Hace seis años, TEDIC lanzó oficialmente el Observatorio Antipyrawebs, una plataforma construida con software libre y de código abierto, pensada como un repositorio de noticias e información sobre derechos digitales. Desde entonces, el sitio web se ha convertido en una fuente clave para el seguimiento de temas cruciales en el ámbito digital, consolidando una base de datos de 1.764 artículos clasificados en 14 categorías distintas.

El 2024 marcó un hito importante para el observatorio: se mapearon 398 artículos, duplicando la cantidad registrada en 2023 de 195 artículos, lo que representa un crecimiento del 104 %. Este aumento evidencia el creciente interés y la relevancia de los debates sobre tecnología y derechos en el entorno digital paraguayo.

Una de las secciones más destacadas del año fue la de innovación, que concentró el 20 % de los contenidos con 67 artículos. Dentro de este apartado, la discusión sobre Inteligencia Artificial se posicionó como el tema central del 2024. Por su parte, la categoría de datos personales también tuvo un protagonismo importante, con 58 artículos (17,31 %), impulsada por el debate legislativo en torno al proyecto de ley de protección de datos personales, que actualmente cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados. Otras categorías relevantes fueron privacidad, con 37 artículos (11,04 %); libertad de expresión con 33 artículos (9,85 %); y ciberseguridad con 28 artículos (8,36 %), en su mayoría relacionados con filtraciones, ciberataques a instituciones públicas y empresas.

El resto del contenido se distribuyó en la regulación (8,36%), conectividad (6,57%), democracia (5,67%), género (5,7%), voto electrónico (3,58%), otros (2,99%), educación (0,90%) y derechos de autor (0,30%). Estos datos no solo reflejan el crecimiento del observatorio, sino también la evolución y complejidad de los problemas digitales que enfrenta la sociedad actual. Desde TEDIC, reafirmamos nuestro compromiso de seguir monitoreando, informando y generando debates abiertos sobre tecnología, derechos y democracia.

2024: Un año marcado por la Ley AntiONG en Paraguay – Retrocesos alarmantes para la democracia

El 2024 quedará registrado como un año crítico para la democracia paraguaya. La Ley N.º 7363/24 de transparencia de organizaciones sin fines de lucro, conocida con la Ley AntiONG, ha encendido alarmas tanto en la sociedad civil como en la comunidad internacional. Esta legislación, bajo una fachada de transparencia, introduce un marco legal vago y ambiguo que habilita un control desmedido sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG), poniendo en jaque la libertad de asociación y debilitando los pilares fundamentales de la democracia.

Desde TEDIC manifestamos con firmeza nuestra preocupación ante la aprobación de esta ley. Creemos que representa una violación directa al derecho a la libre asociación y amenaza gravemente la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente en lo que respecta a su financiamiento y a su capacidad de operar de forma independiente para defender y promover los derechos humanos. En medio de los debates sobre esta ley, TEDIC fue objeto de ataques infundados por parte de la senadora Lizzarella Valiente, quien lanzó acusaciones irresponsables que desinforman sobre nuestra labor. Durante su intervención pública, la senadora tergiversó nuestro trabajo de más de una década en el ámbito nacional e internacional, sacando de contexto nuestras actividades y fuentes de financiamiento en temas clave sobre derechos digitales.

Un ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) también manifestó públicamente su preocupación por la supuesta falta de transparencia en las organizaciones de la sociedad civil, sugiriendo que entidades como TEDIC deberían ajustarse a los nuevos controles impuestos por la ley. Ante estas declaraciones, TEDIC desmintió categóricamente haber suscrito acuerdos con el TSJE y denunció que tales afirmaciones eran infundadas, generando preocupación por la difusión de información errónea en un contexto ya hostil hacia las ONG.

La ley, promulgada por el presidente Santiago Peña en noviembre de 2024, impone requisitos desproporcionados de registro e informes que amenazan con asfixiar a las ONG y restringir su margen de acción. Aunque aún no ha sido reglamentada, su sola existencia ya representa una amenaza directa a la labor de quienes trabajan en defensa de los derechos humanos y del fortalecimiento democrático en Paraguay.

