Más de 60 organizaciones del mundo firman contra #pyrawebs

Mediante una carta abierta al Senado de Paraguay, más de 60 organizaciones de América Latina, Africa, Asia, Europa y Norteamérica expresan su rechazo al proyecto de ley de retención de datos de tráfico. El Senado volverá a tratar el proyecto el día jueves 4 de junio en su sesión ordinaria. Los senadores deberán ratificarse en su postura o aceptar el rechazo unánime de la Cámara de Diputados.

Pyrawebs-22

ACCIÓN DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Carta Abierta al Senado de Paraguay

1 de Junio de 2015

Honorable Cámara de Senadores de la República del Paraguay

Presente.-

De nuestra consideración:

Las organizaciones firmantes manifiestan un llamado de alerta respecto al Proyecto de Ley “Que establece la obligación de conservar datos de tráfico”, presentado por los Senadores Fernando Silva Facetti, Roberto Acevedo, Arnaldo Giuzzio y Arnoldo Wiens.

Este Proyecto de Ley, que fue rechazado en forma unánime por la Cámara de Diputados el pasado 12 de marzo, ha vuelto a la cámara de origen en su Tercer Trámite Constitucional para su rechazo definitivo o aprobación.

De aprobarse, el Proyecto de Ley obligará a los Proveedores de Servicios de Internet (PSI) a almacenar por un periodo de 12 (doce) meses datos tales como el origen y destino de sus comunicaciones, hora y fecha de conexión y desconexión, información de geolocalización e identificación de los dispositivos, lo que permitirá documentar las actividades en línea de millones de usuarios inocentes. Los datos retenidos podrán ser luego accedidos por las autoridades de investigación paraguayas para perseguir cualquier hecho punible.

Según el Proyecto de Ley, este excluye el “contenido” de las comunicaciones, sin embargo, la recolección indiscriminada de datos de tráfico y el cruce de esta información puede revelar mucho más que el contenido de las llamadas que lo que los proponentes del proyecto han dado a entender en declaraciones a medios de comunicación. Estos datos de tráfico proporcionan suficiente contexto para conocer algunos de los detalles más íntimos de las vidas de los paraguayos, como por ejemplo: sus lugares de residencia y tránsito habituales, relaciones sociales, hábitos de consumo, personas con quienes se comunican, preferencias personales, entre otros.

Organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, expertos en seguridad informática, y activistas de derechos humanos han reconocido que el Estado tiene obligaciones en materia de investigación y sanción de los infractores de delitos penales, inclusive en el contexto digital. Sin embargo, lo que realmente el Congreso paraguayo busca con esta norma es cambiar las reglas de juego vigentes sobre la autorización para conducir la vigilancia.

Con este proyecto de ley se pasaría de un sistema donde la autorización de la vigilancia de las comunicaciones se basa en la sospecha individualizada, a raíz de la comisión de un ilícito penal, hacia un sistema donde la vigilancia es masiva, no selectiva, sin sospecha alguna de la comisión de un delito; es decir, donde la autorización es a priori, un ‘cheque en blanco’ que permite la conservación de datos para posible uso futuro de los mismos por parte de las autoridades.

Las medidas de vigilancia de las comunicaciones de personas inocentes de un país entero, tal como se encuentra contemplado en el proyecto de ley son medidas desproporcionadas e innecesarias en una sociedad democrática donde el Estado de Derecho prevalece. En efecto, el proyecto no distingue entre situaciones en las que una vigilancia estaría justificada y aquellas en las que no, permitiendo de este modo una intrusión abusiva e ilegítima del control estatal en la vida privada de las personas.

Se reconoce también que las salvaguardas requeridas por el derecho internacional no han sido incluidas en la ley, en particular por la falta de proporcionalidad de las medidas proyectadas y la ausencia de garantías mínimas para la protección de la privacidad de las personas y de sus datos de carácter absolutamente personal.

En conclusión, este proyecto ignora las garantías básicas previstas en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos, por lo que resultaría en una violación de derechos como la libertad de expresión e intimidad, consagrados en la Carta Magna paraguaya.

Por todo lo expuesto, llamamos al Poder Legislativo paraguayo a defender su Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos de aquellos afectados, rechazando plenamente el Proyecto de ley #Pyrawebs.

Firmantes

Organizaciones Latinoamericanas

  1. ACI-Participa (Honduras)
  2. ARTIGO 19 (Brasil)
  3. Asociación por los Derechos Civiles — ADC (Argentina)
  4. Associção Brasileira de Jornalismo Investigativo (Brasil)
  5. Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos (México)
  6. DATA Uruguay (Uruguay)
  7. Derechos Digitales (América Latina)
  8. Espacio Público (Venezuela)
  9. Enjambre Digital (México)
  10. Foro de Periodismo Argentino — FOPEA (Argentina)
  11. Fundación Karisma (Colombia)
  12. Fundación Vía Libre (Argentina)
  13. Fundación para la Libertad de Prensa — FLIP (Colombia)
  14. Hiperderecho (Perú)
  15. Intervozes — Coletivo Brasil de Comunicação Social (Brasil)
  16. Instituto Beta Para Internet e Democracia — IBIDEM (Brasil)
  17. Instituto DEMOS (Guatemala)
  18. IPANDETEC — Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías (Panamá)
  19. ISOC Capítulo Paraguay (Paraguay)
  20. Movimento Mega (Brasil)
  21. R3D — Red en Defensa de los Derechos Digitales (México)
  22. RedPaTodos (Colombia)
  23. Son Tus Datos (México)
  24. Sursiendo (México)
  25. TEDIC — Tecnología & Comunidad (Paraguay)
  26. Usuarios Digitales de Ecuador (Ecuador)

