About Maricarmen Sequera Buzarquis

Co-Fundadora de TEDIC. Trabaja en el área de políticas públicas y dirige proyectos de derechos digitales en la organización, investigadora en Derechos Humanos y Tecnología. Abogada de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene varias publicaciones sobre Ciberseguridad, Privacidad, libertad de expresión y género en Internet. Es originaria de Villarrica.

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¿Por qué ofrecer plataformas estatales con zero rating es una forma de precarizar Internet? #NeutralidadEnLaRed

Maricarmen Sequera Buzarquis 24 septiembre, 2018 1 Democracia, Inclusión digital, Libertad de Expresión acceso a Internet, neutralidad en la red, tasa cero, zero rating

El proyecto de ley “Que obliga a empresas de telefonía públicas y privadas a brindar el acceso gratuito y equitativo a sitios de internet estatales con contenido educativo, que ofrecen recursos online a plataformas para postulaciones a becas o cursos” presentado por la senadora Lilian Samaniego, cuenta con 6 artículos, acompañado de una extensa justificación para brindar acceso a los sitios estatales educativos para la capacitación jóvenes y adultos de todo el país.

Esta medida es solicitada como excepción al principio de neutralidad de la red a todas las proveedoras de Internet (ISPs) del país con los siguientes criterios: interés público, el carácter educativo, se parte de un análisis de mercado de los servicios que se busca implementar y que el servicio sea proveído a todos los dispositivos sin distinción alguna. Esta práctica de excepción a la neutralidad de la red se denomina zero-rating (tasa cero).

¿Qué es la neutralidad en la red?

Las personas y entidades que defienden Internet reivindican como TEDIC la neutralidad de la red, principio básico de la infraestructura de Internet que es regulado en cada país. Y en Paraguay se incorpora a través de una resolución administrativa de CONATEL que no tiene el carácter de una ley (es el art. 26 de la resolución 190/2009).

La neutralidad de la red significa que los operadores de telecomunicaciones no pueden hacer distinción de tráfico basado en intereses comerciales, ni privilegiar la transferencia de determinados paquetes de datos (lo que enviamos o recibimos cuando estamos navegando) en detrimento de otros. Es decir, este principio es clave para tener una red igual para todos, sin diferencia en cuanto a su uso. En una analogía con la energía eléctrica, que también se presta a través de una red, no se hace diferencia entre el uso de una nevera, un microondas y un televisor. La red no acepta un aparato y rechaza otro, es decir, no hace discriminación de uso. Lo mismo vale para Internet.

El zero-rating es una forma de precarizar el acceso a Internet

Las prácticas zero-rating (tasa cero), son prácticas de las proveedoras de telefonía e Internet para ofrecer servicios de forma gratuita. Las plataformas facebook o whatsapp gratis por parte de las mismas que predominan el mercado pueden ser consideradas prácticas de competencia desleal, monopólicas y contrarias a la neutralidad de la red en Paraguay.

En el 2016, TEDIC junto a otras organizaciones de la región liderados por la Fundación Karisma, lanzó una investigación sobre el acceso a Internet. Y entre los hallazgos encontrados fue que todas las proveedoras de servicio de telefonía móvil aplican una modalidad de zero-rating favoreciendo a ciertas aplicaciones del mercado. Este práctica inocua o potencialmente positiva llevado a cabo por parte de empresas pequeñas y dominantes pueden afectar al mercado considerándolas anticompetitivo o dañino para los derechos de los consumidores. Es decir, en muchos casos no fomenta la libre competencia porque los dominantes abusan de forma ilimitada en el tiempo esta práctica. Además se pudo observar que las mismas plataformas de Internet eran beneficiadas de esta forma de discriminación, generando indeseables efectos para la libre competencia e innovación tecnológica en el país.

No estrangulemos a la red todo el tiempo. Este tipo de proyectos loables como el propuesto en el Congreso Nacional se encuentra en una zona gris, donde pueden ser consideradas como excepcionales, pero se deberán generar balances para no precarizar y distorsionar la diversidad que ofrece Internet.

Muchos problemas de gestión de red pueden ser resueltos de forma agnóstica

Una investigación de la Universidad de Staford plantea que hay mecanismos legales en los Estados Unidos y la Unión Europea con reglas claras para definir cómo técnicamente se permiten o no discriminaciones para ofrecer servicios de Internet de calidad y no utilizan el zero-rating como solución a priori.

La salida que planteó la Federal Communications Commission (FCC) ente regulador de telecomunicaciones en Estados Unidos, fue adoptar en el 2010 la regla por el cual las ISPs no pueden involucrarse en las discriminaciones específicas de las aplicaciones pero si puede discriminar que sea agnóstica en relación con la aplicación. Es decir, volver a la naturaleza inicial de Internet, donde el ISP no podía mirar qué se está consumiendo en la red, y cómo el mismo no podía hacer nada al respecto. Este comportamiento se recrea en el ambiente actual a través del derecho, donde incluso cuando la ISP conozca el tipo de aplicación que utiliza la persona, no puede actuar sobre la base de esta información. Eso significa que cualquier criterio que está relacionado con la aplicación está prohibido; por ejemplo no se debe priorizar una aplicación de videollamada por ejemplo skype por sobre otra aplicación similar que ofrece un servicio de videollamada.

La solución de discriminación agnóstica puede darse en el precio, significa que se pueden cobrar precios diferentes; es el servicio de Internet que todos conocemos. Si la persona necesita más banda ancha paga más. Esta característica es realmente interesante porque esta regla logra el equilibrio perfecto entre los intereses de las ISP (gestión de redes y oferta de servicios nuevos e innovadores) y los intereses de las personas. Ademas de generar un abanico de posibilidades para la innovación, actividad económica y de derechos.

Otra forma de solución de discriminación agnóstica que sugiere la investigación, sería cobrar precios especiales para estudiantes o adultos mayores. Como se puede observar la solución no se realiza en las distinciones basadas en el tipo de aplicaciones que la persona está utilizando. Técnicamente esto protege las aplicaciones contra la distorsión de la competencia por los proveedores de conexión.

¿Cual es el mejor balance para el acceso a Internet y evitar precarizarlo?

Necesitamos una regulación mas robusta para proteger la neutralidad en la red que aborde de manera integral estas preocupaciones y que no se generen parches legales que afectan negativamente el acceso de calidad a Internet; generar reglas caso por caso crean muy alto costo en la regulación. El riesgo de solicitar este tipo de discriminaciones a ciertas aplicaciones de contenidos distorsiona las elecciones de los usuarios en Internet y hacen que la misma sea más cara, evitando que las ISPs inviertan en infraestructuras necesarias para proveer Internet de calidad para todas las personas. La alternativa a una Internet cara no es dar acceso gratuito a las personas a un subconjunto de aplicaciones con zero-rating o no acceden a Internet. Las ISPs hacen cálculos estratégicos para absorber esos costos que lo incorporan en la suscripción de telefonía móvil, sin embargo este tipo de soluciones encaren el servicio de Internet sin restricciones. No porque Paraguay sea un país con escasos recursos sólo deba buscar soluciones menos ambiciosa para acceder a una Internet de calidad.

Con relación al proyecto de ley del congreso nacional, no describen las funcionalidades de las plataformas educativas, por tanto se desconoce si las mismas tendrán texto plano o incluirá reproducciones de video, interacciones con videojuegos para una actividad educativa lúdica, videollamadas con los tutores etc.

Si se pretende incluir todo lo mejor que ofrece Internet, significará un alto costo a las ISPs que afectará el ancho de banda de sus servicios a nivel nacional, en consecuencia al derecho al acceso a Internet de toda la población porque esta opción distorsiona la diversidad que ofrece Internet abierta, en lugar de hacer una real inversión en la calidad del servicio de Internet para todas las personas.

Tampoco se tiene previsto que para realizar una investigación se necesita no sólo acceso a las bibliografía que ofrece la plataforma, sino que se accedan a otras documentaciones que por razones de propiedad intelectual no se puedan incluir en el sistema pero son necesarias para la reflexión que se realiza en los cursos educativos estatales.

Desde TEDIC no creemos que esta ley sea una elección correcta, no se puede usar servicios especializados para eludir las reglas de una Internet abierta, o para ofrecer algo como un servicios especializado como las plataformas educativas del sector público o privado, que básicamente es un reemplazo para el servicio de Internet de calidad. Esta discriminación que a primera vista parece ser económica para el usuario final, sin embargo genera degradación a la calidad de servicio. Cuando las aplicaciones ocupan los carriles más rápidos de la infraestructura para realizar zero-rating, usualmente las ISPs disminuyen la calidad del servicios de transmisión técnica. En Europa hay evidencias de esta práctica de zero-rating que redujeron el ancho de banda para ser mas atractivo pagar el carril mas rápido por parte de las aplicaciones. Esto tuvo como consecuencia la limitación y disminución del ancho de banda y el ancho de banda no restrictivo se volvió más caro.

Además el impacto es para todos los sectores; para las personas, donde también tienen menos ancho de banda disponible para utilizar y por otro lado los startups y otras aplicaciones que no pueden pagar estar en la lista de zero-rating.

En Holanda se prohibió el zero-rating y el resultado fue que las ISPs aumentaron los límites de ancho de banda, eso ayudó a que el ecosistema de Internet se mantenga abierta y libre. La reciente ley de neutralidad de la red en la India considera como excepcional sólo para la cirugía remota y los autos sin conductor. Donde la latencia del servicio no debe ser escatimado.

Desplegar servicios discriminatorios no es la forma correcta de aumentar el acceso a Internet, ya que también aumentan los riesgos para los derechos humanos. En cambio, aquellos que buscan expandir el acceso a Internet deberían invertir o crear incentivos para invertir en infraestructura. De esta forma, nos aseguramos de que todas las personas puedan beneficiarse de Internet libre y abierta, que puede actuar como un vehículo para el disfrute de los derechos humanos y un estímulo para la innovación y el desarrollo a nivel mundial; ayudándo a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de los Naciones Unidas.

El estado de libertad de expresión en línea en Paraguay

Maricarmen Sequera Buzarquis 24 abril, 2018 0 Libertad de Expresión censura, libertad de expresión, neutralidad en la red, Paraguay, Vigilancia Estatal

La libertad de expresión en Paraguay se encuentra regulada en la Constitución de la República del Paraguay, en su artículo 26 (Libertad de expresión y prensa) establece que:

“Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa”.

Esta disposición constitucional se aplica a la expresión en cualquiera de sus formas, incluida la que se difunde a través de Internet.

En Paraguay, los tratados internacionales ratificados por el Congreso gozan de una jerarquía normativa inferior a la de la Constitución, pero superior a la de las leyes (Art. 137). En particular, se aplican las disposiciones sobre libertad de expresión contenida en los siguientes tratados internacionales de los que el Paraguay es parte: Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos (Arts. 19 y 29), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts. 19 y 20), Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 13), Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Art. 4).

Por otro lado, cabe recordar que el Código Penal (Ley 1160/97) tipifica los hechos punibles de calumnia, difamación e injuria en los artículos 150, 151y 152 respectivamente, que son una limitación a la libertad de expresión y que se aplican sin que se distinga el medio a través del cual se los comete, por lo que obviamente incluye a Internet.

Las vulneraciones de este derecho digital en Paraguay

1) Un proyecto de ley de censura política

El proyecto de ley “Que obliga a proveedores de aplicaciones y redes sociales a suspender y retirar publicaciones con carácter ofensivo o difamatorio”¹ presentado por el Diputado Nacional Edgar Ortiz, se suma a la lista de iniciativas legislativas que buscan regular Internet e forma regresiva. Con esto se termina coartando las libertades que este espacio posibilita: la libertad de las personas de informarse, de expresar sus opiniones y de debatir, todas acciones propias de una sociedad democrática. El proyecto de ley, además de contener problemas de forma y de ser esencialmente inviable en la práctica, es redundante, desproporcional y violatorio de derechos fundamentales protegidos por la Constitución, como por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y el debido proceso².

Sumado a lo anterior, la propuesta genera redundancia legislativa, en vista a que los hechos punibles contra el honor y la reputación ya se encuentran regulados en el Código Penal paraguayo: calumnia, difamación e injuria como ya se comentó anteriormente.

Las expresiones ofensivas, falsas u odiosas no pueden quedar impunes, pero creemos que existen mecanismos legales para perseguir hechos punibles, siempre y cuando medie una orden judicial. Además es inadmisible que aquellos que hacen política partidaria y actúan en la esfera pública, pretendan suprimir el legítimo disenso y el diálogo, usando esta herramienta para escapar a las críticas y a la auditoría social, ambas garantías constitucionalmente establecidas. La propuesta legislativa exige identificación y bloqueos que conforman una grave amenaza al ejercicio de la ciudadanía. Una medida desproporcionada e innecesaria para la protección del honor y la reputación en el entorno en linea.

Otro elemento a considerar es que el proyecto carece garantías mínimas para justificar cualquier censura e impone una medida desproporcionada –la remoción de contenidos de Internet– sin contemplar el debido proceso. Por ejemplo, no hace mención a la necesidad de contar con una orden judicial para remover dichos contenidos, en el marco de un proceso legal. Esto obligaría a los intermediarios de Internet (OTT) a eliminar comentarios, contenidos o perfiles, volviendo este procedimiento altamente peligroso ya que “abre las puertas” para ejercer un control indiscriminado de los contenidos en Internet.

La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó este tema y realizó propuestas relativos a los intermediarios, en el Capítulo IV del informe 2013³. Se advierte sobre los posibles peligros y/o abusos que los administradores de red, así como aplicaciones de contenidos pueden ejercer en Internet.

Por su parte, la Relatoría especial de Naciones Unidas (ONU) para la libertad de expresión, en su informe⁴ sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión en Internet, elaboró una serie de requisitos que establecen que las restricciones de contenidos en Internet sólo se podrán realizar como excepcionales, siempre y cuando se cumplan los siguientes criterios: el principio de legalidad, es decir que esté prevista en la ley, que debe ser clara y accesible por todos; que hayan agotado todas las instancias ordinarias para alcanzar el objetivo; que la medida sea proporcional y necesaria; y que la misma persiga uno de los objetivos establecidos en el artículo 19, párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por su sigla en inglés).

Otra preocupación que surge con este proyecto de ley, es la subjetividad de la denuncia sin análisis de los contenidos por algún órgano judicial independiente. Esto provoca que la definición de lo que puede ser considerado ofensivo queda al arbitrio de cualquier “partido, movimiento o candidato” y sumado a la dificultad de establecer de “qué es falso” permiten que cualquier postura sea potencialmente denunciada como irregular. Es decir, que por simple solicitud por parte de los políticos, el contenido debe removerse o suspenderse: esta censura previa por uno o varios órgano/s administrativo/s sin el debido proceso violenta las garantías consagradas en nuestra Constitución.