En este escenario preocupante, desde TEDIC reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la transparencia real y la resistencia frente a normativas que buscan socavar el tejido democrático del país. Seguiremos trabajando junto a otras organizaciones para visibilizar y denunciar estas amenazas, y para exigir un entorno legal que respete y garantice nuestras libertades.

Inteligencia Artificial en Paraguay: Avances, riesgos y la urgencia de un enfoque con derechos humanos

El año 2024 consolidó una tendencia creciente a nivel global: la incorporación acelerada de la inteligencia artificial (IA) en distintas áreas de la vida pública y privada. Paraguay no fue la excepción. Aunque aún se encuentra en una etapa inicial, el despliegue de herramientas basadas en la inteligencia artificial en el sector público ya está generando impactos importantes y, con estos, nuevas preocupaciones en materia de derechos digitales.

En el marco del Índice Global sobre Inteligencia Artificial Responsable, una iniciativa internacional que analiza y compara la regulación de la IA en distintos países, TEDIC fue responsable del análisis correspondiente a Paraguay. El país se ubicó en el puesto 84 de 138, con un puntaje de apenas 6,33 sobre 100, evidenciando importantes vacíos normativos. En el contexto de Latinoamérica, Paraguay se encuentra en el puesto 14 de los 19 países analizados en la región por el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Uno de los principales desafíos identificados es la ausencia de una ley de protección de datos personales, lo cual limita el desarrollo de una inteligencia artificial ética y centrada en las personas. Desde TEDIC, remarcamos la urgencia de construir una gobernanza de la inteligencia artificial que promueva el bienestar y los derechos fundamentales.

Al respecto del uso de inteligencia artificial por parte del Estado paraguayo, uno de los casos más relevantes fue el de la plataforma EmpleaPY para facilitar el acceso a ofertas laborales a través de procesos automatizados. Fue desarrollada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A febrero de 2024, esta plataforma facilitó más de 14.200 intermediaciones laborales a través de procesos automatizados. Junto con la organización Derechos Digitales, TEDIC investigó el funcionamiento de EmpleaPY y alertó sobre las graves deficiencias en términos de privacidad. El estudio concluyó que su implementación se llevó a cabo sin una evaluación previa de impacto en protección de datos, en un contexto nacional que aún carece de una legislación específica en la materia. Además, la investigación abordó el funcionamiento de esta plataforma en el marco del proceso de digitalización del Estado paraguayo y alertó sobre el uso de sistemas automatizados para la toma de decisiones en el ámbito laboral, sin transparencia sobre los criterios algorítmicos ni garantías para las personas usuarias.

Otras instituciones también avanzaron en la incorporación de inteligencia artificial. El Ministerio Público puso en marcha el Sistema de Asistencia Técnica (SAT), una plataforma que apoya el trabajo de fiscales y personas funcionarias mediante herramientas de consulta legal y recursos especializados en asistencia jurídica penal y de derechos humanos. Aunque este tipo de tecnologías pueden agilizar procesos, también demandan supervisión para evitar errores o usos indebidos. Por su parte, el Ministerio de la Defensa Pública está desarrollando AuroraLex, una herramienta pensada para apoyar la labor de personas defensoras públicas en áreas como niñez, civil y penal. El sistema integra legislación y jurisprudencia, y se entrena para generar análisis legales automatizados. Para garantizar su uso adecuado, se están llevando a cabo capacitaciones a personas usuarias en el uso de la plataforma, enfocándose en cómo analizar documentos legales y generar escritos de forma eficaz.

En julio de 2024, Paraguay dio un paso importante al inaugurar su primer laboratorio público de innovación tecnológica, el TechLab, impulsado por el MITIC con apoyo del BID. Este espacio se proyecta como un centro estratégico para el desarrollo de casos de uso, investigaciones y talleres que promuevan la transformación digital desde una perspectiva regional. Se trata del tercer laboratorio del BID en América Latina, sumándose a los de Washington D.C. (2017) y Panamá (2022).

