Qué le dijimos a las relatorías de libertad de expresión de la OEA y la ONU sobre Paraguay

En octubre de 2026 presentamos dos aportes ante los principales mecanismos internacionales de libertad de expresión: uno a la Relatoría Especial de la CIDH para su Informe Anual y otro al Relator Especial de Naciones Unidas para definir las prioridades de su mandato 2026-2029. Acá te contamos qué llevamos y qué pedimos.

El último año fue especialmente difícil para quienes ejercen la libertad de expresión en Paraguay. Entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 documentamos una red de desinformación contra la prensa presuntamente vinculada al Gobierno, ataques digitales contra mujeres periodistas, defensoras y personas TLGBIQA+, una ley que controla a las organizaciones de la sociedad civil y la expansión de la vigilancia biométrica sin salvaguardas. En conjunto, estos hechos configuran un patrón de efecto inhibidor (chilling effect) sobre el debate público.

Por eso llevamos esta evidencia a dos espacios internacionales:

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, a cargo de Pedro Vaca Villarreal, a la que enviamos nuestro aporte el último día de su mandato para entregue a la nueva persona e incluyan en su Informe Anual – capítulo Paraguay.
El Relator Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, que abrió una consulta para definir las prioridades estratégicas de su mandato, que presentará al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2027.

Ambos aportes se basan en nuestras investigaciones, en el acompañamiento de casos y en el litigio estratégico. Repasamos acá los puntos centrales.

Lo que le dijimos a la Relatoría de la CIDH

Una red de desinformación contra la prensa

Sistematizamos la investigación «La Red Desinformante», que documentó catorce páginas que funcionaban como pseudomedios y cuentas anónimas de «campaña sucia», con más de USD 472.000 invertidos en anuncios en Meta. La red está vinculada al equipo de comunicación digital de la campaña presidencial, cuyos integrantes hoy ocupan cargos en el MITIC. Su principal blanco fue la prensa: el 47% de las menciones hostiles de una de sus páginas apuntó a periodistas y medios. Y tuvo un sesgo de género claro: las mujeres eran el 37,5% de las periodistas atacadas, pero recibieron el 60% de los ataques, incluidos audios falsos generados con inteligencia artificial.

La respuesta oficial agravó el problema. El ministro del MITIC calificó de «mentiroso», «activista» y «comunista» al periodista autor de la investigación, desaparecieron más de 60 anuncios y la Fiscalía derivó inicialmente el caso a la Contraloría. A la fecha no hay personas imputadas.

Periodistas jóvenes en la mira

Incluimos el caso de Fiorella Rivarola, periodista de 21 años que denunció el estado ruinoso de una escuela en Horqueta. El Ministerio de Educación la desacreditó públicamente, los medios afines al oficialismo la presentaron como «influencer» y una página de la misma red la acusó de difundir fake news. Cuando una autoridad usa la legitimidad del Estado para estigmatizar a una periodista, el mensaje llega a todas las voces que fiscalizan al poder.

Violencia de género facilitada por la tecnología

La VGFT es hoy una de las principales amenazas a la libertad de expresión de defensoras y personas TLGBIQA+. Según nuestras investigaciones con defensoras y organizaciones de mujeres y con personas TLGBIQA+, el 60% de las organizaciones de mujeres redujo su presencia digital o se autocensuró, y la mitad disminuyó su participación en el debate público. Documentamos agresiones de autoridades, como una senadora que expuso los datos personales de una artista lesbiana y su organización. Solo un tercio de las defensoras afectadas denunció, y ninguna obtuvo una respuesta satisfactoria.

Ley Garrote y cierre del espacio cívico

La Ley N.º 7363/2024 instala un control excesivo, discrecional y punitivo sobre las organizaciones de la sociedad civil. En diciembre de 2025, junto con más de 30 organizaciones de la CODEHUPY, presentamos una acción de inconstitucionalidad que aún no fue resuelta. En el Examen Periódico Universal, Paraguay recibió ocho recomendaciones para derogar o modificar la ley, y solo “tomó nota” de todas ellas.

Vigilancia biométrica y opacidad

El reconocimiento facial se expande sin marco legal ni evaluaciones de impacto. El Estado nos negó información sobre sus cámaras alegando razones de seguridad, por lo que en junio de 2026 presentamos, junto con EFF y CEJIL, una petición ante la CIDH. Además, la ley de violencia en el deporte creó un registro biométrico obligatorio para entrar a los estadios, conectado a las bases policiales. Los estadios son espacios de expresión colectiva: la sola conciencia de ser identificado produce autocensura.

Acceso a la información sin anonimato

El Portal Unificado de Acceso a la Información Pública exige firmar cada solicitud con la identidad individual. Esto deja un rastro de quién pregunta qué y convierte un derecho en un acto de autovigilancia, especialmente para quienes investigan temas sensibles.