Se debe tener en cuenta que los intermediarios de Internet no están “capacitados” en lo referente al debido proceso: por tanto no son competentes para tomar decisiones judiciales sobre la legalidad de la censura de las comunicaciones, las tecnologías utilizadas y los derechos humanos. Este “procedimiento” que aparece como una “solicitud administrativa” a las aplicaciones de contenidos, que depende de una interpretación subjetiva de actores políticos, abre la posibilidad de censura de cualquier contenido.

2) La propuesta legislativa sanciona el anonimato

Desde la perspectiva del proyecto, las aplicaciones de contenido y redes sociales tendrían que proporcionar el nombre completo, la identificación y “el número de seguridad social” del titular del perfil, para que el contenido pueda permanecer en-línea (Art 1). Lo que no queda claro es a quién debería remitirse dicha información, así como tampoco se establecen los tiempos de censura de los contenidos en cuestión.

El legislador no tiene en cuenta que el principio del anonimato es una forma de libertad de expresión. David Kaye, relator especial para la libertad de expresión de ONU, en su informe⁵ sobre la importancia del cifrado y anonimato para libertad de expresión, manifestó lo siguiente: “la encriptación y el anonimato proporcionan la privacidad y la seguridad necesarias para el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión en la era digital”. Siguiendo esa premisa, el relator recomienda entre otras cosas que “las legislaciones nacionales deben reconocer que los individuos son libres de proteger la privacidad de sus comunicaciones digitales mediante el uso de tecnologías de cifrado y herramientas que permiten el anonimato en línea”. Además, destaca que se debe promover el acceso y el uso a estas herramientas y tecnologías. Según Kaye, los debates sobre cifrado y anonimato han sido polarizados en el discurso por su uso potencialmente criminal.

Por tanto, se sugiere que el debate debería cambiar para destacar la protección que ofrecen este tipo de herramientas a los individuos, especialmente a los grupos que viven en situaciones de riesgo: periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, entre otros.

3) Libre acceso a Internet

Según CONATEL⁶, a junio de 2016 habían más de 3 millones de personas conectadas⁷ a Internet. Por otra parte, según las publicaciones de la Secretaria Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación (SENATICs)⁸, actualmente el 90% de población accede a Internet a través de telefonía móvil. A partir de estas constataciones surgen varios desafíos. En primer lugar, Paraguay sigue siendo un país caracterizado por la desigualdad en el acceso a Internet: aunque la conexión es masiva, no es de calidad. Los costos de los paquetes de datos son altos, la conexión es lenta y el aumento de cobertura está dado por las ofertas de zero rating, que violentan la neutralidad en la red.

Esta brecha digital deja a sectores de la población sin las oportunidades que brinda la red incluyendo ausencia de políticas con perspectiva de género. En la investigación “Mejor educar que prohibir” se expone la diferencia en el acceso a Internet por parte de niños, niñas y adolescentes: las mujeres acceden a un teléfono propio recién a partir de los 14 años, mientras los hombres ya cuentan con su dispositivo desde los 10 años. Esta inclusión tardía, además de otras brechas de desigualdad, generan serios problemas, en un contexto de mayor violencia y desprotección de las niñas y adolescentes, limitando su derecho de libertad de expresión y acceso al conocimiento a través de Internet. Por tanto, se deberán desarrollar planes de inclusión con acompañamiento y protección para ellas.

4) Neutralidad en la Red

La neutralidad en la red es un principio que estipula que los proveedores de servicios de Internet deben tratar a todo el tráfico “por igual”, es decir sin discriminar o sin dar preferencia a cierto contenido por encima de otro. Este es un principio clave para garantizar los derechos al acceso a información y la libertad de expresión en la red. Por un lado, su incumplimiento termina favoreciendo a los actores más poderosos y limitando la variedad amplitud de contenidos a los que acceden las personas. Por otro, la discriminación de contenidos puede ser una forma de censura y de limitación de la innovación, en tanto dificulta la entrada de nuevos actores al sistema.

En Paraguay, CONATEL, ente regulador de las telecomunicaciones, debe velar por el cumplimiento de la neutralidad de la red, como rector de prácticas comerciales y garante de una Internet libre y abierta⁹. La actual regulación no se encuentra ampliada en un reglamento u otro instrumento legal distinto de la resolución, que regule este principio. Sin embargo, en los últimos años, se han cometido varios abusos sin ningún tipo de sanción: un ejemplo de esto son algunas operadoras de Internet que privilegian indebidamente algunos contenidos o servicios con aplicaciones gratuitas como Whatsapp, Facebook u otros atentando justamente con este principio. También se han registrado bloqueos de página web o disminución o discriminación de descarga P2P por parte de operadoras del interior del país¹⁰.

El caso de la censura corporativa –Tigo y Personal– que ha bloqueado acceso a una web de parodia del periódico ABC Color también fue una violación de la neutralidad de la red. Este tipo de censuras por parte del sector privado pueden ser tan perjudicial como la estatal y en algunos casos más poderosa. Ante esta situación tampoco hubo pronunciamiento ni sanción por parte de CONATEL. Lo interesante del caso, fue la reacción de varios sectores de la ciudadanía que alzó su voz ante este caso de censura, lo que provocó que luego de pocas horas el inconveniente fuera se resuelto¹¹.

5) Riesgo del derecho a la aparición e identidad

Ser una mujer transexual en Internet aumenta los riesgos de exposición de violencia y otros abusos: expresiones de odio y el cyber-acoso son algunos elementos con los que suelen tener que lidiar aquellas personas cuyas identidades ponen en entredicho la norma social. En muchos casos, la discriminación se inicia con las reglas que imponen las proveedoras de servicio o intermediarios y que no suelen contemplar las múltiples identidades humanas

Las defensoras de los derechos de las mujeres trans en Paraguay, aglutinadas en el colectivo Panambí¹², se enfrentan constantemente al bloqueo de sus perfiles en redes sociales tales como Facebook. Por lo general, sus cuentas son canceladas luego de ser denunciadas como “perfiles falsos”¹³. El problema se agrava cuando solicitan la restitución de sus cuentas y las empresas les exigen documentos legales, como por ejemplo pasaporte o cédula de identidad con su “nombre real”. Es sabido que en Paraguay, el Estado no reconoce legalmente la identidad de las mujeres transexuales por lo que terminan marginadas y de ciertas redes sociales, viendo coartados su derecho a la libre expresión, a la aparición en Internet y a la identidad.

6) Ausencia de políticas de transparencia sobre “baja de contenidos”

En la investigación “Quién defiende tus datos”¹⁴ realizada por TEDIC, se han evaluado a las proveedoras de Internet más importantes del país, en lo que respecta a sus políticas y prácticas de protección de derechos humanos en Internet. Uno de los hallazgos más preocupantes es que las ISP locales no cumplen con los estándares de transparencia, según el Principio 21 de los “Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” de la Organización de Naciones Unidas.

En dicha investigación, también se evaluaron políticas de bloqueos, filtrado o retiro de contenidos en Internet y ver si estos procedimiento revisten de carácter judicial. Lo que se encontró es que ninguna de las ISP evaluadas cumplen con este criterio. En particular, se pudo constatar que una de las proveedoras evaluadas filtra las descargas que utilizan tecnologías peer-to-peer (P2P).

Aunque las ISP no han adoptado medidas contractuales para el bloqueo de acceso a Internet, existen evidencias que sí han hecho acuerdos como se evidencia en el caso del bloqueo de una página web de parodia sobre el periódico ABC Color en el año 2010¹⁵. Afortunadamente no han habido evidencias de nuevos bloqueos similares.

7) Libertad de expresión en riesgo: “contenidos nocivos”

El caso más notorio de atentado contra la libertad de expresión en Internet ha sido la aprobación de la Ley “De protección de los niños, niñas y adolescentes contra contenidos nocivos en Internet”¹⁶ ¹⁷. Esta Ley busca regular el acceso a Internet en las redes de acceso público disponibles en plazas, cibercafés, restaurantes y otros, obligando a los responsables de estos espacios, así como a los proveedores del servicio, a instalar filtros de bloqueo de “contenidos nocivos” para los niños y adolescentes.

Además de los problemas técnicos y de aplicación efectiva que presenta la Ley, la misma puede convertirse en una herramienta de bloqueo y censura en Internet, violando el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión.

Si bien la Ley persigue un objetivo legítimo, que es el de proteger a los niñas y niñas de contenidos que pueden afectar su desarrollo, tiene varias limitaciones: una de éstas es que no cumple con el principio de legalidad, porque no define los criterios bajo los cuales considerar “nocivo“ a ciertos contenidos. Esta falta de precisión impide que las personas conozcan los alcances de la Ley y puedan prever su aplicación, del mismo modo que abre la posibilidad de censura ilegítima de contenidos.

Otra limitación de la Ley, que puede dar pie a la violación de la libertad de expresión, es la creación de listas de bloqueo en Internet que se construirán a través de un órgano administrativo. Según la Ley, se creará un “Observatorio para la protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes en Paraguay” que tendrá a su cargo la identificación contenidos y sitios que se consideren nocivos. A partir de este trabajo, se generarán listas de los sitios y contenidos a ser bloqueados de forma compulsiva, vinculante y con sanciones a las empresas proveedoras de Internet que no cumplan con la medida. Resulta problemático el hecho de que instituciones administrativas, que no están capacitadas para tomar decisiones judiciales sobre la legalidad de la censura de las comunicaciones, las tecnologías utilizadas y los derechos humanos, tengan esta responsabilidad. Debido a esto aparecen los riesgos de filtrar contenidos que sean legítimos bajo la apariencia de un reclamo administrativo.

8) Educación con perspectiva de género en retroceso

Una de las acciones más alarmantes y regresivas en materia de derechos del gobierno del presidente Horacio Cartes, ha sido una resolución del ministro de educación Enrique Riera que prohíbe la utilización y difusión de materiales didácticos digitales o impresos que hagan referencia a la “ideología de género” o “teoría de género”¹⁸. La resolución 29664 ha sido el resultado del lobby de grupos religiosos conservadores que buscan revertir los avances en materia de derechos que se han conseguido con el esfuerzo de millones de mujeres y activistas LGBTI de todo el mundo. La prohibición viola el derecho al acceso a la información de la ciudadanía, amparado en el artículo 28 de la Constitución Nacional, el derecho a la identidad y a la libertad de expresión. Esta prohibición o censura atenta contra la declaración de los derechos del niño que Paraguay firmó como Estado miembro de ONU.

La abogada y feminista Line Bareiro considera que con esta resolución ministerial se anula la posibilidad de entender cómo se construyen las relaciones de poder en la sociedad. Lo plantea de la siguiente forma: “Al prohibir la teoría de género Riera prohibió que se hable de […] lo público y lo privado y lo productivo y reproductivo. Lo público construido como masculino y lo privado, familiar como femenino”.

Esta prohibición ignora que en Paraguay, hay 6 niñas y adolescentes que son abusadas sexualmente por día¹⁹; o que existen unas 20 mil embarazadas por año, de las cuales 684 son niñas de entre 10 y 14 años²⁰; o que cada 9 días ocurre un feminicidio²¹. No hay forma de hacer frente a estos problemas sin que se promueva la educación con perspectiva de género en escuelas y colegios. Solo una sistema educativo que deconstruya el poder del patriarcal será capaz de contrarrestar la violencia de género en todas sus formas: física, sexual, psicológica y económica.

Las barreras y los estereotipos que restringen el desarrollo de todas las personas, por limitarlas a expectativas socialmente construidas, no se pueden superar si no se habla de las creencias y valores que sostienen estos límites. Para esto, hay que incorporar un enfoque de género desde los años de formación.

9) Vigilancia estatal

Hoy en día existen tecnologías que facilitan la vigilancia estatal eficiente y de bajo costo. El Estado paraguayo ha obtenido una serie de herramientas que sirven para este propósito: hay evidencias de la compra del software Finfisher²², un malware de vigilancia altamente invasivo desarrollado por la empresa norteamericana Gamma. El mismo fue adquirido por la Secretaría Anti Drogas (SENAD) ²³, según consta en publicaciones de facturas y recibos de compra del periódico ABC Color e investigaciones del Citizen Lab de la Universidad de Toronto de Canadá²⁴.

Finfisher permite a las autoridades seguir los movimientos de cada usuario de celular u otro dispositivo seleccionado. Específicamente, da la posibilidad de: navegar por el historial de las ubicaciones de un usuario por años; grabar, encubiertamente, audio y video de micrófonos y cámaras del teléfono inteligente y laptop del objetivo; recuperar la lista de contactos o remotamente implantar evidencia incriminatoria en el dispositivo del usuario.

También existen registros de adquisición de software para escuchas telefónicas por parte del Estado: Wikileaks ha filtrado conversaciones diplomáticas entre el Ministerio del Interior y la Embajada de los Estados Unidos del año 2010 donde se habla de la compra de un software de escuchas telefónicas²⁵.

Otro caso similar ocurrió durante el gobierno del ex-presidente Federico Franco, que adquirió también un equipo de escuchas telefónicas por valor de 2,5 millones de dólares. Según un informe de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, el equipo desapareció de las oficinas del Ministerio del Interior en noviembre de 2013.

Con estos antecedentes no es de extrañar que se hallan comprobado escuchas telefónicas sin orden judicial²⁶, y que se sigan realizando bajo la excusa de que se utilizan única y exclusivamente para los casos de extorsión y secuestro, violentando así el debido proceso.

Finalmente, a través de una filtración de uno de los proveedores de malware más conocidos del mundo –la empresa italiana Hacking Team– usando WikiLeaks, y gracias a un cuidadoso trabajo de periodistas de investigación, se evidenció que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos Informáticos, ha mantenido conversaciones para la compra de un software de vigilancia de dicha empresa²⁷. No se puede confirmar que la compra se haya realizado hasta ahora.

Otra forma de violación de la libertad de expresión se puede apreciar en los casos de espionaje que han afectado a varios países de la región, como Paraguay En estos casos, fueron monitoreadas de forma ilegal las comunicaciones de mujeres con visibilidad y cierto grado de poder para incidir en políticas, como periodistas y activistas de DDHH.

El espionaje estatal es una violación al derecho a la libertad de expresión, la privacidad –y cuando afecta a periodistas– al ejercicio de la libertad de prensa: todas garantías contempladas en la Constitución de la República.

Más allá, desde una perspectiva de género, la vigilancia se ejerce de tal manera que terminan por controlar, acallar, intimidar o extorsionar a las mujeres que desafían el statu quo –el Estado patriarcal. A medida que más mujeres ocupan cargos públicos u oficios donde tradicionalmente los hombres han ejercido protagonismo, la vigilancia emerge como una herramienta para frenar estos avances en equidad. Se convierte en el arma de control de la expresión, el pensamiento y el movimiento de ellas.

