre manifestaciones de violencia en Internet.

La jueza insta a las partes a re-establecer la “paz social, que se vio quebrantada y derivó en la promoción del presente juicio, haciendo mella en una discusión por demás insustanciosa (sic)“. A esto respondemos que la paz social ha sido quebrantada hace tiempo en Paraguay porque la justicia ha servido en demasiadas ocasiones a los victimarios y no a las víctimas.

La resolución sigue el mismo patrón de impunidad que finalmente deja vulnerables a las que se animan a denunciar, como los casos de los profesores Cristian Kriscovich de la UCA y Rodríguez Andersen de la UNA, ambos acusados de acosar sexualmente a estudiantes. En el caso de Kriscovich, la justicia consideró que más de 1600 mensajes que envió a una estudiante eran expresiones de “galanteo“ y no de acoso. Recientemente, el académico juró como miembro del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de elegir jueces y juezas. 

El profesor Rodríguez Andersen de la UNA tiene una causa judicial por acoso sexual

La paz social ha sido quebrantada desde el momento que un grupo de hombres hablan de cómo “corregir” la orientación sexual de una periodista a través de una violación sexual. La paz social se ha quebrantado porque en Paraguay se comete un feminicidio cada seis días, porque seis niñas y adolescentes son abusadas sexualmente cada día, y porque las instituciones no han actuado proactivamente con políticas robustas para desmantelar un sistema profundamente desigual que deja en desventaja a las mujeres y minorías.

La discusión que se generó a raíz de la publicación del chat grupal está lejos de ser vacua o “insustanciosa“ (sic). Es un debate urgente que se debe dar sobre las formas de violencia contra las mujeres. El contenido de las declaraciones de la conversación –hoy censurada– sirven a una conversación pública que se está desarrollando en el país y a nivel mundial sobre cómo se deben aplicar protecciones contra la violencia de género en Internet. El asunto central es profundizar la discusión y así reflexionar colectivamente sobre estas formas de violencia, para finalmente lograr su erradicación total. La Justicia debería promover y garantizar precisamente eso.