En octubre de 2024, el MITIC participó en la Segunda Cumbre Ministerial y de Altas Autoridades sobre la Ética de la Inteligencia Artificial celebrada en Uruguay. Este evento reunió a representantes gubernamentales de América Latina y el Caribe con el objetivo de fortalecer la cooperación regional y promover políticas alineadas con la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la Inteligencia Artificial. Durante la cumbre, se abordaron temas clave como la gobernanza de la inteligencia artificial, la colaboración público-privada y la aplicación de la inteligencia artificial en áreas como el cambio climático.

En el mismo mes, Paraguay dio otro paso hacia el desarrollo ético y responsable de la inteligencia artificial al unirse a la iniciativa global de la UNESCO para evaluar su preparación en este ámbito. A través de una colaboración entre la UNESCO, el MITIC y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), se busca implementar la Metodología de Evaluación de Preparación para la IA (RAM) en Paraguay, que ya se ha aplicado en más de 50 países. Este esfuerzo es significativo, ya que refleja el interés del gobierno en promover el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial en el país. Sin embargo, es fundamental que este proceso incluya un enfoque basado en derechos humanos, transparencia y participación ciudadana, asegurando que las políticas tecnológicas respondan a las necesidades de la sociedad y no comprometan la privacidad ni las libertades individuales. Como parte del proceso, se invitó a la ciudadanía a participar activamente comentando el borrador del documento RAM hasta noviembre de 2024 y en este 2025 se encuentra en etapa de cierre del proceso y publicación de UNESCO y el Estado paraguayo.

Además, en noviembre de 2024 se celebró el Primer Encuentro Anual de la Sociedad Paraguaya de Inteligencia Artificial (SoPaIA), un evento que reunió a personas expertas, académicas, emprendedoras y representantes del sector público e internacional. La jornada abordó temas como el uso de la inteligencia artificial en educación, salud, agricultura y políticas públicas, destacando la necesidad de impulsar un desarrollo ético y sostenible de estas tecnologías.

Estos avances muestran un creciente interés por incorporar la inteligencia artificial en institucionales estatales. Sin embargo, también evidencian una urgente necesidad de articular acciones y planes con una metodología de múltiples partes interesadas, que guíe el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial en Paraguay, que respete los derechos humanos, garantice la transparencia, proteja la privacidad de las personas y promueva la inclusión social en la era digital.

La violencia de género facilitada por la tecnología sigue en todas partes y esto fue lo que los medios cubrieron

La violencia de género facilitada por la tecnología sigue siendo una realidad preocupante en Paraguay, con casos que reflejan cómo las herramientas digitales pueden ser utilizadas para ejercer control y agresión sobre las mujeres. En el 2024, los medios de comunicación cubrieron diversos incidentes que evidencian esta problemática.

En marzo de 2024, conductoras de la plataforma Bolt en Villa Elisa organizaron una operación colectiva para capturar a un presunto violador serial, que se hacía pasar por pasajero, y había sido identificado a través de las cámaras de seguridad de los vehículos de la plataforma. El agresor utilizaba perfiles falsos en la aplicación, seleccionando específicamente la opción «mujer» para ser asignado a conductoras, y luego las atacaba en lugares desolados bajo amenaza de arma blanca. A pesar de las denuncias presentadas, las autoridades no tomaron medidas efectivas, lo que llevó a las trabajadoras a actuar por su cuenta. Lideradas por Leticia Vargas, presidenta de la Asociación de Conductoras de Plataformas “Kuña Pope”, las mujeres realizaron un seguimiento del agresor durante más de 20 días, hasta lograr su captura. Este caso resalta la precariedad de los cuidados en línea en la economía de plataformas y cómo la falta de respuesta institucional obliga a las trabajadoras a asumir riesgos para garantizar su seguridad.