El caso más notorio de vigilancia en Paraguay involucró a una periodista del diario ABC Color, el de mayor audiencia del país, que fue espiada por altos mandos militares²⁸ (específicamente un equipo de inteligencia militar con posible apoyo policial). Según denunció el periódico, la vigilancia se realizó en el marco de unas publicaciones sobre corrupción en las Fuerzas Armadas y su objetivo fue conocer quién estaba realizando dicha investigación periodística. Concretamente, fueron interceptados dos celulares para acceder al registro de llamadas, contando con la colaboración de un empleado del servicio de telefonía privada que utilizaba la periodista. A pesar de todas las evidencias recolectadas, hasta hoy en día no han habido significativos avances por parte de la Justicia en este caso.

Por otro lado, el Ministerio Público cuenta con tecnología para intervenir las comunicaciones (incluyendo las comunicaciones a través de Internet) para la persecución de hechos punibles: sistemas de escuchas telefónicas y malwares²⁹. Esta alta tecnología hoy se encuentra cuestionada por menoscabar la garantía del debido proceso por las Relatorías Especiales de Libertad de Expresión de ONU y OEA, alegándose que toda violación de la privacidad de cualquier individuo tiene un impacto directo a los sistemas democráticos, así como al derecho a la libertad de expresión, ya que la misma genera censura o autocensura.

Por todo lo expuesto hasta el momento, pasamos a listar una serie de sugerencias que podrían tenerse en cuenta a la hora de elaborar recomendaciones

Recomendaciones

Solicitar al Congreso Nacional de Paraguay el veto del proyecto de ley de censura en Internet. Dicha propuesta atenta contra la libertad de expresión de la ciudadanía y ataca directamente el derecho a la participación política sin miedo a represalia.
Transparencia y rendición de cuentas: el Estado paraguayo debe cumplir los compromisos asumidos en el EPU³⁰ ante la Organización de las Naciones Unidas. Debe además proporcionar a la ciudadanía información suficiente para que pueda comprender plenamente el alcance y la naturaleza de la utilización de los software de vigilancia en su poder.
Solicitar al Ministerio de Educación y Cultura la rectificación de la resolución 29664 por violentar derechos fundamentales
Supervisión pública: el Estado paraguayo debería establecer mecanismos independientes de supervisión para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas sobre sus actividades de vigilancia y censura de las comunicaciones.

Control ciudadano y estatal a las proveedoras de Internet: las proveedoras tienen la gestión y el control del tráfico de datos de las comunicaciones, lo que le otorga el poder de limitar el acceso a contenido en Internet. El control y la supervisión ciudadana y la aplicación de sanciones por parte de CONATEL a violaciones a la neutralidad en la red, son claves para una Internet libre y abierta.
Investigar las denuncias de espionaje estatal y rendir cuentas sobre las circunstancias en las que se aplica este tipo de medidas: si se aplican principios de respeto a los derechos fundamentales de las personas y el test de proporcionalidad, necesidad e idoneidad.
Es necesario y urgente elevar los estándares de protección de datos personales para un ejercicio pleno de la libertad de expresión y privacidad. En particular, se debe crear una Ley de Protección de Datos Personales con un enfoque integral, para evitar los posibles abusos que se realizan con los datos personales tanto en el sector público como el privado.

Transparencia del sector privado (ISP): el informe de transparencia es un elemento positivo para el resguardo de los derechos humanos. Para un mejor seguimiento de la vigilancia estatal de las comunicaciones, se vuelven elementos clave, el conocer el número global de solicitudes realizadas por las autoridades de persecución penal, las estadísticas respecto a las solicitudes realizas por otras autoridades, la identificación de las instituciones solicitantes, los tipos de solicitudes y las razones por las que se realizan.

Profundización de las políticas de cobertura de Internet y de acceso a información: el Estado debe definir una política pública robusta para proveer de acceso a Internet a toda la población, acompañado de programas de capacitación y entrenamiento para su uso responsable.
Diseñar políticas de inclusión efectiva de las niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito tecnológico, ya sea a través de programas educativos, talleres de capacitación, provisión de servicios de acceso a Internet de bajo costo o públicos, campañas de concientización sobre los riesgos que existen en la Web y formas de afrontarlos con un enfoque de apropiación, entre otros.
Garantizar el cumplimiento de los compromisos del Estado, de promoción de igualdad entre hombres y mujeres respetando la legislación y normativas ya existentes.

Fuente

1Proyecto de ley “Que obliga a proveedores de aplicaciones y redes sociales a suspenderr y retirar publicaciones con carácter ofensivos o difamatorio” http://sil2py.senado.gov.py/formulario/FichaTecnicaExpediente.pmf?q=FichaTecnicaExpediente%2F110839 [Fecha de consulta: 20 de octubre, 2017].

2Análisis y posicionamiento de la ONG TEDIC https://www.tedic.org/un-proyecto-de-censura-politica/ [Fecha de consulta: 20 de noviembre, 2017].

3Informe La Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) https://www.oas.org/es/cidh/expresion/temas/internet.asp Fecha de consulta: 20 de octubre, 2017].

4Relatoría Especial de Libertad de expresión en la era digital. ONU http://www.ohchr.org/SP/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx.

5Cifrado y anonimato para la libertad de expresión http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/CallForSubmission.aspx [Fecha de consulta: 20 de octubre, 2017].

6Comisión Nacional de Telecomunicaciones -CONATEL- es el ente regulador de las comunicaciones en Paraguay

7Suscripciones de Internet por tipo de tecnología de acceso. Informe semestral 2016. CONATEL. [Fecha de consulta: 23 de octubre, 2017].

8SENATICs [Fecha de de consulta] 27 de noviembre, 2017 http://gestordocumental.senatics.gov.py/share/s/ntjnuNLeT8u3gbAHC6WeVw

9Articulo 26 de la Resolución No. 190 de 2009 “la prohibición que tienen los prestadores del servicio de acceso a Internet y transmisión de datos de interferir o degradar el tráfico “recibido o generado por el usuario” o “variar la capacidad contratada según el tipo de contenido aplicación, origen o destino decidido por el usuario”

10Ver informe de Neutralidad en la Red Paraguay y Latinomérica. Disponible en https://www.tedic.org/wp-content/uploads/2016/06/Informe-ISOC-Final-jun-27.pdf [Fecha de consulta: 23 de noviembre, 2017].

11Por detalles del caso, acceder a “Roben este post” disponible en https://medium.com/@TEDICpy/roben-este-post-neutralidad-en-la-red-9a3567cd7fb0 [Fecha de consulta: 23 de noviembre, 2017].

12Mas información http://www.panambi.org.py/ [Fecha de consulta: 23 de noviembre, 2017].

13El derecho a aparición en Internet de la comunidad LGBTIQ. TEDIC, 5 de junio de 2017. https://www.tedic.org/el-derecho-a-aparicion-en-internet-de-la-comunidad-lgtbiq/ [Fecha de de consulta: 27 de noviembre, 2017]

14Investigación “Quién defiende tus datos” Abril 2017. https://qdtd.tedic.org/ [Fecha de de consulta] 27 de noviembre, 2017

15Paraguayan ISP Censoring site for mocking stockholder’s paper – The Largest in the Country. https://www.tedic.org/paraguayan-isp-censoring-site-for-mocking-stockholders-paper-the-largest-in-the-country/ [Fecha de de consulta: 27 de noviembre, 2017]

16Ley “De protección de los niños, niñas y adolescentes contra contenidos nocivos en Internet“ http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/5167/proteccion-de-ninos-ninas-y-adolescentes-contra-contenidos-nocivos-de-internet

17Ver análisis jurídico y técnico de TEDIC. Disponible en https://www.tedic.org/tedic-no-esta-de-acuerdo-con-el-enfoque-de-tecnologia-que-tiene-el-proyecto-de-proteccion-de-la-ninez-de-contenidos-nocivos-en-internet/ [Fecha de consulta: 20 de octubre, 2017].

18MEC prohíbe uso de materiales sobre “ideología de género”. Ultima Hora – Octubre 2017. http://www.ultimahora.com/mec-prohibe-uso-materiales-ideologia-genero-n1112372.html [Fecha de de consulta: 27 de noviembre, 2017]

19Cada día, seis niños, niñas y adolescentes son abusados en Paraguay. Ñanduti, Mayo de 2017. http://www.nanduti.com.py/2017/05/25/cada-dia-seis-ninos-ninas-y-adolescentes-son-abusados-en-paraguay/ [Fecha de de consulta: 27 de noviembre, 2017]

20Más de 680 niñas con edades de 10 a 14 años dieron a luz el año pasado. ABC Color – Abril de 2015. http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/mas-de-680-ninas-con-edades-de-10-a-14-anos-dieron-a-luz-el-ano-pasado-1361649.html [Fecha de de consulta: 27 de noviembre, 2017]

21Cada 9 días una mujer es víctima de feminicidio en Paraguay. Ultima Hora- Enero de 2017. http://www.ultimahora.com/cada-9-dias-una-mujer-es-victima-feminicidio-paraguay-n1057722.html [Fecha de de consulta] 27 de noviembre, 2017

22Más preguntas y dudas sobre software malicioso adquirido por SENAD. Disponible en https://www.tedic.org/mas-preguntas-y-dudas-sobre-software-malicioso-adquirido-por-senad/ y Maping Finfisher https://citizenlab.org/2015/10/mapping-finfishers-continuing-proliferation/ [Fecha de consulta: 20 de octubre, 2016].

23Disponible en Senad gastó casi G. 200 millones solo en “montaje y configuración” http://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/senad-gasto-casi-g-200-millones-solo-en-montaje-y-configuracion-590062.html?fb_comment_id=419236824858112_2094744#f1c83727667f9fc y Senad niega la compra del software http://www.hoy.com.py/nacionales/senad-niega-negociado-en-compra-de-equipo-de-escuchas [Fecha de consulta: 20 de octubre, 2016].

24Disponible en https://citizenlab.org/ [Fecha de consulta: 20 de octubre, 2016].

25Disponible en https://wikileaks.org/plusd/cables/10ASUNCION97_a.html [Fecha de consulta: 20 de octubre, 2016].

26Informe Canal 4 Telefuturo: Escuchas telefónicas sin orden judicial se darán en caso de extorsión y secuestro – 26/11/2014 https://www.youtube.com/watch?v=3Bkdspxhae8 [Fecha de consulta: 20 de octubre, 2016].

27Disponible en https://wikileaks.org/hackingteam/emails/emailid/249535

28Gobierno usó su sistema de inteligencia para espiar periodista http://www.abc.com.py/edicion-impresa/notas/gobierno-uso-su-sistema-de-inteligencia-para-espiar-periodista-1511976.html [Fecha de de consulta] 27 de noviembre, 2017

29Disponible en https://wikileaks.org/hackingteam/emails/emailid/249535 6]. [Fecha de de consulta] 27 de noviembre, 2017

30En el 2016, el Estado paraguayo se comprometió a cumplir las recomendaciones sobre la privacidad en el Examen Periódico Universal (EPU) para la adopción de medidas necesarias para regular la vigilancia acorde a los principios internacionales de Derechos humanos. Disponible en https://www.tedic.org/informeepupy/ y TEDIC presenta el informe EPU ante Naciones Unidas https://www.tedic.org/tedic-presenta-el-informe-epu-antes-naciones-unidas/ [Fecha de consulta: 22 de Noviembre, 2017].

Los registros de llamadas: Entre el derecho a la privacidad y la persecución de delitos

Maricarmen Sequera Buzarquis 12 enero, 2018 2 Datos Personales datos personales, privacidad, registro de llamadas, Telefonía

La investigación judicial del caso de asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal, evidenciaron la implicancia de altos mandatarios del poder político en el mismo. Los abogados de la querella insisten que los registros de llamadas son pruebas para esclarecer quién dió la orden de ingreso al local del partido en la madrugada del 1 de abril.

Durante el proceso, la fiscalía -encargada de ejercer la investigación sobre los hechos- rechazó la solicitud de extraer los registros de llamadas de la querella por considerarlo impertinente. Luego que la Cámara de Apelación rechazó la negativa de la solicitud en la primera instancia, se logró proceder a la solicitud de la querella. La resolución de finales del mes de diciembre del 2017 menciona el artículo 173 del Código Procesal Penal que reza: “Los hechos o circunstancias relacionados con el objetivo del procedimiento podrán ser admitidos por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones previstas por las leyes. Un medio de prueba será admitido si se refiere directa o indirectamente al objeto de la investigación y es útil para el descubrimiento de la verdad”, dando lugar al pedido de cruce de llamadas.

Las empresas telefónicas Tigo y Personal respondieron al pedido judicial que no poseen los registros de llamadas telefónicas, en base a la resolución 1350/2002 de CONATEL, que establece un plazo de 6 meses para la conservación del registro de llamadas entrantes y salientes de las telefónicas. Se les obliga así a las empresas telefónicas a facilitar los detalles de una comunicación al Ministerio Público inclusive sin orden judicial. Estos registros incluyen información detallada de las llamadas telefónicas, los SMS y los datos de localización de los dispositivos móviles. Por tanto, Tigo y Personal se encuentran en cumplimiento de la guarda obligatoria. Por otro lado, según una publicación, la empresa Claro cuenta con el ael registro de llamadas, superando los seis meses de almacenamiento previstos por la norma.

Límites del Registro de llamadas para la protección del derecho a la privacidad

Si bien nuestro país reconoce en la Constitución Nacional el derecho de Intimidad (Art 33), en la práctica no existen suficientes medidas para garantizar el cumplimiento de este derecho, como se evidencia en el tratamiento de los datos personales en bases de datos públicas y privadas. [1]

Los registros de llamadas forman parte de nuestra privacidad, por tanto su tratamiento debe estar regulado y supervisado por un órgano independiente en caso de abusos en el tratamiento de datos y bases de datos por parte de cualquier entidad pública o privada.

La Ley 1682/2001, que regula ciertos aspectos del tratamiento de datos en nuestro país, dista de cumplir con estándares internacionales mínimos de protección de datos personales. Además, no exige que el tratamiento de los datos se realice considerando la finalidad de la recolección, el tiempo de almacenamiento de los datos, legalidad, proporcionalidad, calidad del dato, ámbito de aplicación, transparencia, rendición de cuentas, entre otros principios.

El principio de limitación del plazo de conservación según el estándar del reglamento de la Unión Europea (2016/679) establece que los datos personales deberán ser mantenidos para la identificación de los interesados durante “no más tiempo del necesario para los fines del tratamiento de los datos personales”. Se podrán conservar por más tiempo solo con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de acuerdo con el artículo 89, apartado 1 del Reglamento.

