Una nueva investigación de TEDIC —basada en solicitudes de acceso a la información pública, litigios estratégicos y análisis de documentos oficiales— expone una realidad alarmante: el Estado paraguayo viene implementado reconocimiento facial de forma opaca, sin regulación específica, desviando fondos públicos y vulnerando derechos básicos como la privacidad, la libertad de circulación y la presunción de inocencia.
¿Desde cuándo nos vigilan?
La implementación de cámaras de reconocimiento facial comenzó en 2018, cuando la Policía Nacional anunció la incorporación de 154 cámaras, de las cuales 44 contaban con esta tecnología1. Desde entonces, su uso se extendió a través de múltiples adquisiciones realizadas por el Ministerio del Interior, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), municipalidades y otras entidades públicas. En nuestra nueva investigación mencionamos cómo estas adquisiciones no solo fueron difíciles de rastrear por cómo se clasificaron las licitaciones, sino que en muchos casos se disfrazaron como compras de “equipos de oficina” o “educativos”, impidiendo así su monitoreo adecuado.
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Dirección Nacional de Migraciones
Gobernación de Itapúa
Municipalidad de Paraguarí
Cámara de Senadores
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Además, gobernaciones (Presidente Hayes, Boquerón, Caaguazú), el Ministerio de Hacienda, la SENAD, el Ministerio de Justicia y la Entidad Binacional Yacyretá también adquirieron cámaras que se conectan al Sistema 911.
Fondos públicos desviados
Uno de los hallazgos más alarmantes de esta investigación es el uso del Fondo de Servicios Universales (FSU) —administrado por CONATEL— para financiar tecnologías de videovigilancia, incluyendo reconocimiento facial. Este fondo fue creado con un propósito claro: garantizar el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, priorizando a comunidades rurales, indígenas y sectores históricamente excluidos del acceso a internet y telefonía.
Según la normativa nacional e internacional, los recursos del FSU deben destinarse a proyectos que promuevan la inclusión digital, la conectividad en escuelas, centros de salud y espacios públicos, el acceso asequible a dispositivos y servicios, y el fortalecimiento de capacidades digitales en comunidades vulnerables. Es decir, tiene una misión social, orientada al cierre de la brecha digital con enfoque en derechos. Sin embargo, entre 2011 y 2022, CONATEL adjudicó 27 licitaciones a través del FSU. A partir de 2016, se evidencia un cambio preocupante en la orientación de estos fondos: comenzaron a utilizarse para adquirir cámaras de videovigilancia, muchas de ellas con tecnología de reconocimiento facial, en vez de destinarse a garantizar el acceso a internet en zonas con baja o nula cobertura.
Este desvío no solo es contrario a la finalidad original del fondo, sino que fue realizado sin mecanismos de transparencia, consulta pública o evaluación de impacto, y sin cumplir con los estándares de derechos humanos que deberían guiar cualquier política tecnológica estatal. La situación fue advertida por TEDIC en 2018 y generó preocupación internacional: tanto la Alliance for Affordable Internet como Internet Society alertaron que esta práctica representa una violación al principio de uso adecuado de los fondos públicos, y sienta un precedente negativo en la región sobre cómo los gobiernos pueden utilizar fondos diseñados para garantizar derechos, para desplegar infraestructura de vigilancia. En términos concretos, lo que se observa es un uso discrecional y posiblemente indebido de recursos públicos, que en lugar de beneficiar a poblaciones vulnerables, termina ampliando las capacidades del Estado para vigilar, monitorear y perfilar a la ciudadanía sin regulación, sin rendición de cuentas y sin garantías.
En 2018, un amparo contra el Ministerio del Interior fue rechazado bajo el argumento de «seguridad nacional», sin justificación legal concreta. Esta sentencia legitima la opacidad estatal y reproduce lógicas autoritarias propias del pasado dictatorial.
En 2023, dos nuevos amparos buscaron nuevamente obtener información pública sobre el uso del reconocimiento facial. Ambos también enfrentaron negativas institucionales y judiciales.
Estos casos demuestran cómo la vigilancia estatal avanza al margen del Estado de derecho, sin rendición de cuentas y con una preocupante normalización del secreto.
Resultados mínimos con riesgos máximos
Los propios registros de la Policía Nacional contradicen la narrativa oficial que justifica estas tecnologías por su “eficacia en seguridad”. Entre 2019 y 2023, los sistemas de reconocimiento facial emitieron apenas 137 alertas en cuatro años, de las cuales solo una corresponde a 2023.
Frente a estos resultados marginales, el costo en derechos humanos es inmenso: vigilancia masiva, discriminación, falsos positivos, y la creación de un ecosistema digital que criminaliza la presencia en el espacio público.
Paraguay aún no cuenta con una ley de protección de datos personales. Esto significa que no existe ningún marco legal que limite o controle cómo se recopilan, almacenan o procesan los datos biométricos de las personas.
A pesar de ello, el Congreso aprobó en 2024 la Ley de Violencia en el Deporte, que habilita el uso de reconocimiento facial en estadios de fútbol, sin garantías adecuadas de protección de derechos ni mecanismos de supervisión ciudadana. Lo hizo luego de que el Ministerio del Interior y la Asociación Paraguaya de Fútbol ya hubieran firmado convenios para instalar estas cámaras.
¿Qué proponemos desde TEDIC?
Frente a este escenario, nuestra investigación concluye con tres llamados urgentes:
Suspender inmediatamente el uso de tecnologías de reconocimiento facial hasta que exista una ley de protección de datos personales robusta y con enfoque de derechos humanos.
Investigar el uso indebido de fondos públicos, especialmente los provenientes del FSU, y sancionar su uso para vigilancia.
Garantizar acceso público a la información sobre todos los contratos, convenios y licitaciones vinculadas al uso de vigilancia biométrica.
Porque tu cara no es un dato más. Es tu identidad. Es irremplazable. Y debe ser protegida. Podés descargar la investigación haciendo clic en este enlace. Además, podés sumarte a nuestras campañas #MisDatosMisDerechos y #ConMiCaraNo en redes sociales.
En menos de una semana, Paraguay vivió dos filtraciones masivas de datos personales provenientes de instituciones públicas. La primera involucró al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y expuso información de más de 7 millones de personas. La segunda, afectó al Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay e Itaipú, donde se hizo público un archivo con más de 17.000 registros con datos sensibles sobre pagos a funcionarios, salarios, nombres completos y números de cédula.
Pero estas filtraciones no son nuevas en Paraguay. En 2023, una filtración de la Policía Nacional dejó al descubierto documentos y datos personales de personas detenidas, junto con fichas con antecedentes penales y fotografías. En aquel momento, desde TEDIC ya advertíamos sobre la ausencia de respuestas institucionales y la urgente necesidad de contar con mecanismos de prevención y sanción. Estos hechos no solo evidencian una grave vulnerabilidad del Estado para proteger nuestra información, sino también la ausencia de una ley integral de protección de datos personales, una deuda histórica que en Paraguay ya no puede seguir esperando.
Además, la propia legislación paraguaya ya reconoce esta sensibilidad: la Ley N° 6534/2020 de protección de datos crediticios clasifica expresamente la afiliación política como un dato sensible. Sin embargo, esta norma tiene limitaciones importantes: no establece mecanismos de responsabilidad para las instituciones que permiten la filtración de datos, y se enfoca únicamente en otorgar garantías al titular del dato para que tome acciones, lo que desplaza la carga de protección a las personas afectadas en lugar de exigir respuestas estructurales.
En paralelo, la filtración que afectó al Ministerio de Hacienda, el Banco Central del Paraguay e Itaipú divulgó información financiera y laboral de más de 17.000 personas funcionarias públicas. En ambos casos, no hay claridad sobre el origen exacto de la fuga, ni tampoco respuestas oficiales que asuman responsabilidades institucionales.
¿Qué está fallando?
Desde TEDIC venimos advirtiendo hace más de 10 años sobre la fragilidad del sistema paraguayo para proteger datos personales. Hoy, lo que vemos con estas filtraciones no es un incidente aislado, sino el resultado de una falta estructural de políticas públicas, una ley integral de protección de datos personales, inversión en infraestructura tecnológica y formación de recursos humanos especializados. Además, Paraguay no cuenta con una autoridad de control independiente, ni con un régimen de sanciones efectivas que permita exigir responsabilidades a quienes gestionan (y exponen) nuestros datos.
A esto se suma que el país aún no ha actualizado su Plan Nacional de Ciberseguridad, lo que limita seriamente la gobernanza y la capacidad de las instituciones —y también del sector privado— para prevenir fugas de información y proteger los datos que administran. Este vacío impide que existan protocolos claros, auditorías regulares y estándares mínimos de seguridad digital aplicables a todos los niveles del Estado.
¿Qué dice el marco legal actual?
Aunque Paraguay no cuenta con una ley general de protección de datos personales, sí existen normas fragmentadas. Por ejemplo, la Ley N° 6534/2020 de protección de datos crediticios reconoce explícitamente que la afiliación política es un dato sensible. Esto refuerza la urgencia de una legislación que extienda esta protección a todos los sectores, y no solo al financiero.
La falta de una ley integral permite que instituciones públicas gestionen grandes volúmenes de datos sin estándares mínimos de seguridad ni mecanismos de transparencia. Esto genera un terreno fértil para el abuso, la filtración, la comercialización y la pérdida de confianza ciudadana.
Una ley integral de protección de datos personales, con enfoque de derechos humanos, que incorpore principios como la minimización, el consentimiento informado y la portabilidad, y que además identifique y responsabilice a las instituciones y empresas que tratan nuestros datos personales cuando no los protegen.
La creación de una autoridad de control independiente con facultades reales de fiscalización y sanción.
Inversión sostenida en infraestructura tecnológica, ciberseguridad y capacitación de funcionarios públicos.
Un compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de datos.
Estas medidas no pueden seguir postergándose. Recordamos que el 17 de diciembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó, en general, el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, lo que representa un avance importante. Sin embargo, el camino aún no está allanado.
El martes 4 de marzo, el proyecto estaba previsto como punto 4 del orden del día en la primera sesión del año, pero la falta de quórum impidió su tratamiento. En un contexto de filtraciones masivas y vulneraciones sistemáticas, esta ausencia resulta alarmante y revela una falta de compromiso institucional inadmisible ante una problemática que afecta a millones de personas.
El martes 1 de abril, las y los diputados tienen una nueva oportunidad para continuar el análisis artículo por artículo. Desde TEDIC seguiremos monitoreando, denunciando y proponiendo políticas públicas que protejan nuestros derechos digitales. Porque nuestros datos no son mercancía, ni deben estar expuestos por negligencia del Estado.
Las filtraciones masivas que hoy nos alarman pueden tener consecuencias irreparables para la vida de millones de personas si no actuamos con urgencia.
Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las calles de Paraguay y el mundo se llenan de voces que exigen igualdad, justicia y el reconocimiento pleno de nuestros derechos. Llegar a este día no es casualidad, es el resultado de un proceso de organización, resistencia y afirmación de nuestra autonomía, de nuestro trabajo colectivo con otras organizaciones feministas, activistas y compañeras. Este año, la marcha del 8M se presentó como un espacio de oportunidades, no solo para reclamar lo que aún nos falta, sino también para celebrar y reafirmar todo lo que hemos conquistado juntas.
Sabemos que el contexto nacional e internacional no es el más favorable para nuestra lucha. Por todos lados vemos retrocesos en nuestros derechos y en conquistas históricas. Pero justamente en este escenario, la convocatoria a la marcha de este año fue un motivo de orgullo, inspiración y resistencia. La gran participación reflejó la diversidad de expresiones feministas y la presencia de muchas personas que marchaban por primera vez. Fue un recordatorio de que seguimos firmes, con nuestras voces más fuertes que nunca, defendiendo lo que hemos logrado y exigiendo un mundo más justo y equitativo para todas las personas. En TEDIC, las cyborgfeministas reafirmamos nuestro compromiso con la lucha feminista, llevándola a las calles, a la web y a espacios de encuentro que nos recuerdan que el feminismo también es goce y comunidad.
Ante la avanzada fascista, articulación feminista
Durante un mes y medio, participamos de las plenarias de la articulación feminista del Paraguay, un espacio del que formamos parte hace más de cinco años y en el que definimos colectivamente desde el contenido del manifiesto de la marcha, las consignas y otros detalles organizativos para que ese día podamos salir a las calles a marchar por nuestros derechos. Como TEDIC es una organización que promueve y proteger los derechos digitales con un enfoque transversal de género, siempre intentamos aportar nuestra mirada sobre la violencia de género en línea y la necesidad de contar con nuevas estrategias interseccionales que aborden las distintas formas de discriminación que vivimos las mujeres y diversidades escuchando y compartiendo los aportes de todas las compañeras.
Este año también colaboramos con el diseño e impresión del banner oficial de la marcha y también con el diseño de afiches que se entregaron a mujeres referentes de la articulación. Estos materiales no solo estuvieron presentes en las calles, sino también en entrevistas previas a la marcha, amplificando nuestro mensaje en los medios y en otros espacios de discusión.
El 8M en las calles: colores, gritos y mensajes de resistencia
La marcha del 8M estuvo marcada por la diversidad y la presencia de muchas más personas que años anteriores. Desde familias enteras hasta grupos de amigas y mujeres autoconvocadas. Una de nuestras voluntarias nos contó que esta era su primera marcha. Todo el ambiente se sintió de sororidad, celebración y lucha. El lema de este año, “Trabajadoras juntas y organizadas ñadefende ñande derecho”, resonó con fuerza y reafirmó la lucha colectiva por los derechos de las mujeres. A pesar del intenso calor, las voces retumbaron en el centro histórico de Asunción, exigiendo cambios estructurales. El equipo de TEDIC, que desde este año está conformado por 100% mujeres feministas, estuvo presente con abanicos y afiches vinculados al 8M y a nuestro programa Cyborgfeminista, compartidos por nuestro equipo programático y voluntarias.
Las calles se llenaron de grafitis, DJs y expresiones artísticas, en una jornada de lucha pero también de alegría y esperanza. Algunos de los carteles que destacaron reflejaban la crudeza de la violencia y la fuerza del feminismo:
“65 hijos quedaron huérfanos”
“Si los abusos fueran fuego, Paraguay estaría en llamas”
“Que la vergüenza cambie de bando”
“Causa más incomodidad tener una feminista que un abusador en la familia”
“Si nosotras somos las nazis, ¿por qué somos las que morimos?”
El feminismo está en las calles 💜✊🏿📣 Y este #8M los carteles hablaron fuerte, porque el activismo en derechos humanos empieza con la palabra y se convierte en acción. 📲 Contanos ¿Qué mensaje escribirías vos? #8M#8MPy#8M2025#MujerTrabajadora#Feminismo#MarchaFeminista
El día antes de la marcha socializamos una mini guía de seguridad digital en colaboración con Paro Mujeres Py, brindando recomendaciones para cuidarnos antes, durante y después de la marcha.
Al cierre de la marcha, el manifiesto leído en la Plaza de la Democracia denunció los discursos y políticas represivas promovidas por sectores antiderechos, así como la crisis climática que afecta a mujeres campesinas e indígenas, los derechos de las trabajadoras sexuales, la necesidad de igualdad en espacios de poder, la importancia de visibilizar cualquier forma de violencia, incluida la violencia de género facilitada por la tecnología, entre tantas otras demandas. En un contexto político adverso, el 8M es un recordatorio de que la lucha feminista sigue siendo urgente y necesaria.
Que el goce siga en el brunch cyborgfeminista
No queríamos que todo lo vivido en el 8M termine con la marcha. Por eso, organizamos el primer Brunch Cyborgfeminista en el Café de la Sierra, un espacio de reencuentro para seguir conversando, imaginando y reflexionando sobre cómo habitamos y hacemos nuestra la tecnología desde los feminismos. Con la participación de 54 asistentes, el equipo programático de TEDIC y dos voluntarias, el evento reunió a aliadas, activistas, representantes de la cooperación internacional, representantes de instituciones del Estado y personas de nuestra comunidad entre quienes estaban:
Juan Carlos Yuste y Adriana Lugo de Diakonia
Madalena Masucci de la Unión Europea
Yeny Villalba de Amnistía Internacional
Silvia López Safi Directora de la secretaría de género de la Corte Suprema de Justicia
Sabrina Muñoz de Kuña Sorora
Dante Leguizamón de Codehupy
Sonia Cardozo de Kuña Tech
Viviana Valdez y Gracia Gómez del Centro Cultural de España Juan de Salazar
Cony Oviedo de Conamuri
Noelia Díaz de Emancipa
Natu Fer del Consultorio Jurídico Feminista
María Paz Ferrara de Psicofem
El brunch también fue el espacio para presentar la investigación «Feminismos y tecnologías», realizada por Jazmín Sánchez, Verónica Villalba y Montserrat Fois de la Asociación Paraguaya de Investigadoras Feministas. Además, relanzamos la web de Cyborgfeminista con más contenido y recursos de la mano de autoras como Jessica Pereira, Jazmín Ruíz Díaz y Maricarmen Sequera, y actualizamos la web “La violencia digital es real” con una sistematización de nuestras investigaciones sobre violencia de género facilitada por la tecnología. De modo a compartir estos nuevos contenidos con nuestra comunidad diseñamos unos abanicos y stickers Cyborgfeministas, para reafirmar nuestro ideal de ocupar y recuperar Internet desde el feminismo, que compartimos con las personas asistentes.
La repercusión del Brunch Cyborgfeminista, desde los testimonios mismos de las personas asistentes, nos dejó en claro que estos espacios son muy necesarios y reafirman nuestro objetivo hacia la igualdad de género. Aprendimos, compartimos, reflexionamos y nos fortalecimos juntas, desde nuestras organizaciones, nuestros activismos y nuestras experiencias. Con la certeza que, a veces, es muy útil generar espacios que incentiven cuestionamientos y disparen futuras reflexiones para avanzar en la promoción y protección de derechos.
🎬 Recap del #Brunchcyborg 💜🤖 ✨ Café, comidita y muchas reflexiones sobre feminismo y tecnología. ☕💬 ¿Cómo nos atraviesan las tecnologías? ¿Cómo podemos hackearlas desde una mirada feminista? 📢 Escuchá algunas reflexiones 🔥
Como parte de nuestra incidencia feminista también reforzamos nuestras acciones en el plano internacional. En enero, colaboramos en el informe temático sobre “Libertad de expresión y elecciones en la era digital” de la Relatoría Especial de la ONU para la Libertad de Expresión sobre la problemática de la violencia de género facilitada por la tecnología en contextos electorales donde actualizamos el contexto actual de violencia que viven las mujeres políticas en Paraguay y otros países de la región latinoamericana. En febrero, enviamos nuestro aporte al Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre violencia de género facilitada por la tecnología. Este Comité tiene por finalidad realizar un estudio sobre el impacto de esa violencia en las mujeres y las niñas y las buenas prácticas en todo el mundo para hacer frente a la violencia de género que se produce a través de o se amplifica por el uso de la tecnología y hacer recomendaciones sobre cómo abordar la cuestión en el sexagésimo tercer período de sesiones de Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Finalmente, Pamela Peralta, coordinadora de género y tecnología, representó a TEDIC en la CSW69 en Nueva York, participando en paneles y fortaleciendo redes de trabajo feminista global. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es el principal órgano intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad entre los géneros, los derechos y el empoderamiento de la mujer. Durante la sesión anual de dos semanas de la Comisión, representantes de los Estados miembros de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y entidades internacionales se reúnen para examinan los progresos realizados y los desafíos en la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, que cumple 30 años, documento de política mundial clave sobre la igualdad entre los géneros.
Nuestra participación comenzó el 6 y 7 de marzo en el tercer simposio global sobre violencia de género facilitada por la tecnología, del que TEDIC forma parte del grupo asesor, organizado por UNFPA, APC y Global Affairs Canadá. Además, participamos en diez eventos paralelos organizados por el Comité de ONG sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Nueva York (CSW/NY), abarcando temas como la inclusión digital, la justicia de género en la economía de plataformas y estrategias de cuidado colectivo para activismos feministas. También colaboramos en el survey de CIVICUS CSW69 y en discusiones sobre políticas públicas y derechos laborales de las mujeres.
Sin dudas los tiempos difíciles demuestran y fortalecen nuestra unidad y resistencia como feministas. Desde TEDIC seguimos trabajando con aliadas feministas en Paraguay y en la región, porque el feminismo es movimiento, justicia y, sobre todo, comunidad. Sigamos alzando la voz y tejiendo redes hasta que todas podamos vivir seguras, autónomas, libres, dentro y fuera de Internet.
Cuando pensamos en robots asesinos, es fácil imaginar escenas sacadas de películas de ciencia ficción. Sin embargo, la realidad es que estos sistemas de armas letales autónomas (LAWS, por sus siglas en inglés) ya existen y están siendo utilizados en conflictos armados. Su desarrollo y proliferación plantean graves desafíos éticos, legales y de derechos humanos, lo que exige una respuesta urgente de los Estados y la comunidad internacional.
¿Qué son los robots asesinos?
Los robots asesinos son sistemas de armas que pueden seleccionar y atacar objetivos sin intervención humana. A diferencia de los drones tradicionales, que requieren una orden de un operador humano para abrir fuego, estos sistemas cuentan con inteligencia artificial que les permite tomar decisiones autónomas sobre el uso de la fuerza.
Entre los ejemplos más conocidos se encuentran el Kargu-2 de Turquía, que presuntamente fue utilizado en Libia para atacar soldados en retirada, y los drones Bayraktar TB2 utilizados en Ucrania. Si bien en muchos casos se discute cuánto control humano tienen estos sistemas, la realidad es que la tecnología está avanzando rápidamente hacia una autonomía cada vez mayor.
¿Cómo funcionan y cuál es la diferencia con otros robots?
El elemento principal que distingue a los robots asesinos de otras tecnologías militares es su capacidad de operación autónoma. Esto se logra mediante:
Inteligencia artificial y aprendizaje automático: Los algoritmos de IA entrenan a estos sistemas para reconocer objetivos, analizar el entorno y tomar decisiones sin supervisión humana directa.
Sensores avanzados y reconocimiento facial: Algunos robots asesinos pueden identificar personas o grupos con base en características predefinidas, lo que puede facilitar ejecuciones extrajudiciales, crímenes de guerra e incurrir en muchos -muchísimos- sesgos.
Capacidad de auto-navegación: Estos sistemas pueden operar en escenarios complejos sin necesidad de comunicación constante con una persona operadora, lo que los hace difíciles de controlar una vez desplegados.
A diferencia de otros sistemas automatizados en el ámbito civil o militar (como robots de rescate o drones de vigilancia), los robots asesinos están diseñados para la eliminación de objetivos humanos sin la mediación de un juicio o control humano significativo.
¿Por qué son un peligro?
A través de la campaña internacional Stop Killer Robots, personas expertas en derechos humanos y tecnología vienen advirtiendo sobre los riesgos que los robots asesinos representan para la estabilidad global y la seguridad de las personas ya que:
Facilitan la violencia masiva: Al no depender de personas operadoras, pueden ejecutarse ataques sin la necesidad de grandes ejércitos, reduciendo las barreras para el conflicto armado.
Pueden ser utilizados para represión y genocidio: Con tecnologías de reconocimiento facial, podrían ser programados para eliminar a poblaciones enteras con base en perfiles raciales, religiosos o políticos.
Falta de responsabilidad: Si una máquina toma la decisión de matar, ¿quién es responsable? Esto desafía los principios fundamentales del derecho internacional humanitario.
Riesgo de errores y fallas: Un error en la programación o en la interpretación de los datos podría llevar a ataques injustificados contra civiles.
¿Qué deben hacer los Estados?
Ante estos riesgos, organismos como la ONU y la campaña internacional Stop Killer Robots, de la que TEDIC forma parte, llamamos a la adopción de un tratado vinculante que prohíba o regule estrictamente las armas autónomas. Algunos países ya han manifestado su apoyo a una prohibición, pero las grandes potencias militares continúan resistiéndose. Desde Paraguay logramos el compromiso de la Diputada Johanna Ortega y del Diputado Raúl Benítez para esta campaña y lucha contra las armas autónomas.
Como miembros de la campaña recomendamos a los Estados a que:
Promuevan un tratado internacional de prohibición o regulación para evitar la proliferación de estas armas.
Implementen leyes nacionales que restrinjan el desarrollo, producción y exportación de LAWS.
Fomenten el control humano sobre las decisiones de uso de la fuerza en los sistemas militares.
Participen activamente en foros internacionales y respalden iniciativas como la Convención sobre Armas Convencionales (CCW) de la ONU.
Haciendo eco a estas recomendaciones, en diciembre de 2024, la Asamblea General de la ONU integrada por 193 Estados, aprobó la resolución A/RES/79/62 sobre sistemas de armas autónomos letales. Incluyendo a Paraguay, 166 países, votaron a favor de la Resolución 79/62 sobre sistemas de armas autónomas letales, mientras que 3 votaron en contra y 15 se abstuvieron. La resolución crea un nuevo foro bajo los auspicios de la ONU para debatir los graves desafíos y preocupaciones que plantean los sistemas de armas autónomas y las medidas que deben tomarse al respecto.
¿Por qué nos involucra también en Paraguay?
Muchas veces creemos que estos problemas son lejanos, propios de las grandes potencias. Sin embargo, en Paraguay venimos trabajando en incidencia sobre este tema desde 2020. En TEDIC, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, promovimos un pronunciamiento para que el Estado paraguayo tome una postura clara en la regulación de estas armas.
El avance tecnológico no puede estar desvinculado de principios éticos y de derechos humanos. Los robots asesinos representan una amenaza real para la seguridad global y el respeto a la vida humana. La regulación de estas tecnologías es un desafío urgente y, aunque parezca un problema ajeno, es fundamental que Paraguay y otros países de la región se sumen a este esfuerzo.