Transparencia algorítmica en el trabajo de plataformas

Según el informe Fairwork Paraguay 2025, ninguna de las seis plataformas evaluadas superó los 2 puntos sobre 10, ni demostró transparencia algorítmica o reconoce organizaciones de trabajadores. Cuando un algoritmo puede desconectar a alguien sin explicación, reclamar se vuelve un riesgo.

Lo que le dijimos al Relator Especial de la ONU

El aporte a Naciones Unidas tuvo otro objetivo: incidir en las prioridades que guiarán el mandato durante los próximos tres años. Desde una perspectiva del Sur Global, propusimos mirar las condiciones estructurales en que se ejerce la libertad de expresión, y no solo la prevención de la censura. Estos fueron nuestros ejes:

La desinformación también la promueven los Estados

El debate global suele centrarse en actores privados y plataformas. Pero el caso paraguayo muestra que los gobiernos también usan la desinformación como estrategia de poder, con recursos públicos. Y que lo hacen a través de redes transnacionales: una agencia con sede en Colombia administró anuncios que mezclaban propaganda oficial (26%) con ataques de la página Despierta Paraguay (74%), mientras agencias con sede en Argentina operaban otras páginas de la red. Tercerizar la desinformación en otros países permite escapar de los controles nacionales y de la verificación de las plataformas. Por eso ningún Estado puede abordarla solo, y pedimos que el mandato la priorice con una mirada regional.

Vigilancia, inteligencia artificial y concentración del poder tecnológico

Planteamos que la IA debe tratarse como un desafío estructural: la concentración de datos, cómputo e infraestructura profundiza las asimetrías de poder. La combinación de reconocimiento facial, análisis masivo de datos e IA transforma la capacidad de Estados y empresas para identificar y monitorear a las personas, con un impacto especialmente grave en contextos de protesta, periodismo y defensa de derechos.

Otros temas que pedimos priorizar

La VGFT y la desinformación de género como eje transversal del mandato.
El uso indebido de normas legítimas para censurar, como la Ley N.º 5777/16 aplicada para dictar censura previa contra periodistas.
El cierre del espacio cívico mediante leyes «anti-ONG», que se expanden en la región.
El anonimato en el acceso a la información pública.
La transparencia algorítmica y la gestión algorítmica del trabajo como límites a la libertad de expresión y de asociación.

También señalamos los grupos que enfrentan barreras desproporcionadas: mujeres periodistas, defensoras, personas TLGBIQA+, personas trabajadoras de plataformas, personas migrantes sujetas al reconocimiento facial en la Triple Frontera, y periodistas y activistas del interior del país.

Cómo incluir a quienes están en riesgo

Propusimos canales de participación seguros y anónimos, porque en contextos de vigilancia exigir identificación inhibe la participación. Lo sabemos por experiencia propia: en una encuesta en línea, muchas personas TLGBIQA+ eligieron «prefiero no decirlo», y tuvimos que pasar a grupos focales presenciales. También sugerimos consultas descentralizadas en español y guaraní, protección frente a represalias y metodologías de cuidado.

Lo que pedimos

A la Relatoría de la CIDH le solicitamos que, en su Informe Anual, inste al Estado paraguayo a:

Derogar la Ley N.º 7363/2024 o ajustarla a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, e implementar las recomendaciones del EPU sobre la norma.
Reconocer la VGFT como una restricción a la libertad de expresión, producir datos oficiales desagregados e investigar las agresiones cometidas o alentadas por funcionarios.
Investigar de forma independiente el origen de los fondos y la participación de agentes estatales en la red de desinformación, y transparentar los convenios de pauta digital.
Cumplir íntegramente la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Leguizamón Zaván y otros vs. Paraguay, que sigue con las garantías de no repetición pendientes, y aprobar una ley de protección de periodistas y personas defensoras acorde a los estándares internacionales.
Abstenerse de declaraciones que estigmaticen a periodistas, en particular a mujeres y jóvenes.
Suspender el reconocimiento facial en espacios públicos y estadios, incluido el registro biométrico obligatorio, hasta contar con marco legal, evaluaciones de impacto y supervisión independiente.
Permitir solicitudes de acceso a la información anónimas o institucionales.
Garantizar que las plataformas transparenten sus algoritmos, ofrezcan revisión humana y reconozcan a las organizaciones de trabajadores.

Al Relator Especial de la ONU le propusimos, entre otras acciones, que:

Elabore un informe temático sobre la desinformación promovida o financiada por Estados, con enfoque regional y transnacional.
Recomiende una moratoria del reconocimiento facial y de la vigilancia basada en IA en espacios públicos.
Promueva la diversidad lingüística y cultural en los sistemas de IA.
Fije estándares sobre el anonimato en el acceso a la información pública.
Dé seguimiento a las recomendaciones del EPU y coordine con la Relatoría de la CIDH el seguimiento de las sentencias interamericanas pendientes.
Promueva la debida diligencia de las plataformas, empezando por mantener y ampliar las bibliotecas de anuncios, que hicieron posible documentar la red desinformante.