Este principio que incluye establecer el límite al almacenamiento de registros de llamadas telefónicas, se encuentra ausente en nuestra legislación.En la práctica, las entidades locales carecen de protocolos, mecanismos o normativas para la destrucción de dichos datos. Es clave establecer criterios dependiendo de la naturaleza de las bases de datos.

Por tanto, el ejercicio de borrado de registros de llamadas telefónicas por parte de las empresas Tigo y Personal es una forma de establecer el límite de almacenamiento en pos de cumplir con estándares internacionales, la protección de datos personales y la privacidad de sus usuarios.

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció sobre el caso contencioso, en el que se condenó a Brasil por el uso ilegal de escuchas telefónicas en un proceso penal. En este caso, la misma Corte señaló que el derecho a la privacidad protege tanto al contenido de la comunicación electrónica, como a otros datos propios del proceso técnico de la comunicación. Según la resolución:

“…aunque las conversaciones telefónicas no se encuentran expresamente previstas en el artículo 11 de la Convención, se trata de una forma de comunicación incluida dentro del ámbito de protección de la vida privada. El artículo 11 protege las conversaciones realizadas a través de las líneas telefónicas instaladas en las residencias particulares o en las oficinas, sea su contenido relacionado con asuntos privados del interlocutor, sea con el negocio o actividad profesional que desarrolla. De ese modo, el artículo 11 se aplica a las conversaciones telefónicas independientemente de su contenido e incluso, puede comprender tanto las operaciones técnicas dirigidas a registrar ese contenido, mediante su grabación y escucha, como cualquier otro elemento del proceso comunicativo mismo, por ejemplo, el destino de las llamadas que salen o el origen de las que ingresan, la identidad de los interlocutores, la frecuencia, hora y duración de las llamadas, aspectos que pueden ser constatados sin necesidad de registrar el contenido de la llamada mediante la grabación de las conversaciones. En definitiva, la protección a la vida privada se concreta en el derecho a que sujetos distintos de los interlocutores no conozcan ilícitamente el contenido de las conversaciones telefónicas o de otros aspectos, como los ya mencionados, propios del proceso de comunicación”

Es decir, que para solicitar registros de llamadas telefónicas, se deberá cumplir el artículo 36 de la Constitución de la República “De la inviolabilidad de las comunicaciones”que deberán realizarse a través de orden judicial debidamente justificada, ya que estos registros forman parte de la comunicación. Si bien el caso de asesinato cumplió con este procedimiento, según nuestra investigación “Quién defiende tus datos”, la versión paraguaya de la publicación de EFF “Who has your Back”, este procedimiento en general no se cumple y debe ser acatado.

Desafíos para una protección efectiva del derecho a la privacidad de todas las personas

La privacidad es una condición fundamental para ser una persona libre, por tanto el desafío está en buscar el balance entre los procesos de persecución penal y los tratamientos de datos personales. Para eso enumeramos algunos puntos que urgen discutir:

1) Se vuelve extremadamente necesaria y urgente una solución integral para evitar los abusos que se realizan con los datos personales de las personas. Esta solución debe limitar el tratamiento de los datos en cuanto a su finalidad, tiempo, legalidad, proporcionalidad, calidad del dato, ámbito de aplicación, transparencia, rendición de cuentas, entre otros. Esto debe lograrse acorde a los estándares de protección de los derechos humanos y con relación a la naturaleza de las instituciones del Estado y el sector privado, para cumplir su fin en cada caso. La ciudadanía debe presionar a las autoridades para debatir este tipo de políticas, que son de interés público y evitar que se creen normativas a las apuradas y sin una mirada integral.

2) Además, será necesario crear un órgano independiente como ente rector y responsable del control del tratamiento de datos, para analizar la finalidad de los mismos y hacer las revisiones preventivas de posibles errores o abusos que se dan en los tratamientos de datos. Es necesario auditar a los responsables de tratamientos de datos y elevar los estándares de protección de los mismos, acorde la Directiva de la UE 95/46. Esto evaluará la pertinencia de los límites y la condiciones en que son guardados nuestros datos personales, en este caso específico: registros de llamadas.

3) Establecer explícitamente el requisito de autorización judicial para solicitar registros de llamadas telefónicas.

[1] La protección de datos personales en bases de datos públicas en Paraguay. TEDIC – Setiembre 2017.

El fin de la Neutralidad en la Red en EEUU genera situaciones críticas a nivel global

Maricarmen Sequera Buzarquis 18 diciembre, 2017 0 Libertad de Expresión libertad de expresión, neutralidad en la red

¿Qué es la Neutralidad en la Red y por qué te tiene que importar?

La Neutralidad de la Red es un principio de arquitectura de red que dirige a los proveedores de Internet (ISP) el deber de tratar los paquetes de datos que transitan en sus redes de igual forma, no discriminándolos en razón de su contenido, origen o destino. Entre los valores preservados por este principio están la apertura de la red y la autonomía de los usuarios, preservando así la capacidad de Internet de ser una plataforma emprendedora, global y sin restricciones a la innovación. El primer país del mundo a regular el principio fue Chile, seguido de Holanda y Brasil (el principio fue adoptado en el Marco Civil de Internet en 2014). En nuestro país se incorpora a través de una resolución administrativa de CONATEL que no tiene el carácter de una ley (es el art. 26 de la resolución 190/2009). En el año 2015, la administración Obama blindó el principio de neutralidad en la red en los EEUU con reglas claras y rígidas para las ISP.

Hace varios años que desde TEDIC estamos trabajando el tema de Neutralidad en la Red, que sostiene la arquitectura en Internet como la conocemos hoy: la libertad de acceder a las apicaciones y páginas web que queremos, sin bloqueos, ni conexiones lentas, ni “paquetes especiales” para ciertos propósitos. También es cierto que este principio viene siendo vulnerado a través de servicios de “zero rating” que aplican muchas proveedoras de Internet (ISP) como modelo de negocio, tanto a nivel local, como global.

A inicios del 2017, Ajit Pai fue nombrado presidente de la Comisión Federal de las Comunicaciones (FCC) de EEUU, y en el mes de diciembre llamó a votar una nueva propuesta de regulación para las ISP, lo que provocaría la sustitución de las reglas actuales. Es decir, modificar la ley de Comunicaciones mandando a las operadoras de Internet de la Categoría II (servicio de telecomunicaciones) a la Categoría I (servicio de Información) que significa, básicamente, pasar de ser un servicio público (con regulaciones y restricciones) a un área de libre competencia pura y dura. Según Pai, la auto-regulación o regulaciones mas flexibles podrían mejorar la actual “incertidumbre” que tienen las empresas de telecomunicaciones. Por otro lado, y en contra de ese argumento, llama la atención que los datos de todas las empresas de telecomunicaciones indican aumento en sus acciones en bolsa y ganancias en inversión y en infraestructura.

El llamado expeditivo para la votación, probablemente generará problemas legales ante los tribunales estadounidenses por irregularidades en los procesos con que se realizó este cambio. A esto se suma la farsa de las peticiones online: plagadas de bots, perfiles falsos, identidades robadas de un antiguo listado electoral y otros. Según algunas investigaciones, se contabilizaron 1,3 millones de comentarios a favor de la derogación, que se hicieron a través de una campaña de correo masivo con “combinar-correspondencia”, mientras que también concluye que de los mensajes auténticos es probable que el 99% fueran en apoyo a la Neutralidad en la Red.

La irregularidades no terminan allí: Pai se negó a responder las peticiones de información pública realizadas a través del FOIA, tampoco eliminó los comentarios fraudulentos dentro de la petición y acompañó públicamente a grupos que apoyaban la eliminación de la Neutralidad de la Red, que probablemente eran financiados por las compañías de telecomunicaciones. El resultado de todas estas maniobras es que el gobierno de Trump puso fin a este principio, tan importante para todos, con el voto positivo de los tres comisionados republicanos, Ajit Pai, Michael O´Rielly y Brendan Carr.

Si estas acusaciones son ciertas, estamos hablando una gran corrupción política, una posible alianza entre este alto funcionario público y parte del sector privado de las comunicaciones. Sería deseable que se comprobaran todas estas evidencias y se lograra revertir este retroceso que tiene un efecto negativo a nivel mundial.

¿Qué implica perder la Neutralidad en la Red?

Si bien esta pérdida ha ocurrido en EEUU y no en nuestro país, deja un antecedente nefasto y conlleva consecuencias dañinas, ya que Internet es una red interconectada global, por lo tanto cualquier medida impacta y fracciona a toda la red o gran parte de ella.

Para una mejor compresión de cómo nos va a afectar, hemos elaborado algunos hipotéticos ejemplos locales y prácticos:

1) Subida en los precios de conexión: si tenés contrato con alguna ISP (COPACO, CLARO, Tigo, Personal, Vox) podrían cobrarte el acceso a Internet por paquetes que ellos quieren ofrecerte, ciertas apps y webs. Como si fuera un servicio de cable y que Wikipedia fuera TIGOsport.

2) Menos Variedad: cuando la ISP te ofrece contenidos o servicios propios, por ejemplo si CLARO bajara la velocidad de spotify para que migrases al servicio de CLARO Música, o que Personal bloqueara el Skype para que utilizaras en llamadas telefónicas, o que Tigo hagase más lento el acceso a Neflix para que utilizaras su servicio de Tigo Videos.

3) Una red aburrida, burocratizada y costosa: si fueses una persona emprendedora y desarrollaste tu propio modelo de negocio online, y que incluye apps y páginas webs, tu ISP podría cobrarte para que tu servicio no sea lento o no te bloquee. Quienes puedan pagar tendrán la posibilidad de sortear estos problemas, de hacerse visibles, de participar como empresas competitivas en la red.

Entregar a los proveedores de servicio de Internet la libertad de favorecer determinados contenidos sobre otros, les daría la posibilidad de “elegir ganadores”, perjudicando la elección que los usuarios de Internet podrían hacer libremente.

4) Censura: si Tigo y Personal, por ejemplo, decidiesen que no quieren tener sitios que vendan armas, podrían bloquear esos sitios. En las reglas actuales, las compañías están obligadas a dejar pasar el tráfico de cualquier página independientemente que estuvieran a favor o contra de sus contenidos y queda en el ámbito de la justicia decidir qué contenidos pueden ser cancelados. Ahora todo eso cambia (a unque esto ya ocurrió en nuestro país en el 2012).

5) Efectos negativos a nivel mundial: Si una empresa paraguaya desea utilizar los servicios de Internet estadounidense para llegar a más usuarios en ese país, puede encontrarse que no tendrá la misma capacidad de distribución de sus contenidos que una empresa local, o que un gigante de Internet.

Te dejamos con una extensión para chrome/chromium que se llama “Removal of Net Neutrality Simulator”. Es para que te interiorices en lo que podría llegar a implicar la perdida del principio de Neutralidad en la Red.

Como vemos, estos problemas te pueden afectar a vos y a empresas emergentes ya que Internet se convertiría en un espacio donde el que más paga es el que más puede hacer cosas.

¿Cuáles son los siguientes pasos para defender la Neutralidad en la red?

1) En EEUU organizaciones como EFF, Access, Public Knowlenge entre otros, están preparando sus acciones judiciales y profundizando sus conversaciones en el Congreso estadounidense (aunque aquí la mayoría son todos republicanos y probablemente aceptarán las medidas del gobierno de Trump). Debemos estar pendientes de acompañar esta lucha que recién empieza.

Michael Beckerman, Presidente de la Asociación de Internet, aseguró:

“La votación de hoy representa un alejamiento de más de una década de consenso amplio y bipartisano sobre las reglas que gobiernan Internet. Confiar en las promesas de los ISPs no es neutralidad de red y es malo para los consumidores… se verán obligados a aceptar la interferencia de los ISP en su experiencia en línea…La lucha no terminó. Desde la Asociación de Internet estamos analizando opciones legales en una demanda contra la Orden de hoy”

2) Por otro lado, debemos asegurarnos que se apliquen las regulaciones locales de Neutralidad en la Red, exigiendo que las ISP cumplan sus obligaciones legales. Es necesario crear mecanismos de fiscalización más rigurosos que aseguren la transparencia de la gestión de tráfico, así como generar una normativa más clara que permita la aplicación efectiva del artículo 26 de la resolución 190/2009 de CONATEL.

Sólo así vamos a lograr que Internet en Paraguay sea un espacio de innovación, incentivando el desarrollo de nuevos productos, servicios y tecnologías para mejorar la vida de las personas, aumentando sus capacidades y expandiendo sus libertades sustantivas, este es el verdadero objetivo de la Neutralidad de la Red.

Si en este momento todavía no sos una persona preocupada por la Neutralidad en la Red, es hora de ponerte manos a la obra: Internet floreció como un espacio de libertad e innovación en parte, gracias a la ausencia de peajes económicos o tecnológicos. Que esto continúe así es tarea de todas las personas que habitamos ese espacio de libertad.

Luchemos desde el Sur global por la Neutralidad de la Red, para mantener una Internet libre, abierta y democrática.

Te dejamos de “regalo” el curioso video de Ajit Pai, quién acabó con la Neutralidad en la Red en Estados Unidos:

PD: Si querés aprender más sobre Neutralidad de la Red en Paraguay, leé nuestra investigación sobre el estado de este principio en nuestro país y en la región.

La privacidad para Cyborg-organizarnos

Maricarmen Sequera Buzarquis 9 octubre, 2017 1 Comunidad, Privacidad cyborg, seguridad, seguridad digital, seguridad organizacional, TheEngineRoom

La protección de los derechos humanos en grupos y colectivos organizados

El derecho a la privacidad es el terreno privado: es donde podemos actuar, pensar, hablar, escribir, experimentar y decidir cómo queremos ser, al margen escrutinio ajeno. La privacidad es una condición fundamental para ser una persona libre.

Como dice Barton Gellman:

“La privacidad es relacional. Depende de tu audiencia. No quieres que tu patrón sepa que estás buscando otro empleo. No explicas tu vida amorosa a tu madre o a tus hijos. No cuentas secretos comerciales a tus rivales”

Internet no es un espacio público, sino un espacio privado por el cual la mayor parte de la infraestructura de la red está en manos de empresas privadas. Entre ellos los conectores dorsales, los servidores de DNS, los proveedores de servicio de Internet, navegadores de Internet, aplicaciones de contenidos como Facebook, Google, Twitter etc.. Actualmente la arquitectura de Internet es centralizada y esto genera no solo concentración de poder [1], sino mayor debilidad, por ejemplo, en lo que refiere a la probabilidad de recibir ataques y así se pone en peligro nuestra vida en Internet.

