Espionaje a periodista confirma que el Estado intercepta comunicaciones ilegalmente

Las denuncias del diario ABC Color sobre el posible espionaje a una periodista por parte de las Fuerzas Militares confirman nuestras investigaciones y reiterados reclamos sobre peligrosas y graves actividades del Estado que vulneran las comunicaciones privadas de las personas. Varios artículos de nuestra Constitución Nacional, como la inviolabilidad de las comunicaciones, la libertad de expresión y prensa y el derecho a la intimidad habrán sido violados por los mismos que deberían garantizar su cumplimiento, además del Código Penal y Procesal y tratados internacionales a los que ha adherido el Estado paraguayo.

Ante esta situación, exigimos sanciones ejemplares a los responsables de violar la Constitución Nacional, transparencia y rendición de cuentas del gobierno sobre sus actividades de vigilancia y un firme accionar legal por parte de los afectados para sentar jurisprudencia a nivel local y evitar que se repitan este tipo de hechos que socavan nuestra democracia.

¿El Estado nos vigila?: Lo que hemos investigado y denunciado

Como organización que defiende los derechos humanos en Internet, hemos investigado y denunciado que el Estado tiene en sus manos capacidades de vigilancia sin proveer garantías suficientes contra posibles abusos de poder. Manifestamos nuestra preocupación en particular algunas sobre alguna normativas, proyectos de ley y actividades de algunas instituciones de seguridad que revelan que el Estado paraguayo vulnera la privacidad de la ciudadanía de forma ilegal.

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En la investigación Vigilancia estatal de las comunicaciones y derechos fundamentales en Paraguay, realizado por los abogados Jorge Rolón Luna y Maricarmen Sequera, resaltamos la gravedad que supone la adquisición de alta tecnología para la interceptación de las comunicaciones por parte del Estado paraguayo. Específicamente, nos referimos a los siguientes sistemas de vigilancia:

  1. Software FinFisher: Adquirido por el gobierno en el año 2012, según una investigación del Citizen Lab de la Universidad de Toronto e investigaciones del diario ABC Color donde figuran facturas de compra y actas de entrega y recepción de dicho malware por parte de la SENAD.
  2. Software Galileo – Remote Control System (RCS): Los cables de Wikileaks filtraron las comunicaciones de intención de compra entre la empresa HackingTeam y el Ministerio Público de dicho software. En octubre de 2014, el socio local de Hacking Team solicitó un equipo adicional, lo que evidencia que hubo un seguimiento de la oferta por parte de las autoridades paraguayas.
  3. Equipos de escuchas telefónicas: Wikileaks ha filtrado conversaciones diplomáticas entre el Ministerio del Interior en el año 2010 sobre esta compra. En el 2012, el Gobierno del ex presidente Federico Franco adquirió también un equipo de escuchas telefónicas por valor de US$ 2,5 millones, que misteriosamente desapareció de las oficinas del Ministerio del Interior, según relató un informe de la Auditoría General del Poder Ejecutivo en noviembre de 2013.

Las autoridades no se han manifestado sobre estas denuncias. Solo el ex ministro de la SENAD, Luis Rojas, ha expresado que efectivamente han adquirido software de vigilancia, minimizando sus capacidades. Sin embargo, nuestras investigaciones indican que la cartera que presidía compró el malware FinFisher, tecnología altamente intrusiva e invasiva para espiar comunicaciones.

¿Quiénes pueden interceptar nuestras comunicaciones y cómo?

El Poder Judicial, mediante el juez de garantías, da la autorización bajo solicitud del Ministerio Público (fiscales) y es ejecutado por la Policía Nacional o la SENAD (Secretaría Nacional Antidrogas). El procedimiento parte de una investigación fiscal o policial o una denuncia. A partir de este hecho la policía solicita la interceptación al juzgado de garantías, que puede dar o no la orden de interceptación. A partir de esa orden la Policía Nacional o la SENAD realizan la interceptación bajo el control del juzgado de garantías y la Fiscalía.

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Asimismo, los servicios de inteligencia pueden interceptar comunicaciones también mediante un procedimiento que parte de una investigación de la Secretaría Nacional de Inteligencia Criminal y una solicitud de obtención de información de parte de la misma institución, el juzgado de garantías puede autorizar o no esta solicitud, en el caso que sea positiva el juzgado debe controlar la interceptación.

¿Existe interés del Estado en proteger nuestra privacidad?

Lamentablemente el Estado paraguayo no ha mostrado interés en proteger la privacidad de los ciudadanos. De hecho, las evidencias apuntan a que han incurrido en actividades que violan este derecho fundamental. Nuestras leyes no presentan una tutela efectiva, ni cuenta con un organismo que supervise las solicitudes de vigilancia. No tenemos una ley de protección de datos personales en condiciones, del mismo modo que no existen las garantías necesarias para la protección de los usuarios frente a los abusos o la violación de la confidencialidad de las comunicaciones, de conformidad con las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. El único mecanismo a disposición es el Habeas Data, que es una garantía constitucional.Las personas afectadas por estos ilícitos quedan indefensas en un modo totalmente incompatible con las obligaciones de la República del Paraguay en la materia.

Sin embargo, debemos rescatar que no existen normas ni reglamentos que atenten contra la expresión anónima o contra el uso de herramientas de cifrado y otras para proteger la identidad y la seguridad de las personas, sus comunicaciones y sus dispositivos. Por lo que invitamos a participar de nuestros talleres gratuitos de Protección digital y seguir nuestras guías básicas para protegerse de la vigilancia en Internet:

Mas información sobre la protección aquí: https://www.tedic.org/talleres-de-proteccion-digital-de-tedic/