Prohibir y regular estas armas es un paso para evitar la deshumanización de la guerra y la violencia. Desde TEDIC continuaremos promoviendo el debate y la acción para frenar el avance de estas armas antes de que sea demasiado tarde.
El ejercicio del periodismo en Paraguay enfrenta desafíos cada vez más complejos. Desde amenazas directas, vigilancia, doxxing hasta formas más sutiles de censura y hostigamiento judicial, las personas periodistas trabajan en un entorno donde su libertad de expresión y seguridad están en riesgo. Esta realidad se ve agravada por la impunidad, la falta de apoyo institucional y las múltiples formas de violencia que enfrentan, especialmente las mujeres periodistas.
En este contexto, desde TEDIC junto al Sindicato de Periodistas de Paraguay y con el apoyo del Fondo para la Defensa de los Medios de la UNESCO, desarrollamos cuatro directrices con un enfoque de género e interseccionalidad, que buscan fortalecer la seguridad y protección de las personas periodistas en el país. Cada directriz busca abordar un aspecto crucial de la labor periodística, desde la visibilización de casos emblemáticos de violencia en Paraguay, la implementación de herramientas y medidas de seguridad digital en coberturas de alto riesgo, la defensa legal de periodistas y la definición de protocolos de documentación y denuncia. En este blog ofrecemos una referencia de cada una de estas directrices, resaltando su importancia para quienes ejercen el periodismo en Paraguay y brindando herramientas concretas para enfrentar los riesgos. Además, invitamos a la reflexión sobre la urgente necesidad de crear entornos seguros y de apoyar el ejercicio libre del periodismo, especialmente en un contexto donde la censura, el acoso y la violencia digital están en aumento.
¿Cómo visibilizar casos de violencia? Uso de casos emblemáticos en la promoción
Autoras: Lourdes Cano y Montserrat Berro
Esta directriz recopila y analiza casos emblemáticos de violencia contra periodistas en Paraguay para visibilizar la problemática, promover justicia y generar conciencia pública. Casos como el de Angie Prieto, Vicente Godoy y Mabel Portillo muestran la magnitud de las agresiones sufridas, incluyendo amenazas, acoso sexual y censura judicial. La recopilación busca ofrecer herramientas para la incidencia pública, evidenciando la necesidad de protección, protocolos de seguridad y apoyo psicológico, especialmente para mujeres periodistas que enfrentan violencia de género. Las historias documentadas sirven como base para campañas de sensibilización y fortalecimiento de la libertad de prensa.
Seguridad digital para coberturas de alto riesgo en Paraguay
Autores: Maricarmen Sequera y Lupa Alonzo
Esta directriz ofrece un marco integral para proteger a periodistas en coberturas de alto riesgo. Subraya la importancia de la seguridad digital, el autocuidado y el cuidado colectivo, proporcionando protocolos detallados para la protección de fuentes, el cifrado de comunicaciones, el uso seguro de dispositivos y la gestión de información sensible. Incluye recomendaciones prácticas para enfrentar amenazas de vigilancia estatal, malware y riesgos digitales. Esta guía busca ser un recurso base para garantizar la seguridad de periodistas, sus fuentes y organizaciones, promoviendo un enfoque feminista y colaborativo en la protección del periodismo. Además, destaca la importancia de adoptar estas prácticas como un acto de resistencia ante los crecientes desafíos y amenazas que enfrentan los medios en Paraguay.
Protocolo para el registro de agresiones contra periodistas
Autora: Ruth Benítez Díaz
Este protocolo busca establecer directrices claras para documentar y dar seguimiento a las agresiones contra periodistas en Paraguay. Este recurso sirve como una guía integral para sistematizar casos, visibilizar distintos tipos de agresiones y fortalecer la protección de periodistas, especialmente frente al crimen organizado y actores estatales. Se destaca por su enfoque en la creación de una base de datos centralizada, la clasificación de agresiones, y el tratamiento de violencias de género. Además, proporciona herramientas prácticas para el registro, acompañamiento y defensa legal de periodistas, impulsando políticas públicas de protección y garantizando el ejercicio libre del periodismo en Paraguay.
Litigar casos de violencia a periodistas con perspectiva de género
Autor: Alejandro Vera
Esta directriz proporciona herramientas legales para litigar casos de violencia contra periodistas desde una perspectiva de género, abordando los desafíos de enfrentar abusos legales como el uso indebido de normativas para censurar la libertad de expresión. Analiza el marco jurídico nacional e internacional, detalla estrategias procesales y ofrece recomendaciones prácticas para la defensa legal de periodistas, enfatizando los casos de violencia de género facilitada por la tecnología. Este recurso destaca la importancia de la ética periodística y el apoyo gremial, promoviendo entornos seguros para el ejercicio del periodismo y contribuyendo a la creación de precedentes legales que protejan la libertad de expresión. Este recurso no solo busca orientar a periodistas y defensores legales en sus procesos judiciales, sino también fortalecer sus capacidades para enfrentar amenazas legales, asegurando que puedan ejercer su labor de manera segura y protegida.
Con estas cuatro directrices buscamos brindar un soporte práctico a periodistas que enfrentan riesgos y violencias en su labor diaria. Fueron pensadas y trabajadas como herramientas vivas que reflejan las necesidades y complejidades del contexto paraguayo, con la esperanza de que puedan marcar una diferencia tangible en la protección y defensa del periodismo en nuestro país.
Documentar agresiones es darle existencia a lo que muchas veces queda en el silencio, y estos materiales pretenden no solo ser una respuesta a las múltiples formas de violencia que son ejercidas hacia periodistas en Paraguay, sino también funcionar como prevención. Queremos que estas directrices sirvan como herramientas para enfrentar situaciones de vulnerabilidad, como impulso para exigir justicia y como referencia para fortalecer la seguridad de quienes informan.
En un país donde ser periodista implica exponerse constantemente, contar con recursos que orienten, protejan y acompañen es fundamental. Invitamos a periodistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos a compartir, usar y adaptar estas directrices para seguir defendiendo un periodismo libre, con un enfoque feminista e inclusivo, en Paraguay y en la región.
Navegar por Internet es parte de nuestra vida cotidiana, pero pocas veces nos detenemos a pensar en qué ocurre con nuestros datos personales. Las proveedoras de servicios de Internet (ISP), como Claro, Tigo, Personal, Vox y Copaco, no solo permiten que tengamos conexión, también gestionan información sensible sobre todas nuestras actividades en línea. ¿Qué hacen para protegerla? ¿Qué tan claras son sus políticas de privacidad? ¿Y hasta dónde llega su transparencia frente a las solicitudes gubernamentales de datos?¿Nos brindan información accesible en sus páginas webs?¿Tienen algún tipo de compromiso con la defensa de nuestros derechos?
Desde TEDIC, lanzamos la cuarta edición de nuestra investigación ¿Quién defiende tus datos?, un proyecto que evalúa el compromiso de las principales ISP en Paraguay con la privacidad, la transparencia y la defensa de los derechos digitales. Este esfuerzo, inspirado en la iniciativa “Who has your back” de la Electronic Frontier Foundation (EFF), se adapta a nuestra realidad legal y social, analizando cómo operan las empresas en un contexto donde aún no contamos con una ley integral de protección de datos personales.
¿Qué analizamos y por qué es importante?
Como en todas las ediciones previas, evaluamos a Tigo, Claro, Personal, Copaco y Vox, empresas que lideran el mercado con más de 15.000 clientes cada una. A través de siete categorías de análisis, buscamos responder a preguntas como:
¿Publican políticas de privacidad claras y completas?
¿Exigen una orden judicial para entregar datos?
¿Notifican a las personas usuarias cuando sus datos son solicitados?
¿Participan en iniciativas para la defensa de los derechos humanos digitales?
En TEDIC estamos convencidos de que evaluar a las proveedoras de servicios de Internet desde una perspectiva de derechos humanos no es opcional, sino necesario. El acceso a Internet trasciende su función como herramienta tecnológica: es un medio indispensable para ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y la participación social. Por eso, las ISP tienen el deber de ser transparentes y proteger los datos personales de quienes confían en sus servicios.
Principales hallazgos de esta edición
Aunque algunas proveedoras muestran avances desde la versión del 2022, los resultados generales reflejan aún grandes desafíos:
Políticas de privacidad y datos personales: Solo Claro y Tigo facilitan políticas relativamente detalladas, aunque persisten problemas como la falta de claridad sobre los plazos de conservación de datos. Vox sigue sin publicar ninguna política de privacidad.
Autorización judicial: Si bien todas las empresas exigen una orden judicial para entregar contenido de las comunicaciones, persisten preocupaciones sobre la protección de los metadatos, que también deben estar resguardados según estándares internacionales.
Notificación a la persona usuaria: Ninguna de las cinco ISP notifica a sus clientes cuando sus datos son solicitados por autoridades, una práctica que obstaculiza el ejercicio del derecho a la privacidad y al debido proceso.
Transparencia: Solo Claro y Tigo publican informes de transparencia, pero estos son elaborados por sus empresas matrices y no incluyen información específica de Paraguay.
Accesibilidad: Tigo destaca como líder en accesibilidad web, mientras que Vox presenta las mayores barreras en este aspecto.
Recomendaciones para un cambio necesario
Todas estas empresas tienen la oportunidad de fortalecer la confianza de sus personas usuarias al abordar algunos desafíos que aún persisten en la protección de los datos personales, la privacidad y la transparencia. Desde TEDIC, proponemos las siguientes acciones como pasos hacia un entorno digital más seguro y respetuoso con los derechos humanos:
Las políticas de privacidad deben ser claras, completas y accesibles, con información específica sobre periodos de conservación de datos y procedimientos de tratamiento.
Es urgente que las empresas notifiquen a las personas usuarias sobre solicitudes de datos, garantizando mayor transparencia y respeto a sus derechos.
Publicar informes locales de transparencia con detalles específicos sobre las solicitudes de datos en Paraguay es esencial para fomentar la confianza.
Las ISP deben adoptar medidas proactivas en defensa de los derechos digitales, incluyendo participación en iniciativas del sector y educación a las personas usuarias.
El compromiso con la privacidad y los derechos humanos no debería ser una excepción, sino la norma para todas las ISP en Paraguay. La transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos son fundamentales para garantizar una Internet inclusiva y segura.
Para más información sobre ¿Quién defiende tus datos?, te invitamos a descargar el informe completo.
Nos emociona anunciar el lanzamiento del Bootcamp Asunción 2025 – Derechos humanos y tecnología, organizado por TEDIC y Amnistía Internacional Paraguay, con el apoyo de Diakonia y el financiamiento de la Unión Europea. Esta edición estará dirigida exclusivamente a personas residentes en Asunción, interesadas en fortalecer sus conocimientos en la intersección de derechos humanos y tecnología.
¿Te interesa profundizar en estos temas?
En estas jornadas de formación, exploraremos temas clave como: el funcionamiento de Internet, privacidad y protección de datos, libertad de expresión y moderación de contenidos, fundamentos básicos de la inteligencia artificial (IA), violencia de género en línea y seguridad digital para activistas. También contaremos con un taller práctico sobre la producción de artículos periodísticos.
¿En qué consiste este Bootcamp?
Durante siete sesiones de formación intensiva tendrás la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y herramientas para producir contenido con perspectiva de derechos humanos. Además, podrás interactuar con personas expertas de la región y del país en sesiones de Q&A en vivo.
El enfoque del Bootcamp se centra en brindarte las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos del entorno digital y generar un impacto significativo en la defensa de los derechos humanos.
Las personas seleccionadas podrán interactuar con personas referentes en derechos digitales como:
Además, recibirán tutorías personalizadas para producir un artículo como trabajo final del curso. Los artículos destacados serán publicados en las páginas y redes de TEDIC y del Bootcamp.
Detalles del evento
Modalidad: Online Fechas del Bootcamp: 10, 11, 12, 13, 17, 18 y 19 de febrero de 2025 Hora: 18:00 a 20:00 (GMT-4)
Agenda del Bootcamp
CLASE
FECHA
TEMA
A CARGO DE:
Día 1
10/02
¿Cómo funciona Internet?
Maricarmen Sequera (TEDIC)
Día 2
11/02
Derechos humanos en Internet – Parte 1: Derecho a la privacidad y protección de datos personales
Derechos humanos en Internet – Parte 2: Derecho a la libertad de expresión y moderación de contenido en plataformas
Amalia Toledo (Wikimedia Foundation)
Día 4
13/02
Fundamentos básicos de la inteligencia artificial con perspectiva de derechos humanos (IA)
Jamila Venturini (Derechos Digitales)
Día 5
17/02
Violencia de género en línea
Maricarmen Sequera (TEDIC)
Día 6
18/02
Protección y seguridad digital para personas defensoras de derechos humanos
LuPa (TEDIC)
Día 7
19/02
¿Cómo escribir un artículo periodístico de impacto?
Patricio Porta (La Política Online)
Requisitos y proceso de selección
Postulaciones: 28 de enero de 2025 hasta 3 de febrero. Fecha límite de postulaciones: 3 de febrero. Anuncio de personas seleccionadas: 5 de febrero. Cupos disponibles: 10 participantes.
Se requiere una participación mínima del 70% para completar el Bootcamp. Las personas que cumplan con este requisito y entreguen el artículo recibirán un certificado de participación y serán publicadas en la web y redes de TEDIC y del Bootcamp.
¡No te pierdas esta oportunidad para fortalecer tus conocimientos y contribuir a un futuro digital más justo!
La presente actividad es financiada por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de TEDIC y Amnistía Internacional Paraguay y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.
En un mundo donde la tecnología atraviesa cada aspecto de nuestra vida, la ciberseguridad se ha vuelto más que una medida de protección; es una forma de autonomía. Desde las pequeñas acciones cotidianas, como proteger nuestras contraseñas, hasta la defensa de activismos digitales frente a ataques sofisticados, el entorno digital plantea desafíos cada vez más complejos. Actualmente nos encontramos en un momento crítico con la expansión de la industria de la tecnología de vigilancia, la proliferación de programas spyware1 y otras herramientas invasivas. Estas herramientas tienen una creciente demanda por parte de agentes estatales y no estatales. Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil se encuentran vulnerables debido a su rol crucial en la promoción y protección de derechos humanos. En ese sentido, estas organizaciones se enfrentan a importantes retos debido a la naturaleza sensible de su trabajo y la resistencia de los gobiernos.
La ciberseguridad emerge así como un elemento vital para proteger los activos digitales de las organizaciones en nuestra era. Las herramientas «Blue Team»2, especializadas en la defensa de estos activos, desempeñan un rol necesario en este ámbito. «Blue Team», que significa equipo azul, es un término que proviene de la jerga militar. Inicialmente, en esa área se utilizaban las palabras «Red Team» y «Blue Team» para diferenciar a los equipos que atacan de los que defienden en ejercicios tácticos de combate. Del mismo modo, en el área de la ciberseguridad, ambas expresiones se utilizan para describir a los grupos de expertos encargados de atacar y defender un sistema informático. Las herramientas «Blue Team» o BTT por su sigla en inglés son aquellas que permiten a los equipos de especialistas realizar un monitoreo y preparación para la deteccción de amenazas de ciberseguridad en las organizaciones. Mientras que a los equipos preparados para realizar tareas ofensivas en ciberseguridad se los denominan «Red Team».
En esta línea, desde TEDIC formamos parte del proyecto INSIGHTFUL de Internews, cuyo objetivo es analizar herramientas de código abierto diseñadas para enfrentar amenazas digitales. Estas herramientas, conocidas como «Blue Team Tools» (BTT), están orientadas a la defensa y la investigación de riesgos en entornos digitales. Las BTT abarcan desde software sencillo para uso individual hasta soluciones avanzadas y escalables, adecuadas para grandes equipos de trabajo. En particular, realizamos análisis y pruebas de PiRogue tool suite (PTS) y Wazuh.
En este blogpost presentamos dos herramientas «Blue Team Tools» (BTT) y sus principales características. Estas herramientas destacan por su capacidad para ayudar a los equipos técnicos a detectar amenazas de manera dinámica. Entre sus ventajas se encuentran:
Respuesta ágil: Sus equipos están preparados para actuar ante errores detectados o colaborar en mejoras.
Licenciamiento como software libre: Esto permite la auditoría comunitaria, ya que sus algoritmos están disponibles para cualquier persona interesada y capacitada en analizarlos.
Accesibilidad económica: No requieren un gasto elevado en licencias, lo que facilita su uso, especialmente en equipos con recursos limitados.
Facilidad de implementación: Solo se necesita contar con un equipo técnico en ciberseguridad que aprenda a instalarlas y utilizarlas.
PiRogue tool suite
Esta herramienta permite analizar el tráfico de internet y realizar investigaciones detalladas en dispositivos móviles. Puede instalarse en una Raspberry Pi, un pequeño y económico computador que muchas personas usan para navegar en internet, ver videos, programar o jugar. También podés instalarla en una máquina virtual o en un servidor remoto, según tus necesidades.
Si elegís usar una Raspberry Pi, podés colocarla junto a tu router para crear una red inalámbrica exclusiva. En esta red podés conectar uno o dos teléfonos móviles para analizar el tráfico de datos, identificar los puntos de conexión, ver desde qué países se están realizando las conexiones y monitorear posibles amenazas. Además, la herramienta incluye un sistema de alerta llamado Suricata, que te avisa si detecta algún riesgo.
Durante nuestras pruebas, encontramos algunos detalles que podrían mejorarse en el proceso de instalación y en la documentación. Compartimos estas observaciones con el equipo de PTS, quienes se mostraron muy receptivos y abiertos a implementar nuestras sugerencias en futuras actualizaciones.
Wazuh
La segunda herramienta que probamos fue Wazuh, un sistema que funciona conectando diferentes computadoras a un servidor central para detectar y prevenir amenazas digitales. Este servidor, que podés instalar en una computadora o en una máquina virtual, ofrece muchas funciones útiles como: revisar configuraciones, detectar malware, monitorear cambios en los archivos, buscar vulnerabilidades y cazar amenazas de seguridad.
Hay varias maneras de instalar el servidor, pero en TEDIC usamos una opción sencilla con contenedores basados en Docker, y nos funcionó muy bien. Sin embargo, es importante mencionar que el servidor necesita bastantes recursos para operar, ya que tiene muchas herramientas activas al mismo tiempo. Para que Wazuh funcione correctamente, también instalamos un programa llamado «agente» en las computadoras que queríamos monitorear. Este agente se encarga de enviar toda la información al servidor, que la analiza en tiempo real.
El resultado es un panel accesible desde el servidor, donde podés ver un listado de todos los dispositivos conectados. Este panel muestra los niveles de amenaza para cada uno y te permite explorar otras funciones. Algo muy práctico de Wazuh es que sus agentes se pueden instalar en computadoras con sistemas operativos Windows, Linux o Mac, lo que lo hace muy versátil para cualquier organización que quiera proteger sus dispositivos de forma activa.
¿Qué sigue? Protegernos es un compromiso colectivo
La ciberseguridad no se trata únicamente de protegernos de amenazas. Es un medio para empoderarnos, para tomar control de nuestras herramientas y defender nuestros derechos en el entorno digital. En TEDIC creemos que esta responsabilidad es colectiva y agradecemos a todas las personas y organizaciones que se sumaron a este proyecto. Con las BTT fortalecemos la resiliencia de las organizaciones de la sociedad civil frente a las amenazas cibernéticas. Además de su papel defensivo, las herramientas «Blue Team» tiene un impacto significativo en la cultura de seguridad de una organización. Al educar a las personas activistas sobre las mejores prácticas de seguridad y fomentar una mentalidad de seguridad en todos los niveles, se contribuye a crear un entorno más seguro. En ese sentido, desde TEDIC seguiremos trabajando colectivamente para construir un futuro digital donde la privacidad y la seguridad sean derechos ejercidos por todas las personas.
1Es un tipo de software que se instala en el ordenador sin que el usuario tenga constancia de ello.
2Son herramientas de ciberseguridad que se utilizan para defender los sistemas de una organización de ciberataques.
La Ley N.º 7363/24 de transparencia de organizaciones sin fines de lucro1 ha generado una profunda preocupación en la sociedad civil y en diversos actores internacionales debido a sus implicaciones sobre los derechos fundamentales de las organizaciones y las personas en el país. Esta ley introduce un marco legal con un lenguaje amplio y ambiguo que podría dar lugar a un control excesivo sobre nuestras organizaciones de la sociedad civil (OSC), lo que, en la práctica, amenaza la independencia, libertad de operar y a nuestra democracia.
La ley promulgada este noviembre de 20242 ha sido vista por muchos como un intento de control excesivo sobre las organizaciones de la sociedad civil, similar a lo que ha ocurrido en países como Nicaragua3, Venezuela4 y Rusia5.
Las implicaciones de la ley para las ONG
En Paraguay, todas las organizaciones de la sociedad civil, también conocidas como «ONG», están obligadas a inscribirse en un registro nacional y a mantener registros detallados sobre el uso de los fondos que reciban o gestionen, ya sean nacionales, públicos o privados, internacionales privados, o fondos públicos provenientes de otros Estados. Además, deben presentar informes periódicos al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Las organizaciones no registradas quedarían excluidas de recibir fondos públicos o firmar acuerdos con entidades públicas, y podrían enfrentarse a sanciones severas, incluidas descalificaciones para su personal.
Cabe destacar que existe más de 13 tipos de registros obligatorios6 a las ONG y este se suma con importantes sanciones y requisitos excesivos. Aunque el texto de la ley afirma que se respetará la autonomía de las ONG y que las obligaciones de control, registro y rendición de cuentas no afectarán su funcionamiento, los requisitos impuestos son excesivos. Esta carga administrativa podría ser utilizada de manera arbitraria, limitando la capacidad de las organizaciones para trabajar libremente y vulnerando sus derechos fundamentales, como la libertad de asociación, expresión y participación.
El proceso legislativo y la falta de consulta pública
El Senado paraguayo aprobó el proyecto de ley el 8 de julio7, sin haber facilitado un proceso de consulta pública adecuado para involucrar a las ONG y a la ciudadanía en general en las discusiones previas. Esto provocó una reacción inmediata de las organizaciones, que señalaron que el proyecto de ley contradecía los estándares internacionales de derechos humanos, particularmente en lo que respecta a los derechos fundamentales de asociación y expresión. Las OSC también advirtieron que el texto aprobado era vago e impreciso, lo que podría dar lugar a interpretaciones restrictivas y arbitrariedades en su implementación.
A pesar de las modificaciones menores realizadas por la Cámara de Diputados el 1 de octubre y su posterior aprobación en el Senado el 9 de octubre8, las preocupaciones persisten. La ley fue promulgada por el presidente Santiago Peña el 15 de noviembre de 20249 y sigue siendo ambigua, imponiendo obligaciones excesivas de registro e informes que podrían poner en riesgo la capacidad de las ONG para operar con independencia. Si bien la ley aún no ha sido reglamentada, la misma se constituye en una amenaza fundamental para el trabajo de las organizaciones en la defensa de los derechos humanos y la democracia.
Luego de la aprobación de la ley por parte del Ejecutivo, la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre antilavado y delitos conexos, más conocida como la Comisión “Garrote”, amplió a 60 días el mandato para perseguir a las ONG críticas al gobierno10.
Reacciones internacionales y preocupaciones sobre el impacto
Numerosos actores internacionales han expresado su alarma ante la legislación propuesta. Entre ellos:
Gina Romero, Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, advirtió que las altas sanciones de la ley violan los estándares internacionales, mientras que un portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU declaró11 que “lamentamos la reciente y acelerada aprobación por parte del Senado de Paraguay de un proyecto de ley que impone restricciones sustanciales a la financiación de las organizaciones sin fines de lucro, así como requisitos adicionales de registro y sanciones desproporcionadas por incumplimiento”12.
El Relator Especial sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca advirtió que la ley podría restringir las operaciones de las organizaciones sin fines de lucro en Paraguay e instó al poder ejecutivo a considerar los estándares interamericanos de derechos humanos al decidir sobre su aprobación o veto13.
CIVICUS Monitor declaró14 que las disposiciones del proyecto de ley entran en conflicto con las obligaciones internacionales de derechos humanos, particularmente con respecto a las libertades de asociación y expresión y el derecho a la participación pública. El lenguaje amplio y vago de la ley crea una gran ambigüedad, permitiendo interpretaciones restrictivas que podrían comprometer estas libertades fundamentales.
Amnistía Internacional destacó15 que el proyecto de ley impone amplias obligaciones de registro y cumplimiento a todas las organizaciones de la sociedad civil, lo que podría comprometer su independencia, privacidad y seguridad. Las sanciones vagas por incumplimiento podrían socavar la legalidad y amenazar las libertades de asociación y expresión, poniendo en peligro los derechos que busca regular.
La Asociación de Abogados de Nueva York advirtió16 que la ley amenazaría los derechos fundamentales de las organizaciones y los individuos en Paraguay, incluidos los defensores de los derechos humanos.
El Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), indicó con preocupación que en varios países están avanzando en regulaciones que podrían limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), afectando su libertad de asociación, autonomía y capacidad para recibir financiamiento. Estas iniciativas podrían generar burocracia excesiva, aumentar los gastos administrativos y dificultar el acceso a fondos, lo que pondría en riesgo su funcionamiento y su capacidad para actuar en beneficio de la comunidad. Además, las OSC enfrentarían una amenaza real de cierre. Esto no solo afecta a las organizaciones, sino que también debilita la capacidad del Estado para responder de manera efectiva y transparente a las necesidades de la ciudadanía17.
El ambiente hostil hacia TEDIC y otras OSC
Como se observó en nuestro artículo anterior del mes de julio18, nuestra organización TEDIC ha enfrentado un entorno cada vez más hostil.
Ha sido blanco de ataques difamatorios, durante una sesión del Congreso, una senadora lanzó acusaciones falsas contra la organización, sugiriendo que su financiamiento estaba vinculado a campañas proselitistas. Estos ataques no se limitaron al ámbito legislativo, sino que también se extendieron a los medios de comunicación, donde se publicó información errónea sobre el financiamiento de TEDIC, buscando desacreditar nuestro trabajo.