Con la actual arquitectura de Internet nuestra privacidad se encuentra más vulnerable. Aunque existen algunos esfuerzos para elevar los estándares de protección de datos personales, políticas contra la violencia de género y contra el discurso del odio, esto no es suficiente. Sucede que muchas de estas políticas son de aplicación local y se dificulta la cooperación con gobiernos que son autoritarios y promueven bloqueos a Internet. Lo mismo ocurre cuando empresas privadas lucran con el tratamiento abusivo de nuestros datos personales, sin tener en cuenta la perspectiva de Derechos Humanos: suelen alojar sus servidores en países donde no existen regulaciones claras o buenas prácticas para la protección de nuestra privacidad.

Esta violencia se traducen en casos concretos:

En México: #GobiernoEspia [2], el caso de vigilancia estatal de las comunicaciones a través de malware, denunciado por R3D y CitizenLab contra funcionarios del Estado, periodistas, activistas.

En Cataluña: Bloqueos y vigilancia a través de Internet en protestas ciudadanas como el caso de la denuncia de Assange sobre el reciente referendum [3].

Casos de violencia de género: como cyber-acoso y amenazas a mujeres y comunidades LGTBQ+ por parte de comunidades conservadoras y machistas.

[4]

Discriminaciones a través de algoritmos: el uso de big data limita nuestra forma de consumir Internet, aplicando filtros contra supuestos fake news, copyright, neutralidad en la red e inclusive intereses del usuario, generando “Cámaras de Eco”. Esto termina por ampliar las desigualdades y limita en última instancia nuestra libertad de expresión.

Ataques cibernéticos: a través de ransomware como el resonado caso de WannaCry que afectó a empresas, organismos estatales y usuarios en más de 150 países [5].

¿Cómo debemos protegernos los cyborg-activistas?

La privacidad y la seguridad son caras de una misma moneda: se complementan y protegen la integridad de las personas. Por tanto debemos incorporar ciertos hábitos que se transformen en una cultura de seguridad. La mejor manera es cyborg-organizarnos, es protegernos a través de herramientas tecnológicas y políticas públicas inclusivas y que respeten nuestros derechos para una sociedad democrática.

Asimismo, el tratamiento del riesgo y amenazas supone beneficios para la “salud” de la ciber-seguridad de las organizaciones. Es decir, que no se eliminan los problemas sino se mitigan las probabilidades que ocurra y se minimiza los posibles impactos.

Para que Internet sea un espacio de democracia, debemos hackearla: es decir, primero que nada entender cómo y por quiénes está construida esta red de redes. Debemos comprender lo que significa ese “like” en Facebook, o qué significa usar redes mesh, o comprar en Amazon, es decir entender nuestros datos.

Debemos utilizar la falta de neutralidad de la tecnología en favor de ese des-balance, y dirigir hacia un empoderamiento de los excluidos con perspectiva de los derechos humanos buscando un verdadero cambio social: cifrado, anonimizado, con software libre, transparencia, privacidad por diseño, rendición de cuentas, seguridad digital, portales de datos abiertos, etc..

A partir de esto, reducir los riegos y amenazas en Internet, porque una sociedad informada y consciente podrá aprovechar los beneficios de la red y buscar maneras de proteger la privacidad.

En palabras de Haraway,

“Neo de The Matrix no va a venir a salvarnos, sino el Cyborg que tenemos dentro de cada uno”

Eso significa que debemos capaces de crear nuestros propios mecanismos y redes de apoyo, perdiendo el miedo a las máquinas de poder, conectando esos cables submarinos con nuestros cables culturales, burlando la obsolescencia programada, reconstruyendo las computadoras, y nuestro entorno, hackeando nuestra sociedad para extirpar esa desigualdad y violencia: habitar Internet con nuestros lenguajes, idiomas, creencias, conocimientos, cultura y vida, donde cualquier de nosotras podamos aparecer y transitar libres y seguras.

¿Querés saber más?

Te invitamos a formar parte del proyecto “Desafios y rendición de cuentas en LATAM” de The Engine Room y luchemos por una sociedad que no se rija por la norma de conducta del silencio o acomodada para confrontar los abusos de poder, desigualades, y opiniones ortodoxas del establishment.

Fuentes

[1] Dueños de Internet. Publicado 30 noviembre 2016 https://www.tedic.org/los-duenos-de-internet/

[2] ‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México. Publicado 19 de Junio 2017 https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware-anticrime.html

[3] Tradución: “La primera guerra mundial en Internet ha comenzado en Catalunya, ya que el pueblo y el gobierno la utilizan para organizar el referéndum de independencia del domingo mientras que la inteligencia española bloquea enlaces, ocupa edificios de telecomunicaciones y censura cientos de sitios, protocolos, etc”.

[4] Ejemplos de violencia de género en Internet. Publicado 11 de Agosto de 2016 https://www.tedic.org/alerta-machitroll-ejemplos-de-violencia-machista-en-internet/

[5] Ciberataque global: últimas noticias del ‘ransomware WannaCry’. Publicado 17 de mayo de 2017 https://elpais.com/tecnologia/2017/05/16/actualidad/1494927608_413489.html

que-regula-la-activacion-de-tecnologia-movil

Proyecto de ley que exige a telefónicas recolectar huellas dactilares es invasiva y desproporcional

Maricarmen Sequera Buzarquis 14 septiembre, 2017 1 Datos Personales, Publicación biometría, datos biométricos, datos personales, huella dactilar, ley de datos personales, Proporcionalidad, Telefonía

El actual proyecto de ley no tiene en cuenta los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional, ni estándares internacionales de los Derechos Humanos

El proyecto de ley “Que regula la activación del servicio de telefonía móvil” presentado por el diputado Walter Harms Céspedes ante la cámara de baja del Congreso Nacional ha sido aprobado por mayoría en ambas cámaras del poder legislativo y se encuentra para la aprobación o veto presidencial.

El proyecto legislativo pretende obligar a las empresas telefónicas a la identificación previa para solicitar activar una línea de telefonía celular a fin de evitar el uso indebido de identidad de las personas por parte de terceros, dice la exposición de motivos con fecha 3 de noviembre de 2015. En la propuesta inicial del diputado de la ANR, solicitaba la presentación de cédula de identidad, fotocopia del mismo y en caso de terceros, deberá mediar una carta poder con certificación de firma ante un Escribano Público. Actualmente, este mecanismo es realizado por las empresas de telefonía pero la ley que buscaba formalizar y obligar al cumplimiento riguroso del mismo.

Sin embargo, la misma sufrió modificaciones en el proceso del sistema legislativo que amenaza derechos fundamentales como el derecho a la privacidad e incumple estándares de protección en el tratamiento de datos personales. El actual proyecto que se encuentra en la última etapa de trámite constitucional – Poder Ejecutivo- contiene 14 artículos. Impone la responsabilidad a las telefónicas de registrar las huellas dactilares de los que solicitan la activación del servicio de comunicación (Art 5). Las huellas dactilares se conocen como datos biométricos.

Además, obliga a que todos los titulares de líneas de telefonía móvil activa hasta la fecha, deberán igualmente registrarse con los datos biométricos solicitados en la ley, en un plazo máximo de 12 meses a partir de la vigencia de la ley. En caso contrario, quedarán canceladas de forma inmediata las líneas de telefonía móvil que no cumplan con las exigencias del artículo 5 (Art 11). Estas bases de datos deberán ser conservadas por un plazo mínimo de cinco años, computados desde la fecha de cancelación efectiva del servicio (Art 7). Y la autoridad competente para la aplicación de la ley será la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) (Art 4).

¿Por qué la recolección de datos biométricos pone en peligro nuestros derechos fundamentales como la privacidad?

¿Quiénes acceden a las bases de datos en las empresas de telefonía móvil? ¿Quién se hace responsable del tratamiento de nuestros datos personales? ¿Se prevé salvaguardas para evitar la manipulación y adulteración de las copias de las huellas dactilares almacenadas? ¿Qué instituciones del Estado van a acceder a esos datos y se podrá garantizar que la solicitud de los datos biométricos se haga mediante una orden judicial previa? ¿Habrán sanciones en caso de abusos por parte de los responsables de las bases de datos o de las autoridades? Estas son sólo algunas preguntas e inquietudes que surgen a partir del análisis de este nuevo proyecto de Ley.

Si bien nuestro país reconoce en la Constitución Nacional el derecho de Intimidad (Art 33), en la práctica no existen suficientes medidas para garantizar el cumplimiento este derecho, como se evidencia en el tratamiento de los datos personales en bases de datos públicas y privadas. [1]

La Ley 1682/2001 que regula ciertos aspectos del tratamiento de datos en nuestro país dista de cumplir con estándares mínimos de protección de datos personales,como la autodeterminación del titular del dato. Además, no exige que el tratamiento de los datos se realice considerando la finalidad de la recolección, el tiempo de almacenamiento de los datos, legalidad, proporcionalidad, calidad del dato, ámbito de aplicación, transparencia, rendición de cuentas, entre otros principios. Y una gran ausencia en esta Ley son las sanciones administrativas en caso de abusos en el tratamiento de datos sensibles y bases de datos por parte de cualquier entidad pública o privada. [1]

Los datos biométricos son métodos automatizados que pueden de manera precisa reconocer a un individuo con base en las características físicas o de comportamiento. La tecnología usada en la biometría incluye el reconocimiento de huellas digitales, huella palmar, facial, patrones de venas, iris, voces y otras exposiciones del cuerpo incluyendo ADN y la secuencia de la pulsación de las teclas, entre otros. Es decir, la biometría se refiere a la medición de y distintivo físico, características biológicas y conductuales utilizadas para la identidad de personas. [2]

La cuestión de la privacidad es fundamental para discutir sobre los alcances y los efectos de la biometría. La biometría plantea un riesgo sustancial al derecho a la privacidad cuando no existen garantías mínimas protección en el tratamiento de datos personales. El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU, Frank La Rue [3] y la ONU Alto Comisionado de Derechos Humanos, Navi Pillay [4] han expresado preocupación por las violaciones del derecho a la intimidad ante la falta de medidas de protección eficaces en la aplicación de las tecnologías biométricas.

Por su parte, el ex Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de la ONU, Martin Scheinin, determinó en su informe publicado en el año 2009 que, si bien el uso de la biometría se presenta en determinadas circunstancias como una herramienta legítima para la identificación de sospechosos por casos de terrorismo, preocupa especialmente:

“los casos en que la biometría no se almacena en un documento de identidad, sino en una base de datos centralizada, incrementando los riesgos para la seguridad de la información y dejando a los individuos vulnerables. A medida que aumenta la información biométrica, las tasas de error pueden aumentar significativamente” /// El incremento en las tasas de error puede llevar a la criminalización ilícita de individuos o a la exclusión social. A la vez, el Relator destaca un aspecto que mencionamos anteriormente, la irrevocabilidad de los datos biométricos. “(. . . ) Una vez copiados y/o utilizados fraudulentamente por un actor malicioso, no es posible emitirle a un individuo una nueva firma [identidad] biométrica”.[5]

Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) que a partir del 2017 incluye a nuestro país como miembro oficial, emitió una serie de recomendaciones para sus Estados miembros, entre ellas, una sobre “la circulación internacional de Datos Personales para la protección de la intimidad y la seguridad de los sistemas de información” [6], así como velar por la “Protección de la privacidad al más alto nivel decisorio” en el Ecosistema Digital [7].Cómo se ha señalado en estos documentos, que los datos personales deben utilizarse o ser divulgados para propósitos específicos en el momento de la recolección, su uso para otros propósitos comprometerá a los derechos humanos.

Paraguay no sólo deberá cumplir estos compromisos asumidos en instancias internacionales para la protección de la privacidad en el entorno digital, sino también debería elevar sus estándares de protección de datos personales adecuándose a los estándares de la normativa y reglamentos de Protección de datos personales de la Directiva de Unión Europea. [8]

El proyecto de ley no cumple con los principios de proporcionalidad y necesidad para la recolección de datos sensibles

No hay garantías de protección alguna en el proyecto de Ley que busca obligar a las empresas telefónicas a recolectar huellas dactilares. El proyecto no cumple con principios de proporcionalidad, necesidad, legalidad, y otros contemplados en tratados y organizaciones internacionales a los que Paraguay suscribe.

En la actualidad, para el tratamiento de datos biométricos se debe contemplar una regulación normativa de protección de datos, algo que nuestro país no tiene. Un dato biométrico es considerado un dato sensible por el nuevo reglamento de la Directiva 95/46/EC, porque implica características especiales. Establece la prohibición de su tratamiento salvo algunas contempladas en la misma norma, como por ejemplo, cuando el interesado dé su consentimiento explícito o tratándose de necesidades específicas, en particular cuando el tratamiento sea realizado en el marco de actividades legítimas por determinadas asociaciones o fundaciones cuyo objetivo sea permitir el ejercicio de las libertades fundamentales.

Cabe preguntarse si en nuestra jurisdicción: ¿El dato biométrico es un dato sensible?. La ley 1682/2001 define a los Datos sensibles, adaptándose a la doctrina internacional y jurisprudencias que buscan prevalecer el derecho de intimidad y el respeto sobre la información sensible (art. 4). como: “pertenencias raciales o étnicas, preferencias políticas, estado individual de salud, convicciones religiosas, filosóficas o morales; intimidad sexual y, en general, los que fomenten prejuicios y discriminaciones, o afecten la dignidad, la privacidad, la intimidad doméstica y la imagen privada de personas o familias”. Al enfocar nuestro estudio sobre el análisis del presente proyecto de ley, nos referiremos únicamente al almacenamiento de las huellas dactilares. Sobre este punto, la investigación de ADC Digital [9] sobre Biometría y protección de datos personales contempla un caso investigado por la Universidad de Carolina del Norte:

“Una investigación que ha encontrado diferencias significativas entre las huellas dactilares pertenecientes a personas de ascendencia africana y personas de ascendencia europea. Si bien los propios investigadores afirman que es necesaria una muestra mayor de personas y un análisis de etnias más diversas para obtener una conclusión definitiva, los primeros resultados científicos indican una alta posibilidad de que las huellas dactilares reflejen patrones propios de una etnia específica.”

En consecuencia, el almacenamiento de huellas dactilares en nuestro país reúnen las condiciones exigidas para ser calificadas como datos sensibles.

La propuesta legislativa paraguaya no presenta un análisis previo para justificar la implementación de este tipo de sistema. Es obligatorio, según los estándares de tratamientos de datos, una evaluación de impacto para la recolección de datos biométricos En base a el principio de necesidad de utilizar este sistema biométrico. Tampoco justifica por qué la cédula de identidad policial vigente – que lo emite el propio Estado para identificar a los ciudadanos – no podrá contar como un instrumento legal identificatorio para realizar el acto jurídico ante la empresa de telefonía móvil.. Este mecanismo sería menos invasivo que la recolección de las huellas dactilares, y por tanto, se reduciría en gran medida el riesgo de violación a derechos fundamentales.