En julio de 2024, el Sindicato de Periodistas del Paraguay manifestó su profunda preocupación ante el rechazo del sobreseimiento provisional de la periodista Mabel Portillo, del medio GuairáPress. Portillo enfrenta una denuncia impulsada por la intendenta de Yataity, Gloria Duarte, en el departamento de Guairá, y el caso podría escalar hasta llegar a juicio oral. A esto se suma la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que resolvió archivar antecedentes contra jueces señalados por la propia periodista. Este caso refleja una preocupante tendencia de uso del sistema judicial para silenciar a periodistas. También pone en jaque la libertad de expresión, un pilar fundamental en cualquier democracia. La resolución del caso de Portillo será clave, no solo para ella como comunicadora, sino como precedente en la lucha por la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a ser informada. Asimismo, es alarmante el creciente uso indebido de la Ley de Protección Integral a las Mujeres como mecanismo para intentar acallar denuncias y ejercer censura, desvirtuando así su verdadero propósito: proteger a las mujeres de situaciones reales de violencia.

Durante el mismo mes, la nadadora olímpica Luana Alonso anunció su retiro de las redes sociales debido al miedo que le generaban las amenazas y ataques recibidos en línea. La situación se intensificó cuando, tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, surgieron rumores infundados sobre su comportamiento en la Villa Olímpica, lo que agravó su exposición mediática y digital.

En diciembre de 2024, se descubrió que una familia en San Lorenzo estaba siendo espiada a través de su circuito cerrado de televisión, y los videos eran expuestos en Internet como parte de un «reality». El técnico que instaló los equipos fue detenido, aunque posteriormente liberado por orden fiscal. Estos precedentes subrayan la necesidad de reconocer y sancionar la violencia de género en línea. No son hechos aislados, sino expresiones de una violencia de género facilitada por la tecnología que se manifiesta de múltiples formas: acoso, vigilancia, amenazas, manipulación de información e incluso la instrumentalización de leyes diseñadas para proteger a las mujeres. La cobertura mediática de 2024 expuso con claridad cómo las brechas de seguridad digital, la falta de implementación de marcos legales y la frágil respuesta institucional coloca a las mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad. Urge que las instituciones públicas no solo reconozcan esta problemática, sino que asuman un rol activo en su prevención y abordaje: con políticas públicas específicas, procesos judiciales con perspectiva de género, campañas de sensibilización e implementación de la Ley 5777 que garanticen justicia y protección en el entorno digital. La violencia de género en línea es real, y solo con una acción decidida desde el Estado se podrá construir un entorno más seguro y equitativo para todas.

Protección de datos personales en Paraguay: un proyecto de ley que no puede esperar

En un mundo cada vez más digitalizado, donde nuestros datos personales circulan a través de aplicaciones, plataformas y sistemas sin fronteras, contar con una legislación clara y robusta ya no es opcional, es urgente. En Paraguay, esta urgencia se traduce en un proyecto de ley que busca llenar un vacío legal histórico y establecer reglas claras para la recolección, uso y resguardo de nuestros datos personales.

La falta de una ley integral de protección de datos personales en Paraguay ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad. Como un ejemplo claro organizaciones tales como la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA) y la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES) elevaron sus reclamos sobre los datos personales al sumarse a la campaña “Mis datos, mis derechos” impulsada por TEDIC. Con contenidos en guaraní y una estrategia pensada para llegar a diversos públicos, la campaña buscó visibilizar la urgente necesidad de una legislación que resguarde los datos personales de estudiantes y personas usuarias del transporte público y la ciudadanía en general. Esta acción colectiva puso sobre la mesa un reclamo claro: nuestros datos merecen protección.

El Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, además de definir derechos y obligaciones para todos los actores involucrados, propone la creación de una agencia especializada encargada de supervisar y hacer cumplir la normativa. Sin embargo, el camino legislativo no ha sido fácil. En julio fue presentada una nueva versión del proyecto, fruto de un amplio proceso de colaboración. Participaron la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, el MITIC, la Presidencia de la República y la Coalición de Datos Personales, donde TEDIC tiene una activa participación. Si bien se tomaron referencias de legislaciones internacionales, el enfoque del proyecto está ajustado a la realidad paraguaya, buscando un equilibrio entre derechos individuales y necesidades institucionales. Aunque en julio de 2024 se generaron expectativas positivas sobre un posible avance en el Congreso, los meses siguientes revelaron una realidad más complicada. Se intentó tratar el proyecto en tres ocasiones: el 7 de agosto, el 3 de septiembre y, finalmente, el 24 de septiembre, jornada marcada por el riesgo real de que la iniciativa fuera aplazada indefinidamente. La mayoría colorada solicitó el aplazamiento sine die, lo que habría significado encajonar el proyecto sin fecha de retorno. Pero gracias a la firmeza de la oposición y el respaldo técnico acumulado, se logró mantener la discusión en la agenda legislativa.

En diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto en general, aunque con modificaciones de último momento propuestas por el Poder Ejecutivo. El estudio detallado artículo por artículo quedó pendiente y fue postergado para 2025.

Reiteramos nuestro compromiso de seguir dialogando con todos los actores involucrados para que el proyecto de ley reciba el tratamiento que merece. Paraguay merece una legislación moderna que proteja los derechos digitales de todas las personas y que contribuya a construir un entorno más seguro y transparente. La protección de datos no es un lujo: es un derecho fundamental. Y es momento de que nuestra legislación lo refleje.

Hackeos constantes a instituciones estatales y al sector privado: nuestros datos personales expuestos sin protección legal

La ausencia de una ley integral de protección de datos personales en Paraguay ha dado lugar a una serie de situaciones preocupantes, que revelan cuán expuesta está la ciudadanía al uso indebido de su información. Sin un marco legal que regule el acceso, manejo y resguardo de datos personales, tanto las instituciones públicas como actores privados operan en un terreno donde nuestros datos quedan desprotegidos.

En marzo de 2024 se dieron varios casos. El Instituto de Previsión Social (IPS) suspendió temporalmente el control de supervivencia de jubilados, evaluando la posibilidad de utilizar bases de datos de otros entes estatales para verificar la vigencia de los beneficiarios. Esta medida, aunque busca optimizar recursos, plantea interrogantes sobre la seguridad y privacidad de los datos personales de los jubilados.

Por otro lado, en ese mismo mes, una jueza ordenó la extracción de datos de correos electrónicos de Carlos Arregui y exfuncionarios de la SEPRELAD, en el marco de una denuncia presentada por el expresidente Horacio Cartes. La falta de protocolos claros para acceder a información digital en contextos judiciales deja abiertas múltiples posibilidades de abuso o filtración de datos sensibles. También en marzo, se conoció que datos fiscales de ciudadanos estaban siendo subastados en la deep web, lo que reflejó la gravedad de operar sin regulaciones claras.

En septiembre, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) condenó la filtración de información confidencial de periodistas por parte de sectores vinculados al oficialismo, en un intento por intimidar o desacreditar sus investigaciones. La información se habría obtenido de la Comisión de Investigación sobre Blanqueo de Capitales y su uso indebido representa una amenaza directa a la libertad de prensa y los principios democráticos del país.

Licitaciones e implementaciones de tecnología sin ley de protección de datos personales

En abril, el entonces ministro de Justicia, Ángel Barchini, estuvo vinculado a denuncias de irregularidades en la licitación de tobilleras electrónicas. El proceso generó tal controversia que el control del sistema de monitoreo fue transferido al Ministerio del Interior. Este caso subraya otra dimensión crítica: el uso de tecnologías de vigilancia sin regulación adecuada puede facilitar abusos en contextos sensibles como el sistema penal.

En agosto, se sumó un nuevo punto de conflicto: la implementación obligatoria de la Identidad Electrónica para realizar solicitudes de acceso a la información pública. Esta medida fue ampliamente cuestionada por periodistas y organizaciones como el SPP, quienes alertaron sobre los riesgos de vigilancia, suplantación de identidad y la posibilidad de represalias hacia quienes ejercen su derecho a la información. Además de dificultar el ejercicio de un derecho, obliga a las personas a entregar datos personales sin garantías claras de protección.