Así también, el Ministro del Tribunal Superior Electoral, también se mostró preocupado por la supuesta falta de transparencia de las ONG y acusó a TEDIC, indicando que sería importante que se sometiera al nuevos controlesporque supuestamente se tiene un acuerdo con el TSJE19, siendo que esta afirmación es falsa.
La situación actual subraya la urgente necesidad de proteger el espacio cívico en Paraguay y garantizar que las organizaciones puedan continuar trabajando sin temor a represalias o restricciones arbitrarias. La ley propuesta, en su forma actual, representa una amenaza para los derechos de las ONG y para la libertad de expresión en el país.
Es imperativo que se respete el derecho de las organizaciones a operar de manera libre e independiente, sin la imposición de controles desmesurados que puedan ser utilizados para amordazar la sociedad civil. El presidente de Paraguay, al promulgar la ley, solicitó que se inicie un proceso de reglamentación participativa con la colaboración del MEF y el Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP)20. Sin embargo, como se observa en todos análisis nacionales e internacionales de expertos y expertas, esta ley es inconstitucional.
Desde Paraguay, se solicita a la comunidad internacional a que siga atenta, custodiando y apoyando a las ONG de Paraguay en su lucha por defender los derechos fundamentales y por preservar un espacio cívico libre y abierto.
En TEDIC, nos mantenemos firmemente comprometidos con la defensa de los derechos humanos, la transparencia y el acceso a la información pública. Consideramos que, en un contexto de creciente uso de tecnologías invasivas de vigilancia por parte del Estado, como las cámaras de reconocimiento facial, es crucial que se garantice un marco legal que respete los derechos fundamentales de las personas. La implementación de estas tecnologías debe ser objeto de un escrutinio constante para prevenir vulneraciones al derecho a la intimidad, la privacidad y la libertad de expresión.
Con el objetivo de promover la transparencia en la rendición de cuentas en el uso de tecnologías de vigilancia invasivas por parte del Estado, desde TEDIC presentamos varios litigios estratégicos. El caso que se expone aquí, en particular se realizó con el apoyo de los abogados Ezequiel Santagada y Federico Legal de IDEA. Este litigio, iniciado en 20191, tuvo una sentencia parcialmente favorable en el año 2024 por parte de la Corte Suprema de Justicia. Este fallo constituye una victoria significativa para los Derechos Humanos y el acceso a la información.
Aunque la sentencia no resolvió directamente sobre el fondo de la cuestión, es decir, no se pronunció sobre la existencia o no de la transparencia en el uso de reconocimiento facial. Sin embargo, la resolución señala un aspecto importante: los tribunales de ambas instancias aplicaron erróneamente la ley, lo que resultó en una sentencia arbitraria. Este punto es fundamental, ya que la Sala Constitucional de la Corte confirma la validez de una Acordada que establece el procedimiento adecuado para el amparo de acceso a la información, lo cual constituye un avance positivo en la defensa de la transparencia y el derecho a la información.
Para contextualizar el caso, en el año 2018, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional de Paraguay a través del Sistema 911, instalaron en Asunción cámaras de vigilancia con tecnología biométrica (reconocimiento facial). Desde TEDIC solicitamos información sobre el uso de dicha tecnología vía acceso a la información pública para conocer las características del sistema de reconocimiento facial, los protocolos de uso, los posibles riesgos para los derechos humanos, así como detalles sobre las tasas de error de los algoritmos utilizados. Sin embargo, la respuesta obtenida fue insuficiente y evasiva, limitándose a argumentar que no podrían brindar la información por motivos de seguridad nacional. La importancia de este caso radica no solo en el acceso a la información solicitada, sino en los riesgos inherentes a la implementación de tecnologías de reconocimiento facial y otras herramientas de vigilancia de las comunicaciones2.
La resolución de la Corte genera una nueva oportunidad para que el Tribunal de Apelaciones resuelva de manera favorable, aplicando de manera correcta le ley y los estándares de derechos humanos sobre acceso a la información pública, la protección de la privacidad y la transparencia en el uso de la tecnología biométrica.
La siguiente decisión será fundamental para avanzar en estos derechos, dado que la utilización de cámaras de reconocimiento facial y la recopilación de datos biométricos presentan riesgos significativos para los derechos humanos.
1TEDIC. (16 de septiembre de 2019). ¿Quién vigila al vigilante? Reconocimiento Facial en Asunción. https://www.tedic.org/quien-vigila-al-vigilante-reconocimiento-facial-en-asuncion/
2TEDIC. (18 de julio de 2018). La enajenación continua de nuestros derechos. Sistemas de identidad: Biometría y cámaras de vigilancia no reguladas en Paraguay. https://www.tedic.org/la-enajenacion-continua-de-nuestros-derechos-sistemas-de-identidad-biometria-y-camaras-de-vigilancia-no-reguladas-en-paraguay/
En TEDIC trabajamos desde hace más de una década en la defensa de los derechos digitales, un compromiso que nos llevó en 2023 a convertirnos en socio de confianza (trusted partner) de Meta Inc., empresa responsable de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp. Esta alianza nos permite actuar rápidamente frente a amenazas de ciberseguridad que afectan a defensores de derechos humanos, como la recuperación de cuentas robadas, la eliminación de contenido dañino, la protección frente a suplantaciones de identidad y la seguridad de información sensible, fortaleciendo la protección digital de personas atacadas en razón de género o su labor en la defensa de derechos.
¿Por qué TEDIC apuesta por esta alianza?
La defensa de los derechos digitales es esencial para proteger los derechos humanos en la era digital. En TEDIC, somos la única organización en Paraguay reconocida como trusted partner de Meta, lo que nos permite tener un canal de comunicación directo con esta empresa para gestionar de manera eficiente casos críticos de seguridad digital. Esta alianza nos capacita para responder rápidamente a amenazas de ciberseguridad, influir en las políticas de las plataformas y garantizar que las voces de las/os usuarios vulnerables sean escuchadas y protegidas, promoviendo a su vez buenas prácticas de seguridad digital.
Casos de defensores en Paraguay
Desde que TEDIC se consolidó como socio de confianza de Meta, hemos apoyado de manera particular a más de quince defensores de derechos humanos en Paraguay, enfrentando y abordando distintos tipos de ataques cibernéticos. Durante 2024 acompañamos y resolvimos catorce casos. Estos incluyen agresiones dirigidas a seis activistas de derechos humanos, algunas de ellas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ+ y activistas feministas. Además, hemos intervenido en cuatro casos de ataques contra periodistas, comunicadores y sindicatos, y en dos casos de robo de cuentas de organizaciones culturales y artísticas.
Casos representativos
Para ilustrar la importancia de nuestra colaboración con Meta y cómo esta alianza impacta positivamente a defensores de derechos humanos, compartimos tres casos representativos de situaciones que hemos gestionado.
En uno de los casos más significativos, una activista sufrió un hackeo en Facebook, el cual expuso datos privados y puso en peligro su seguridad personal y la de su entorno. Gracias al canal de comunicación directo con Meta, pudimos actuar rápidamente, restaurando su cuenta y aplicando medidas adicionales para protegerla de futuros ataques.
Otro incidente notable fue el de una periodista que, tras investigar y denunciar irregularidades políticas, enfrentó el hackeo de su cuenta de Instagram. Este ataque comprometía su integridad, y la difusión de información de interés público. Con nuestra intervención, logramos restaurar su acceso y reforzar la seguridad de su perfil.
El tercer caso involucró a una activista de una organización campesina e indígena, víctima de un ataque de suplantación de identidad en Facebook, diseñado para desprestigiarla y desencadenar violencia digital de género. Nuestra intervención fue crucial para que Meta pudiera eliminar contenido dañino y restaurar la autenticidad de la cuenta de la activista, subrayando la efectividad de nuestra alianza en proteger a quienes defienden los derechos humanos en la esfera digital.
En TEDIC, reconocemos los derechos digitales como fundamentales para la protección de los derechos humanos. Nuestra alianza con Meta nos permite responder rápidamente a ataques cibernéticos, defendiendo voces que promueven justicia y derechos en entornos digitales. Creemos que la ciberseguridad protege y empodera, por ello, asumimos esta responsabilidad como un esfuerzo colectivo para garantizar un futuro digital donde la privacidad, la seguridad y la autonomía sean derechos para todas las personas.
Si sos periodista y/o defensor/a de derechos humanos y necesitas apoyo, escribinos a hola@tedic.org.
En un mundo donde la tecnología atraviesa cada aspecto de nuestra vida, la ciberseguridad se ha vuelto más que una medida de protección; es una forma de autonomía. Desde las pequeñas acciones cotidianas, como proteger nuestras contraseñas, hasta la defensa de activismos digitales frente a ataques sofisticados, el entorno digital plantea desafíos cada vez más complejos.
Con esto en mente, en TEDIC decidimos crear un espacio para abordar estos temas desde una perspectiva accesible y colectiva: la Semana de la Ciberseguridad. Durante tres días, del 29 al 31 de octubre, el Centro Cultural de España Juan de Salazar se convirtió en un punto de encuentro para personas con distintas trayectorias: activistas, periodistas, estudiantes, académicos y representantes de instituciones públicas. Cada uno trajo su perspectiva y sus preguntas, enriqueciendo un diálogo abierto sobre privacidad y protección digital.
Pero este evento no solo trató de amenazas y riesgos. Más bien, se centró en el empoderamiento. Las conversaciones giraron en torno a cómo podemos conocer mejor las tecnologías que usamos diariamente, cómo convertirnos en usuarios conscientes y cómo reclamar nuestros derechos en línea. La ciberseguridad, más que un escudo, se presentó como una herramienta para construir espacios digitales más seguros y justos.
En un ambiente de colaboración y aprendizaje, cada panel y taller fue una invitación a imaginar un futuro donde la tecnología esté al servicio de las personas, no al revés. Porque la ciberseguridad no es solo un acto de defensa; es un acto de autonomía y resistencia colectiva. A continuación te invitamos a un recorrido con lo más destacado de cada día.
Martes 29 de octubre – Hacia una estrategia de ciberseguridad colectiva
La jornada de tres días tuvo inicio el martes 29 de octubre con el lanzamiento de la investigación sobre ciberseguridad en defensoras y defensores de derechos humanos en Paraguay. Contamos con las destacadas participaciones de Paula Berruti Oficial de Derechos Humanos de la Oficina Regional para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Dante Leguizamón de la Coordinadora de Derechos Humanos en Paraguay y Mariela Cuevas de TEDIC, quienes nos brindaron hallazgos importantes sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en la era digital y riesgos a los que se encuentran expuestas en la actualidad.
También llevamos a cabo un panel sobre temas de actualidad en materia de ciberseguridad en Paraguay y testeo de herramientas blue team con referentes del sector gubernamental, el sector privado y sociedad civil en el ámbito de tecnología y derechos humanos, junto con una feria de TEDIC en la temática.
Contamos con las destacadas ponencias:
Actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2024-2028 por Diana Valdez del Dirección General de Ciberseguridad CERT-PY – MITIC
Privacidad, encriptación y filtrado en internet por Raul Querey de Internet Society Capítulo Paraguay
Conceptos y consejos sobre ciberseguridad por Paola Brizuela de BTC Consulting
Ciberseguridad en activismos y testeo de herramientas blue team Wazuh y PiRogue por Lupa de TEDIC
Se discutieron buenas prácticas de ciberseguridad en pos de sensibilizar sobre la necesidad de fortalecer regulaciones y políticas en torno a la ciberseguridad y la privacidad digital. Asimismo, se abordó la protección de datos en redes sociales, los derechos de privacidad en línea y la importancia de la alfabetización digital para prevenir amenazas cibernéticas. Las personas participantes pudieron aprender técnicas para proteger sus dispositivos, datos personales y redes, además de conocer sobre las herramientas blue team y software que refuerzan la seguridad en línea.
Miércoles 30 de octubre – Salud mental y su vínculo con la tecnología
El segundo día se adentró en un tema menos explorado pero igual de crucial: la conexión entre la ciberseguridad y la salud mental. Activistas que trabajan en contextos de alto riesgo enfrentan no solo ciberataques, sino también el impacto psicológico que estos conllevan.
Maricarmen Sequera abrió el taller compartiendo recursos de la campaña Mente en Línea, profundizando en cómo el tecnoestrés afecta nuestro comportamiento y bienestar. Luego, Raquel Samudio ofreció una perspectiva psiquiátrica, mientras que Montserrat Vera de Psicofem brindó herramientas prácticas desde la psicología para mitigar los efectos negativos de la tecnología.
Este día no solo fue un espacio de aprendizaje, sino también de cuidado colectivo. Las personas participantes reflexionaron sobre cómo la seguridad digital no es solo un acto técnico, sino una estrategia de autocuidado y resiliencia frente a la presión constante del entorno digital.
Jueves 31 de octubre – La ciberseguridad como aliada del periodismo
Durante la tarde del día jueves nos dedicamos a dar cierre a la semana de la ciberseguridad con una presentación de directrices interseccionales de género para protección de seguridad digital y un taller de seguridad digital dirigido a periodistas.
Contamos con las destacadas participaciones de Mariela Cuevas de TEDIC y Santiago Ortiz del Sindicato de Periodistas del Paraguay para introducir la importancia de la seguridad digital en la labor periodística.
Las directrices presentadas fueron:
Protección digital frente al crimen organizado por Maricarmen Sequera de TEDIC
Seguimiento y documentación de las agresiones contra periodistas por Ruth Benítez del Sindicato de Periodistas del Paraguay
¿Cómo visibilizar casos de violencias? Uso de casos emblemáticos en la promoción por Lourdes Cano y Montserrat Berro del Sindicato de Periodistas del Paraguay
Litigar casos de violencia a periodistas con perspectiva de género por Alejandro Vera
Seguidamente realizamos un taller práctico de seguridad digital dirigido a periodistas de la mano de Lupa de TEDIC. Brindamos técnicas esenciales para proteger los dispositivos, datos personales y redes, además de conocer sobre herramientas y software que refuerzan la seguridad en línea.
¿Qué sigue? Protegernos es un compromiso colectivo
Durante tres días, personas de diferentes sectores compartieron conocimientos, reflexionaron colectivamente y trazaron el camino hacia un entorno digital más seguro y equitativo.
La ciberseguridad no se trata únicamente de protegernos de amenazas; es un medio para empoderarnos, para tomar control de nuestras herramientas y defender nuestros derechos en el entorno digital. En TEDIC, creemos que esta responsabilidad es colectiva, y agradecemos a todas las personas y organizaciones que se sumaron a esta misión.
Seguiremos trabajando colectivamente para construir un futuro digital donde la privacidad, la seguridad y la autonomía sean un derecho de todas las personas.
Desde TEDIC agradecemos a todas las personas y organizaciones que nos acompañaron en estos tres días de aprendizaje en ciberseguridad. Gracias a las personas voluntarias, talleristas, ponentes y a todo el equipo que hizo posible la semana de la ciberseguridad.
La violencia de género facilitada por la tecnología (TFGBV, por sus siglas en inglés) es un reflejo de las violencias estructurales que enfrentan las mujeres en la sociedad. Lejos de ser un fenómeno aislado, es una continuación y exacerbación de las desigualdades y formas de violencia ya presentes en los entornos físicos. La investigación “Violencia de género facilitada por la tecnología a mujeres políticas en Paraguay” buscó explorar cómo estas formas de violencia se amplifican en el espacio digital, especialmente hacia las mujeres políticas en Paraguay, donde las dinámicas de poder, género y política se entrelazan para crear un entorno hostil que afecta tanto su vida profesional como personal.
Este estudio nació como respuesta a la escasez de información y conciencia sobre la violencia de género facilitada por la tecnología en el ámbito político paraguayo. Su objetivo principal fue realizar un estudio exploratorio que genere evidencia basada en datos empíricos frente a la falta de información disponible. La investigación también buscó comprender no solo las distintas manifestaciones de la violencia digital, sino también los perfiles de los perpetradores y las estructuras que permiten que esta violencia persista.
Al visibilizar estos fenómenos, este trabajo pretende sumarse a otros trabajos que se vienen realizando por periodistas, organizaciones e investigadoras feministas para desarrollar políticas públicas y soluciones efectivas que permitan prevenir y mitigar esta forma de violencia en Paraguay, reconociendo su complejidad y su intersección con otras formas de discriminación, como el racismo y la violencia por orientación sexual.
La VGFT y sus diversas manifestaciones según el contexto
Esta investigación se enfocó en entender los patrones específicos de la violencia de género facilitada por la tecnología a mujeres políticas en el contexto paraguayo, donde las dinámicas políticas y sociales locales influyen de manera directa en cómo se manifiesta esta violencia. A través de entrevistas y grupos focales con mujeres políticas del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, obtuvimos una representación diversa sobre cómo se identifica, manifiesta, mitiga y resuelve la violencia sistemática que mujeres políticas enfrentan a través del uso de la tecnología en el ejercicio del poder.
El enfoque interseccional fue clave en esta investigación, reconociendo que las mujeres políticas en Paraguay enfrentan violencia no solo por su género, sino también por su raza, clase, orientación sexual y otros marcadores sociales. Esto permite una comprensión más profunda e integral del problema.
Tipos de violencia y sus perpetradores
De los 21 tipos de violencia digital identificados previamente por TEDIC, esta investigación encontró que 8 se manifestaron con mayor frecuencia entre las mujeres políticas paraguayas:
Acoso en línea: Comentarios ofensivos relacionados con su imagen y capacidad.
Doxxing: Difusión de información privada sin consentimiento.
Desinformación: Difusión de rumores y tergiversación de palabras para deslegitimar a las mujeres.
Difusión no consentida de imágenes íntimas: Exposición de fotos privadas para humillar.
Acoso coordinado: Ataques organizados por grupos con intereses políticos.
Monitoreo o vigilancia no autorizada: Seguimiento de sus actividades en línea.
Difamación: Propagación de mentiras que dañan su reputación.
Discursos de odio: Lenguaje que denigra su identidad y capacidad política.
Asimismo, se identificaron 12 tipos de perpetradores, que van desde políticos rivales, trolls y bots, medios de comunicación, hasta grupos antiderechos y organizaciones criminales. En muchos casos, estos perpetradores operan con impunidad, y las mujeres políticas se encuentran sin mecanismos institucionales eficaces para protegerse.
Impacto de la violencia: La autocensura y el miedo como consecuencias
La violencia de género facilitada por la tecnología tiene un impacto directo en la vida de las mujeres políticas. A nivel psicológico, provoca miedo, estrés, ansiedad y tristeza. Muchas mujeres optan por autocensurarse para evitar el constante hostigamiento en línea, lo que limita su derecho a la libertad de expresión y afecta su capacidad de participar plenamente en la vida política.
Además, la escalada de la violencia en línea hacia amenazas físicas es una realidad alarmante. En algunos casos, las mujeres políticas han tenido que vivir en alerta constante, temiendo por su seguridad e integridad física. Uno de los ejemplos más notables es el de la ex senadora Kattya González, quien recibió amenazas de muerte como parte de las campañas digitales organizadas contra ella, lo que resultó en la pérdida de su curul legítimamente ganado.
La necesidad de un marco legal integral y específico
Las mujeres políticas paraguayas destacan la importancia de la Ley N.º 5777/16 contra toda forma de violencia hacia las mujeres, que ha permitido establecer políticas y estrategias para prevenir, sancionar y reparar la violencia hacia la mujer. Esta ley ha sido fundamental al tipificar el feminicidio como delito y ofrecer medidas de atención y protección tanto en el ámbito público como privado. Sin embargo, a pesar de estos avances, las mujeres entrevistadas señalan la necesidad de ampliar y mejorar su implementación para hacer frente a las violencias específicas que ellas experimentan en el ámbito político.
En este sentido, las entrevistadas subrayan que si bien la ley ofrece una base importante, muchas mujeres desconocen su contenido o carecen de acceso a los mecanismos para activar su protección de manera efectiva. Existe una necesidad urgente de crear Juzgados especializados que permitan una implementación más adecuada y que cuenten con profesionales capacitados en cuestiones de género y violencia digital. Además, indicaron que la capacitación de operadores de justicia sigue siendo un desafío, ya que la interpretación y aplicación de la ley depende muchas veces de criterios individuales, lo que debilita su efectividad.
Además de fortalecer la Ley 5777/16, las mujeres políticas identificaron la necesidad de una legislación específica que aborde la violencia digital dirigida hacia ellas, en tanto que esta forma de violencia sigue siendo desestimada o mal comprendida por las instituciones. Una ley específica permitiría sancionar a los perpetradores, fortalecer la protección de las víctimas y establecer políticas públicas que se enfoquen en la violencia digital contra las mujeres en el ámbito político.
Es urgente formular políticas basadas en evidencia que no solo reconozcan y protejan a las víctimas, sino que también aborden las dinámicas de poder y a los perpetradores que perpetúan esta violencia. La falta de respuestas institucionales no solo afecta a las mujeres que ya están en el poder, sino que también desincentiva la participación de otras mujeres en la política, debilitando la democracia en su conjunto.
Finalmente, las mujeres políticas entrevistadas sugieren que cualquier legislación sobre violencia digital debe incluir un diálogo amplio con múltiples actores, desde plataformas digitales hasta el sistema judicial y la sociedad civil, con el fin de garantizar que las medidas implementadas sean efectivas sin restringir indebidamente las libertades de expresión.
Un llamado a la acción
Esta investigación hace un llamado a todos los actores sociales y políticos de Paraguay a trabajar de manera conjunta para combatir la violencia de género facilitada por la tecnología. Es crucial que se reconozca esta forma de violencia como una amenaza real a la democracia y que se implementen medidas eficaces para prevenir y sancionar estos actos.
Es fundamental que las plataformas digitales, la sociedad civil y los poderes del Estado trabajen de manera coordinada para garantizar un entorno seguro, tanto en línea como fuera de ella, para que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos sin temor a represalias o violencia.
Conocé más sobre la investigación haciendo clic en el enlace de descarga.
En los últimos años, Paraguay ha incrementado el uso de cámaras de vigilancia en eventos deportivos y espacios públicos. La Ley 7269/2024 introduce medidas que incluyen la recolección de datos biométricos, como el reconocimiento facial, de todas las personas que asistan a eventos deportivos, sin distinción entre quienes participan en actos violentos y el resto de las personas asistentes1. Esta ley, tratada en menos de un año y sin suficiente debate legislativo, refleja una falta de consulta con las personas afectadas, personas expertas en derechos digitales y organizaciones de la sociedad civil.
Desde TEDIC, expresamos profundas preocupaciones ante una ley que permite y fomenta la recolección masiva de datos biométricos, considerados datos personales sensibles, sin establecer criterios claros. Esta situación pone en peligro el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la presunción de inocencia, lo que podría tener graves consecuencias para las personas aficionadas al deporte. Esto es especialmente alarmante en un país que carece de una ley integral de protección de datos personales y que ha implementado recientemente tecnología de vigilancia biométrica masiva sin transparencia, rendición de cuentas ni una adecuada perspectiva de derechos humanos.
Los datos biométricos se consideran datos sensibles porque incluyen características físicas o de comportamiento únicas que identifican a una persona de manera inequívoca, como las huellas dactilares, el rostro, la geometría de las manos, entre otros aspectos físicos de una persona. El reconocimiento facial, una forma específica de biometría, convierte rasgos faciales en un conjunto de datos digitales que puede ser almacenado y comparado, lo que plantea riesgos de seguimiento y vigilancia sin consentimiento. Al ser datos únicos e irreemplazables, no pueden ser modificados o reemplazados como sucede con las contraseñas o las tarjetas de crédito, lo que plantea preocupaciones graves. Esto significa que, si estos datos se filtran o hackean, las consecuencias podrían ser irreversibles para las personas afectadas, como ya sucedió en Paraguay en 2023 con una base de datos de la Policía Nacional2.
Uno de los elementos más preocupantes de esta ley es la falta de transparencia en la gestión de los datos biométricos y la posibilidad de su uso con fines comerciales por parte de actores privados o para la vigilancia indiscriminada, ignorando por completo el consentimiento informado y sus derechos de las personas espectadoras. Además, el riesgo de abuso aumenta, ya que la implementación de estas tecnologías podría emplearse de manera discrecional, sin las garantías necesarias para la protección de los derechos humanos.
Cronología de la Ley 7269/2024 y los intereses empresariales detrás de su implementación
El proyecto de Ley «de prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte», presentado el 8 de junio de 2023 por diputados oficialistas, avanzó rápidamente en el Congreso, siendo aprobado en Diputados en septiembre de 2023, modificado en el Senado en marzo de 2024 y finalmente sancionado el 17 de abril de 2024. Fue promulgado por el presidente Santiago Peña el 11 de junio de 2024, en un proceso de tratamiento acelerado y sin consulta con personas expertas en derechos digitales o la sociedad civil. En contraste, el proyecto de Ley Integral de Protección de Datos Personales, introducido en 2021 por la Coalición de datos personales de Paraguay, sigue sin tratarse3.
Paralelamente, en enero de 2024, el Ministerio del Interior (MDI) y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) anunciaron haber firmado un convenio para implementar sistemas de seguridad con reconocimiento facial en los estadios4. Sin embargo, un pedido de acceso a la información realizado al MDI por TEDIC reveló que este acuerdo no fue firmado, sin que se registren explicaciones públicas al respecto5.
La empresa ITTI SAECA, parte del Grupo Vázquez6 y relacionada con el actual Presidente de la República -quién había revelado tener acciones y bonos de la misma-, jugó un papel clave en la implementación de estas tecnologías7. La empresa ITTI firmó un convenio con la Secretaría Nacional de Deportes (SND) en octubre de 2023, meses antes de la promulgación de la ley, por un valor de 1.733.000 USD, según revela un pedido de acceso a la Información pública realizado por el periodista Josué Congo8. Estos convenios incluían la instalación de tecnologías de videovigilancia y sistemas biométricos para gestionar los datos de las personas asistentes a eventos deportivos, para analizar el comportamiento y usar los datos para inteligencia financiera. Al mismo tiempo, UENO, una marca del Grupo Vázquez, se convirtió en patrocinador oficial de la APF y varios clubes de fútbol, coincidiendo con el tratamiento legislativo.