En la exposición de motivos, el proyecto de ley busca evitar las malas intenciones de las personas que utilicen la identidad de terceros para fines delictivos. Pero para justificar la recolección de datos biométricos, que son datos sensibles, se debe analizar si no hay alguna alternativa que afecte menos los derechos de las personas y pueda alcanzar los objetivos que se persigue. [10] Esta medida que busca ser preventiva para evitar para cualquier tipo de ilícito no sólo refleja una desproporción en cuanto al fin perseguido. Y obviamente deja de lado el ideal de una intervención mínima a través del aparato punitivo del Estado, propio de lo que se denomina “derecho penal mínimo”.1

La despropocionalidad también radica en la desconexión compulsiva a los usuarios de telefonía móvil -que también contratan servicios de Internet-, en el caso que no inscriban con sus huellas dactilares dentro de los 12 meses de vigencia de la ley, afectando así a otros derechos humanos como la libertad de expresión y acceso a la información y cultura, así como políticas de conectividad que se están implementando en el país.

El diseño del sistema de prevención y persecución de delitos debe tener en cuenta que no puede, por sí solo, acabar con la cadena criminal que busca combatir. Algunas alternativas, como el reporte voluntario de implantación de identidad así como la cooperación entre operadores para bloquearlos, o el seguimiento y captura de bandas criminales dedicadas a esta actividad ilegal, pueden resultar más efectivas y menos invasivas para las personas.

También, es indispensable garantizar que los datos se supriman una vez transcurrido un periodo de tiempo justificado en función de los objetivos con los que fueron recabados o para los que se traten ulteriormente. La presente propuesta no garantiza la obligatoriedad de la eliminación de los datos biométricos pasados los 5 años. Tampoco se contemplan mínimas garantías y salvaguardas de protección de datos personales como estándares de derechos humanos para la protección de estos datos sensibles, el cifrado de las bases de datos y la integridad de los datos personales, y la seguridad del sistema de las bases de datos.

El proyecto de Ley no contempla seguridad legal ante tratamiento no autorizado o ilícito o contra la pérdida o destrucción o daño accidental, que además se concretan no sólo en normativas como estas, sino también en abusos como vigilancia estatal como el caso de la vigilancia estatal de las comunicaciones de la periodista de ABC por las fuerzas militares, compra de software de interceptación de las comunicaciones por parte de la SENAD, sin regulación alguna como es el caso de FinFisher. O ataques cibernéticos que vulneraron los sistemas de almacenamiento de datos personales de carácter crediticios de la empresa global Equifax (Propietarios de Informconf en Paraguay), revelando datos de 143 millones de personas.

Por último y no menos importante, el costo del sistema de datos biométricos es elevado. Según el gobierno británico, para desarrollar e implementar su propio sistema de datos biométricos, estimó un gasto de más de 5 millones de libras. Este costo por lo general es absorbido por el usuario final y no por la empresa que está obligada legalmente en implementar la base de datos.

No existen antecedentes regionales sobre la obligatoriedad de almacenar datos biométricos por empresas de telefonía móvil ni proveedoras de Internet. Por otro lado, La Cámara de Operadores Móviles del Paraguay reconoce la necesidad de revisar el procedimiento de registro actual, sin embargo consideran que el presente proyecto de ley representa un alto costo y tiempo de implementación y propone abrir un diálogo entre los actores públicos y privados en “aras de consensuar las modificaciones necesarios de forma tal que el proyecto pueda cumplir con el objetivo de proteger a la población“. Por lo tanto, solicitan al Poder Ejecutivo, suspender el proyecto aprobado.

Es resumen, la propuesta legislativa:

Pretende implementar una recolección de datos biométricos (huellas dactilares) sin un marco jurídico que permita garantizar el tratamiento de dichos datos de forma adecuada por parte del Estado y el sector privado. Ante abusos o filtrado de los datos biométricos, el Estado no tiene previsto una autoridad competente para velar por la protección de los mismos. Si bien la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) será la responsable de la aplicación de esta propuesta de ley, no tiene la función ni la capacidad de garantizar la protección de los datos biométricos.
El dato biométrico es un dato sensible, lo que requiere mayores mecanismos de salvaguarda que este proyecto de Ley no contempla. Los desafíos para garantizar el cuidado de los datos ante prácticas discriminatorias, sesgos en el desarrollo e implementación del software de recolección de datos biométricos no son tomados en cuenta en el texto del proyecto
Se desconoce la tecnología y los mecanismos que se utilizarán para la recolección, análisis y almacenamiento de los datos biométricos, así como también los alcances de esta política. ¿Quiénes tendrán acceso a los datos biométricos? ¿Se compartirán y serán transferidos entre distintos organismos públicos o privados? ¿Qué instituciones del Estado van a acceder a esos datos y, se podrá garantizar que la solicitud de los datos biométricos se haga mediante una orden judicial previa en casos de investigaciones penales?. Estas son sólo algunas preguntas que surgen en el análisis.
Es desproporcionada: El registro es excesivo y potencialmente violatorio de derechos humanos, ya que la idea es sólo identificar el comprador del servicio de telefonía móvil y evitar fraude. Existen otras medidas alternativas menos invasivas como el uso de la cédula de identidad emitida por la Policía Nacional, un instrumento identificatorio vigente quecumple con la legalidad para un acto jurídico, así como la cooperación voluntaria de las empresas de telefonía móvil para bloquear números de teléfonos sospechosos, o el seguimiento y captura de bandas criminales dedicadas a este actividad ilegal. Asimismo esta medida desproporcionada afecta a los usuarios de telefonía móvil que acceden a Internet a través de este servicio, en el caso que no inscriban con sus huellas dactilares dentro de los 12 meses de vigencia de la ley, afectando así a otros derechos humanos como la libertad de expresión y acceso a la información y cultura.
Es costosa. Los sistemas de registro de datos biométricos de los ciudadanos, su almacenamiento y el mantenimiento de los mismos pueden tener costos altísimos para las empresas de telefonía móvil. Además, , este costo se puede trasladar al usuario final.
Es injusta. Las huellas dactilares pueden ser un mecanismo más de control que podría agravar prácticas de vigilancia y hostigamiento aminorías, grupos étnicos, inmigrantes, etcétera. La falencia del Estado en cuidar la información privada de los ciudadanos vuelve a estos registros aún mas problemáticos y con un alto riesgo en ser filtrados.
No hay evaluación de impacto para el uso del sistema de dato biométrico: No se realizó una análisis de impacto previo para evaluar la importancia de la implementación de un sistema de recolección de datos biométricos. Cualquier interferencia por parte del Estado debe estar basada en fundamentaciones sólidas, sustentadas en datos y diagnósticos serios e independientes, a fin de cumplir con las condiciones de necesidad y proporcionalidad requeridas para la legitimidad de toda medida que pretenda limitar derechos fundamentales.
La OECD y ONU recomiendan evitar medios invasivos a la privacidad de los usuarios en Internet. Además no existen antecedentes normativos en la región que obliguen a las Telefónicas ni a proveedoras de Internet a almacenar datos biométricos de sus clientes para evitar fraude.

Por tanto solicitamos el veto presidencial del proyecto de ley y solicitamos la urgente la Ley de protección de datos personales en Paraguay, que contemple estos avances tecnológicos y que apunten a limitar los focos de posibles abusos y se analice con perspectiva de derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos ratificados.

Bibliografía:

[1] La protección de datos personales en bases de datos públicas en Paraguay. TEDIC – Setiembre 2017.

[2] Biometrics: Friend or foe of privacy? – Privacy International. (S.f)

[3] Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue* A/HRC/23/40. ONU – Abril 2013.

[4] UN News Centre, UN rights chief urges protection for individuals revealing human rights violations. ONU – Julio 2013.

[5] La identidad que no podemos cambiar. Asociación por los derechos civiles (ADC). Abril 2017.

[6] “Directrices sobre la Protección de la Privacidad y Flujos Transfronterizos de Datos Personales” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – 1980.

[7] Declaración Ministerial sobre la Economía Digital: Innovación, crecimiento y prosperidad social – OECD – Junio 2016

[8] Directiva 95/46/EC y Reglamento de Protección de Datos Personales de la Unión Europea – UE -Mayo 2016

[9] Biometría y protección de datos personales en Argentina. Asociación por los derechos civiles (ADC) Mayo 2017

[10] Principios Internacionales sobre la aplicación de los Derechos Humanos a la vigilancia de las comunicaciones. EFF -Mayo 2014.

1 “Derecho penal mínimo significa la reducción al mínimo de las circunstancias penales y su codificación general mediante la despenalización de todas aquellas conducta que no ofendan bienes fundamentales y que saturan el trabajo judicial con un dispendio inútil e inocuo de aquel recurso escaso y costoso que es la pena y tienen el triple efecto del debilitamiento general de las garantías, de la ineficacia de la maquinaria judicial y de la devaluación de los bienes jurídicos merecedores de tutela penal.” Ferrajoli, Luigi. Crisis del sistema político y jurisdicción: la naturaleza de la crisis italiana y el rol de la magistratura. Revista Pena y Estado año 1 número 1–Argentina 1995: Editores del Puerto s.r.l. p. 113.

Ley anti-spam es una ley parche

Maricarmen Sequera Buzarquis 23 junio, 2017 3 Datos Personales Agenda de Tunez, CEPAL, CONATEL, datos personales, eLAC, ONU, publicidad engañosa, SENATICs, spam

Necesitamos soluciones integrales a los problemas de tratamientos de datos personales, no parches.

Ley de “prohibición de publicidad no autorizada” no soluciona el problema del tratamiento de datos personales, sino que se vuelve una barrera muy baja y por lo tanto sencilla de burlar.

La Ley “Que prohíbe la publicidad no autorizada por los usuarios titulares de telefonía móvil” fue creada a partir del disgusto popular por estar recibiendo constantemente y de forma invasiva publicidad no solicitada. Los medios utilizados por los spammers para asediar a los posibles consumidores son variados: llamadas telefónicas, SMS o mensajes de WhatsApp, Facebook, etc..

En la etapa de discusión legislativa, liderada por la Cámara de Diputados, el proyecto obli garía a las proveedoras de Internet (ISP) a bloquear estos mensajes no deseados. Las empresas por su parte, mostraron su preocupación y empujaron modificaciones para evitar aplicaciones y sanciones legislativas, amparándose en el “principio de responsabilidad del intermediario”. Finalmente la Ley salió sin esta obligación con las ISP.

Por otro lado, no se tuvo en cuenta la Le y 4868/13 de Comercio Electrónico sobre regulación de publicidad no autorizada, que está vigente y tiene un apartado específico sobre publicidad no deseada en sus artículos 20 al 23. Lo que establece es que en caso que los proveedores de bienes y servicios deseen enviar comunicaciones no solicitadas, deben indicar expresamente que la misma no fue solicitada; incluir formas sencillas de salida del usuario de la lista de destinatarios; y que los mismos no hayan infringido los derechos de privacidad (art 23), buscando un balance entre “prohibición al envío sin autorización” y “comercio”.

Según los proyectistas, esta ley anti-spam está inspirada en la la normativa argentina coloquialmente denominada “No me llames”, que establece un listado de personas que no desean recibir la publicidad no solicitada. En Paraguay dicho listado será administrado por la Secretaria del Defensa al Consumidor y el Usuario (SEDECO). En caso que esta solicitud sea ignorada y la persona reciba publicidad no deseada, será ella misma que podría accionar legalmente contra el emisor del mensaje (Art 6).

Sin embargo, esta nueva Ley vigente no soluciona el problema de fondo, pues carece de un enfoque integral para el tratamiento de datos personales. Un problema tan complejo como el de los datos personales en la actualidad, no se puede abordar con regulaciones que simplemente prohíban el spam, que no tomen acciones contra la venta descontrolada de bases de datos personales y que dejen en soledad a las personas en el caso de posibles abusos. La protección de los datos personales debe ser enfrentada con un enfoque de derechos, aplicando como piedra angular, la estructura del sistema de protección de datos personales que son: el consentimiento y la autodeterminación informativa.

Con relación a esta Ley, el consentimiento debe ser previo a una lista del tipo “No me llames”. El mismo debe aplicar al tratamiento de los datos personales desde su misma recolección. La persona debe consentir de manera previa, expresa, libre e informada sobre el tratamiento de sus datos, en el momento mismo de la recolección, es decir los fines para los cuales son recolectados y almacenados independientemente de estar o no en una lista “No me llames”.

Este debate debe contemplar también los problemas que podría generar una cesión de datos personales, si se recolectan o usan fuera de la competencia del sector público o privado. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando los datos personales que uno completa en un sorteo del supermercado terminan en la base de datos de una empresa de venta de créditos? o ¿qué pasa si mis datos de salud terminan en una base de datos sobre seguros?

Regulación de spam en la era digital

La regulación de spam no es un tema nuevo, sino que desde hace unos 12 este tema viene cobrando una gran relevancia en los diferentes foros sobre Internet y datos personales. La Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información se pronunció al respecto en los siguientes términos:

“Estamos decididos a hacer frente eficazmente al problema cada vez más importante que plantea el correo basura. Tomamos nota de los actuales marcos multilaterales de cooperación regional e internacional de las distintas partes interesadas en materia de correo basura, por ejemplo, la Estrategia contra el correo basura del APEC, el Plan de Acción de Londres, el Memorándum de Entendimiento de Seúl-Melbourne contra el Correo Basura, así como las actividades que realizan en este ámbito la OCDE y la UIT” Agenda de Tünez (2005).

En ese sentido, el Plan eLAC 2007 de Agenda Digital para América Latina y el Caribe, dependiente de CEPAL, planteó promover los diálogos, intercambios y cooperación regional sobre experiencias nacionales en materia de spam y aspectos institucionales y tecnológicos relacionados. Desde entonces, busca generar políticas de armonización de normas y estándares, con el fin de crear marcos legislativos que brinden confianza y seguridad, tanto a nivel nacional como a nivel regional, prestando especial atención a la legislación en materia de spam como marco para el desarrollo de la sociedad de la información.

Por otro lado, la Resolución 39/248 sobre las Directrices para la Protección de los Consumidores, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985, establece los principios básicos para las relaciones de consumo y establece el derecho de los consumidores a una efectiva protección de las transacciones efectuadas a través de medios electrónicos y a la adecuada utilización de sus datos personales.

En el artículo 39 de la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información se advierte la necesidad de continuar con la promoción, desarrollo e implementación de una cultura mundial de ciberseguridad, que implique la acción nacional y una mayor cooperación internacional para fortalecer la protección de la información, así como la privacidad y la protección a los datos personales, ello de conformidad con la Resolución 57/239 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Paraguay, a través de sus instituciones como SENATICs y CONATEL, participan de estas instancias internacionales, y contando con una gran capacidad técnica, pero sin tener en cuenta el enfoque y protección de las personas y sus datos con perspectiva de derechos. Para lograr una mirada integral es necesario que se articulen con otras instituciones que sí trabajan en perspectiva e derechos, de género, de niñez etc., así como otros actores de la sociedad civil. Este es el mismo desafío que tienen los organismos técnicos de los otros poderes del estado: legislativo y judicial.