En el ámbito migratorio, la Dirección Nacional de Migraciones avanzó en la digitalización de trámites con herramientas como el pre-registro migratorio y el uso de e-Gates en aeropuertos. Aunque se presentan como innovaciones, estas tecnologías también implican la recopilación de grandes volúmenes de datos personales, sin que exista un marco legal que establezca límites o mecanismos de control sobre su uso.

Todos estos episodios, dispersos en sectores tan distintos como la salud, la justicia, el periodismo, la migración y la administración pública, comparten un denominador común: la inexistencia de una ley de protección de datos personales que proteja a la ciudadanía. La urgencia de esta legislación no es un tema técnico ni lejano, sino una necesidad básica para garantizar derechos fundamentales en la era digital. Sin ley, no hay resguardo.

Reconocimiento facial: ¿seguridad o vigilancia masiva en Paraguay?

En los últimos años, Paraguay ha intensificado el uso de cámaras de vigilancia en espacios públicos. Lo que comenzó como una estrategia para mejorar la seguridad, hoy genera serias preocupaciones sobre derechos humanos como la privacidad, la libertad de expresión y la presunción de inocencia.

En marzo de 2024, el Senado aprobó con modificaciones el proyecto de ley “De prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte” que incluye la utilización de reconocimiento facial en estadios deportivos. Solo tres meses después, en junio, se promulgó la Ley 7269/2024, que incorpora entre sus medidas más polémicas el uso de reconocimiento facial en estadios. A partir de ahora, se autoriza la recolección de datos biométricos de todas las personas asistentes, sin distinción entre quienes participan de actos violentos y quienes simplemente van a disfrutar del deporte. Esta ley, tratada en menos de un año y sin suficiente debate legislativo, refleja una falta de consulta con las personas afectadas, personas expertas en derechos digitales y organizaciones de la sociedad civil. Desde TEDIC, expresamos profundas preocupaciones ante una ley que permite y fomenta la recolección masiva de datos biométricos, considerados datos sensibles, sin establecer criterios claros. Esto es especialmente alarmante en un país que carece de una ley integral de protección de datos personales y que ha implementado recientemente tecnología de vigilancia biométrica masiva sin transparencia, rendición de cuentas ni una adecuada perspectiva de derechos humanos.

Paraguay ya ha implementado tecnologías de vigilancia biométrica sin transparencia ni rendición de cuentas. Por eso, desde TEDIC impulsamos litigios estratégicos para exigir mayor transparencia en el uso de estas herramientas por parte del Estado. El litigio iniciado en 2019 tuvo una sentencia parcialmente favorable en el año 2024 por parte de la Corte Suprema de Justicia. Este fallo constituye una victoria significativa para los derechos humanos y el acceso a la información.

Aunque la sentencia no resolvió directamente sobre el fondo de la cuestión, es decir, no se pronunció sobre la existencia o no de la transparencia en el uso de reconocimiento facial. Sin embargo, la resolución señala un aspecto importante: los tribunales de ambas instancias aplicaron erróneamente la ley, lo que resultó en una sentencia arbitraria. Este punto es fundamental, ya que la Sala Constitucional de la Corte confirma la validez de una acordada que establece el procedimiento adecuado para el amparo de acceso a la información, lo cual constituye un avance positivo en la defensa de la transparencia y el derecho a la información. La resolución de la Corte genera una nueva oportunidad para que el Tribunal de Apelaciones resuelva de manera favorable, aplicando de manera correcta la ley y los estándares de derechos humanos sobre acceso a la información pública, la protección de la privacidad y la transparencia en el uso de la tecnología biométrica.