El Grupo Vázquez controla además Red UTS, emisora de entradas para eventos deportivos, y el banco UENO, que patrocina la selección paraguaya de fútbol. Esta relación entre actores privados y el Estado, sumada a la presencia de legisladores con vínculos en el deporte vinculados a la promoción durante su tratamiento, plantea preocupaciones sobre los posibles intereses comerciales detrás de la aprobación de la Ley 7269/2024.
El riesgo de censura en los estadios: una amenaza a la libertad de expresión
Uno de los aspectos más alarmantes de la Ley 7269/2024 es su potencial uso como herramienta de censura. El Artículo 2, inciso h) define como conductas violentas
» (…) las ofensas al honor y a la deportividad a través de palabras o gestos injuriosos» y la «discriminación o ultraje a una persona o grupos de personas».
Si bien estas disposiciones buscan mantener el orden en los eventos deportivos, la redacción vaga y amplia permite interpretaciones discrecionales que podrían restringir severamente la libertad de expresión.
El Artículo 18 añade sanciones para quienes exhiban pancartas o canten consignas que:
» (…) inciten a la violencia, discriminación o promuevan ofensas al honor y a la deportividad».
La formulación de la ley recientemente aprobada, más allá de combatir la violencia en el deporte, podría llevar a la censura de expresiones legítimas de crítica social, política o deportiva, como cánticos en contra de directivos de clubes o pancartas con mensajes políticos al extender la sanciones a críticas, por ejemplo, contra figuras públicas. En consecuencia, las personas aficionadas corren el riesgo de ser sancionados de manera desproporcionada, con sanciones administrativas y penas que pueden incluir la prohibición de asistir a eventos deportivos por hasta 10 años.
Una discusión legal: urgente y necesaria
El uso del reconocimiento facial en los estadios de fútbol paraguayos, promovido por la Ley 7269/2024, obliga a promover un debate intenso sobre su constitucionalidad y su impacto en los derechos fundamentales de la población. Si bien la ley busca combatir la violencia en los eventos deportivos, la implementación de esta tecnología plantea serias preocupaciones desde el punto de vista del derecho penal, la protección de la privacidad, la libertad de expresión, y el derecho a la no discriminación.
Legalidad
Desde un punto de vista constitucional, la Constitución Nacional de Paraguay establece en su Artículo 33 que la vida privada de las personas es inviolable y que cualquier injerencia en la intimidad debe estar fundamentada por la ley, y en casos excepcionales, debe contar con una orden judicial previa9. Esto responde al principio de legalidad, que es fundamental en el derecho penal. El artículo 200 del Código Procesal Penal de Paraguay señala que cualquier intervención en las comunicaciones, como el uso de tecnologías de vigilancia – en este caso masiva-, debe ser autorizada judicialmente y debe ser de carácter excepcional. Sin embargo, la Ley 7269/2024 delega al Ministerio del Interior la facultad de implementar sistemas de videovigilancia sin la supervisión judicial adecuada, violando así las garantías constitucionales básicas. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido en su Opinión Consultiva OC-5/85 que cualquier medida que afecte los derechos fundamentales debe estar ‘prevista por la ley’ y ser ‘necesaria en una sociedad democrática’10.
Proporcionalidad
El principio de proporcionalidad es otro elemento clave que la Ley 7269/2024 ignora. En el ámbito internacional, la Observación General 34 del Comité de Derechos Humanos de la ONU señala que cualquier limitación a los derechos fundamentales, como la privacidad o la libertad de expresión, debe ser proporcional y estar basada en la necesidad de alcanzar un fin legítimo11. En este sentido, el uso de tecnologías como el reconocimiento facial debe justificarse por su necesidad y eficacia en relación con los problemas que pretende resolver. Sin embargo, las estadísticas demuestran que la efectividad de esta tecnología para prevenir la violencia en los estadios es limitada. Los datos recopilados por TEDIC muestran que, de las más de 1641 cámaras instaladas en todo el país a 2024, solo se generaron cuatro alertas de reconocimiento facial durante todo el 202312. Esto no solo pone en duda la efectividad de la tecnología, sino que también plantea interrogantes sobre su necesidad, especialmente cuando existen otras medidas menos intrusivas para garantizar la seguridad en los estadios.
Necesidad
El derecho penal establece que cualquier medida que interfiera con los derechos de las personas debe cumplir con el principio de necesidad. En el caso del reconocimiento facial, no se ha demostrado que sea indispensable para prevenir la violencia, ni se ha explorado la posibilidad de aplicar alternativas menos invasivas que respeten mejor los derechos de las personas. Como señala la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11.2, toda injerencia en la vida privada debe ser proporcionada y necesaria, lo que implica que las autoridades deben demostrar que no existe otra medida menos restrictiva para alcanzar el mismo fin13. En este caso, no se ha realizado ninguna evaluación de impacto que justifique la necesidad de esta tecnología, lo que refuerza la crítica de que su uso es desproporcionado y no cumple con los principios de legalidad y necesidad.
Censura
Desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, la Ley 7269/2024 también presenta graves vulneraciones. a Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, han abordado en diversos informes cómo la vigilancia puede tener un efecto disuasorio o «chilling effect» en el ejercicio de la libertad de expresión14.
El «chilling effect» se refiere a la autocensura que surge cuando las personas, conscientes de que están siendo observadas o vigiladas, se inhiben de ejercer su derecho a expresarse libremente por temor a represalias o a ser sancionadas. Este tipo de vigilancia afecta especialmente a periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos, cuyos trabajos dependen de su capacidad para comunicarse libremente sin miedo a la interferencia o el monitoreo.
Las personas pueden verse disuadidas de expresar sus opiniones o participar en manifestaciones legítimas por temor a ser identificadas y sancionadas. En el contexto de los estadios de fútbol, donde los cánticos y pancartas forman parte de la cultura de protesta y crítica social, el uso de tecnologías de reconocimiento facial puede ser utilizado para criminalizar expresiones legítimas de descontento. En tal sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, garantiza la libertad de pensamiento y expresión, prohibiendo cualquier forma de censura previa15.
Vigilancia masiva ilegal
Es importante destacar que el derecho a la protesta y a la libre expresión en espacios públicos es un componente esencial de cualquier sociedad democrática. El uso del reconocimiento facial en estos contextos no solo inhibe la participación ciudadana, sino que también abre la puerta a la vigilancia masiva ilegal, al no existir mecanismos claros de control y supervisión judicial sobre el uso de estos datos. La Relatoría Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la ONU ha advertido que la recolección masiva de datos biométricos (reconocimiento facial y gestos), sin las salvaguardas adecuadas, puede ser utilizada para perseguir a personas por sus opiniones políticas, violando de esta forma el derecho a la libertad de pensamiento16.
Discriminación
Otro aspecto preocupante de la Ley 7269/2024 es la discriminación inherente en la implementación del reconocimiento facial. Estudios realizados por instituciones como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de los Estados Unidos de América han demostrado que los algoritmos de reconocimiento facial tienden a ser menos precisos en personas de piel oscura y en mujeres17. Esto crea un riesgo de discriminación estructural, ya que las personas pertenecientes a minorías étnicas o de género son más propensas a ser mal identificadas, lo que puede llevar a su criminalización injusta. Esta discriminación contraviene no solo la Constitución Nacional, que en su Artículo 46 prohíbe cualquier forma de discriminación, sino también tratados internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en sus artículos 1, 2, 3 y 1518.
Falta de protección de datos personales
Desde una perspectiva más técnica, la falta de una regulación clara y específica para el tratamiento de datos biométricos en Paraguay agrava la situación. Actualmente, no existe una ley de protección de datos personales que establezca salvaguardas adecuadas para el uso de estas tecnologías con una autoridad contralora de abusos que puedan ser cometidos tanto por actores públicos como privados, cómo serían los mismos clubes de futbol. La Ley 6534/2020, que regula la protección de datos crediticios, ofrece algunas disposiciones sobre el tratamiento de datos personales, pero no es suficiente para abordar los riesgos específicos que plantea el reconocimiento facial. En este sentido, el Comité Jurídico Interamericano (CJI) de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha recomendado que cualquier uso de datos personales sensibles, como los datos biométricos, debe ser estrictamente regulado, y que las personas deben tener el derecho de otorgar o retirar su consentimiento en cualquier momento19.
El reconocimiento facial a nivel global: una tecnología ineficaz y peligrosa
En los últimos años, el uso de tecnologías de reconocimiento facial ha crecido en eventos deportivos alrededor del mundo. Sin embargo, la evidencia demuestra que esta tecnología no garantiza mayor seguridad ni una reducción efectiva de la violencia. Además, genera preocupaciones significativas sobre la precisión en su funcionamiento y afectaciones a los derechos humanos.
Un caso emblemático se dio en la final de la Champions League en Cardiff, Reino Unido, en 2017, donde el sistema de reconocimiento facial generó 2297 falsos positivos de 2470 coincidencias posibles20. Este elevado número de errores mostró la falta de fiabilidad de esta tecnología y generó críticas sobre su implementación en eventos de gran escala.
Otro ejemplo se dio durante la Copa América 2019 en Brasil, donde varios aficionados inocentes fueron erróneamente identificados y añadidos a listas de alerta, exponiendo los peligros de confiar en esta tecnología para la seguridad de eventos masivos21
En México, donde se implementó de manera obligatoria el reconocimiento facial en todos los estadios tras los violentos incidentes en el estadio de La Corregidora, no se ha observado una disminución significativa de la violencia22. El sistema Fan ID, utilizado para gestionar la identificación biométrica de asistentes a los estadios, ha generado preocupaciones sobre la privacidad y el mal manejo de los datos personales por parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).
En Chile, por ejemplo, la hinchada «Garra Blanca» del Club Colo Colo ha expresado su preocupación frente a posibles abusos en el tratamiento de los datos personales y la posible criminalización de la protesta social mediante el uso de estas tecnologías, instando a oponerse al registro biométrico voluntario23.
En Europa, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha dictaminado que el uso de sistemas de reconocimiento facial en los estadios es altamente intrusivo para los derechos de las personas y ha advertido que esta tecnología no cumple con los principios de proporcionalidad y necesidad24. Según la AEPD, existen alternativas menos invasivas para garantizar la seguridad en los eventos, lo que ha llevado a prohibir el uso de esta tecnología en España25.
Conclusión
La implementación del reconocimiento facial en los estadios de fútbol de Paraguay, bajo el marco de la Ley 7269/2024, supone un desafío significativo para la protección de los derechos fundamentales. A pesar de los objetivos proclamados de garantizar la seguridad y prevenir la violencia en eventos deportivos, la normativa adolece de fallas estructurales que la convierten en una amenaza desproporcionada para la privacidad, la libertad de expresión y la no discriminación. El uso de datos biométricos sin un marco de protección adecuado y sin la supervisión judicial requerida expone a las personas a riesgos de vigilancia masiva, abuso de poder y posibles violaciones a sus derechos humanos.
En un contexto global donde múltiples ejemplos internacionales ya han evidenciado los peligros inherentes a la tecnología de reconocimiento facial, desde errores técnicos hasta discriminación estructural, Paraguay se encuentra en un punto crucial. El país carece de una legislación integral de protección de datos personales y de mecanismos efectivos para controlar el uso indebido de esta tecnología. Esto plantea interrogantes sobre la constitucionalidad de la ley y su coherencia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia Constitución Nacional.
Es imperativo que el Estado paraguayo promueva una revisión exhaustiva de la Ley 7269/2024, asegurando que cualquier medida que implique la recolección de datos biométricos cumpla con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, tal como lo han indicado la CIDH, la ONU y otros organismos internacionales. El debate legislativo debe incluir a la sociedad civil y expertos en derechos digitales, quienes ya han advertido sobre los riesgos de esta tecnología cuando se utiliza sin las garantías necesarias, además de acelerar el tratamiento del proyecto de ley integral de protección de datos personales.
De lo contrario, la implementación de esta ley no solo tendrá un impacto negativo en los derechos individuales de personas aficionadas al deporte, sino que podría sentar un precedente peligroso para la adopción de tecnologías de vigilancia masiva en otros sectores de la vida pública. Los costos, tanto en términos de recursos públicos como de confianza ciudadana, serán demasiado altos si no se adoptan medidas correctivas ahora.
Recomendaciones
Evaluación de la puesta en vigencia de la ley: Instamos al Poder Ejecutivo a evaluar cuidadosamente la puesta en vigencia de la Ley 7269/2024. Esta evaluación debe incluir un análisis exhaustivo de los riesgos para los derechos humanos y considerar alternativas menos invasivas antes de implementar tecnologías de vigilancia masiva.
Proceso de reglamentación participativo: Es imprescindible que cualquier reglamentación de esta ley se realice mediante un proceso público, inclusivo y que incorpore las voces de las organizaciones de la sociedad civil, expertos en derechos digitales y representantes de la población afectada, como son los grupos de hinchas organizados. Solo un enfoque participativo y transparente garantizará que los derechos de todas las personas estén protegidos.
Evaluación de impacto en derechos humanos: Antes de la implementación de tecnologías de vigilancia, se debe realizar una evaluación de impacto en derechos humanos que garantice que estas tecnologías no vulneren derechos fundamentales, especialmente los de los grupos más vulnerables, como infancias y adolescentes.
Transparencia total: Exigimos total transparencia en el uso de tecnologías de reconocimiento facial y otros sistemas de vigilancia. Es esencial que se establezcan mecanismos claros para auditar el uso de los datos biométricos y asegurar que no sean utilizados con fines comerciales o de vigilancia indiscriminada. Todos los clubes, entidades privadas y públicas deben transparentar e informar a las personas afectadas los contratos y términos legales que vinculan el uso de sus datos personales sensibles.
Garantías para la protección de datos personales: La protección de los datos biométricos debe ser una prioridad. Es crucial que se establezcan medidas claras para salvaguardar la privacidad de los asistentes a eventos deportivos, evitando que el tratamiento de datos personales sensibles sea obligatorio para todas las personas. La recolección de datos biométricos debe ser estrictamente limitada a lo necesario para garantizar la seguridad siempre que esta política sea respaldada en base a evidencia y estudios de impacto a los derechos humanos.
Aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales: Antes de implementar la Ley 7269/2024, el Congreso debe acelerar la aprobación del Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales actualmente en discusión en la Cámara de Diputados. Solo con un marco legal adecuado se podrá garantizar que el uso de tecnologías biométricas respete los derechos de la población.
Una campaña para concienciar
Visitá la web conmicarano.tedic.orgdescargá el fanzine de la campaña
Para más información sobre las consecuencias de la vigilancia masiva en el deporte, desde TEDIC promovemos la campaña Con Mi Cara No, que busca informar y brindar herramientas a las personas interesadas, en especial a hinchas de fútbol, sobre el uso del reconocimiento facial en los estados, las implicancias de la ley contra la violencia en el deporte recientemente aprobada y los riesgos de su implementación en Paraguay. El sitio web con toda la información se encuentra disponible en conmicarano.tedic.org.
Desde TEDIC queremos que las y los hinchas sean conscientes de la situación, a modo de avanzar colectivamente, junto con la sociedad civil y la comunidad técnica, en la exigencia del respeto a nuestros datos personales y nuestra privacidad.
¿Querés conocer más? Visitá el blog de la campaña #ConMiCaraNo o descargá el fanzine.
3 TEDIC. (2024). Última versión del proyecto de ley de datos personales en Paraguay: Un trabajo colectivo y participativo. https://www.tedic.org/ultima-version-del-proyecto-de-ley-de-datos-personales-en-paraguay/
4 Market Data. (2024, enero 23). Pagos digitales en los estadios y reconocimiento facial anti vandalismo, en busca de más seguridad en el deporte. MarketData. https://marketdata.com.py/noticias/nacionales/pagos-digitales-en-los-estadios-y-reconocimiento-facial-anti-vandalismo-sectores-publico-y-privado-buscan-mas-seguridad-en-el-deporte-127768/
5 Portal Unificado de Acceso a la Información Pública. (2024). Solicitud #84930. Solicitud de acuerdo entre la Asociación Paraguaya de Futbol (APF) y el Ministerio del Interior (MDI). https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/ciudadano/solicitud/84930
7 El Urbano. (2024). Declaraciones Juradas de Santiago Peña muestran inconsistencias. https://elurbano.com.py/declaraciones-juradas-de-santiago-pena-muestran-inconsistencias/
8 Portal Unificado de Acceso a la Información Pública. (2024). Solicitud #83985. Acuerdo de patrocinio entre la SND y ITTI. https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/ciudadano/solicitud/83985
9 Convención Nacional Constituyente. (1992). Constitución Nacional de Paraguay. Convención Nacional Constituyente.
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85, Serie A N.º 5 (1985).
11 Naciones Unidas. (2011). Observación general no 34. Artículo 19: Libertades de opinión y expresión. https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
12 Datos recogidos a partir de informes de rendición de cuentas de la Policía Nacional. La cantidad exacta de cámaras implementadas fue recogida tras un informe remitido por la institución en cumplimiento del Corte Suprema de Justicia (2024). Acuerdo y sentencia N.º 2. Tribunal de Apelación de Feria. Juicio “Leonardo Gómez Berniga c/ Policía Nacional s/ Amparo”. Año 2023 N.º 395”. Disponible en: https://www.pj.gov.py/descargas/transparencia/ID214F2-65e8627302a1d-a-y-s-n-02-de-fecha-15-de-enero-de-2024.pdf
13 Organización de Estados Americanos. (1978). Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
14 Véase, por ejemplo, el Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue (A/HRC/23/40); el Informe de la CIDH (OEA/Ser.L/V/II.149); y el informe del Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci (A/HRC/31/64).
19 Organización de los Estados Americanos. Departamento de Derecho Internacional. Secretaría de Asuntos Jurídicos. (2023). Principios actualizados sobre la privacidad y la protección de datos personales. Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos. https://www.oas.org/es/sla/cji/docs/Publicacion_Proteccion_Datos_Personales_Principios_Actualizados_2021.pdf
23 Garra Blanca Oficial (2024). Publicación en Instagram del 19 de julio: https://www.instagram.com/p/C9n6Sk-uOLe/utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA
Desde TEDIC, en colaboración con el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y con el apoyo del Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de la UNESCO, te invitamos a participar en el curso virtual «S.O.S Periodista: Protección digital de periodistas frente a nuevas amenazas», que se llevará a cabo del 20 al 27 de septiembre de 2024.
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Fechas importantes
Inicio de inscripciones: 16 de septiembre.
Cierre de inscripciones: 19 de septiembre de 2024
Inicio del curso: 20 de septiembre de 2024
Finalización del curso: 27 de septiembre de 2024
Publicación de personas seleccionadas: 19 de septiembre de 2024
Agenda del curso
A continuación vas a encontrar la agenda detallada del curso con las fechas, horarios y docentes de las clases. Para inscribirte completá este formulario.
N.º de clase
Día
Hora
Nombre de la clase
Docente
1
Viernes, 20 de septiembre
18:00 – 18:45
Apertura del curso. Palabras de bienvenida. Presentación del curso. Presentación de la plataforma virtual y los requisitos.
Maricarmen Sequera (TEDIC), Santiago Ortíz (SPP), Rosa González (UNESCO)
2
Viernes, 20 de septiembre
18:45 – 20::15
«Investigación periodística en tiempos de riesgo: estrategias para la seguridad»
Susana Oviedo, periodista del diario Última Hora
3
Lunes, 23 de septiembre
18:00 – 19:30
«Nuevas narrativas: cómo contar historias en la era digital»
Eliezer Budasoff, Radio Ambulante Estudios
4
Lunes, 23 de septiembre
19:30 – 21:00
«Desafíos regulatorios frente a la censura digital, las plataformas digitales y la sostenibilidad de los medios»
Maricarmen Sequera – TEDIC
5
Martes, 24 de septiembre
18:00 – 19:30
«Herramientas digitales para la protección: contraseñas, 2FA y cifrado»
Lupa, TEDIC
6
Martes, 24 de septiembre
19:30 – 21:00
Taller práctico para instalación de aplicaciones seguras
Lupa, TEDIC
7
Miércoles, 25 de septiembre
18:00 – 19:30
«Protección de fuentes y periodistas: lecciones de Forbidden Stories»
Phineas Rueckert, Forbidden Stories
8
Miércoles, 25 de septiembre
19:30 – 21:00
«IA como Bien Público: Garantizando el control democrático de la IA en el espacio de la Información»
Natalia Zuazo, Agencia Salto
9
Jueves, 26 de septiembre
18:00 – 19:30
«Combatiendo la violencia de género digital en Paraguay: Investigaciones y estrategias»
Mariela Cuevas, TEDIC
10
Jueves, 26 de septiembre
19:30 – 21:00
«Organización gremial para la protección a periodistas: Proyecto de Ley de Protección a Periodistas»
Santiago Ortíz, SPP
11
Viernes, 27 de septiembre
18:00 – 19:30
Panel-debate: «Desafíos del periodismo: Regulación económica de las plataformas digitales para la diversidad y el pluralismo en Internet”
Juan Pablo Madrid-Malo, FLIP Maricarmen Sequera, TEDIC Modera: Mariela Cuevas, TEDIC
¿Cómo participar?
El proceso de inscripción está abierto desde el 16 hasta el 19 de septiembre de 2024. Solo serán seleccionadas 100 personas y se otorgarán certificados de participación a quienes completen el curso y la evaluación final.
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Este curso es realizado en alianza con el Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP), con el apoyo del Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de la UNESCO.
En Paraguay, la economía de plataformas1 está en pleno crecimiento, con miles de personas utilizando plataformas laborales digitales nacionales e internacionales para ofrecer servicios de transporte de pasajeros y delivery de productos. En los últimos años, diversas iniciativas legislativas y municipales han buscado regular este sector, abordando desde enfoques integrales que se centran en el estatus laboral de los trabajadores de plataformas hasta medidas más específicas enfocadas en su seguridad.
La preocupación por regular la economía de plataformas no es exclusiva de Paraguay. En América Latina, países como Brasil, Chile y Uruguay se encuentran en distintas etapas que apuntan a un mismo objetivo: regular el ecosistema de economía de plataformas. Esta tendencia se replica a nivel global, lo que ha conllevado al Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a incluir en la agenda de la 113.ª reunión de la Conferencia (2025)2 un punto sobre el trabajo decente en la economía de plataformas. Para orientar la discusión inicial sobre este tema, la OIT ha enviado un cuestionario a sus Estados miembros y mandantes, buscando recopilar sus opiniones y perspectivas.
Desde TEDIC, venimos atendiendo la temática de economía de plataformas hace varios años. Como parte de este compromiso sostenido, hace unos meses, participamos de la Convención Latinoamericana de Trabajo y Tecnología, evento organizado por Derechos Digitales, la International Lawyers Assisting Workers Network (ILAW) y el Solidarity Center. En este encuentro, representantes de sindicatos de trabajadores de plataformas, organizaciones de derechos digitales y miembros de la academia discutimos sobre las últimas tendencias en la intersección de tecnología y trabajo. En particular, se destacó la importancia de asegurar la participación de la mayor cantidad posible de centrales sindicales y países en la respuesta al cuestionario mencionado.
Para facilitar una respuesta desde las personas trabajadoras de nuestro país, forjamos una alianza estratégica con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)3 y los colectivos nacionales de personas trabajadoras de plataformas Kuña Pope4 y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Moto (SINACTRAM)5. Desde TEDIC, consideramos que esta alianza fue fundamental para aportar con experiencias de personas trabajadoras de plataformas de Paraguay a un debate global. Es importante destacar que completamos el cuestionario en base a un acuerdo colectivo entre la CUT, TEDIC, Kuña Pope y SINACTRAM, con la cooperación de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y el ILAW, logrando así condensar perspectivas globales, regionales y, sobre todo, nacionales en un solo documento.
La conexión del cuestionario con la protección de datos personales
El cuestionario aborda diversos temas, incluyendo definiciones sobre personas trabajadoras y plataformas, la relación de dependencia laboral dentro del ecosistema de plataformas,, seguridad social, salud, violencia, entre otros. Está organizado en ámbitos temáticos con preguntas que exploran disposiciones que podrían servir como orientación en una futura normativa para el trabajo en plataformas. Este documento, aboga por la creación de un instrumento relativo al trabajo decente en la economía de plataformas que adopte la forma de un convenio complementado por una recomendación. Esto es crucial debido a que un convenio establece los principios básicos que deben aplicar los países que lo ratifican, mientras que la recomendación correspondiente complementa al convenio, proporcionando directrices más detalladas sobre su aplicación.
Dado el enfoque del cuestionario en la gestión algorítmica del trabajo y la necesidad de ofrecer mayores garantías a las personas trabajadoras en cuanto a su privacidad y protección de datos personales, desde TEDIC identificamos una oportunidad para vincular la discusión sobre el bienestar laboral en la economía de plataformas con la urgente necesidad de una ley integral de protección de datos personales en nuestro país. Por ello, hemos incorporado referencias a la importancia de contar con una ley integral de protección de datos personales en países como Paraguay, destacando la existencia de un proyecto de ley presentado por la Coalición de Datos Personales, de la cual somos organización cofundadora6.
En este contexto, el futuro instrumento a debatir en la OIT debe necesariamente abogar por la adopción de leyes integrales de protección de datos personales en aquellos países que aún carecen de esta garantía. De lo contrario, implementar mayores estándares de protección de datos personales para los trabajadores se enfrentará a limitaciones institucionales que no cuentan con las herramientas adecuadas para proteger a estas personas en el entorno digital. La búsqueda de un mayor bienestar para los trabajadores en la economía de plataformas requiere abordar múltiples frentes y combinar diversas estrategias regulatorias. Consideramos que una ley integral de protección de datos personales, aunque no sea específica del sector laboral, es esencial para asegurar una protección completa a las personas trabajadoras.
