Violencia de género facilitada por la tecnología a defensoras y organizaciones de mujeres en Paraguay

¿De qué modo afectan las agresiones digitales a defensoras de derechos humanos y organizaciones de mujeres con voz pública en Paraguay? ¿Cuáles son sus consecuencias para la libertad de expresión, la participación y la democracia? Una nueva investigación a cargo de Pilar Alvear, Maricarmen Sequera y Lorena Segovia para TEDIC explora estas problemáticas.

La violencia que enfrentan las mujeres en Internet no empieza ni termina en las pantallas. Los ataques digitales pueden afectar su salud mental, dañar su reputación, reducir sus oportunidades laborales y políticas, debilitar a las organizaciones que integran e, incluso, trasladarse al espacio físico. Cuando estas agresiones se dirigen contra defensoras de derechos humanos y organizaciones de mujeres con voz pública, su objetivo va más allá de causar daño individual y apuntan a silenciar agendas, desalentar la participación y expulsar determinadas voces del debate público.

La investigación Violencia de género facilitada por la tecnología a defensoras y organizaciones de mujeres en Paraguay analiza las características que adopta este fenómeno en el país, sus impactos individuales y colectivos, las respuestas de las instituciones y plataformas, y las estrategias de resistencia desarrolladas por las propias organizaciones. El estudio adoptó un enfoque exploratorio mixto y combinó una revisión documental y jurídico-regulatoria, una encuesta en línea con 18 respuestas y tres entrevistas en profundidad a organizaciones clave.

El análisis se concentró en organizaciones con alta visibilidad pública y exposición recurrente a ataques: defensoras ambientales, organizaciones de la diversidad sexual y de género, y comunicadoras y periodistas. Esta selección permitió observar cómo la violencia se intensifica cuando el género se cruza con otras desigualdades vinculadas al territorio, la pertenencia étnica, la orientación sexual, la identidad de género o el rol de liderazgo.

Una violencia estructural amplificada por la tecnología

La violencia de género facilitada por la tecnología (VGFT) comprende todo acto cometido, asistido, agravado o amplificado mediante tecnologías digitales que produzca o pueda producir daños físicos, sexuales, psicológicos, sociales, políticos o económicos, o que vulnere derechos.

Esta definición permite comprender que no estamos ante un fenómeno separado de las violencias que ocurren fuera de Internet. La tecnología puede ampliar su alcance, acelerar su circulación, facilitar la coordinación entre agresores y hacer que los ataques permanezcan disponibles de forma continua. Así, prácticas históricas de control y exclusión encuentran nuevos canales para reproducirse.

La investigación parte de una premisa central: la VGFT contra mujeres con voz pública funciona como un mecanismo de disciplinamiento. Busca marcar los límites de lo que una mujer puede decir, hacer o representar en el espacio público, especialmente cuando su trabajo cuestiona relaciones de poder o defiende los derechos de las mujeres, de las personas LGBTIQ+, de comunidades indígenas o de los territorios.

Más de la mitad de las organizaciones sufrió VGFT

El 55,6 % de las organizaciones consultadas reportó haber sido víctima de VGFT. Además, el 43 % de las personas encuestadas señaló haber sufrido ataques a título personal y el 14 % indicó haber sido agredida tanto individualmente como desde su pertenencia organizacional. El 90 % manifestó conocer a otra persona u organización que había atravesado este tipo de violencia.

El fenómeno tampoco es percibido como estático: el 80 % de las participantes considera que la violencia contra las mujeres con voz pública aumentó en los últimos años.

Entre las formas identificadas aparecen las campañas coordinadas de acoso, desprestigio y amenazas; la creación y difusión de información falsa o manipulada; la estigmatización y la incitación al odio desde cargos institucionales; los linchamientos digitales; la difusión no consentida de imágenes íntimas; los ataques contra mujeres en posiciones de autoridad; la vigilancia, la interceptación de comunicaciones, la suplantación de identidad y los hackeos.

Facebook fue señalado como el principal espacio de agresión: el 70 % de las organizaciones reportó ataques en esta plataforma, seguida por Instagram y WhatsApp, ambas con un 60 %. En el plano personal, todas las afectadas identificaron a Facebook como un canal de ataque. Sin embargo, durante las entrevistas, X fue descrita como la plataforma donde las agresiones alcanzan mayores niveles de intensidad y violencia.

De las redes a los cuerpos y los territorios

Los hallazgos confirman que la separación entre violencia “digital” y “real” resulta insuficiente. En un tercio de los casos, la agresión comenzó y permaneció en Internet; en otro tercio se originó fuera de Internet y fue amplificada en las redes; y en el tercio restante surgió en el entorno digital y produjo consecuencias en los espacios físicos.