Organizaciones Europeas, Asiáticas, Africanas y Norteamericanas

  1. Afghanistan Journalists Center (Afganistán)
  2. Africa Freedom of Information Centre (Africa)
  3. Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (Alemania)
  4. Australian Privacy Foundation (Australia)
  5. Canadian Journalists for Free Expression — CJFE (Canadá)
  6. Canadian Internet Policy & Public Interest Clinic — CIPPIC (Canadá)
  7. Center for Independent Journalism (Romania)
  8. Digitalcourage (Alemania)
  9. European Digital Rights — EDRI (Europa)
  10. Freedom Forum (Nepal)
  11. International Modern Media Institute- IMMI (Islandia)
  12. Institute for Studies on Free Flow of Information (Indonesia)
  13. Internet Policy Observatory (Pakistán)
  14. International Federation of Journalists (Asia Pacífico)
  15. La Quadrature du Net (Francia)
  16. Media, Entertainment & Arts Alliance (Australia)
  17. Media Foundation for West Africa (Africa del Oeste)
  18. Metamorphosis, Foundation for Internet and Society (Macedonia)
  19. Open Rights Group (Reino Unido)
  20. Open Net Korea (Corea del Sur)
  21. Palestinan Center for Development and Media Freedoms-MADA (Palestina)
  22. Panoptykon Foundation (Polonia)
  23. People Who Net (Estados Unidos)
  24. Privacy and Access Council of Canada (Canadá)
  25. PEN Canada (Canadá)
  26. Share Foundation — Share Defense (Sudeste de Europa)
  27. Zimbabwe Human Rights NGO Forum (Zimbabue)

Organizaciones Internacionales

  1. Access (Internacional)
  2. Association for Progressive Communications — APC (Internacional)
  3. Association of Caribbean Media Workers (Internacional)
  4. Code Red (Internacional)
  5. Electronic Frontier Foundation — EFF (Internacional)
  6. Globe International Center (Internacional)
  7. IPJustice (Internacional)
  8. Media Institute of Southern Africa (Internacional)
  9. OpenMedia.org (Internacional)
  10. Privacy International (Internacional)
  11. PEN International (Internacional)

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INTERNATIONAL SOLIDARITY ACTION

Open letter to the Senate from Paraguay

June 1st, 2015,

Honorable Senate of the Republic of Paraguay:

We, the undersigned organizations, urge you to reject the proposed bill that “establishes the obligation to retain traffic data” introduced by Senators Fernando Silva Facetti, Roberto Acevedo, Arnaldo Giuzzio and Arnoldo Wiens.

This bill, which was rejected unanimously by the Chamber of Deputies on March 12, has been sent to the Senate for its approval or rejection.

If adopted, the bill will force Internet Service Providers (ISPs) to store users’ data for a period of twelve months. The data collected would include the source and destination of all communications, the time and date of all connection and disconnection logs, as well as details about the users’ location and devices. This collection will track the online activities of millions of innocent users, and will be accessible to Paraguayan law enforcement as part of the investigation of any criminal offense.

This bill states that it does exclude the mass collection of the content of electronic communications. However, indiscriminate collection of “traffic” data and the cross-referencing of this information can reveal far more sensitive information than the bill’s proponents have suggested in remarks to the media. Traffic data provides sufficient context to determine some of the most intimate details of the lives of Paraguayans, including where they live, work and the places they regularly visit. It can reveal their lists of friends and associations, their online habits, their personal preferences in every part of their private and political lives.

Civil society organizations, journalists, lawyers, online security experts, and human rights activists have recognized that the state has the obligation to investigate and punish the perpetrators of criminal offenses, online and offline. However, this bill does far more than just that. It radically transforms the legal basis for conducting surveillance.

With this bill, Paraguay would pass from a legal system where the authorization of communication surveillance is based on individualized suspicion following the commission of a criminal offense, to a system where surveillance is massive, non-selective, and conducted without any suspicion of criminal intent. The authorization to surveil would become a ‘blank check’ that would allow the collection of data of innocent individuals under the presumption that it should be available for future use by the authorities.

Conducting surveillance on the communications of innocent people as described in the proposed bill is a disproportionate and unnecessary measure in a democratic society where the rule of law must be respected. The bill fails to distinguish any situation when targeted surveillance might be justified or not, thus granting unchecked and excessive powers to intrude into the private lives of all Paraguayans. Furthermore, safeguards required by international law have not been included in the bill, including minimum guarantees for the protection of the privacy of individuals and their personal data.

In conclusion, this bill ignores the basic guarantees required by international human rights law. Its adoption will result in the violation of the right to freedom of expression and privacy, as enshrined in Paraguay’s Constitution.

For these reasons, we call on the Paraguayan legislature to reject the traffic data retention bill outright.