Próximos pasos
Desde TEDIC,en alianza con la CUT, Kuña Pope y SINACTRAM, seguiremos con atención los procesos preparatorios con miras a la Conferencia Internacional del Trabajo. Es fundamental garantizar la participación de los trabajadores de la economía de plataformas en este proceso, para asegurar que sus perspectivas y experiencias sean consideradas en la elaboración de una normativa futura para este sector.
1 No existe una terminología o definición internacionalmente aceptada de este término. Para referirse a ella se utilizan varios términos como economía colaborativa, economía entre pares, economía del trabajo esporádico o economía por encargo. El término economía de plataformas se utiliza con frecuencia ya que hace hincapié en la característica distintiva de que estas actividades económicas se llevan a cabo por intermediación de plataformas digitales. Mas información aquí https://www.ilo.org/es/resource/conference-paper/hacer-realidad-el-trabajo-decente-en-la-economia-de-plataformas
3 La CUT es una organización sindical que nuclea a Organizaciones de Trabajadores de diferentes sectores cuyo objetivo principal es la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Más información aquí https://www.facebook.com/profile.php?id=100064864980844
4 Kuña Pope es la primera Asociación de Mujeres Conductoras del Paraguay que se dedican al trabajo en plataformas de movilidad en Paraguay.
5 La SINACTRAM es el grupo de sindicato de deliverys unidos del Paraguay. Más información aquí
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) ha mostrado un interés continuo en integrar tecnologías de información y comunicación (TIC) en los procesos electorales desde los años 2000. Desde la utilización de urnas electrónicas alquiladas hasta la creación del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)1, ejemplos sobran para apuntar un interés sostenido en la tecnología por parte del principal órgano electoral paraguayo.
Simultáneamente, la adopción de tecnología electoral ha enfrentado resistencia por parte de diversos grupos de la sociedad, quienes argumentan que no existen garantías suficientes para su implementación. Un ejemplo reciente de esta oposición fueron las masivas protestas de simpatizantes del partido Cruzada Nacional y otros partidos de oposición contra los resultados de las elecciones generales de 2023. Estos partidos rechazaron los resultados presidenciales, alegando fraude electoral mediante las máquinas de votación electrónica utilizadas en Paraguay desde 2021.
En este contexto, el TSJE ha presentado recientemente un paquete de reforma electoral que incluye varias propuestas importantes, con el propósito de vincular estas reformas con otros procesos en curso relacionados con las elecciones. En este sentido, creemos importante reflexionar sobre la evolución del sistema electoral y su intersección con las TIC para construir sobre procesos ya establecidos, con el objetivo de fortalecer la confianza en el sistema electoral paraguayo.
¿Una reforma electoral de carácter técnico?
El TSJE ha presentado recientemente un documento de reforma electoral que propone una serie de ajustes de carácter técnico al actual Código Electoral, con vistas a las elecciones municipales de 2026. Entre las principales propuestas se incluyen garantizar una mayor independencia de los miembros de mesa respecto de los partidos políticos y remunerarlos, así como reforzar la independencia de jueces, juezas y fiscales. Además, se plantea extender el período electoral a 170 días, entre otros cambios reflejados en más de 200 artículos.
Desde TEDIC, valoramos positivamente que la máxima autoridad electoral busque resolver cuestiones operativas en el proceso electoral, identificadas conjuntamente con diversos partidos políticos. Por ello, hemos analizado una serie de artículos de la reforma que se relacionan directamente con dos investigaciones realizadas por TEDIC, las cuales documentan las particularidades de la interacción de los votantes con las máquinas de votación electrónica en las elecciones municipales de 2021 en Asunción y las generales de 2023 en Asunción y Ciudad del Este. El siguiente cuadro presenta un análisis de ciertos artículos de la reforma y aspectos que conectan con nuestros hallazgos, los cuales requieren atención del TSJE y de los legisladores que tratarán esta reforma en el pleno legislativo.
Artículo reforma electoral
Hallazgos en investigaciones de TEDIC
Artículo 104 Las casillas de votación son espacios reservados para garantizar el secreto del voto. Las especificaciones técnicas serán establecidas por la Justicia Electoral.
Tanto las encuestas de usabilidad realizadas en Asunción (2021 y 2023) y Ciudad del Este (2023) demuestran que, en promedio, más del 20% del electorado en Asunción y Ciudad del Este no considera que el cuarto oscuro les otorgó la seguridad suficiente para votar de manera libre y secreta. En el caso de Ciudad del Este, para las generales del 2023, esta negativa llega a un 29,9%. Por ende, es importante que las autoridades electorales establezcan un alto estandar de seguridad que permita garantizar el secreto del voto. Esto también se relaciona con los porcentajes de votantes que ingresaron acompañados al cuarto oscuro invocando la figura del voto asistido. Aunque en Asunción esta práctica disminuyó considerablemente entre 2021 y 2023, según nuestra encuesta, en Ciudad del Este durante las elecciones generales de 2023, el porcentaje fue notablemente alto: un 7,4% del electorado ingresó acompañado al cuarto oscuro.
Artículo 118 Corresponde al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) determinar la cantidad máxima de electores que figurarán en el padrón de cada mesa receptora de votos.
Este es un punto importante a analizar. En Asunción, tanto en las elecciones municipales (93,9%) como en las generales (97%), las personas electoras afirmaron que únicamente votaban en las máquinas de votación asignadas a sus respectivas mesas. Sin embargo, en Ciudad del Este durante las generales de 2023, un 9,3% de los votantes señaló que personas de diferentes mesas acudían a votar en sus mesas y, por tanto, en máquinas de votación electrónica que no les correspondían. Esta situación podría impactar negativamente en el registro máximo de electores por mesa y provocar la anulación de varias mesas, ya que si se encuentran más papeletas que votantes asignados a una mesa, se procede a la anulación de dicha mesa.
Artículo 184 Son obligaciones de los miembros de la mesa receptora de voto.
Si bien el artículo 184 es bastante extenso en describir las responsabilidades de los miembros de mesa, siendo una de ellas la verificación del recinto para que el elector pueda emitir el voto de manera segura (Esto lo conectamos directo con lo reflexionado más arriba en el artículo 104), destaca un tema directamente relacionado con el actual sistema de votación electrónica. Concretamente, es necesario que los miembros de mesa alerten y guíen a las personas votantes sobre la manera correcta de controlar su expresión de voto. Para las elecciones generales del 2023, solamente un 23,9% de personas votantes en Asunción y 14% en Ciudad del Este no controló su papeleta correctamente, de acuerdo a como el TSJE sugiere: visualmente y con el lector RFID. Los números son similares para las municipales del 2021 en Asunción. Esto contrasta con los altos porcentajes de personas votantes que mencionan que no fueron alertadas por miembros de mesa sobre la importancia del doble control: 76,6% en Asunción y 83,1% en Ciudad del Este para las generales del 2023. Es fundamental que el TSJE aborde esta disonancia en la manera en que los votantes controlan efectivamente su expresión de voto, mediante una mayor orientación por parte de los miembros de mesa. Esta lógica también puede extenderse a lo propuesto en el artículo 196, garantizando que se brinden alertas claras y constantes a los votantes sobre cada paso del proceso de votación con las máquinas, en sus distintas fases. De esta manera, se busca asegurar que los votantes mantengan el mayor grado de control sobre su expresión de voto.
Artículo 196 El día de los comicios, los delegados electorales podrán habilitar puestos de información en los locales de votación a los efectos de que los electores puedan averiguar su ubicación en los padrones. La tarea se hará con el control de las asociaciones políticas que participaren en los comicios.
Artículo 292- Quedan absolutamente prohibida la propaganda cuyos mensajes propugnen: Los mensajes con alusiones personales, injuriosas o denigrantes hacia cualquier ciudadano o ataques a la moralidad pública y las buenas costumbres (…)
Es fundamental que el TSJE tome medidas para mitigar la violencia y la desinformación durante las elecciones, incluyendo la regulación de la propaganda electoral. Sin embargo, no está claro si estas medidas se aplicarán únicamente a páginas web, pasacalles, afiches y perfiles oficiales de partidos políticos en redes sociales, o si también afectarán a cualquier perfil individual. Además, es crucial aclarar quién tendrá la autoridad para determinar si un mensaje es prohibido: ¿será un juez en el marco del debido proceso, o recaerá esta responsabilidad directamente en el TSJE? Si la interpretación de estos mensajes queda exclusivamente en manos del TSJE, sin un adecuado control judicial, podría plantear serios problemas para la libertad de expresión. Reconocemos que la desinformación y la violencia erosionan la confianza, participación e integridad de las elecciones y, en última instancia, de la democracia. No obstante, en nuestra investigación sobre desinformación, consideramos que este es un terreno complejo. Creemos que es crucial mantenernos dentro del marco del derecho a la libertad de expresión, limitando la intervención solo a aquellos discursos no protegidos por esta libertad, tal como lo establece el artículo 13.5 de la Convención Americana. Según esta norma, los únicos discursos excluidos de protección son la propaganda de guerra, la apología del odio nacional, racial, de género o religioso, y la incitación a la violencia. Mantener este enfoque es esencial para equilibrar la protección de la democracia y el respeto por los derechos fundamentales. Además se sugiere que las medidas de protección y reparación para mitigar estas prácticas sean a través de los fueros civil y administrativo y que no tengan un enfoque punitivo.
Un secreto a voces: La implementación de biometría para el control de votantes
Diversas notas de prensa apuntan a un interés renovado del TSJE por implementar datos biométricos, concretamente huellas dactilares, como parte del proceso de validación de la identidad de votantes. Si bien el actual texto de la reforma electoral solamente plantea el uso de cédulas de identidad para identificar personas votantes previo al momento de la votación, es evidente que existen conversaciones entre el TSJE y diversos actores políticos sobre implementar la validación biométrica como parte del proceso de identificación de una persona.
Esto no es algo nuevo. El TSJE ha mostrado un interés continuo en la implementación de sistemas de identificación biométrica al menos desde 2013. Desde TEDIC, hemos advertido repetidamente sobre los riesgos de estas iniciativas, que requieren la recolección masiva de datos sensibles2, especialmente en un contexto en el que aún no contamos con una ley integral de protección de datos personales3. En 2019, analizamos exhaustivamente una propuesta legislativa en el Senado que modificaba los Artículos 98, 201 y 208 de la Ley 834/964, con el fin de implementar un sistema de identificación biométrica facial en el proceso de votación. En su momento, planteamos varias inquietudes: ¿Qué garantías existen para que no se relacione la identidad del votante con su voto? ¿Cómo se protege el derecho constitucional al secreto del voto? ¿Existen salvaguardas para evitar la manipulación y adulteración de copias de huellas dactilares y reconocimiento facial que pretende utilizar el TSJE? Si el servicio de proveer las máquinas de voto electrónico se terceriza, ¿también se alquilarán los dispositivos de lectura biométrica al sector privado? ¿Tendrán acceso a la base de datos biométricos? ¿Cómo se evitará la venta de estas bases de datos, como ha sucedido con la base de cédulas de identidad? ¿Se impondrán sanciones en caso de abuso por parte de los responsables de estas bases de datos? ¿Qué medidas se tomarán si los datos biométricos son clonados?
Las preguntas planteadas siguen siendo tan relevantes como en 2019 y deben guiar y limitar cualquier implementación de estos sistemas por parte de las autoridades electorales. El proyecto de ley de 2019 fue finalmente postergado en la Cámara de Senadores, y en 2022 una propuesta similar, denominada “Que Regula la aplicación de la huella dactilar en las comisiones”5, resurgió en la Cámara de Diputados, donde también fue postergada sin llegar a debatirse en el Congreso.
En esta misma línea, el TSJE ha seguido insistiendo en la necesidad de implementar la biometría. Durante los meses de enero a marzo de 2023, en plena preparación del proceso electoral, se planteó la idea de utilizar la identificación por huellas dactilares en las mesas de votación. Sin embargo, el TSJE decidió dar marcha atrás, argumentando que esto podría dificultar la participación de los votantes y ralentizar el proceso de votación, según expresó el ministro César Rossel.
Por su parte, el senador Eduardo Nakayama señaló durante una presentación del TSJE en el cierre del diplomado en procesos electorales en el Congreso Nacional, que el próximo paso en las reformas electorales que incluyan tecnología debe ser la implementación del control biométrico del votante, con el objetivo de prevenir fraudes.
En la reunión entre el TSJE y TEDIC en agosto de 2024, el TSJE expresó la necesidad de implementar el registro biométrico en las elecciones. Sin embargo, esta propuesta no se incluyó en la versión de la reforma electoral presentada este año al Congreso, ya que, según explicaron, no hubo consenso político al respecto. Desde el TSJE planean presentar esta iniciativa de manera separada de la serie de propuestas técnicas ya presentadas.
A partir de todo lo expuesto, creemos fundamental que todos los actores continúen monitoreando de cerca el proceso de implementación de los datos biométricos, evaluando tanto la proporcionalidad como la necesidad de manejar un dato tan sensible. Este seguimiento debe hacerse con especial atención a la falta de salvaguardas adecuadas para garantizar la protección de los derechos de las personas involucradas y su participación activa en las elecciones.
Más herramientas digitales para iniciativas ciudadanas: ¿nuevas formas de participación o de exclusión?
A solo cinco meses del inicio del gobierno de Santiago Peña y del nuevo Congreso Nacional, en enero de 2024 se hizo pública una lista de casos de nepotismo en el Estado. La lista incluye a familiares de parlamentarios y altas autoridades contratados o nombrados en cargos con salarios elevados. Destacan casos como el de Montserrat Alliana, hija del Vicepresidente, quien, con 25 años y sin título universitario, ocupa un puesto con un salario superior a los 18.000.000 de guaraníes (aproximadamente 2.500 USD). Otro caso es el de Ronald Solinger, hijo del diputado Germán Solinger (ANR), de 33 años, con un salario de 35.000.000 de guaraníes (aproximadamente 5.000 USD) en la Entidad Binacional Yacyretá. Asimismo, Elías Godoy, hijo de la diputada Roya Torres6, trabaja como asesor de su madre con un salario de 9.500.000 de guaraníes (aproximadamente 1.350 USD). A lo largo del año, la lista se ha ido ampliando, generando un creciente debate sobre la transparencia y la ética en la administración pública.
En febrero de 2024, un grupo de ciudadanas y ciudadanos presentó una iniciativa popular ante el Congreso Nacional para prohibir y penalizar el nepotismo en la función pública7, conocida coloquialmente como «Chau Nepotismo». Esta propuesta se canalizó mediante la iniciativa popular, un derecho constitucional habilitado por el TSJE tras la modificación de la ley electoral y orgánica municipal en 2022.
Para la recolección de firmas de cualquier iniciativa popular, desde 2022 el TSJE ofrece un portal en el que se pueden compartir las propuestas y realizar un seguimiento público de las firmas recolectadas, verificando la veracidad de las identidades de los firmantes para llevar la propuesta al Congreso. Para identificar a los apoyantes, se solicita el número de cédula de identidad y el IC, junto con la verificación de un captcha para asegurar que una persona real está completando el formulario.
Para impulsar la iniciativa “Chau Nepotismo”, se lograron reunir 61.217 firmas, superando las 48.321 requeridas. Durante el proceso, el TSJE identificó “fallas mínimas” relacionadas con la carga del IC y errores en el ingreso de números de cédulas nuevas con chip; además, en ciertos momentos el sistema dejó de recibir firmas debido a mantenimientos. Sin embargo, la ciudadanía reportó la desaparición de 3.800 firmas de la plataforma digital durante la recolección.
En el cierre del diplomado en procesos electorales llevado a cabo en el Congreso Nacional en julio de 2024, el TSJE compartió algunos desafíos de la reforma electoral, específicamente de carácter técnico, incluyendo la implementación de la identidad electrónica del Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación (MITIC). Esta plataforma de identidad se propone para las futuras firmas en procesos de iniciativas populares, con el objetivo de evitar las dificultades observadas con la plataforma actual.
Sobre el punto, desde TEDIC consideramos que el portal de identidad electrónica de MITIC representa una innovación pública significativa al facilitar trámites, pero también se convierte en una base de datos que maneja información sensible, como datos de salud, antecedentes policiales y judiciales, entre otros. Nuestra preocupación radica en cómo se implementará esta integración: si se limitará al acceso mediante el portal del TSJE o si el MITIC también almacenará esta información ciudadana. Dependiendo de la respuesta, será crucial evaluar las medidas de seguridad y la protección de la integridad de los datos personales.
Por otro lado, desde una perspectiva de inclusión, el portal actual del TSJE no está diseñado para las personas que no tienen acceso a Internet o que dependen únicamente de aplicaciones gratuitas como WhatsApp, lo cual representa a una gran parte de la población. Incorporar una plataforma compleja como la de MITIC podría afectar aún más la participación de grupos vulnerables sin acceso a la tecnología. Desde su implementación en 2017, el portal de identidad electrónica ha sido utilizado por 700.000 personas, según datos del MITIC a diciembre de 2023. Sin embargo, esto indica que una gran parte de la población aún no utiliza este sistema. Si se implementa la propuesta, existe el riesgo de ampliar la brecha entre quienes utilizan estas plataformas y quienes no, ya que al diseñar soluciones tecnológicas, a menudo no se consideran factores como el nivel de alfabetización digital o la conectividad, lo que podría excluir a muchas personas del ejercicio de su derecho a la participación política.
Brilla por su ausencia: Una regulación sobre propaganda electoral en redes sociales
En los últimos años, el TSJE ha implementado diversas acciones para fortalecer su capacidad de comprender las dinámicas de las elecciones en entornos digitales, especialmente en redes sociales. Un ejemplo de esto es la firma de un convenio de cooperación con el Tribunal Electoral de Panamá en mayo pasado, con el fin de intercambiar experiencias y herramientas que promuevan el uso responsable y ético de la tecnología en los procesos electorales. Más recientemente, el Presidente del TSJE anunció un próximo acuerdo con varias plataformas de redes sociales para lanzar una campaña contra la desinformación y el uso indebido de la inteligencia artificial (IA) en los procesos electorales.
En la misma línea, en julio de 2024 se llevó a cabo el Foro Internacional del Parlamento del Mercosur en Paraguay, donde se discutieron temas como la desinformación, las plataformas digitales y la integridad electoral, así como las estrategias para integrar la IA en los procesos electorales como herramienta en la lucha contra los “crímenes virtuales”.
En agosto del mismo año, Paraguay fue sede de la XVII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales (RAE) de la OEA. El TSJE, además de ser coanfitrión, anunció que asumirá la presidencia de la UNIORE el próximo año. El encuentro reunió a 30 organizaciones electorales y 40 autoridades para discutir temas como la inteligencia artificial y su impacto en los procesos democráticos, la violencia política y digital, y su influencia en las elecciones. Entre los temas abordados se incluyó la moderación de contenidos “problemáticos” y la regulación de discursos prohibidos, como los discursos de odio.
Asimismo, el presidente del TSJE anunció en una entrevista en agosto de este año que ofrecerán un chatbot de IA para que la ciudadanía pueda realizar consultas relacionadas con los comicios.
Sin embargo, un aspecto notablemente ausente en el texto actual de la reforma electoral es la regulación de las campañas políticas en redes sociales. Estas plataformas se han convertido en un espacio central de disputa política, donde se cometen irregularidades, como el uso indiscriminado de datos personales para diversos fines. A través de publicaciones realizadas en un proceso de capacitación intensiva en Asunción y Ciudad del Este en 2023, dirigidas a periodistas y grupos de la sociedad civil, demostramos la relevancia de las redes sociales en diversas campañas políticas. Descubrimos que varias candidaturas a nivel nacional y departamental invierten sumas considerables de dinero en publicidad en redes sociales sin declarar estos gastos en sus declaraciones juradas, disponibles en el Observatorio Nacional de Financiamiento Político (ONAFIP).
En este sentido es crucial que el TSJE considere la evidencia recopilada por TEDIC en los últimos años, que resalta la importancia de analizar las redes sociales para comprender la magnitud y el alcance de las campañas electorales digitales en Paraguay. Sin esta atención, corremos el riesgo de retrasar una reforma electoral integral por varios años. Además, es fundamental que cualquier regulación de las redes sociales se realice de manera participativa, involucrando a diversas partes interesadas, para garantizar una regulación equilibrada que proteja los derechos humanos en línea y evite escenarios de censura de contenido, como se ha observado en otros países de la región.
¿Vientos de cambio? La urgencia de un debate nacional entre múltiples partes interesadas
Desde hace unos meses, actores de la oposición han expresado interés en un sistema mixto de votación, que permitiría a los votantes usar papeletas para elegir presidente, gobernadores e intendentes, y máquinas de votación electrónica para concejales y parlamentarios. Esta propuesta surge a raíz de la crisis posterior a las elecciones generales de 2023 y la creciente desconfianza hacia el sistema de votación electrónica por parte de actores políticos, debido a la falta de transparencia en su implementación y auditoría.
Este interés se ha concretado en la presentación de un proyecto de ley por parte del Senador Ever Villalba (PLRA), que permitiría a los votantes ejercer su derecho de la manera descrita más arriba. Si bien celebramos esta primera iniciativa desde el pleno del legislativo para abordar preocupaciones de fondo sobre el sistema de votación electrónica en Paraguay, tema que desde TEDIC venimos impulsando desde 2018, es importante que este proceso sea integral y enmarcado en una reforma que involucre a diversas instituciones públicas, actores políticos, sociedad civil organizada, academia, sector privado y la comunidad técnica en la redacción y definición de prioridades.
Además, es crucial que esta discusión no distinga entre el uso de papeletas o máquinas de votación según los cargos electivos. Debemos reconocer los riesgos que presentan las máquinas en todo el sistema electoral, especialmente en la fase de emisión de votos, y no diferenciar estos riesgos según el cargo en disputa. El valor del voto popular es igual para todos los cargos electivos, y es fundamental protegerlo en su totalidad.
Recomendaciones
Desde TEDIC, consideramos que se está abriendo una nueva etapa en el desarrollo de nuestro sistema electoral. En este contexto, y con el objetivo de fortalecer las diversas discusiones y debates que se están llevando a cabo de manera paralela y sin una articulación unificada, creemos que:
Es necesario instalar una mesa a nivel nacional que evalúe el actual texto de la reforma electoral y trate los vacíos que actualmente existen en la misma, tales como la falta de un abordaje regulatorio a la propaganda electoral en redes sociales.
Es necesario que la mesa nacional vincule las discusiones sobre la reforma electoral y aborde la posibilidad real de revertir la implementación del sistema de votación electrónica, en un ambiente que permita una discusión honesta y participativa sobre el tema. Es importante que tal debate no diferencie el uso de papeletas y máquinas dependiendo de cargos unipersonales versus pluripersonales.
Es importante abandonar cualquier iniciativa que busque la implementanción de sistemas digitales de identificación biométrica digital como parte del proceso de identificación de votantes.
Se sugiere que se defina claramente el alcance de las medidas de aplicación sobre discurso durante las elecciones, en especial se recomienda asegurar que cualquier decisión sobre la prohibición de mensajes sea realizada bajo los critarios de debido proceso, autoridad competenet y protegiendo la libertad de expresión.
Es necesaria una reflexión sobre el uso de la identidad digital de MITIC como instancia de validación de las personas que quieren participar de iniciativas populares. El TSJE tiene que buscar un balance entre la tecnología y el acceso a Internet para evitar exclusiones a un derecho constitucional.
Se necesita con urgencia una ley integral de protección de datos personales. El TSJE debe apoyar la ley integral que se encuentra todavía pendiente de tratamiento en el Congreso y como paso crucial con miras a fortalecer el control en el uso de datos personales para campañas políticas digitales.
Seguiremos de cerca los debates en curso sobre esta materia y continuaremos contribuyendo con nuestras investigaciones, con el objetivo de promover políticas públicas basadas en la evidencia. Conocé en profundidad todas las investigaciones que desarrollamos sobre “Tecnología y elecciones” en:
Nombre de la investigación
Tema que aborda
Enlace de descarga
El voto electrónico a la luz del derecho constitucional
Análisis del voto electrónico desde una perspectiva constitucional
Tabla con todas las investigaciones de la serie «Tecnología y elecciones».
1Sistema que permite agilizar el proceso de transmisicón del resultado de los conteos de votos en las distintas mesas de votación alrededor del país.
2Los datos personales se diferencian de los datos personales sensibles, ya que estos refieren a pertenencias raciales o étnicas, preferencias políticas, convicciones religiosas, filosófica o morales; participación o afiliación en una organización sindical o política; información referente a la salud, la preferencia o vida sexual, datos biométricos y genéticos vinculados a una persona física y, en general, los que fomenten prejuicios y discriminaciones ilícitas o arbitrarias. Más información aquí https://www.tedic.org/lanzamiento-nuevo-fanzine-para-la-campana-mis-datos-mis-derechos-por-una-ley-integral-de-proteccion-de-datos-personales/
3Actualmente se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de protección de datos personales presentado por la Coalición de Datos Personales, de la cuál TEDIC es parte. Más información aquí https://www.datospersonales.org.py/
4Presentada por los Senadores Fidel Zavala, Stephan Rasmussen, Patrick Kemper, Gilberto Apuril, Georgia María Arrua.
5Presentado por los Diputados Rocio Abed, Esmerita Sánchez, Basilio Nuñes y Justo Zacarías.
7El proyecto señalaba que Paraguay es uno de los países más corruptos de la región, y es inaceptable que el castigo al nepotismo sea solo la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Por ello, proponen sanciones de hasta 5 años de prisión para los involucrados, dejando claro qué actos constituyen nepotismo. La iniciativa busca enviar un mensaje firme: los actos de corrupción deben ser severamente castigados. Este proyecto de ley, fruto del hartazgo ciudadano, es una oportunidad para decir BASTA al nepotismo.