Los desafíos para una protección integral

Las siguientes son elementos que resultan centrales a la hora de proteger a las personas de una forma integral, frente al spam o a publicidad no autorizada:

1) Elevar los estándares de protección de datos personales: compromiso asumido por Estado paraguayo ante la OECD y CEPAL.

2) La discusión y creación de una ley de protección de datos personales. Uno de los temas claves para lograrlo será encontrar la medida justa, para que esta ley no impida el desarrollo de la tecnología. Además se debe ser muy cauteloso para que esta futura ley no genere conflictos con otros derechos fundamentales, y logre así cumplir con los principios de autodeterminación informativa y consentimiento informado.

3) Velar por el cumplimiento de la Ley de Comercio Electrónico, Título III sobre comunicaciones comerciales por vía electrónica, y reforzar las capacidades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como autoridad de aplicación de la presente Ley (art 41).

4) El plan nacional de ciberseguridad de Paraguay debe tomar en cuenta las sugerencias de enfoque que la agenda de T ú nez para la sociedad de la información y Naciones Unides subrayan para una protección integral de los datos de las personas que utilizan Internet.

¿Se cumple el estándar de protección del tratamiento de datos de nuestras comunicaciones, cuando la fiscalía accede a nuestros datos sin orden judicial?

Maricarmen Sequera Buzarquis 7 junio, 2017 1 Privacidad ciberseguridad, Metadatos, Ministerio Público, orden judicial, privacidad, Proveedora de Internet

Esta es la preocupación que planteamos a través de la investigación “Vigilancia Estatal de las Comunicaciones” y reiteramos en la investigación sobre las Proveedoras de Internet en Paraguay: “Quién Defiende tus datos”. La vigilancia sin consentimiento del afectado conlleva riesgos de abuso por parte de las autoridades: por ello resulta imprescindible la autorización de un juez competente (Art. 36 Constitución de la República).

Vigilancia específica

La vigilancia específica de las comunicaciones está regulada por el Código Procesal Penal en los artículos 198, 199 y 200 siguiendo el precepto constitucional expuesto más arriba, por el cual se considera excepcional, con pena de nulidad en el juicio. Sin embargo, el Ministerio Público está tomando atribuciones más allá de su carta orgánica, que especifica que su misión es “velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales” (art 1).

Está claro que cualquier persecución penal que incluya la interceptación de las comunicaciones, en especial los metadatos (cruce de llamadas, IP, tiempo de conexión, geolocalización entre otros) debe realizarse con una orden judicial. Si esto no ocurriera y la interceptación se realizara por ejemplo a través de solicitud fiscal, se estarían incumpliendo los principio constitucionales del debido proceso y la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada.

Vigilancia masiva y desproporcionada

Por otro lado, el proyecto de “Conservación de datos de tráfico” –popularmente conocido como Pyrawebs– permitiría a las autoridades de persecución penal, acceder de manera desproporcionada a los metadatos de las comunicaciones de toda la población de Paraguay. Gracias al esfuerzo de mucha gente que levantó su voz contra este tipo de normativas peligrosas, el proyecto fue rechazado en el Poder Legislativo.

A pesar de todo lo anterior, los hallazgos de la reciente investigación “Quién defiende tus datos” publicada por TEDIC, arrojan que las empresas con acciones estatales, como COPACO y VOX, facilitan los datos de tráfico (metadatos) al Ministerio Público, sin orden judicial.

Para proceder de este modo, han tomado varias estrategias. Por un lado se amparan en la Ley de Comercio Electrónico, que les habilita y obliga a almacenar la información sobre las conexiones a Internet, pero sin embargo la violan flagrantemente al utilizar estos datos con finalidades diferentes a la prevista en dicha ley –cosa que está explícitamente prohibido en la normativa.

Otra estrategia se ampara en una resolución de CONATEL –el entre regulador de Telecomunicaciones de Paraguay. La Resolución 1350/2002 de CONATEL establece un plazo de 6 meses para la conservación del registro de llamadas entrantes y salientes de las telefónicas. Se les obliga así a las ISPs a facilitar los detalles de una comunicación al Ministerio Público sin orden judicial. Estos registros incluyen información detallada de las llamadas telefónicas, los SMS y los datos de localización de los dispositivos móviles.

Este tipo de medidas pre-investigativas para cualquier tipo de ilícito, no sólo refleja una desproporción en cuanto al fin perseguido, sino que también se aparta del ideal de una intervención mínima a través del aparato punitivo del Estado, propio de los que se denominan “Derecho Penal Mínimo”ⁱ.

Los metadatos ¿ser o no ser?

El argumento de la fiscalía para defender este tipo de acciones, se basa en que los metadatos de una llamada o de cualquier comunicación, no forman parte de la comunicación. El caso judicial que respalda la facultad de omitir el proceso penal de autorización judicial previa, es la sentencia N° 674/10ⁱⁱ de la Corte Suprema de Justicia, dictada en la causa que investigó el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas (la hija del ex presidente de la República, Raúl Cubas Grau).

Esta omisión del proceso penal fue aceptada por la Corte Suprema, sin tener en cuenta las sentencias internacionales, vinculantes a nuestra jurisdicción nacional, que indican que el único mecanismo posible para acceder a los datos o metadatos de las comunicaciones es la autorización judicial.

Una de ellas es la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso contencioso, en el que se condenó a Brasilⁱⁱⁱ por el uso ilegal de escuchas telefónicas en un proceso penal. En este caso, la misma Corte señaló que el derecho a la privacidad protege tanto al contenido de la comunicación electrónica, como a otros datos propios del proceso técnico de la comunicación, es decir, los metadatos o datos de tráfico. Según la resolución, los metadatos son:

“el destino de las llamadas que salen o el origen de las que ingresan, la identidad de los interlocutores, la frecuencia, hora y duración de las llamadas, aspectos que pueden ser constatados sin necesidad de registrar contenido de la llamada mediante la grabación de las conversaciones”.

La Constitucional de la República es clara en su artículo 36, sobre la inviolabilidad de las comunicaciones, en obligar a las autoridades del Estado a solicitar información a las compañías sólo a través de una orden judicial debidamente justificada. Es decir, la orden debe incluir detalles del expediente penal como número de causa, datos de la persona, el tipo base penal que incurre el investigado, argumentación legal y firma del juez de la causa.

En las entrevistas de la investigación “Quién defiende tus datos” surge la preocupación que las ISPs Tigo, Personal y Claro tienen sobre este procedimiento fiscal para la solicitud de información. Ellos alegan desconocimiento de decisiones internacionales vinculantes a nuestra jurisdicción, una salida loable para que la Corte Suprema de Paraguay analice con mayores instrumentos el cumplimiento del debido proceso y elevar el estándar de protección de las personas ante posibles abusos de las autoridades.

Por otro lado, según las ISPs entrevistadas, en algunos casos han rechazado solicitudes de acceso a datos de llamadas telefónicas, por no cumplir con los requisitos legales, tales como número de expediente, hecho punible, argumentos, etc.. Sin embargo siguen habiendo irregularidades en el acceso y divulgación de los datos de los clientes que contratan servicios de telefonía. Un ejemplo de ello es el caso del espionaje sobre la periodista de ABC Color, por parte de las fuerzas militares, en el que se comprobó que empleados de la empresa Personal filtraron información, violentando no solo su privacidad, sino también afectando la libertad de expresión.

Recomendaciones:

1) Incidencia política

Establecer explícitamente el requisito de autorización judicial en el aviso de privacidad y tratamiento de datos personales de las proveedoras de Internet para la colaboración con autoridades de seguridad y justicia que implique la intervención del contenido de comunicaciones privadas.

Asimismo, es deseable que tanto Copaco como Vox incluyan en sus avisos, detalles del tratamiento que realizan sobre los metadatos almacenados. Se ha demostrado –por jurisprudencias internacionales vinculantes a nuestro sistema judicial– que los metadatos pueden revelar aspectos sensibles de la vida privada de las personas. Por tanto es indispensable que los titulares de dichos datos tengan acceso a los mismos cuando lo soliciten.

La Constitución de la República es clara al exigir que las autoridades designadas por ley, deben obtener una autorización judicial para solicitar acceso al contenido de las comunicaciones. Por tanto los usuarios y/o las ISPs deberían presentarse ante la justicia en el caso que ocurran procedimientos que no cumplen los preceptos constitucionales. Para ello pueden utilizar la jurisprudencia que establece mayores garantías de protección de las personas, en todo referente a sus comunicaciones privadas, que como ya se mencionó, tiene el carácter de vinculantes a nuestra jurisdicción. Por ejemplo, pueden basarse en el caso Esher vs. Brasil.

2) Protección tecnológica

Elevar los estándares de protección de los dispositivos a través del mantenimiento y actualizaciones se seguridad: tanto los dispositivos móviles como los de escritorio.

Utilizar aplicaciones que permitan cifrar las comunicaciones: evitar el uso de sms o llamadas convencionales ya que este tipo de comunicaciones son las más inseguras ante posibles interceptaciones. El caso del espionaje a la periodista de ABC es un ejemplo de ello.

Si conocés de algún caso judicial de acceso a los metadatos de las comunicaciones sin autorización de un juez, no dudes en escribirnos.

Fuentes

i “Derecho penal mínimo significa la reducción al mínimo de las circunstancias penales y su codificación general mediante la despenalización de todas aquellas conductas que no ofendan bienes fundamentales y que saturan el trabajo judicial con un dispendio inútil e inocuo de aquel recurso escaso y costoso que es la pena y tienen el triple efecto del debilitamiento general de las garantías, de la ineficacia de la maquinaria judicial y de la devaluación de los bienes jurídicos merecedores de tutela penal.” Ferrajoli, Luigi. Crisis del sistema político y jurisdicción: la naturaleza de la crisis italiana y el rol de la magistratura. Revista Pena y Estado año 1 número 1–Argentina 1995: Editores del Puerto s.r.l. p. 113.

ii Acuerdo y Sentencia Nº 674/10 “Recurso Extraordinario De Casación Interpuesto Por La Defensora Pública Sandra Rodríguez Samudio En La Causa Anastacio Mieres Burgos Y Otros S/ Secuestro Y Otros“. Expte. N° 773, Folio 245”.

iii https://web.archive.org/web/20140527113509/http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_200_esp1.pdf

El derecho a aparición en Internet de la comunidad LGTBIQ

Maricarmen Sequera Buzarquis 5 junio, 2017 3 Género #gender, #LGBTQI, Butler, Género, LGTBQI, performtativo

Cada vez que la comunidad LGTBIQ se manifiesta públicamente, interpelando su condición impuestas cultural, social y económicamente impuesta, se ejerce la imposición de uniformidad de género y se criminaliza los casos que no cumplen esa normativa del cuerpo y sexualidad. En algunos casos se lleva al extremo de la violencia, como el asesinato de la mujer transgénero en Ciudad del Este, en el que el Estado no sólo no impide, sino inclusive, no investiga este tipo de crímenes de género.

Esta violencia y criminalización se replica en Internet, porque esta tecnología fue creada sin tener en cuenta los contextos, sin comprender las relaciones de poder que actualmente vivimos. Esto genera preocupaciones a la hora de habitar y aparecer en Internet como comunidad LGTBIQ, ya que su inclusión no está reflejada en las “políticas de uso” de las aplicaciones de contenido (como Facebook o Google).

A esto se suma el hecho de que en Paraguay, no existen leyes contra la discriminación, y la violencia ejercida contra grupos vulnerables y minoritarios, no es castigada y ni prevenida. Esta falta de medida es una negligencia, ya que provoca aún más inseguridad y vulnerabilidad a este tipo de comunidades en espacios públicos como también es Internet.

La miopía de Internet

La aparición en público, en la calle o en Internet, de la comunidad LGTBIQ, siempre ha generado opiniones polarizadas. Su visibilidad desata muchas veces amenazas de violencia y criminalización por grupos conservadores y extremistas religiosos. Algunos casos que muestran este tipo de persecuciones u ocultamientos son los del Youtuber Paul Lando, que contrajo matrimonio con su pareja en los Estados Unidos, así como también los mensajes misóginos en las redes sociales contra la bloguera y periodista Karen Ovando por su orientación sexual.

Los continuos repudios públicos, acosos, intimidación y amenazas contra cualquier actividad de la comunidad LGTBIQ como es el besatón que se realiza todos los años en la plaza pública frente al C ongreso, se manifiestan no solo en las calles sino también en Internet. Esto genera censuras, autocensuras y vigilancias de nuestras libertades por parte de otros ciudadanos y queda en evidencia la ausencia del Estado, que no promueve políticas públicas y que de alguna forma colabora con la discriminación, desconociendo las garantías y salvaguardas de protección, en el ejercicio de las libertades de toda la población.

Las personas involucradas en la creación de Internet, que quisieron generar un espacio de aparición, acceso, comunicación e intercambio virtual, no tuvieron en cuenta en su infraestructura, algoritmos, software, etc., una mirada inclusiva y diversa para este sea un espacio de libertad y seguridad para todos las personas.

Esta situación se produce como consecuencia de realidades, privilegios y miradas que surgen y se desarrollan desde el “Norte Global”, que no suelen ser las mismas que aquí en el Sur. Un ejemplo que muestra cómo afecta este diseño excluyente es la brecha digital de género: en Paraguay solamente el 35% de su población está conectada a I nternet . Además, es una de las más caras y lentas de la región, con el Inglés como idioma predominante en los contenidos. En definitiva, la construcc ión d e artículos y conceptos son principalmente realizadas por hombres blancos, heteroxesuales y cisgénero.

Por todo lo anterior, se podría decir que cada bit es culpable de las exclusiones de grupos vulnerables y de las agresiones que reciben los mismo a través de Internet. Todo lo que salga de las reglas normativas impuestas al género, se queda excluido: desde la construcción del lenguaje de código y contenidos, hasta la forma de aparición de la comunidad LGTBQI en el ciberespacio. Esta exclusión en Internet trae aparejada la exclusión de derechos. Como dice Hannah Arendt,

“estar excluido del espacio de aparición, estar excluido de la pertenencia a la comunidad que ha originado ese espacio, es estar privado del derecho a tener derechos.”

Esta exclusión se refleja en violencia de género, que no desaparece, sino se traslada a Internet a través del ciberacoso, sextorción, doxxing, phishing, vigilancia, entre otros. Además existe una mayor probabilidad de recibir ataques, cuando las personas que pertenecen a un grupo minoritario o vulnerable como la comunidad LGTBIQ, ejercen un rol de exposición y aparición en las redes sociales como por ejemplo: ser periodista, bloguer o activista. Otro ejemplo de ello es el caso del hackeo de las cuentas de redes sociales de un actor mexicano donde se expusieron fotografías íntimas, develando así su identidad sexual en contra de su voluntad.