La gravedad aumenta para quienes enfrentan discriminaciones múltiples. Las mujeres indígenas y las personas LGBTIQ+, en particular las mujeres trans, concentran los casos relevados en los que la VGFT escaló hacia la violencia física. Para las defensoras indígenas y ambientales, la exposición digital se cruza con conflictos territoriales, intereses económicos, discriminación étnica y estructuras patriarcales dentro y fuera de sus comunidades.

Silenciar a una defensora debilita a toda la organización

Los efectos más frecuentes se registran en la salud mental y emocional: afectaron al 80 % de las organizaciones y al 67 % de las personas atacadas. Las participantes describieron ansiedad, miedo, depresión, estrés postraumático, insomnio y una sensación constante de vigilancia.

La violencia también modifica la forma en que las organizaciones intervienen en el debate público. El 60 % redujo su presencia digital o recurrió a la autocensura, y el mismo porcentaje cambió sus estrategias de comunicación para minimizar riesgos. La mitad redujo su participación en el debate público como respuesta de supervivencia ante un entorno hostil. Algunas organizaciones dejan de abordar determinados temas, disminuyen sus publicaciones o cierran perfiles y páginas web. Otras enfrentan pérdidas de financiamiento, dificultades para ejecutar proyectos y el alejamiento de integrantes que ya no quieren asumir roles de liderazgo o hablar con la prensa.

El daño, por tanto, trasciende a las víctimas directas. Cuando una defensora se autocensura o una organización reduce su visibilidad, la sociedad pierde voces, denuncias y perspectivas necesarias para fiscalizar al poder y participar en la toma de decisiones.

Pocas denuncias y respuestas insuficientes

La investigación también evidencia una profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de brindar protección. Las denuncias ante el sistema de justicia fueron escasas, y prácticamente no se registraron denuncias ante la Policía. Entre las mujeres que sufrieron VGFT a título personal, solo el 33 % presentó una denuncia formal; ninguna obtuvo una respuesta satisfactoria.

Las barreras incluyen el temor a la revictimización, la exposición pública, la falta de protección, el desconocimiento técnico y la impunidad. Con frecuencia, los hechos son minimizados o tratados como conflictos personales, sin reconocer sus componentes de género ni sus efectos colectivos.

Las plataformas tampoco ofrecen una solución adecuada. Aunque muchas organizaciones denuncian contenidos y cuentas agresoras, ninguna manifestó estar plenamente satisfecha con las respuestas recibidas. Bloquear o eliminar una cuenta resulta insuficiente frente a campañas coordinadas que operan mediante múltiples perfiles y se reactivan con rapidez.

Cuidarse y resistir de manera colectiva

Ante la falta de respuestas efectivas, las organizaciones desarrollan sus propias estrategias de protección. Las alianzas y redes de solidaridad brindan formación en seguridad digital, acompañamiento técnico, apoyo legal y atención psicosocial. También se implementan prácticas como conservar evidencias, hacer capturas de pantalla, no responder a provocaciones, bloquear cuentas agresoras y coordinar denuncias masivas ante las plataformas.

Sin embargo, estas respuestas se sostienen con recursos limitados. Solo el 40 % de las organizaciones cuenta con protocolos o estrategias específicas frente a la VGFT, muchas veces construidos de manera informal a partir de experiencias previas. La falta de tiempo, la sobrecarga de tareas, la escasez de recursos económicos y el insuficiente respaldo estatal dificultan una protección sostenida.

Proteger las voces de las mujeres es proteger la democracia

La VGFT vulnera derechos individuales, pero también erosiona la democracia. Restringe la libertad de expresión, empobrece el pluralismo, obstaculiza el acceso de las mujeres a espacios de decisión y refuerza la idea de que los ámbitos políticos, mediáticos y digitales pertenecen a los hombres.

La investigación recomienda priorizar la aplicación efectiva de la legislación existente, en particular la Ley N.º 5777/16; capacitar a jueces, fiscales, policías y otros funcionarios públicos; fortalecer el análisis interseccional; desarrollar sistemas de monitoreo que permitan dimensionar el fenómeno; y exigir rendición de cuentas a las empresas tecnológicas.

También plantea la necesidad de invertir en prevención y respuesta dentro de las organizaciones: formación en seguridad digital y autocuidado, protocolos internos, articulación de redes feministas y de derechos humanos, y fondos específicos para el acompañamiento psicosocial y los espacios de cuidado colectivo.

Garantizar que las defensoras puedan expresarse, organizarse y participar sin violencia es una condición básica para una sociedad democrática. Nombrar la VGFT, documentarla y responder colectivamente es un primer paso para impedir que Internet se convierta en otra herramienta de exclusión.

Descargá la investigación completa: Violencia de género facilitada por la tecnología a defensoras y organizaciones de mujeres en Paraguay.