Si te interesa entender cómo la tecnología está transformando los procesos electorales, especialmente en Paraguay, te invitamos a participar de nuestro nuevo curso virtual «Tecnología y elecciones», que se llevará a cabo del 9 al 13 de septiembre de 2024. Este curso, completamente gratuito y en modalidad virtual, es una oportunidad única para estudiantes, líderes políticos y personas comprometidas con la democracia.
¿De qué se trata el curso?
A lo largo de cinco días, las personas seleccionadas explorarán temas clave sobre el impacto de la tecnología en las elecciones. Desde el sistema electoral paraguayo hasta el uso del voto electrónico, la propaganda digital, la desinformación en contextos electorales y la violencia política, cada sesión ofrecerá una combinación de contenido teórico y práctico. Personas expertas en la materia proporcionarán una visión integral y crítica basada en investigaciones realizadas por TEDIC con el apoyo de NED.
Agenda del curso
9 de septiembre:
Apertura del curso
Voto electrónico: Usabilidad y riesgos – Eduardo Carrillo (TEDIC)
11 de septiembre:
Desafíos de la desinformación y propaganda electoral digital – Maricarmen Sequera (TEDIC)
Violencia de género facilitada por la tecnología en la política – Mariela Cuevas (TEDIC)
12 de septiembre:
Panel presencial y virtual: «Reforma electoral en puertas: reflexiones y propuestas”, a realizarse con el apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales de la Universidad UNIDA Expositores:
Camilo Filártiga (IDEA Internacional)
Olga Caballero (Alma Cívica)
Representantes de la Justicia Electoral y el Poder Legislativo
13 de septiembre:
Análisis del Sistema Electoral Paraguayo – Godofredo Fleitas, Magistrado del Tribunal Electoral y Contencioso Administrativo de Misiones y Ñeembucú
La propaganda electoral y política digital en Paraguay – Leonardo Gómez Berniga (TEDIC)
¿Cómo participar?
El proceso de inscripción está abierto desde hoy, 29 de agosto, hasta el jueves 5 de septiembre. Solo se seleccionarán 50 personas, quienes serán notificadas el 6 de septiembre por correo electrónico. Los cupos son limitados y se otorgarán certificados de participación a quienes completen el curso con un total de 30 horas cátedra.
Beneficios del curso
Modalidad virtual: Acceso flexible a todos los materiales y actividades del curso a través del aula virtual de TEDIC.
Interacción con personas expertas: Sesiones de preguntas en vivo con personas expertas en tecnología y democracia.
Requisitos de asistencia: Se requiere un 70% de asistencia a las clases virtuales y 70% de aprobación del examen final para la certificación.
Certificación: Recibí un certificado que avala tu formación en «Tecnología y Elecciones».
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Desde el surgimiento de las primeras aplicaciones de pasajeros y deliveryhace varios años en el mercado paraguayo, una visión tecnosolucionista1 inicial ha sido cambiada por otra de mayor cautela. Tal cambio de visión se ha traducido en diversas propuestas regulatorias a nivel nacional y municipal que, a la fecha, han fallado en comprender la complejidad del ecosistema de economía de plataformas y plantear soluciones con miras a garantizar un trabajo decente desde una mirada integral.
En TEDIC seguimos hace bastante tiempo el desarrollo y evolución de la economía de plataformas. Desde el 2021, somos parte de la red internacional Fairwork, proyecto de investigación-acción internacional que evalúa las condiciones de trabajo en la economía de plataformas en más de 30 países. En 2022 publicamos el primer reporte Fairwork Paraguay. A través de entrevistas a personas trabajadoras y representantes de las plataformas demostramos la alta precariedad laboral en aplicaciones de transporte de pasajeros y delivery de productos y servicios. A partir de dicha investigación, hemos colaborado en una serie de discusiones a nivel nacional e internacional que, justamente, buscan mejorar las condiciones de las personas trabajadoras en dicho ecosistema.
Puntuaciones de plataformas en Paraguay – 2022
Durante el 2023, los Diputados Rodrigo Blanco y Pedro Gómez (PLRA), ingresaron un proyecto de ley “Que regula el trabajo en empresas de plataformas digitales de movilidad y reparto a domicilio”. Tal proyecto, con sus luces y sombras, impulsó un debate legislativo sobre cómo regular a las plataformas laborales digitales, abordando cuestiones de seguridad para pasajeras/os y conductores, así como un mayor control a las plataformas. Por sobre todas las cosas, el proyecto buscó arriesgar algunas respuestas en lo que concierne a las condiciones de trabajo de las personas que prestan servicios en dichas plataformas. Se rescata de tal proceso un involucramiento inicial de instituciones como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a modo de ajustar la versión inicial del proyecto.
Desde el año pasado, este proyecto se encuentra aún sin tratamiento en el Congreso. Sin embargo, los diversos problemas que encendieron los debates iniciales sobre cómo regular este espacio continúan. Las personas trabajadoras de este ecosistema buscan mayor seguridad y capacidad de negociación con las plataformas internacionales dominantes como Uber, Bolt y PedidosYa, por nombrar solo algunas. Esto ha generado una serie de iniciativas regulatorias paralelas a la ya mencionada más arriba, que se concentran en un solo tema o temas de lo que hace el ecosistema de plataformas.
Desde TEDIC, consideramos que esta concentración dirigida a un solo tema o a temas específicos es insuficiente para poder pensar en soluciones integrales que garanticen una experiencia más justa para todo el ecosistema de plataformas (personas pasajeras y usuarias)2. En algunos casos, estas regulaciones entran en directo conflicto con otros derechos que van más allá de la cuestión del trabajo. Abajo, ofrecemos una síntesis de algunos intentos de regulación en curso y posibilidades de participación de debates a nivel internacional.
Proyecto de ley “Que obliga la vinculación de la identidad electrónica en las empresas de aplicaciones de transporte”
Este proyecto de ley plantea un cambio de fondo sobre la manera en la cuál aplicaciones de transporte de pasajeros validan la identidad de personas conductoras y pasajeras. Concretamente, busca la vinculación de la identidad electrónica de estas personas como requisito obligatorio para la autenticación y verificación de la identidad por parte de las plataformas.
Este proyecto persigue un fin loable, el cuál es proveer de mayor seguridad a las personas conductoras. La utilización de la identidad electrónica es una tendencia en alza dentro del Estado paraguayo. Desde la implementación de la Ley Nº 7177/2023 de validez del formato digital de los documentos de portación obligatoria, existe una percepción estatal positiva hacia el uso de este tipo de sistemas, independiente a la falta de políticas de privacidad mínimas al Portal Paraguay, una cuestión que ya hemos señalado con anterioridad y que requiere atención de los proponentes de esta ley.
En ese sentido, entendemos que la vinculación del sistema de identidad electrónica para la validación de identidad de personas conductoras y pasajeras se constituye en una medida desproporcionada para el fin que busca solucionar. Principalmente, el portal de identidad electrónica es una importante innovación pública para facilitar trámites, pero que la convierte en una base de datos con información sensible: Datos de salud, antecedentes policiales y judiciales, por nombrar solo algunos.
Vincular una base de este naturaleza con una infraestructura digital privada como la de las plataformas de aplicaciones de transporte plantea, cuanto menos, serias preocupaciones en relación a la falta de información sobre los estándares de ciberseguridad utilizados por dichas plataformas transnacionales. Sin contar la numerosa cantidad de plataformas locales que también serían sujeto obligado de este proyecto.
Por otra parte, el relacionar de alguna manera bases de datos que alojan información sobre comportamiento de movilidad de personas pasajeras con información sensible alojada en la base de datos del portal de identidad electrónica plantean costos demasiado altos de absorber, en términos de una posible explotación externa a algún tipo de vulnerabilidad. Casos como el de la filtración de datos de información de la Policía Nacional en el 2023 o, incluso, ciberataques a proveedoras de Internet locales como TIGO a comienzo del 2024 – que cuentan con amplios recursos para invertir en sistemas de seguridad del más alto nivel – ilustran la necesidad de analizar seriamente los riesgos al mediano y largo plazo de una integración como la planteada en el actual proyecto.
Desde una perspectiva de inclusión, es importante señalar también que desde la implementación del portal de identidad electrónica en 2017, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación (MITIC) publicita a diciembre de 2023 un total de 700.000 mil personas con identidad electrónica. Esto hace evidente que todavía existe una importante cantidad de personas que no utilizan este sistema. Si dicho proyecto de ley es implementado, existen razones para asumir que el mismo ampliará todavía más la brecha entre personas que utilizan este tipo de plataformas y personas que no. Esto se debe a que establece requisitos que no consideran el nivel de alfabetización digital, la conectividad, entre otros factores.
En ese sentido, desde TEDIC hemos acercado un análisis detallado del proyecto de ley en cuestión, alertando sobre cuestiones que entran en directo conflicto con cuestiones de ciberseguridad, competencia justa y, sobre todas las cosas, preocupaciones ante escenarios de afectación de derechos a la privacidad que fortalecerían todavía más una tendencia creciente de vigilancia desproporcionada por parte del Estado. El análisis resalta también la importancia de una ley integral de protección de datos personales como una necesidad crucial y previa a la implementación de iniciativas como las planteadas en el proyecto de ley1.
Pueden encontrar el posicionamiento completo aquí.
Regulación en Ciudad del Este
En paralelo a iniciativas que emanan del Congreso Nacional, existen ciertos municipios que también arriesgan propuestas sobre como regular a las plataformas laborales digitales. El intento más reciente es en Ciudad del Este: La Junta Municipal de dicha ciudad aprobó de manera unánime en junio pasado la Ordenanza N.º 17/24, que impone una serie de obligaciones de índole administrativo a conductores de plataformas de transporte de pasajeras/os.
Las obligaciones abordan temas como: la certificación como un conductor de clase A, la antigüedad máxima de los automóviles, la residencia obligatoria en Ciudad del Este para poder prestar el servicio y la obligatoriedad de obtener la habilitación a través de gremios o asociaciones, entre otros.
Como era de esperarse, tal ordenanza ha generado una enorme resistencia por parte de grupos de conductores organizados en Ciudad del Este. Estos acusan que la misma está hecha a la medida de los gremios de taxistas. El Intendente de Ciudad del Este ya alertó que el proceso de reglamentación de dicha ordenanza será realizado de manera tal a no obstruir el derecho al trabajo de las personas conductoras de plataformas.
Desde TEDIC vemos con preocupación que una ordenanza de este tipo termine obstruyendo el derecho al trabajo de cientos (o incluso miles) de personas conductoras que operan en esta economía y que provienen de ciudades aledañas a la capital del Alto Paraná, tal como ocurre en Asunción, en donde muchas de las personas conductoras que prestan sus servicios en dichas plataformas viven en ciudades como Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo y Lambaré, por nombrar solo algunas. Un enfoque regulatorio holístico a nivel nacional o departamental debe ir mucho más allá de cuestiones meramente impositivas y abordar problemáticas de fondo como el pago justo, condiciones mínimas de trabajo que aseguren la seguridad y salud de las personas trabajadoras, el acceso a espacios de descanso para las personas trabajadoras, entre otros.
Buscando una regulación integral: Un debate en proceso
Las iniciativas arriba mencionadas son solo dos ejemplos que ilustran la necesidad de abordar las regulaciones de la economía de plataformas de una manera integral. Enfocarse solamente en cuestiones como la seguridad de las personas conductoras y pasajeras o la antigüedad máxima de los vehículos que pueden prestar el servicio es insuficiente y dispersa la atención hacia el objetivo principal: facilitar un verdadero proceso participativo y nacional para regular esta economía en auge.
La iniciativa legislativa planteada por los Diputados Blanco y Gómez todavía tiene un largo camino a modo de perfeccionar su enfoque. Sin embargo, muestran un camino a seguir para poder construir un proceso participativo que involucre a grupos de conductores y empresas, la academia y la sociedad civil organizada. Así también, es imperativo un involucramiento más proactivo por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en dicho proceso, a modo de asegurar desde el comienzo un acompañamiento que garantice una real y efectiva implementación de dicho proyecto.
Por otra parte, es importante que nuestro país esté atento a discusiones globales que buscan la creación de una norma a nivel internacional que regule este espacio. Concretamente, la Organización Internacional para el Trabajo (OIT) ha inscrito en el orden del día de la 113.ª reunión (junio de 2025) de la Conferencia Internacional del Trabajo, un punto normativo sobre el trabajo decente en la economía de plataformas. A modo de guiar esta discusión, ha invitado a gobiernos, sindicatos y empresas a expresar su opinión sobre la forma, el ámbito de aplicación y el contenido de las normas futuras del ámbito de economía de plataformas. A modo de expresar tales opiniones, la OIT ha socializado un cuestio nario que debe ser enviado hasta el 31 de agosto de 2024.
Desde TEDIC, instamos al Estado paraguayo, así como a sindicatos y grupos de empresas a llenar tal formulario, y asegurar así que desde nuestro país también se compartan los enfoques y necesidades del ámbito de economía de plataformas desde Paraguay. Desde TEDIC socializaremos este cuestionario con diversas partes interesadas a modo de asegurar que las realidades de nuestro país no queden fuera de estas discusiones.
2Esta mirada insuficiente incluye también iniciativas que provienen desde las propias plataformas que generan intervenciones específicas a un área de trabajo y no abordan las diversas problemáticas asociadas al trabajo en sus plataformas de manera más integral. Un ejemplo es la actual política que solicita la identidad biométrica (concretamente fotos de rostro) como parte del proceso de validación de personas pasajeras https://www.ultimahora.com/app-de-viajes-bolt-lanza-opciones-de-seguridad-de-verificacion-del-pasajero-en-paraguay
Desde la Coalición de Datos Personales, conformada por TEDIC, APADIT, PUENTE e Internet Society capítulo Paraguay, queremos compartir con nuestra comunidad y todas las personas interesadas un importante avance en nuestro camino hacia el tratamiento y sanción de una legislación robusta y adecuada para la protección integral de nuestros datos personales en Paraguay.
Después de que el diputado Rodrigo Blanco del PLRA propusiera en la sesión del 24 de julio del 2024 que el tratamiento de esta propuesta de ley se realice este año durante la primera etapa constitucional, recordamos que durante el 2023 ya se intentó abordar la propuesta en varias ocasiones. Durante el primer y segundo semestre de 2023, la propuesta estuvo incluida en el orden del día de la Cámara de Diputados en cuatro sesiones distintas.
La versión final que estamos presentando hoy es el resultado de todo este esfuerzo colectivo. Todo este tiempo trabajamos de la mano con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y la Presidencia de la República, así como con diversas partes interesadas que aportaron su conocimiento y experiencia. Cada ajuste y corrección fue realizado con el objetivo de adaptar el proyecto a la realidad y a las necesidades de nuestro país, centrándonos siempre en las personas y sus derechos.
Representantes de la Coalición presentan nueva versión del proyecto de ley de datos personales en Paraguay
A pesar de que nuestro proyecto se inspiró en legislaciones de otras regiones y países, pusimos un énfasis especial en su adaptación a la realidad paraguaya. Nuestro objetivo es que Paraguay se sitúe al nivel de otras jurisdicciones que reconocen la importancia de proteger los datos personales de sus personas ciudadanas. Creemos firmemente que una legislación bien diseñada en este ámbito es esencial para garantizar los derechos fundamentales y la seguridad en nuestra era digital.
Sabemos que la protección de datos personales es un tema complejo que requiere una amplia difusión y capacitación para ser comprendido y aplicado correctamente. Por eso, reiteramos nuestra disposición para seguir dialogando de manera fluida y constructiva con todos los actores involucrados en este proceso. Creemos que es crucial mantener abiertos los espacios de diálogo para continuar esta conversación y así asegurar que este proyecto de ley se beneficie de un debate serio y bien informado.
Desde que iniciamos este camino, vimos cómo el diálogo y la colaboración generaron y siguen generando resultados positivos. Nuestro compromiso es claro: queremos posicionar la protección de datos personales como un tema prioritario en la agenda pública, y lo hacemos de manera propositiva, participativa y basada en la evidencia.
Un futuro para la protección de datos personales en Paraguay
Reafirmamos nuestra convicción de que una ley de protección integral de datos personales en Paraguay no solo es necesaria, sino vital. No solo protegerá los derechos fundamentales de las personas, sino que también fomentará la confianza en el uso responsable de los datos, beneficiando a la sociedad en su conjunto.
Socializamos nuestra versión final a todas las personas interesadas en este proceso y seguimos adelante con la esperanza de construir un futuro digital más seguro para todas las personas.
Descargar la nueva versión del proyecto de ley aquí.
El Senado paraguayo, en una sesión extraordinaria, ha otorgado media sanción a la propuesta legislativa “Que establece el Control, la Transparencia y la Rendición de Cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro” (Expediente PS-2300683), presentada en noviembre de 2023. Este proyecto de ley busca implementar un control más estricto sobre las organizaciones de la sociedad civil, un enfoque que ha generado una gran controversia y riesgos contra los preceptos constitucionales de Paraguay.
Desde TEDIC, organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos digitales y la libertad de expresión en Paraguay y el mundo, expresamos nuestra profunda preocupación respecto a la aprobación de este proyecto de ley. Consideramos que esta legislación viola nuestro derecho a la libertad de asociación y pone en riesgo a todas las organizaciones de la sociedad civil en nuestro país, especialmente en cuanto a su autonomía y la obtención de los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades de defensa y promoción de los derechos humanos.
Además estamos sumamente dolidos y preocupados por las acusaciones irresponsables lanzadas por la senadora Lizzarella Valiente contra nuestro colaborador Leonardo Gómez Berniga y nuestra organización. La senadora ha tergiversado y desinformado sobre nuestra trayectoria y el trabajo que hemos realizado en los últimos 10 años a nivel nacional y global. En su intervención, la senadora sacó de contexto nuestras actividades y nuestro financiamiento en temas de derechos digitales, privacidad y protección de datos a nivel regional, afirmando falsamente con la siguientes palabras textuales: “usarán para campañas proselitistas”1.
En TEDIC, desde 2015, hemos considerado que la transparencia es fundamental para nuestra democracia. Desde la sanción de la ley de acceso a la información pública en Paraguay, nos hemos comprometido a sumarnos a esta gran ola desde el sector de la sociedad civil organizada , haciendo públicos nuestros informes de auditoría externa como una forma de transparencia activa. Esta ley, aunque solo obliga al sector público, ha sido adoptada por nuestra organización como una muestra de nuestro compromiso con la transparencia.
Puntos más preocupantes de la propuesta legislativa
Uno de los puntos que más nos preocupa de la propuesta legislativa es la obligación de las organizaciones a informar al Ministerio de Economía y Finanzas y a ambas cámaras del Congreso sobre el uso y destino de sus fondos en forma detallada, cualquiera sea el origen (público o privado, nacional o extranjero), y sobre las personas que tienen contratadas bajo cualquier modalidad. Esto atenta contra el derecho a la protección del patrimonio documental (Art. 36) y el derecho a la intimidad (Art. 33) .
La falta de especificidad en cuanto a qué información debe ser registrada y reportada genera incertidumbre y puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades. Las OSFL podrían verse obligadas a revelar información detallada sobre sus personas beneficiarias, lo que plantea serias preocupaciones de privacidad y seguridad, especialmente para aquellas que trabajan en áreas sensibles como los derechos humanos. Por ejemplo, pueden incluir desde lo que se dice en redes sociales hasta la identificación de las personas con las que se interactúa en reuniones privadas.
Los requisitos de informes semestrales imponen una carga administrativa significativa, especialmente para las OSFL pequeñas que pueden no tener los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones. Esta carga puede desviar recursos valiosos que deberían destinarse a la misión principal de las organizaciones. La imposición de requisitos excesivos de información puede obstaculizar el acceso al financiamiento, tanto nacional como internacional, afectando negativamente la capacidad operativa de las OSFL. Esta situación es particularmente preocupante en un contexto donde muchas organizaciones dependen de financiamiento externo para llevar a cabo sus actividades.
Cumplimiento de requisitos adicionales
Las organizaciones deberán cumplir con cualquier otro requisito que se establezca por vía reglamentaria, bajo riesgo de ser sancionadas con la suspensión o cese de actividades y multas de hasta 380,000 dólares a la organización y 190,000 dólares a las personas que la dirigen, violando el principio de legalidad (Art. 9) y la prohibición de multas desmedidas (Art. 44). Las multas establecidas en el proyecto de ley varían desde cien hasta mil salarios mínimos para personas jurídicas, y desde veinte hasta quinientos salarios mínimos para individuos. Estas sanciones no solo son excesivas sino también desproporcionadas, lo que puede llevar a la disolución de organizaciones que no puedan pagar estas multas.
El proyecto de ley no define claramente qué constituye una infracción, lo que otorga a los funcionarios un amplio margen de discrecionalidad para interpretar la ley y aplicar sanciones arbitrarias. Esto aumenta el riesgo de persecución política y represalias contra organizaciones que trabajan en áreas consideradas sensibles por el gobierno. Además, no se incluyen disposiciones que permitan a las OSFL corregir errores antes de enfrentar sanciones, lo cual es contrario a los estándares internacionales que señalan la necesidad de dar a las organizaciones la oportunidad de corregir potenciales violaciones.
Requisitos administrativos vagos y onerosos
La obligación de registrarse ante el Ministerio de Economía y Finanzas también presenta varios problemas. El proyecto de ley no especifica los requisitos ni procedimientos para el registro, lo que puede dar lugar a retrasos y restricciones arbitrarias. Esto crea incertidumbre tanto para las OSFL como para los funcionarios encargados de la implementación de la ley. Las OSFL ya deben registrarse ante múltiples agencias gubernamentales. Establecer un nuevo registro en el Ministerio de Economía y Finanzas sin un propósito claro sobre su utilidad adicional impone una carga innecesaria y redundante. Los requisitos de registro y presentación de informes pueden ser particularmente difíciles de cumplir para las pequeñas organizaciones, que podrían no tener los recursos administrativos y financieros necesarios para adaptarse a las nuevas demandas.
Recomendaciones
Para abordar las preocupaciones planteadas y asegurar que el proyecto de Ley respete los derechos de asociación y operación de las OSFL, nuestra organización TEDIC recomienda las siguientes modificaciones:
1. Claridad en los requisitos de informes: Especificar con precisión qué información debe ser registrada y reportada, asegurando que los requisitos sean proporcionados y no impongan cargas indebidas a las organizaciones.
2. Limitación de la autoridad de supervisión: Restringir la autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas a la supervisión del uso de fondos públicos, garantizando la transparencia sin invadir la privacidad y autonomía de las organizaciones que manejan fondos privados.
3. Proporcionalidad en las sanciones: Reducir las multas y otras sanciones para que sean proporcionales y razonables. Incluir mecanismos que permitan a las organizaciones corregir errores antes de ser sancionadas.
4. Protección de la información confidencial: Incluir disposiciones que aseguren la privacidad de la información confidencial de las OSFL, especialmente para aquellas que trabajan con poblaciones vulnerables o en áreas sensibles.
5. Aprobar la ley de protección de datos personales: Es necesario que el Congreso reviva el debate sobre la ley integral de protección de datos personales, a modo de garantizar de manera efectiva la protección de la información que será requerida a las OSFL sobre sus operaciones y personas beneficiarias.
6. Simplificación de los procedimientos de registro: Establecer procedimientos claros, simples y no discrecionales para el registro de las OSFL, evitando requisitos redundantes y cargas administrativas innecesarias.
Conclusión
Señores miembros del congreso, apelamos a su sentido común: Pospongan la votación de diputados sobre este proyecto de ley y abran una instancia de trabajo con las asociaciones, fundaciones y gremios. Estamos seguros de que podrá consensuarse un texto que contribuya al fortalecimiento de la democracia sin poner en riesgo los derechos fundamentales de las organizaciones y personas que buscan incidir positivamente en las políticas públicas de Paraguay. TEDIC está dispuesto a colaborar en este proceso y a aportar su experiencia y conocimiento para desarrollar una legislación equilibrada y respetuosa de los derechos humanos.
Instamos al Congreso Nacional a abstenerse de hacer acusaciones irresponsables y sin fundamento, que no solo perjudican la reputación de las personas y organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, sino que también desvían la atención de los verdaderos desafíos que enfrenta nuestra sociedad. En lugar de ello, les solicitamos que se enfoquen en fomentar un diálogo constructivo y colaborativo con las personas. Solo a través del trabajo conjunto y el respeto mutuo podemos desarrollar una legislación que realmente contribuya al fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales en Paraguay. TEDIC está dispuesto a colaborar en este proceso y a aportar su experiencia y conocimiento para lograr una ley equilibrada y justa.
1Dando a entender que los recursos de cooperación internacional recibidos por TEDIC serían utilizados para tales fines
La violencia de género en línea (VGL) está cambiando y expandiéndose continuamente, lo que hace urgente encontrar medidas efectivas y enfoques diversos para abordarla. En respuesta a esta necesidad, desde agosto de 2023 hasta mayo de 2024, llevamos a cabo el proyecto “Better data” (“mejores datos” en español), liderado por la World Wide Web Foundation, organización convocante de la Women’s Rights Online (WRO), una red global de organizaciones líderes en justicia de género y derechos digitales.
El proyecto “Better data” se dividió en dos áreas principales: una centrada en investigar las diferencias de información sobre los perpetradores de la violencia de género en línea, y otra en analizar la gran variedad de definiciones y manifestaciones de la VGL. El objetivo de este proyecto se centró en desarrollar estrategias para analizar patrones en común de estas definiciones y manifestaciones, con la intención de estandarizar la recolección de datos sobre la temática alrededor del mundo. Creemos que el desarrollo de estas estrategias y la estandarización en la toma de datos son acciones fundamentales para el mejor entendimiento del problema y, también, para la creación de políticas más efectivas que permitan una acción coordinada entre las múltiples partes interesadas. Entre las organizaciones que formaron parte de este proceso se encuentran: TEDIC (Paraguay), Pollicy (Uganda), Sula Batsu (Costa Rica), Women of Uganda (WOUGNET), Media Foundation for West Africa (Ghana), Fundación Karisma (Colombia), HOPE for Mozambique y Pen to Paper; así como el soporte y acompañamiento de Social Finance (Reino Unido).