Todo lo anterior se refuerza con el análisis d e The Guardian , que revela que unos 70 millones de comentarios escritos por mujeres, personas con identidad LGBTQi y judíos, durante 10 años, padecieron acoso en línea en forma regular y consistente.

Las defensoras en Paraguay

Por otro lado, aunque el 80% de las mujeres trans de América Latina muere antes de los 35 años, esto no detiene a las defensoras de los derechos trans de la organización Panambí, en Paraguay. Ellas han logrado un equilibrio entre la necesidad de protegerse y la de arriesgarse al salir a la calle y habitar los espacios públicos. Asumen que deben plantear sus demandas no solo, acerca de su derecho de aparecer en los espacios públicos, como la calle, sino también en Internet. Incluso muchas veces sin necesidad de hablar, solamente con exponer su rostro o su cuerpo. Esta aparición en la mayoría de las veces es criminalizada por exponer su género.

Según la entrevista realizada a las defensoras de Panambí, sus integrantes sufren bloqueo en susperfiles de Facebook luego de recibir denuncias de “perfil falso”. Ellas se ven obligadas a generar cada cierto tiempo –cada 3 meses por ejemplo– nuevos perfiles en esta red social, ya que Facebook les exige documentos legales, como pasaporte o cédula de identidad para recuperar sus cuentas originales. La empresa Facebook ha sido cuestionada últimamente por desconocer el derecho al anonimato, que suele ser importante en algunos casos, para el ejercicio del derecho de libertad de expresión.

Las trans en Paraguay hasta la fecha no se encuentran reconocidas legalmente con el nombre y el género que ellas elegían. En el 2016 se presentó el primer caso de amparo en el Poder Judicial, actualmente se encuentra en etapa de apelación. Según ellas, esto les afecta además la capacidad de ejercer sus derechos como salud, seguro social, o créditos, entre otros. Este problema como ya se mencionó, causa pérdida de derechos de aparición inclusive en Internet.

La Internet como factor de cambio

Sin duda debemos visibilizar las injusticias que ocurren en la presentación del género en espacios como Internet y darnos cuenta que la tecnología no es neutral. Los intermediarios de Internet, cumplen un papel fundamental para evitar las formas de discriminación y desigualdad: se deben promover políticas tecnológicas hacia el empoderamiento de los grupos vulnerables como la comunidad LGTBIQ, campesinos, mujeres, personas con discapacidad, minorías religiosas y raciales, indígenas, apatriados y otros.

Para habitar Internet de forma libre y segura debemos presionar a los intermediarios y a los Estados para que intervengan y así lograr resolver los problemas que expusimos más arriba, de forma inmediata y con perspectiva de derechos humanos. Organizaciones como EFF han desarrollado plataformas digitales para reportar y documentar este tipo de abusos, así como el “Hel pline de Access “ para hacer el seguimiento personalizado de los casos de abusos con las proveedoras de contenidos.

Cabe mencionar los avances que Twitter está realizando para contrarrestar estos abusos y criminalizaciones en su red social: esto es una muestra de apertura y primeros pasos hacia una inclusión con perspectiva de género.

Nuevas formas y desafíos para habitar Internet

La frase “El género es performativo” (Butler, 1989) es una forma de interpretar el género para un ejercicio pleno del derecho de aparición en Internet. Es decir, la categorización del género es cultural y la recibimos todos, pero eso no significa que se encuentre encarnada en nuestros cuerpos, como si fuéramos sujetos pasivos, obligados a llevar una marca. Aunque estamos más o menos obligados a reproducir las normas de género, no todo el tiempo actuamos “como mujer”, o “de modo femenino”: hay veces que actuamos de formas que suelen atribuirse a “lo masculino”. Estas normas también nos producen, pero no determinan lo que somos; más bien dan forma a nuestro modo de vida corporeizado, que se va construyendo en el tiempo, y muchas veces va forzando a rechazar las normas interpuestas hasta hackearlas y construir así prácticas más allá del género asignado.

Internet nos da la posibilidad de habitarla de manera libre y segura, siempre y cuando sus aplicaciones e infraestructura lo habiliten, a través de posibilidad de anonimización, cifrado, transparencia en el software (software libre), privacidad por diseño, entre otros. Pero antes de eso, para empoderarnos de la tecnología debemos apropiarnos de ella, aunque las condiciones no sean las más favorables, para luego hackearla de forma organizada. Como dice Butler (2015):

“a veces lo mas importante no es el poder que uno tiene y que le faculta para actuar, a veces, lo que hay que hacer es actuar, y a partir de esa actuación reclamar el poder que uno necesita”.

Así nacen formas de empoderamiento de la tecnología con perspectivas de género como el caso de la trans y hacker Audrey Tang, que actualmente ocupa un alto puesto político como ministra digital de Taiwan y que ha tenido impacto en la agenda mundial de apertura de datos públicos, ocupado los primeros puestos en Open Data Index de Gobierno Abierto.

Otro ejemplo es la construcción de re des mesh en América Latina, una forma comunitaria de proveer de Internet que hackea la visión estancada sobre las TIC, que busca un modelo diverso y alternativo de conectividad: sin empresas intermediarias, donde la comunidad construye su propia red y la administra, generando a su vez sus propios contenidos y comunicaciones.

Servidores inclusivos, alternativos y cogobernados, como Kéfir o M a yFir s t, que tienen una mirada comunitaria y menos mercantilista sobre los servicios, y una política transparente y respetuosa sobre datos personales que gestionan en sus infraestructuras.

Las acciones Ciber Feministas y Ciber-transfeminista que buscan resistir a las políticas de exclusión a través de la apropiación de la tecnología, realizando editatones de Wikipedia, talleres de software libre, sexting seguro, Do it yourself en TICs, anonimización, seguridad digital, entre otros.

En TEDIC y otras organizaciones de derechos digitales en la región, trabajamos en la construcción y monitoreo de las agendas locales, y estrategias de resiliencia digital en Internet con una mirada inclusiva, diversa, libre y segura. Buscamos generar procesos permanentes que permiten preservar la infraestructura de Internet, transformando la situación actual presentada anteriormente: permitiendo otras formas de habitar y producir en Internet. Buscamos la autoderminación para una comunicación libre y segura en Internet porque la educación social sin perspectiva de género, sólo perpetúa desigualdades.

Ejemplos de estas acciones que realizamos se reflejan en el análisis crítico del Plan Nacional de Ciberseguridad con perspectiva de Género, o en los talleres sobre sexting –enviar contenido erótico a través de nuestros celulares, como una forma de empoderamiento y control del cuerpo. Como dijo Haraway:

“no nos salvará el cyborg como no nos salvó el Che. No se trata de salvarnos sino de crear nuestros propios mecanismos y redes de apoyo. Un lenguaje propio. Otras formas de relacionarnos. [..] Devenires inapropiados e inapropiables” (Torres, 2013).

La lucha para ejercer el derecho de aparición en espacios no-corporeizada o transfronterizos, donde se sustentan redes, vidas y aparecen nuevos códigos, se deberá realizar de forma insistente en aquellos lugares y momentos que se nos esconde, que se nos elimina; donde se expone la violencia de género, y así utilizar a nuestro favor toda esta experiencia común, con todas las comunidades vulnerables, y que puedan llegar a transformarse en base a su resistencia organizada. Esta mirada es fundamental en cualquier lucha por la democracia.

¿Es legal la recolección de mis datos biométricos por parte de la SET?

Maricarmen Sequera Buzarquis 25 mayo, 2017 1 Datos Personales, Privacidad biometría, biométricos, datos personales, privacidad, Proporcionalidad, SET

La proporcionalidad de los impuestos biológicamente registrados

La resolución 77 del Ministerio de Hacienda, vigente desde febrero de 2016 pretende mejorar la verificación de información de los contribuyentes a través de tecnología, y así evitar operaciones fraudulentas. La misma se enmarca en el cumplimiento del plan estratégico de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Algunas de estas operaciones fraudulentas que se pretenden combatir son las grandes evasiones a través de inscripciones de RUC sin consentimiento y que llevan a la emisión de facturas falsas. Según publicaciones periodísticas entre los años 2013 al 2016 se reportaron unos 100 de estos casos, que actualmente se encuentran judicializados.

Asimismo, las declaraciones oficiales explican que el registro actual de datos biométricos es gratuito y que dicha actualización es voluntaria, conforme lo dispone el Art 8 de la Res 77/16. Sin embargo, el sistema “marangatu” del SET bloquea los perfiles de acceso a las personas jurídicas, obligando la actualización en el sistema de forma presencial. Una vez que las personas se presentan, se realiza la inscripción compulsiva de los datos biométricos de los apoderados legales. Esto contradice claramente el carácter voluntario que expresa el comunicado oficial.

La primer pregunta que surge a partir de esta “solución” es la siguiente: la única forma posible de evitar el fraude fiscal, ¿es verificar la identidad a través de la recolección de datos biométricos de los ciudadanos?

Por otro lado, mi experiencia personal, de un caso de evasión que no es controlado ni sancionados como corresponde. Hace de mas de 1 año, realicé una denuncia a la SET, pues la Inmobiliaria América Latina no emitió factura legal alguna durante la duración de su contrato de arrendamiento de vivienda. Es decir, durante más de un año, esta inmobiliaria evadió al sistema fiscal de forma descarada y probablemente lo siga haciendo en la actualidad. No estamos hablando de micro-economías como el zapatero, la yuyera o la chipera de calle Palma, que eventualmente no emiten factura legal. En este caso hablamos de empresas inscriptas en el Registro Público y constituidas como sociedades anónimas. Hasta la fecha, este expediente, como tantos otros, sigue “durmiendo” en la las entrañas del sistema administrativo del SET.

Con este tipo de experiencias, cabe preguntarse si existe realmente una voluntad por parte de la SET, para la reducción de la evasión fiscal. ¿Por qué se toma esta medida desproporcionada para cumplir la recaudación impositiva, violentando el derecho a la privacidad de los ciudadanos? Por un lado se amplían posibilidades a una mayor vigilancia estatal de los ciudadanos, mientras las evasiones se siguen realizando en las empresas por falta de un pésimo control y seguimiento de las evasiones.

Por otro lado la aplicación de una resolución ministerial no contempla mínimas garantías, ni salvaguarda la protección de datos personales: es decir los estándares de derechos humanos para la protección de estos datos sensibles, cifrado de las bases de datos, la integridad de los datos personales y la seguridad del sistema de las bases de datos.

¿Quiénes acceden a la base de datos de la SET? ¿Quién se hace responsable del tratamiento de nuestros datos? ¿Se prevé salvaguardas para evitar la manipulación ilegal de las copias de las huellas almacenadas? ¿Qué instituciones del Estado van a acceder a esos datos? ¿Por cuánto tiempo se conservarán? ¿Los accesos se realizará a través de orden judicial previa? ¿Habrá sanciones en caso de abusos por parte de las autoridades?

No existe ningún Aviso de Privacidad y Protección de Datos cuando la SET presenta el formulario de recolección de registros biométricos, por lo que el procedimiento carece de transparencia, en relación a los contribuyentes y sus datos personales.

Otra carencia en la normativa que causa preocupación, es que en el registro biométrico obligatorio no se observa la definición del concepto de datos biométricos, así como tampoco se explicita qué datos biométricos se van a registrar: reconocimiento facial, huellas dactilares, iris, huella palmar, ADN, etc..

Modernización vigilante

El discurso de modernización del Estado que presenta este gobierno tiene serios problemas con relación a la transparencia del tratamiento de los datos personales. Esto abre la posibilidad de de los abusos contra derechos constitucionales como la Intimidad (Art 33) y también de tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Paraguay.

A lo anterior, hay que sumarle, no solo estas normativas poco transparentes y mal definidas, sino también abusos a través de vigilancia estatal como los casos de “v igilancia estatal de las comunicaciones de la periodista de ABC por las fuerzas militares”, o la “c ompra de software de interceptación de las comunicaciones por parte de la SENA D” (sin regulación alguna, como es el caso de FinFisher).

Con respecto a medidas proporcionales y datos biométricos, El ex Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, Martin Scheinin, determinó en su informe publicado en el año 2009, que el uso de biometría puede ser legítimo para ciertas circunstancias como casos de terrorismo, le preocupa especialmente:

Por otra parte el Relator destaca un elemento clave sobre la irrevocabilidad de los datos biométricos:

“Una vez copiados y/o utilizados fraudulentamente por un actor malicioso, no es posible emitirle a un individuo una nueva firma [identidad] biométrica”[1].

A esto se suman los antecedentes de denuncias de filtrado y ventas de bases de datos de información privada que pertenecen al Estado como: cédula de identidad, antecedentes penales y policiales, datos de endeudamiento (informconf) además de las bases de datos en empresas privadas. En consecuencia los abusos estatales y privados se expresan en extorsión, vigilancia y lucro con los datos personales, muchos de los cuales son de carácter sensible, como los datos biométricos. Hasta la fecha no existe sanción alguna a las personas o entidades que filtraron y abusaron de estas bases de datos personales, por lo que el Estado no está cumpliendo con su rol de tutela efectiva y no está regulando correctamente esta área. Por lo contrario, suele aparecer la figura del chivo expiatorio, como el caso de los jóvenes de Fernando de la Mora, que distribuyen bases de datos a empresas de crediticias. Cabe destacar que la venta de las bases es el emergente, mientras existe fuerte responsabilidad en la recolección, almacenamiento, cruzamiento, divulgación y también en la compra de esas bases de datos.

Un estándar de protección

Se vuelve extremadamente necesaria y urgente una solución integral para evitar los abusos que se realizan con los datos personales de las personas. Esta solución debe limitar el tratamiento de los datos en cuanto a su finalidad, tiempo, legalidad, proporcionalidad, calidad del dato, ámbito de aplicación, transparencia, rendición de cuentas, entre otros. Esto debe lograrse acorde a los estándares de protección de los derechos humanos y con relación a la naturaleza de las instituciones del Estado, así como al sector privado para cumplir su fin en cada caso. La ciudadanía debe presionar a las autoridades para debatir este tipo de políticas, que son de interés público y evitar que se creen normativas a las apuradas y sin una mirada integral.

Una ley de protección de datos personales deberá contemplar estos avances tecnológicos y apuntar a limitar y erradicar los focos de posibles abusos, como la resolución de la SET, que no tuvo en cuenta los derechos consagrados la Constitución Nacional, ni en los estándares internacionales de Derechos Humanos.

[1] La identidad que no podemos cambiar. Asociación por los derechos civiles (ADC) Argentina. Abril 2017.

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