Privacidad desprotegida en nombre de la seguridad y la defensa

En Paraguay, la creciente inversión en seguridad y defensa ha traído consigo avances tecnológicos, pero también ha generado preocupaciones sobre la protección de la privacidad de los ciudadanos. El presidente Santiago Peña anunció una inversión de USD 500 millones para fortalecer la seguridad y defensa nacional, incluyendo la adquisición de tecnología avanzada para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Si bien estas medidas buscan combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad interna, también plantean interrogantes sobre el uso y manejo de los datos personales recopilados.

En este contexto, se han presentado iniciativas legislativas que buscan regular el uso de tecnologías de vigilancia. El diputado Yamil Esgaib propuso un proyecto de ley que permitiría a la Policía y la Fiscalía acceder a las grabaciones de cámaras de circuito cerrado instaladas en propiedades privadas, siempre que los propietarios informen previamente a las autoridades. Aunque la intención es mejorar la seguridad, esta propuesta ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre el riesgo de abuso y el potencial para prácticas autoritarias.

Además, se está debatiendo otro proyecto de ley que busca regular el uso de videocámaras por parte de la Policía Nacional en lugares públicos. La iniciativa pretende asegurar la convivencia ciudadana y prevenir delitos, pero también plantea desafíos en cuanto a la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos.

Estos desarrollos subrayan la necesidad urgente de una legislación integral que garantice la protección de la privacidad y los derechos digitales en Paraguay. Sin una ley de protección de datos personales, las iniciativas de vigilancia corren el riesgo de vulnerar derechos fundamentales y generar desconfianza en las instituciones. Es esencial que el Estado paraguayo promueva un equilibrio entre seguridad y privacidad, asegurando que las medidas adoptadas sean transparentes, proporcionales y respeten los derechos humanos.

Paraguay avanza hacia una Estrategia Nacional de Ciberseguridad: desafíos y oportunidades

En un contexto global donde las amenazas digitales son cada vez más sofisticadas, Paraguay ha dado pasos hacia la formulación de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024-2028. El MITIC lideró este proceso, con el apoyo del Programa de Ciberseguridad de la OEA, y la colaboración de diversos actores del ecosistema digital del país. El 14 de noviembre de 2024, se presentó el borrador de la estrategia, con un plazo de consulta pública hasta el 6 de diciembre del mismo año. El proceso de elaboración del borrador incluyó una serie de consultas a diferentes actores, aunque la duración de las mismas fue de apenas tres semanas. Organizaciones como TEDIC han señalado que, a pesar de los esfuerzos, el documento final carece de un enfoque integral que considere aspectos clave como la protección de datos personales, la privacidad de los usuarios y la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad.

Entre las principales preocupaciones expresadas por la sociedad civil se encuentran la necesidad de incorporar una perspectiva de derechos humanos transversal, garantizar la seguridad de las comunicaciones y la navegación en Internet, y la urgencia de contar con una ley de protección integral de datos personales. La conexión en la protección de datos personales y los temas de ciberseguridad ya habían sido abordados a inicios del 2024 por el MITIC y el congreso. Además, se ha señalado la importancia de adoptar una metodología de consulta abierta y basada en un enfoque «multistakeholder» que fomente el diálogo directo entre todas las partes interesadas.

A pesar de estos desafíos, la formulación de esta estrategia representa una oportunidad para fortalecer las capacidades del país en materia de ciberseguridad y construir un entorno digital más seguro y confiable para todos los paraguayos. La participación activa de la ciudadanía y la colaboración entre el gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector privado son fundamentales para el éxito de este proceso.

Ciberataques en Paraguay: una señal de alerta que no podemos ignorar

El 2024 comenzó con un fuerte llamado de atención en materia de ciberseguridad en Paraguay. En enero, la empresa Tigo, a través de su servicio Tigo Business, fue víctima de un ataque de ransomware: un tipo de ciberataque que implica el secuestro y cifrado de información sensible, alojada en sus servidores, con el objetivo de exigir un rescate a cambio de su liberación. Este incidente no es aislado, sino que constituye un panorama cada vez más alarmante. Las vulneraciones a sistemas informáticos, tanto públicos como privados, se han vuelto parte de la rutina del país, dejando expuestos los datos de miles de personas.