Identificación de vacíos en las investigación sobre la VGL
Actualmente, la mayoría de las investigaciones sobre VGL1 se centran en las experiencias de las víctimas, dejando un vacío significativo en la identificación de las personas perpetradoras de este tipo de violencia, sus motivaciones y cómo mitigar su impacto. Para abordar esta laguna, otro de los grupos de trabajo de la iniciativa «Better Data» se centró en investigar a perpetradores de VGL.
Este equipo de investigación desarrolló una metodología para identificar y recopilar información de diversos actores a nivel mundial. La primera fase del proyecto consistió en revisar más de 50 documentos relevantes para determinar el estado actual de la información disponible y las lagunas que requieren atención urgente. La información compilada y revisada por el grupo de trabajo reveló la falta de información exhaustiva sobre las experiencias, motivaciones, distintos perfiles y comportamientos de los perpetradores de la VGL.
A partir de estos hallazgos, se diseñaron preguntas específicas que fueron abordadas en la siguiente etapa de este grupo de trabajo, de manera colaborativa con diferentes actores de la sociedad civil, la academia, el sector tecnológico y gubernamental. En colaboración con la organización Pollicy, se organizaron tres talleres de Laboratorios de Diseño de Políticas Tecnológicas (TPDL), una metodología que busca fomentar la colaboración entre gobiernos, empresas y sociedad civil para abordar desafíos tecnológicos complejos, mediante el diseño centrado en el ser humano y buscando desarrollar resultados de políticas innovadores. Estos talleres se desarrollaron durante febrero y marzo de 2024, de forma online y en diferentes zonas horarias con el objetivo de garantizar la participación de colaboradores de distintas partes del mundo.
Además, uno de estos talleres se desarrolló de manera presencial durante la semana de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) en Nueva York.
Áreas clave de investigación
Como resultado de estas discusiones, se destacaron tres áreas clave que requieren atención urgente tanto para las personas que realizan investigación como para posibles donantes que busquen financiar investigaciones sobre VGL:
Menores de edad como perpetradores de VGL: necesidad de programas educativos específicos y datos detallados.
Factores y tipos de perpetradores de VGL: diversidad de perfiles y motivaciones, además de una colaboración interdisciplinaria necesaria.
Estrategias de cambio de comportamiento para mitigar la VGL: ejemplos de intervenciones exitosas y recomendaciones para futuras investigaciones.
El resultado de este proceso de investigación en su primera y segunda fase, fue la creación de una hoja de ruta de investigaciónsobre los perpetradores de la VGL, donde se identifican las lagunas, tendencias y hallazgos clave de la investigación actual. A pesar de las limitaciones para incluir todas las experiencias y perspectivas regionales, se logró entablar diálogos y recabar opiniones y comentarios con organizaciones de África Occidental, América del Norte, América Central, África Oriental, Europa, América del Sur y el sur de África. Estos hallazgos destacan los desafíos urgentes que deben abordarse para avanzar en una investigación más completa sobre los aspectos interconectados de la violencia de género en línea, con un enfoque particular en los perpetradores, y así desarrollar acciones más efectivas para combatir y mitigar la VGL.
Desafíos y necesidad de marcos conceptuales comunes
La VGL se manifiesta de diversas formas y varía según el contexto regional, lo que hace necesario desarrollar marcos conceptuales comunes para abordarla de manera efectiva. Estos marcos son esenciales para que las personas formuladoras de políticas públicas, las agencias estadísticas y otras instituciones puedan recopilar datos precisos y detallados sobre la VGL. La estandarización de definiciones y manifestaciones permite una comprensión más completa del problema, facilitando la creación de políticas más efectivas y acciones coordinadas a nivel global. Uno de los grupos de trabajo de la iniciativa «Better Data» se centró en identificar y analizar áreas no abordadas y matices existentes en las definiciones y manifestaciones de la VGL. Esta fase del proyecto se desarrolló en dos etapas clave. La primera etapa consistió en la recolección de datos, durante la cual se revisaron y analizaron más de 90 documentos para identificar y sistematizar las actuales definiciones utilizadas. La segunda etapa implicó la organización de dos mesas redondas de discusión con formuladores de políticas públicas y miembros de la sociedad civil, co- organizadas por TEDIC, Fundación Karisma y Sulá Batsú.
El objetivo central de estas mesas de discusión fue compartir las diversas definiciones y manifestaciones mapeadas en la primera fase, debatir sobre sus complejidades y analizar las coincidencias y diferencias para desarrollar un marco de referencia común que sirva a gobiernos, academia, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas a la hora de comprender de manera más completa la VGL. También se abordó el creciente uso del término violencia de género facilitada por la tecnología (VGFT) y los cambios que este uso implica en términos de cómo se expande el entendimiento del fenómeno.
Estas mesas redondas se realizaron tanto en inglés como en español durante mayo de 2024, y contaron con una amplia participación de personas de América Latina, enriqueciendo las conversaciones y proporcionando una perspectiva del sur global sobre los temas discutidos.
La necesidad de desarrollar un marco de referencia surge de la urgencia de ofrecer herramientas a los formuladores de políticas públicas y a las agencias estadísticas para que puedan considerar detenidamente los matices, complejidades y desafíos de la VGL/VGFT. La expectativa es generar instrumentos de recolección de datos que puedan recabar de manera detallada y desagregada la situación de la VGL/VGFT a escala nacional, regional y global.
La búsqueda de estandarizar las definiciones y manifestaciones de la VGL/VGFT es una tarea compleja y en proceso de debate global, debido a las particularidades de cada región en cuanto a la violencia de género. Como resultado de estas dos etapas, desarrollamos un informe que sintetiza los principales hallazgos, incluyendo un inventario de los diversos términos en uso y sus manifestaciones asociadas, así como un marco con preguntas guía sobre cómo construir y definir localmente la VGL/VGFT y sus manifestaciones. Se espera que los resultados de este trabajo contribuyan significativamente a abordar la VGL/VGFT de manera más exhaustiva, considerando todas las dimensiones fundamentales para definirla y, posteriormente, guiar acciones efectivas tanto en la recolección de información como en la regulación, evitando abordajes demasiado amplios que puedan entrar en conflicto con otros derechos.
Próximos desafíos
Aún queda mucho por hacer para combatir y mitigar la violencia de género en línea. Esperamos que los resultados de este proyecto contribuyan al desarrollo de iniciativas efectivas en la lucha contra la VGL/VGFT en diversas partes del mundo. Ambos documentos evidencian la necesidad e importancia de preservar procesos internos de definición de la VGL/VGFT para la construcción efectiva de políticas públicas que tomen en cuenta las particularidades de un determinado territorio
Los documentos finales de ambos procesos se lanzarán oficialmente y se compartirán con los miembros de la red de WRO, así como con entidades gubernamentales, académicas, representantes de plataformas y empresas tecnológicas, y otros miembros de la sociedad civil. El objetivo es fomentar un mayor compromiso y participación, además de llamar la atención sobre los aspectos clave a considerar al abordar la VGL/VGFT y al desarrollar acciones para combatirla.
Finalmente, el aporte de este proyecto se medirá por los resultados tangibles alcanzados y el impacto positivo en el abordaje de la VGL. Se espera que este esfuerzo conjunto y global permita garantizar un entorno en línea más seguro y justo para todas las personas.
1En lo que concierne a la investigación de perpetradores, solamente se analizó el fenómeno desde el término de violencia de género en línea (VGL), sin considerar el término de violencia de género facilitada por la tecnología (VGFT)
En un mundo donde la digitalización avanza a pasos agigantados, la defensa de los derechos humanos y digitales en Paraguay se vuelve una tarea primordial. Nuestro contexto nacional presenta desafíos únicos, desde la protección de datos personales hasta la lucha contra la violencia de género facilitada por la tecnología, pasando por la necesidad de garantizar la libertad de expresión y seguir fomentando el fortalecimiento de nuestra democracia. Como organización que lucha por la defensa de los derechos humanos en entornos digitales, una de nuestras misiones consiste en incidir en políticas que protejan y promuevan estos derechos desde una perspectiva transversal de género, asegurando que la tecnología beneficie a toda la sociedad de manera equitativa y justa. Durante el primer semestre de 2024, llevamos a cabo diversas acciones que reflejan este compromiso, trabajando incansablemente para influir en la agenda política nacional y garantizar que nuestros derechos sean respetados y protegidos. A continuación, presentamos una serie de nuestras acciones de incidencia para este primer semestre del año divididas en nuestras principales áreas de trabajo:
Datos personales: seguimos luchando por la sanción de una Ley integral para Paraguay
Durante el mes de febrero, el la tercera edición del Crypto Summit del Sur, que tuvo lugar el día 20 del mes en Ciudad del Este, nos brindó una excelente oportunidad para hacer llegar nuestra campaña #MisDatosMisDerechos a otra ciudad de Paraguay, pudiendo compartir y presentar varios de los recursos desarrollados por nuestra organización como postales informativas sobre nuestras investigaciones sobre criptomonedas y criptominería y todos nuestros fanzines sobre datos personales. Solo dos días después, el 22 de febrero, participamos del Meet and Greet de CiSOFT, organizado por la Cámara Paraguaya de la Industria del Software en la ciudad de Asunción. En este evento, Eduardo Carrillo, codirecto de TEDIC. Natalia Enciso y Cecilia Abente, abogadas que forman parte de la Coalición de Datos Personales de Paraguay, compartieron y debatieron con más de 15 personas sobre la propuesta de ley de datos personales en Paraguay, una legislación que venimos impulsando hace más de 3 años junto a la Coalición de Datos Personales. Este evento fue una oportunidad más para aclarar dudas y enfatizar la necesidad urgente de esta legislación en nuestro país.
Marzo también fue un mes de gran actividad. Del 11 al 20 de marzo, en colaboración con Klirk y con el apoyo de SEDECO, ASEPY y ADEC, presentamos un nuevo curso en línea destinado a emprendedoras, emprendedores, empresas y organizaciones en Paraguay. Este curso se enfocó en preparar a las partes interesadas para la implementación práctica de la Ley Integral de Protección de Datos Personales, subrayando la importancia de proteger tanto los datos personales como empresariales. El curso certificó a más de 40 personas del sector privado, del gobierno y la sociedad civil en cómo aplicar conceptos básicos de protección de datos personales para mejorar experiencias de usuario que generen mayor confianza en sus clientes. La importancia de este curso se magnifica en un contexto nacional plagado de casos de vulneraciones de ciberseguridad, como la filtración de datos de la policía nacional a mediados de 2023 y el incidente con TIGO a comienzos de enero de 2024, donde datos sensibles de miles de personas fueron expuestos. Creemos que estos son solo algunos ejemplos que resaltan la urgencia de fortalecer las prácticas de ciberseguridad y protección de datos en nuestro país.
En este sentido, ampliamos nuestra campaña «Mis Datos Mis Derechos» a nuevos sectores y audiencias, traduciendo sus principales mensajes al guaraní e incluyendo a dos organizaciones, OPAMA y FENAES, que buscan incidir en la mejora de las condiciones del transporte público en el área metropolitana de Asunción y en las condiciones y derechos de las personas estudiantes en todo Paraguay. Además, durante los meses de febrero y marzo, mantuvimos reuniones cruciales con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y varios Congresistas, con el objetivo de revisar la versión final del proyecto de ley integral de datos personales, buscando asegurar que esta legislación refleje los más altos estándares internacionales de derechos humanos y que pueda, efectivamente, ser tratada y sancionada en este periodo legislativo.
Durante el mes de mayo, participamos de la 20ª Asamblea Plenaria de ParlAmericas donde compartimos algunas recomendaciones y recordamos la necesidad y rol de los parlamentos de priorizar la protección de datos personales como una cuestión transversal a la hora de pensar en procesos de digitalización en general. El 28 de mayo, participamos en la mesa de trabajo impulsada por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. La agenda del día incluyó el análisis de la situación del proyecto de ley de Protección de Datos Personales en Paraguay. Fueron convocados integrantes del equipo técnico de la Coalición de Datos Personales, con la finalidad de seguir impulsando este proyecto de ley, que actualmente se encuentra en estado de indefinición respecto a la autoridad reguladora. Nuestra incidencia en el área de datos personales y privacidad tuvo una significativa repercusión en la prensa, con 30 menciones en diferentes medios de comunicación, incluyendo televisión, radio, prensa escrita y digital. Destacamos especialmente nuestro trabajo continuo en la incidencia por la sanción del proyecto de ley de datos personales, junto a la Coalición de Datos Personales de Paraguay. La ampliación de nuestra campaña «Mis Datos, Mis Derechos» al idioma guaraní también logró un eco significativo1 en medios de prensa, así como otras apariciones que lograron posicionar temas cruciales como la importancia de proteger la privacidad de las y los ciudadanas y ciudadanos y la urgencia de establecer un marco legal que regule el tratamiento de datos tanto en el sector público como en el privado.
Democracia: fomentamos una participación informada
Durante el mes de marzo participamos del Bootcamppor la Democracia, organizado por Alma Cívica,en Ypacaraí donde estuvimos a cargo del taller sobre «Tecnología para la democracia» en un ambiente distendido, en el que jóvenes líderes pudieron intercambiar experiencias y aprender sobre la importancia de la tecnología en la construcción de una sociedad democrática, proporcionándoles el conocimiento y las habilidades necesarias para participar activamente en la política y defender sus derechos. El 19 de marzo, en el conversatorio «Fortaleciendo la democracia» del Observatorio Electoral Ciudadana, Leonardo Gómez, coordinador de proyectos de democracia y tecnopolítica, expuso sobre la observación electoral en Paraguay y el contexto latinoamericano. En este evento compartió las experiencias de El Avizor y los trabajos de monitoreo que llevamos a cabo durante las elecciones presidenciales del 2023, resaltando la importancia de la transparencia y la vigilancia ciudadana.
El 20 de marzo, Leonardo Gómez, también participó en un taller presencial sobre la protección de procesos electorales, organizado por la ONG IDEA Internacional. En este evento, estuvimos a cargo del conversatorio sobre brecha digital y la educación cívica en Paraguay junto a Margarita Rojas del MITIC. En este espacio subrayamos la importancia de fomentar las capacidades de una ciudadanía informada y tecnológicamente competente. Durante el mes de marzo también lideramos una reunión con distintas organizaciones de la sociedad civil en el marco de la campaña internacional “Stop Killer Robots” (Paremos a los Robots Asesinos). En esta reunión debatimos sobre las implicancias de los sistemas de armas autónomas en el contexto nacional e internacional y abordamos la necesidad de un pronunciamiento conjunto y la imperiosa necesidad de regular las mismas.
Participación de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil en Paraguay en la reunión – 25 de marzo Participación de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil en Paraguay en la reunión – 25 de marzo
Por otro lado, desde TEDIC venimos trabajando en estrecha colaboración con actores clave del Estado paraguayo para fomentar un diálogo informado y constructivo sobre los impactos sociales y éticos de la tecnología utilizada para la defensa. Estas articulaciones tienen como objetivo influir en la formación de políticas públicas y asegurar que Paraguay pueda contribuir efectivamente a los debates internacionales con una postura bien fundada y éticamente sólida sobre los sistemas de armas autónomas.
Participación de los representantes de las instituciones del Estado paraguayo en la reunión – 10 de abril
En esta mesa de trabajo, junto a las distintas instituciones públicas del Estado, contamos con la participación virtual de la experta María Pía Devoto, Coordinadora de la Red de Seguridad Humana de América Latina y el Caribe (SEHLAC). Su contribución durante la reunión sentó las bases sobre el debate actual de los sistemas de armas autónomas, proporcionando a los representantes estatales una mirada experta sobre los desafíos éticos y sociales que enfrentamos en la era digital, destacando la importancia del papel de Paraguay en el debate global sobre uso y la regulación de las armas autónomas.
Además, en abril, dimos cierre al ciclo de capacitaciones e investigaciones del Bootcamp 2023 – Financiamiento político, datos, tecnología y elecciones. En colaboración con Semillas para la Democracia, presentamos un compendio de 10 artículos titulado «El poder bajo la lupa – Bootcamp 2023″.
En este evento no solo cerramos una etapa de aprendizaje y desarrollo para las y los periodistas que participaron de estas jornadas de formación en dos ciudades del país, sino que también lanzamos una nueva investigación sobre la industria de la influencia en las elecciones paraguayas, destacando preocupaciones sobre la manipulación de elecciones a través de redes sociales.
El 24 de abril, participamos en el evento «Promoviendo el desarrollo inclusivo del Paraguay» organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este encuentro, que reunió a sociedad civil y a representantes del gobierno, fue un espacio para reflexionar sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas en la promoción de la inclusión y el fortalecimiento de la sociedad civil en Paraguay. El encuentro impulsó el diálogo entre diversidad de países y replicó las buenas prácticas, las lecciones aprendidas y las recomendaciones de la colaboración entre OSC y el Estado, con un enfoque de inclusión que garantice la participación de los grupos más vulnerables y excluidos de la sociedad.
Nuestra incidencia en el área de democracia, acceso a la información y participación ciudadana también tuvo una significativa repercusión en la prensa, con 22 menciones en diferentes medios de comunicación, incluyendo televisión, radio, prensa escrita y digital. Entre los temas destacados de esta área, se encontró la cobertura y difusión de nuestra investigación sobre máquinas de votación electrónicas en las elecciones presidenciales del 2023 y el lanzamiento de los artículos producidos en el marco del Bootcamp 2023 – Financiamiento político, tecnología, datos y elecciones.
Libertad de Expresión: el pilar de toda sociedad libre
El 20 de abril, en el marco del día del periodista en Paraguay, llevamos a cabo un taller sobre desinformación y fact checking junto a la Embajada de Alemania en Paraguay. Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC, presentó la charla: Desinformación en contexto de elecciones en Paraguay y Javier Pallero, activista por los derechos humanos y comunicador de Argentina, presentó, de forma virtual, el taller: Desinformación, I.A y herramientas y procesos para identificarlas.
📰✨ ¡Celebramos el Día del periodista con un evento especial! Gracias a la Embajada de Alemania en Paraguay, tuvimos el honor de organizar el taller «Desinformación y fact checking». Fue un día lleno de aprendizaje y diálogo junto a exponentes como Maricarmen Sequera, Javier Pallero y José Heinz. 💬 Te compartimos el resumen de los momentos más destacados. Agradecemos al ICPA por proporcionar el espacio perfecto para este encuentro y a todas las personas que participaron.
Dos días después, el 22 de abril, Eduardo Carrillo ofreció una conferencia en UniNorte sobre periodismo y ciberseguridad. En esta charla, se exploraron los desafíos que enfrenta el periodismo para garantizar una comunicación segura en un entorno cada vez más digitalizado.
Nuestra participación en la consulta virtual con el Relator Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, Pedro Vaca, liderada por la Doctora Alejandra Peralta Merlo, también marcó un hito en nuestra incidencia nacional en esta área. En esta consulta, acercamos nuestras preocupaciones y recomendaciones sobre la Ley 5777/16 y la repercusión que está teniendo su tergiversación, por algunos jueces y juezas, en la libertad de expresión en Paraguay.
Toda la información compartida en esta consulta es producto de uno de nuestros últimos lanzamientos, una nueva investigación en colaboración con el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE), en la que examinamos de cerca seis casos legales que involucran a funcionarios y personas de interés público bajo la ley 5777/16, indagando sobre cómo la aplicación de esta ley está generando algunas controversias, especialmente en cuanto a la censura previa y la libertad de expresión de periodistas y comunicadores. Esta investigación fue acercada y presentada a más de 20 actores clave tanto de la prensa como del sector público en Paraguay, entre los que se destacan seis diputadas y senadoras del Congreso Nacional (Esperanza Martínez, Celeste Amarilla, Yolanda Paredes, Lilian Samaniego, Zenaida Delgado y Johanna Ortega), así como representantes del Ministerio de la Defensa Pública, del Ministerio de la Mujer, de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y representantes de la academia y la sociedad civil.
Nuestra incidencia en el área de libertad de expresión también logró una importante repercusión en la prensa, con 14 apariciones en medios sobre la temática. Destacamos especialmente cuatro entrevistas1 en cuatro canales de televisión de gran audiencia, donde logramos posicionar temas cruciales como la seguridad digital en el periodismo, la importancia de respetar la libertad de expresión de las personas periodistas, la necesidad de una regulación adecuada de intermediarios y la importancia de que la ley 5777/16 no sea utilizada para censurar y limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores.
Género: una perspectiva transversal por la igualdad
El 10 de abril, en colaboración con Memetic y Diakonia y con el apoyo de la Unión Europea, presentamos el proyecto «Informadas y Resilientes». Esta iniciativa busca reducir desigualdades y promover los derechos humanos en Paraguay, combatiendo la desinformación y la violencia digital.
En mayo, facilitamos un taller de formación sobre violencia de género facilitada por la tecnología con alumnas de la Universidad de Columbia en Paraguay. En este taller, enfocado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 16, subrayamos la importancia de la igualdad de género y la justicia en el entorno digital.
Además, desde comienzos de año participamos activamente en las reuniones de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra la Mujer (PREVIM). En los meses de abril y mayo, TEDIC asistió a diversas sesiones ordinarias y extraordinarias, donde nuestra representante, Pamela Peralta, coordinadora del área de género, tuvo un rol destacado.
En la primera sesión, se presentó un seminario internacional sobre “Sistemas de Registro de Casos de Violencia contra las Mujeres”, compartiendo experiencias y buenas prácticas de Paraguay, Chile y Uruguay. En la segunda sesión extraordinaria, se discutieron los trabajos realizados junto al Instituto Nacional de Estadísticas sobre registros administrativos y su conversión en registros estadísticos por la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia. También se abordaron los avances y estrategias sobre el “Anteproyecto de Ley que crea los Juzgados y Tribunales Especializados de Violencia contra las Mujeres” presentado por el Ministerio de la Mujer.
En la tercera sesión, se continuó con el proceso de definición del Sistema Unificado y Estandarizado de Registro de la Violencia contra las Mujeres (RUVIG). Durante esta sesión, se presentó el Registro de Mujeres Víctimas de Violencia de Género en España y se discutieron los próximos pasos en la construcción conjunta de este sistema. La participación política de las mujeres en Paraguay ha sido un proceso marcado por desafíos y obstáculos, y uno de los más insidiosos y crecientes es la violencia de género facilitada por la tecnología. Con el fin de buscar soluciones a esta problemática, Mariela Cuevas, representante de TEDIC, mantuvo una reunión con la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo y la viceministra Silvia Blasco. En este encuentro, expusimos sobre una nueva investigación en curso dentro del proyecto denominado “Violencia de género facilitada por la tecnología a mujeres políticas en Paraguay”. Con los resultados obtenidos, se buscarán estrategias adecuadas para combatir este tipo de violencia, trabajando en acciones en conjunto.
Además, a lo largo del mes de mayo, realizamos dos grupos focales con concejalas de los departamentos de Central y Cordillera. De estos grupos focales surgirán datos que alimentarán la investigación en curso sobre violencia facilitada por la tecnología a mujeres políticas, enriqueciendo nuestro entendimiento y ayudándonos a desarrollar estrategias más efectivas para combatir esta problemática.
Este primer semestre de 2024 fue un periodo de intensa actividad y logros significativos para TEDIC. A través de nuestras acciones de incidencia, trabajamos en la protección de los derechos humanos en entornos digitales, buscando influir en políticas y promover una sociedad más justa y equitativa. Nuestro compromiso sigue siendo firme, y continuaremos trabajando para garantizar que cada avance tecnológico respete y proteja nuestros derechos fundamentales.
1Para acceder a todas nuestras entrevistas podés visitar nuestro canal de Youtube siguiendo este enlace: https://www.youtube.com/@tedicpy
Desde TEDIC, en colaboración con Tactical Tech, profundizamos en el complejo e inexplorado panorama de las campañas digitales en época de elecciones en Paraguay a través de nuestro reciente Policy Brief «Industria de la Influencia». Este documento, es abordado como un informe político que busca subrayar la creciente preocupación respecto a la manipulación de elecciones mediante redes sociales, la opacidad en el financiamiento de las campañas y la falta de regulaciones adecuadas para el manejo de datos personales con fines políticos.
La investigación que da origen a este documento, reveló que entre 2021 y 2023, 43 empresas nacionales y extranjeras se involucraron en proporcionar servicios de propaganda digital a 156 campañas electorales en Paraguay. Este número incluye 148 campañas individuales, de las cuales solo 24 fueron lideradas por mujeres, señalando no solo una creciente dependencia de la tecnología en la política sino también profundas desigualdades de género.
Además, el aumento en la inversión en estrategias digitales por parte de los partidos políticos, y la opacidad en el financiamiento y la falta de adecuada regulación sobre el uso de datos personales, vienen contribuyendo a una crisis de confianza en el sistema electoral paraguayo. Este escenario se complica aún más por la falta de procedimientos efectivos para el seguimiento y la rendición de cuentas, particularmente en el entorno digital.
Uno de los hallazgos más alarmantes de este documento es la limitada apertura de los datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) respecto al financiamiento político. Esta falta de transparencia subraya la necesidad de una actualización urgente de la legislación electoral para adaptarla a la actual era digital, incluyendo una protección robusta de datos personales y la mejora de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La necesidad de una reforma electoral es urgente. Esto ha sido incluso reconocida por el propio TSJE, quien anunció recientemente la introducción de un paquete de reformas legislativas para el nuevo período parlamentario del 2024 y en donde destacan cuestiones como la inclusión en el padrón electoral de los presos sin condena, el uso de cuartos oscuros y urnas plásticas, modificación de plazos electorales, la introducción de biometría para identificación de votantes, un pacto ético digital, entre otros1.