Días después de que se hiciera público el caso de Tigo, otro episodio encendió las alarmas. Expertos en seguridad digital detectaron que bases de datos provenientes de portales paraguayos, incluidas otras empresas de telecomunicaciones, casas de bolsa y diversos sectores, estaban siendo ofrecidas en la deep web. Aunque no se confirmó si existe un vínculo directo entre ambos eventos, lo cierto es que ilustran con crudeza un mismo problema: la fragilidad de nuestros sistemas de protección de datos. La frecuencia de estos hechos y la gravedad de sus implicancias nos obligan a repensar las estrategias actuales.

En marzo de 2024, un hecho alarmante expuso nuevamente la fragilidad del manejo de datos personales en Paraguay: se denunció la extracción de información sensible de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), realizada sin el conocimiento ni la participación de la defensa legal de los investigados. La operación levantó serias preocupaciones sobre la legalidad del procedimiento y la posible manipulación de datos. Lo más grave es que este tipo de filtraciones no solo comprometen procesos judiciales, sino que exponen información personal de alto valor, sin garantías claras de protección o rendición de cuentas. En un país que aún carece de una ley integral de protección de datos personales, este caso subraya la urgencia de establecer marcos legales que resguarden la privacidad ciudadana frente al uso indebido de sus datos en manos del Estado.

En noviembre de 2024, Paraguay fue escenario de un incidente cibernético que atrajo la atención internacional. Según un comunicado conjunto del MITIC y la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, se detectó una infiltración en los sistemas gubernamentales por parte de un grupo de ciberespionaje vinculado a China. Este ataque subraya la creciente preocupación por la seguridad digital en el país y la necesidad de fortalecer las infraestructuras tecnológicas nacionales.

Estos casos vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de una legislación clara y actualizada en protección de datos personales, un tema que también está en debate en el Congreso, y las prácticas de ciberseguridad. Sin normas firmes, sin vigilancia adecuada y sin cultura digital preventiva, los ataques seguirán ocurriendo y afectando cada vez a más personas.

Un año de derechos y resistencias: balance digital 2024 y lo que viene en 2025

El 2024 fue un año clave para Paraguay en el cruce entre tecnología, derechos digitales y políticas públicas. Desde el Observatorio Antipyrawebs de TEDIC, recopilamos y analizamos los principales hitos y desafíos en torno a temas que marcaron la agenda nacional: inteligencia artificial, protección de datos personales, violencia de género facilitada por la tecnología, reconocimiento facial, ciberseguridad y democracia. Estos temas reflejan los avances tecnológicos y los desafíos que aún enfrenta nuestro país en materia de protección de los derechos digitales.

Mientras miramos el desarrollo de este 2025, se perfilan debates cruciales:

• La inteligencia artificial sigue expandiéndose, y con esta, las preguntas sobre su uso ético, sus riesgos e impacto en la vida cotidiana.
• La pendiente reglamentación de la Ley AntiONG y las acciones de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Activos que traen aparejados retrocesos en libertades fundamentales.
• Las vulneraciones de seguridad digital, como el caso de filtración de datos vinculado al hackeo desde Brasil a Paraguay, exponen con crudeza la urgente necesidad de una Ley de Protección de Datos Personales y una estrategia nacional de ciberseguridad fortalecida y basada en derechos humanos.

El 2025 nos invita a seguir trabajando desde la sociedad civil, en alianza con otros sectores, para garantizar que los derechos digitales sean una realidad. Seguimos avanzando en nuestra misión de proteger los derechos humanos en entornos digitales y de incidir en políticas públicas que promuevan una sociedad más justa e inclusiva. En ese sentido, reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por una legislación que garantice la protección de los datos personales y la ciberseguridad, el fortalecimiento de la democracia y la igualdad de género, con el objetivo de asegurar un futuro digital más seguro para todas las personas.

Si queres ver los resumenes de tendencias de años anteriores, lo podés ver aquí: 2021, 2022 y 2023

La presente publicación ha sido financiada por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de TEDIC y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.