Tal voluntad de reforma es digna de destacar y resaltar. Sin embargo, la misma debe ser realizada desde un enfoque en la evidencia que también incorpore cuestiones como el control del pautaje en redes sociales. Lo anteriormente expuesto señala una serie de vacíos y necesidades, pero también un camino a seguir con miras a robustecer el actual escenario electoral y con miras a generar un mayor grado de fiabilidad y confianza hacia el sistema electoral y sus instituciones.
Recomendaciones para un futuro más transparente
En respuesta a estos desafíos, el Policy Brief propone varias recomendaciones:
Mejora de la transparencia: Fomentar alianzas con plataformas digitales para implementar controles cruzados sobre las inversiones en campañas, asegurando uniformidad y veracidad.
Detallar servicios de propaganda electoral: Requerir que se publiquen descripciones detalladas de los servicios digitales, incluyendo el uso de datos y segmentaciones.
Inclusión y equidad de género: Establecer medidas afirmativas para mejorar el acceso a recursos digitales para mujeres candidatas y comunidades subrepresentadas.
Legislación de protección de datos y transparencia: Instar a los órganos de gobierno a promulgar una ley integral de protección de datos personales que regule la recolección y uso de datos por parte de actores políticos y empresas.
Políticas de ciberseguridad y acceso: Implementar políticas para asegurar el acceso seguro y continuo a la información electoral, especialmente para votantes en el exterior.
Herramientas para la consulta de datos: Sugerir que el ONAFIP disponga de una API pública para consultas y extracciones de datos, facilitando el acceso a la información electoral de manera más efectiva.
Acceso a la información pública digitalizada: Incluir opciones de descarga para documentos relevantes, mejorando así la transparencia y el control por parte de la ciudadanía.
Este análisis y las recomendaciones propuestas buscan no solo resaltar los retos actuales sino también ofrecer soluciones concretas para asegurar que las futuras elecciones en Paraguay sean más justas, transparentes y libres de influencias indebidas.
Conocé a la industria
Los datos recopilados, con la descripción de cada empresa involucrada en los procesos electorales paraguayos, la fuente donde se encuentra disponible la información y el volumen de las inversiones se encuentra disponible en el explorador de la página de la Industria de la Influencia, desarrollada por Tactical Tech.
En el sitio se puede filtrar los datos por país, categoría e incluso buscar por nombre de empresa. Los datos pueden ser exportados y permiten que más personas que realizan investigación puedan llevar adelante tareas de control público. En esta web también se pueden encontrar detalles de la metodología utilizada, así como estudios de caso relevados en otros países.
Invitación a la Acción
Invitamos a todas las personas interesadas en la democracia y la transparencia electoral a descargar y leer nuestro Policy Brief «Industria de la Influencia» para entender mejor estos desafíos y sumarse al camino hacia reformas significativas en nuestro sistema electoral.
1Ultima Hora, “TSJE promoverá reforma electoral con temas técnicos y no políticos”, Última Hora, 2023, sec. Política, https://www.ultimahora.com/tsje-promovera-reforma-electoral-con-temas-tecnicos-y-no-politicos.
En esta nueva investigación, examinamos de cerca seis casos legales, que involucran a funcionarios y personas de interés público, bajo la ley 5777/16, cuyo objetivo es la protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia en Paraguay. En este estudio exploratorio indagamos sobre cómo la aplicación de esta ley está generando algunas controversias, especialmente en cuanto a la censura previa y la libertad de expresión de periodistas y comunicadores. Esta investigación fue revisada y originalmente publicada por el Centro de Estudios de Libertad de Expresión (CELE) de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina.
A continuación, presentamos los seis casos que son abordados en este estudio con el fin de ilustrar cómo la ley fue aplicada y sus implicaciones para la libertad de expresión en Paraguay.
Análisis de los 6 casos bajo la Ley 5777/16
Estos 6 casos comparten un patrón común: todos involucran a personas de interés público. Estas personas, al ser públicas, deben estar dispuestas a tolerar críticas y opiniones diversas. Mientras que los Estados deben garantizar la libertad de expresión, las personas de interés público también deben estar preparadas para escuchar y aceptar opiniones diferentes a las suyas.
De los 6 casos analizados, 2 tuvieron resultados a favor de la libertad de expresión (Medina vs Aquino y Gamarra vs González). Los otros 4 casos implican una sentencia en contra de la libertad de expresión (Chena vs Mousques; Portillo vs Duarte; Guachiré vs Galli, Chamorro vs Vega) y nos preocupa.
Caso 1: Mabel Portillo vs. Gloria Duarte La periodista Mabel Portillo fue acusada de violencia psicológica por la intendenta de Yataity del Guairá, Gloria Duarte, tras criticar la gestión de fondos municipales. Este caso destaca la tensión entre la crítica periodística y la protección legal contra la violencia, con un fallo judicial que limitó la libertad de expresión de la periodista.
Caso 2: Christian Chena y RDN vs. Gisele Mousques Christian Chena, dueño del medio RDN, enfrentó restricciones judiciales después de ser denunciado por Gisele Mousques, esposa del político Darío Filártiga. Una jueza prohibió a Chena mencionar a Mousques en medios digitales, sugiriendo una interpretación de la ley que restringe la libertad de expresión en lugar de protegerla adecuadamente.
Caso 3: Alfredo Guachiré vs. Celia Galli Alfredo Guachiré, periodista, publicó un artículo implicando a Natalicio Chase, presidente de ESSAP, y su esposa Celia Galli en un caso de estafa. Galli usó la Ley 5777/16 para acusar a Guachiré de violencia contra la mujer, en un claro ejemplo de cómo ciertas figuras públicas están utilizando la ley para silenciar críticas.
Caso 4: Letizia Medina vs. Norma Aquino Letizia Medina enfrentó medidas cautelares por publicaciones consideradas difamatorias por la senadora Norma Aquino. En este caso, la justicia falló a favor de la libertad de expresión, destacando la necesidad de aplicar correctamente el test tripartito para distinguir entre hostigamiento y libre expresión.
Caso 5: Rodrigo Gamarra vs. Kattya González Rodrigo Gamarra fue acusado de difamación por la política Kattya González, quien alegó ataques personales y difamatorios. La sentencia a favor de la libertad de expresión en este caso subraya la importancia de proteger el discurso crítico, especialmente en contextos políticos.
Caso 6: Fredy Chamorro vs. Claudia Vega Fredy Chamorro, periodista, reveló irregularidades en la gestión del Hospital Distrital de Encarnación por Claudia Vega, quien respondió con una denuncia por acoso y amenazas. Este caso resultó en un fallo contra la libertad de expresión, mostrando cómo la ley puede ser utilizada para inhibir la investigación periodística.
Mediante el análisis de estos casos, se busca comprender cómo la citada ley puede ser interpretada de manera restrictiva, afectando así la diversidad de opiniones, la creatividad humorística y la libertad de prensa en el país. Estos hallazgos sugieren que la ley, si bien crucial para la protección de las mujeres, necesita una revisión para evitar que se convierta en un instrumento que restrinja indebidamente el debate público.
Hallazgos clave
La necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. La ponderación de ambos derechos debe ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales.
La importancia de distinguir entre el hostigamiento y la libertad de expresión, y destacar los usos indebidos de esta ley en asuntos de interés público.
Las decisiones judiciales no clarifican cómo se aplican los conceptos de violencia definidos en la ley 5777/16. Además, se observa una vinculación problemática entre las expresiones críticas o cuestionadoras hacia la mujer y formas de violencia simbólica, sin un análisis preciso ni fundamentado sobre la materia.
Recomendaciones concretas
Reglamentar de manera precisa y detallada la aplicación de la Ley 5777/16 y la Ley 1600/00 para evitar posibles abusos por los Tribunales y garantizar una protección efectiva a las víctimas de violencia: Es fundamental que se establezcan procedimientos claros y transparentes para la solicitud, evaluación y aplicación de la ley, en especial las medidas cautelares contempladas en esta ley, asegurando que se respeten plenamente los preceptos constitucionales e internacionales de libertad de expresión.
Brindar capacitación adecuada a las y los profesionales encargados de aplicar estas medidas, incluyendo jueces, juezas, fiscales, abogados, abogadas y personal policial, en temas relacionados con violencia de género, derechos humanos y libertad de expresión: Esta capacitación debería incluir un enfoque de género y sensibilidad a las necesidades específicas de las víctimas, así como una comprensión clara de los principios y normas internacionales aplicables en la materia.
Establecer mecanismos de monitoreo y supervisión efectivos para garantizar el cumplimiento adecuado de la ley y prevenir posibles abusos en la aplicación de las medidas cautelares: Esto podría incluir la creación de instancias de control independientes y la implementación de sistemas de seguimiento y evaluación periódica de los casos.
Mejorar los conceptos de violencia de género facilitada por la tecnología en la ley 5777/16 para que su aplicación incluya la identificación de los tipos de violencia en este espacio digital.
Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
En Paraguay, el compromiso con los derechos humanos trasciende nuestras fronteras nacionales. Al reconocer la figura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), nuestro país se alinea con una visión internacional de protección y promoción de derechos.
Esta adhesión establece un mandato: todas las decisiones de la Corte IDH son vinculantes para el sistema judicial paraguayo. Esto significa que nuestras cortes y tribunales están obligados a considerar y aplicar los fallos y directrices de la Corte IDH, asegurando un estándar internacionalmente reconocido. La Corte IDH emitió 14 sentencias que son ejercicios esenciales para aplicar adecuadamente la ley, subrayando la importancia de la libertad de expresión. Estas sentencias fueron identificadas en nuestra investigación y respaldan tanto el análisis como nuestro posicionamiento a favor de la libertad de expresión.
Todas estas preocupaciones también fueron abordadas en la reunión con Pedro Vaca el Relator Especial para la libertad de expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de la OEA, que fue liderada por la Doctora Alejandra Peralta Merlo. La información aportada se integró al monitoreo que realiza la RELE sobre la Ley 5777/16 y la repercusión que está teniendo en la libertad de expresión en Paraguay.
Desde el 2022, con el lanzamiento de nuestra campaña «Mis datos, mis derechos» buscamos acercar recursos e información sobre la importancia de proteger nuestros datos personales en Paraguay. Conscientes de la importancia y necesidad de una legislación que regule de forma efectiva e integral el tratamiento de nuestros datos tanto en el sector público como en el privado, lanzamos esta iniciativa para acompañar el largo camino, junto a la Coalición de Datos Personales de Paraguay y otros actores clave, en la incidencia de un cambio legislativo vital para nuestro país. Sin embargo, reconocemos que Paraguay, siendo un país bilingüe, necesitaba que esta información sea accesible en ambos idiomas, español y guaraní. Teniendo como misión la inclusión y el acceso democrático a la información, ampliamos y lanzamos esta campaña al idioma guaraní, sumando a más personas y actualizando algunos mensajes de la campaña para seguir presionando la sanción de esta legislación.
Reconocer que el idioma también es una barrera
En un contexto digital cada vez más expandido, donde cada clic que hacemos deja una huella, nuestro derecho a la privacidad se vuelve cada vez más fundamental. A pesar de su importancia, muchas personas aún enfrentan barreras lingüísticas que limitan o imposibilitan su acceso a información crucial sobre cómo proteger sus datos personales. Creemos que al traducir y adaptar nuestra campaña a guaraní, no solo extendemos nuestro alcance, sino que también aspiramos a fortalecer un accionar democrático, posibilitando que más personas en Paraguay tengan las herramientas para defender sus derechos digitales.
La importancia del trabajo colectivo
Este año, nuestra campaña se expande gracias a la colaboración con organizaciones como OPAMA y FENAES, dos organizaciones que representan a sectores significativos de nuestra población —los estudiantes y las personas usuarias del transporte público—. Con su ayuda, buscamos llegar a más oídos, compartiendo conocimientos y concientizando a más personas en todo nuestro territorio nacional. Para asegurar que los mensajes sean claros y resonantes, desarrollamos una variedad de contenidos dinámicos y atractivos en guaraní. Desde memes y reels informativos hasta participación en talleres sobre privacidad y datos personales en las principales ciudades de Paraguay, cada mensaje fue concebido para lograr transmitir información de manera coloquial y accesible.
La adaptación de nuestra campaña a un formato bilingüe responde a la creciente demanda de información a nivel nacional. La positiva recepción de nuestras actividades preliminares, que incluyen incidencias, así como la realización de entrevistas y talleres sobre protección de datos personales, demuestra un interés cada vez mayor y un fuerte compromiso por parte de muchas personas en Paraguay.
Más trasversalidad, misma preocupación
En el video de lanzamiento de nuestra campaña #MisDatosMisDerechos en guaraní, contamos con el apoyo de OPAMA y FENAES. En este, abordamos la preocupación creciente sobre cómo se recogen nuestros datos personales a través de sistemas como el billetaje electrónico de buses. En nuestra campaña, enfatizamos la necesidad de transparencia y apertura en el manejo de los datos, sosteniendo que estos deberían ser accesibles al público para prevenir malinterpretaciones y usos indebidos que podrían dañar la confianza en los sistemas de transporte. Defendemos y promovemos el acceso a la información y la protección de los datos personales, destacando la importancia de considerar estos aspectos para mejorar y facilitar la comprensión pública de nuestros servicios de transporte. Sin una ley integral de protección de datos personales, nuestros datos podrían ser usados para vigilancia, creación de perfiles de consumo y otros fines no consentidos.
Por otro lado, en colaboración con FENAES, la campaña también busca promover la necesidad de un boleto estudiantil que proteja la información sensible compartida por estudiantes para acceder a subsidios de transporte. Desde esta perspectiva se busca garantizar que los datos proporcionados no se utilicen para otros fines que no sean mejorar la accesibilidad y la calidad del transporte para las y los estudiantes.
Finalmente, la campaña invita a toda la comunidad a sumarse a la incidencia para lograr la sanción de una legislación robusta en materia de protección de datos personales, resaltando la importancia de que el control sobre nuestros datos personales debería estar exclusivamente en nuestras manos y no de empresas ni instituciones públicas.
Nos emociona anunciar el lanzamiento del Bootcamp 2024sobre «Derechos Digitales, tecnología y activismo», organizado por TEDIC con el apoyo del National Democratic Institute (NDI) y la colaboración de La Política Online (LPO). Esta edición del bootcamp estará orientada a activistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos de América Latina y el Caribe.
¿Te interesa profundizar sobre temas en la intersección de los derechos humanos y la tecnología? En estas jornadas de formación abordaremos temas como: la privacidad y protección de datos, libertad de expresión y moderación de contenidos, fundamentos básicos de la inteligencia artificial (IA), apagones de internet como una táctica de censura, violencia digital de género, las TICs en su intersección con los derechos ambientales, seguridad digital para activistas, habilidades para la defensa efectiva con un enfoque centrado en la comunicación y una clase magistral sobre edición de estilo para la producción de artículos.
¿En qué consiste este Bootcamp?
Durante nueve clases intensivas asincrónicas vas a tener la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y herramientas para la producción de piezas periodísticas y artículos de interés general. También vas a poder intercambiar experiencias y realizar preguntas en sesiones de Q&A en vivo programadas con personas expertas de la región en los temas abordados.
Nuestro enfoque se centra en brindarte las habilidades necesarias para abordar los retos y las oportunidades para un futuro digital más justo y generar un impacto significativo en la defensa de los derechos humanos en los entornos digitales.
Las personas seleccionadas tendrán la oportunidad única de interactuar con referentes en derechos digitales de toda América Latina, como Veridiana Alimonti (Electronic Frontier Foundation), Amalia Toledo (Wikimedia Foundation), Jamila Venturini (Derechos Digitales), Maximiliano Manzoni (Oxford Climate Journalism Network), junto al equipo de TEDIC: Eduardo Carrillo, Maricarmen Sequera, LuPa y Araceli Ramírez.
Además, vas a recibir tutorías en línea personalizadas para la producción de contenido informativo de alta calidad para la producción de un artículo periodístico como parte del trabajo final del curso. Los artículos o piezas producidas serán publicadas en las páginas de TEDIC y de La Política Online (LPO).
Detalles del evento:
Modalidad: Online
Fechas: del 13 al 27 de mayo de 2024 (modalidad virtual), con sesiones en vivo durante la tarde y noche GMT-4.
CLASE/FECHA
TEMA
A CARGO DE:
Día 1: 13/05
Derechos humanos en Internet- Parte 1: Derecho a la privacidad y protección de datos personales.
Es importante tener en cuenta que se requiere un 70% de participación para completar este Bootcamp. Las personas que completen el 70% de asistencia y entreguen el trabajo final, tendrán al final de la experiencia un incentivo económico. Las personas seleccionadas serán anunciadas el día 30 de abril.
Se prevée la selección de 8 participantes entre la totalidad de las postulaciones. Al momento de las postulaciones serán considerados criterios tales como: participación previa en acciones de incidencia y derechos humanos, experiencia en el área de derechos digitales, experiencia laboral y académica, así como el interés particular en el evento y la composición más equitativa posible de lugares según criterios de género y diversidad.
¡Mejores herramientas para promover entornos digitales con enfoque de derechos humanos!
Invitamos a todas las personas interesadas del país y la región a aplicar y unirse a este bootcamp. ¡Tenés tiempo de postularte hasta el 24 de abril!
Desde el Proyecto CREER cuyo objetivo es un «Mayor control ciudadano para combatir la influencia del crimen organizado y la corrupción en las elecciones»se ha forjado una colaboración estrecha entre Semillas para la Democracia y TEDIC para enfrentar el creciente desafío del impacto del crimen organizado y la corrupción en los procesos electorales de Paraguay. A través de esta iniciativa, se busca empoderar a la ciudadanía y fortalecer las estructuras democráticas del país, haciendo frente a la falta de capacidad para fiscalizar y demandar en nombre de una sociedad organizada y consciente de sus derechos. La lucha contra la corrupción y el impacto del crimen organizado, flagelo que permea en la política nacional y en las elecciones, sigue siendo un camino lleno de obstáculos. A pesar de los avances legislativos, la implementación efectiva de leyes como la del Financiamiento Político, la supervisión de los mecanismos de democracia interna de los partidos políticos, y el cumplimiento de la paridad, junto con la adopción de nuevas tecnologías para garantizar la integridad y transparencia electoral, siguen como desafíos pendientes.
Frente a estos retos, se han organizado Bootcamps sobre “Financiamiento político, tecnología y elecciones” y “Financiamiento político, datos y elecciones”. Estas iniciativas, realizadas durante el 2023, se centraron en fortalecer el control ciudadano para combatir la corrupción y la influencia del crimen organizado en las elecciones, especialmente enfocadas en el financiamiento político para las elecciones generales de 2023 y el creciente fenómeno del uso de las redes sociales como espacio novedoso de disputa política, a través de la asistencia técnica a través de capacitaciones a periodistas, academia, personas jóvenes y mujeres interesadas en esta temática.
Los Bootcamps brindaron formación en cuanto al control del financiamiento político, seguridad para el ejercicio periodístico, herramientas de denuncia, y cómo construir y exponer casos como herramientas efectivas de control ciudadano. Esta metodología práctica ha probado ser crucial para dotar a las personas participantes de las habilidades y conocimientos necesarios para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en el proceso electoral.
A continuación encontrarás todos los artículos resultantes de ésta edición.
A lo largo del 2023, desde TEDIC mantuvimos una relación activa y significativa con periodistas, comunicadores y comunicadores de diferentes medios de comunicación en Paraguay. Gracias a este trabajo colaborativo, logramos la difusión y presencia de nuestro trabajo, abordando una amplia gama de temas críticos que van desde nuestra privacidad y nuestros datos personales y la ciberseguridad hasta la participación ciudadana, democracia, la libertad de expresión en Internert y otros derechos humanos en entornos digitales. Esta variedad de temas y el esfuerzo por difundirlos resalta nuestro compromiso con la defensa de los derechos digitales en Paraguay y la región y el lugar principal que le otorgamos a la formación de un discurso público informado y consciente sobre tecnología, derechos humanos y sociedad desde una perspectiva transversal de género.
Algunos temas predominantes
La cobertura mediática del 2023 demostró un fuerte enfoque en «democracia y política», posiblemente debido a que 2023 fue el año de las elecciones generales en Paraguay, con 24 apariciones en medios, resaltando la relevancia de la tecnología y la información digital en los procesos democráticos actuales. Le siguieron temas como «trabajo y economía digital» y «género», cada uno con 6 menciones, lo que refleja la importancia de los debates sobre la digitalización en la vida laboral y los desafíos de género en el espacio digital.
Además, temas específicos como «datos personales y privacidad» se destacaron en varias discusiones, con apariciones significativas que subrayan la importancia crítica de proteger nuestra información personal en un mundo cada vez más conectado y nuestra incidencia para lograr la sanción de una Ley integral de protección de datos personales en Paraguay.
Medios de difusión
Como mencionamos anteriormente, logramos difundir nuestros mensajes a través de una amplia gama de plataformas, desde televisión hasta medios digitales. «Mega TV» lideró la lista con 7 apariciones, seguido de cerca por «ÚH» con 6, y «Canal PRO» junto a «Made In Paraguay», cada uno con 5 menciones. Esta diversidad en los canales de comunicación subraya la disposición de los distintos medios en fomentar un debate informado y la capacidad del trabajo colaborativo entre la prensa y la sociedad civil.
Reflexiones y próximos pasos
A medida que avanzamos, es vital continuar el diálogo abierto y constructivo sobre la intersección de la tecnología y los derechos humanos. Las apariciones en medios de TEDIC durante el 2023 han sembrado semillas importantes para futuras discusiones y acciones. Invitamos a todas las personas a mantenerse informadas y participativas en estos debates, ya que el trabajo hacia una sociedad más justa y democrática es colectivo.
A continuación compartimos alguna de las 73 apariciones en medios durante el 2023:
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Hace cinco años, TEDIC lanzó oficialmente el observatorio antipyrawebs, una plataforma construida con código abierto y libre que funciona como repositorio de noticias e información sobre derechos digitales. A lo largo de los años, este portal web ha recopilado un total de 1.356 artículos divididos en 13 categorías.
El año pasado, las elecciones generales de abril marcaron tendencias significativas en las categorías del observatorio. La sección de voto electrónico fue especialmente relevante, representando el 17,9% de la distribución porcentual con 30 artículos. Además, la categoría de regulacionestambién destacó con 22 artículos (13,1%) debido a las conversaciones sobre proyectos de ley relacionados con la tecnología y el nuevo congreso. Otras categorías destacadas fueron datos personales y privacidad, cada una con 21 artículos (12,4%), principalmente relacionados con filtraciones y ataques cibernéticos a instituciones públicas y figuras políticas. Asimismo, el crecimiento del debate sobre inteligencia artificial se reflejó en la sección de innovación, con 17 artículos (10,8%).
El tema del voto electrónico acaparó la atención de la ciudadanía en 2023, especialmente durante los meses de enero a mayo, siendo este un año electoral y teniendo a finales de abril las primeras elecciones generales que contaron con la implementación de máquinas electrónicas después de la aprobación de la ley 6318/2019. Cabe destacar que esta ley generó debates acalorados sobre los posibles riesgos de utilizar urnas electrónicas en los comicios.
Durante los meses de enero a marzo, que fueron de preparación del proceso electoral, surgió la idea de implementar la identificación por huellas dactilares en las mesas de votación. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) decidió dar marcha atrás argumentando que esto podría dificultar la participación de los votantes y ralentizar el proceso de votación, según el ministro César Rossel.
Durante el proceso electoral, en el mes de abril, se produjo una conversación pública sobre la vulnerabilidad de las máquinas electorales. Diversos actores políticos y representantes de la sociedad civil acusaron al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de no proporcionar los mecanismos de transparencia necesarios para garantizar la confiabilidad del sistema. Además, se presentaron denuncias relacionadas al ingreso de supuestos “hackers” de Brasil con el fin de alterar las elecciones a favor de candidatos de la oposición y otras denuncias respecto al voto asistido, las cuales intensificaron aún más las controversias. La falta de confianza en el sistema electoral y un clima de agitación, con acusaciones de fraude por parte de representantes de partidos políticos, provocaron protestas y movilizaciones ciudadanas que se mantuvieron durante las tres semanas posteriores a las elecciones del 30 de abril, frente a la sede central del TSJE y bloqueos de rutas en diferentes puntos del país.
Otro punto no menor en relación a las elecciones generales de abril fue el debate sobre el límite de plazos para la propaganda electoral y el financiamiento de las pautas en redes sociales. Para medir esto último, TEDIC y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina pusieron a disposición de la ciudadanía la plataforma PubliElectoral, una herramienta que permitió recolectar información relativa a la publicidad electoral en Facebook.
Estas polémicas en torno al voto electrónico pusieron en entredicho el sistema democrático de Paraguay, tanto es así que el ministro Rossel del TSJE expresó su preocupación al respecto en mayo, inmediatamente posterior a las elecciones. Incluso el partido Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que obtuvo la segunda mayor cantidad de votos, anticipó su pedido de que «las máquinas electorales no sean utilizadas nunca más» debido a las dudas que suscitan en el mismo mes.
Inteligencia Artificial
El año 2023 fue destacado como el año de la inteligencia artificial a nivel internacional, especialmente por el “boom” de ChatGPT que alcanzó los 100 millones de usuarios activos en enero. En Paraguay, esta tendencia se hizo evidente en agosto, cuando se generó una controversia en la cual un abogado denunció que un juez habría utilizado la plataforma ChatGPT para fundamentar su rechazo a una acción planteada dentro de un proceso judicial, sin contar con bases legales sólidas para justificar el uso de esta herramienta.
La aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia además tuvo otro punto relevante al respecto de que la Corte Suprema de Justicia de Paraguay sigue en la búsqueda de implementar el desarrollo de un software que agilice sus procesos, tema del cual ya se había hablado en 2021, cuando desde TEDIC habíamos expresado las preocupaciones al respecto de implementar este tipo de tecnologías sin marcos regulatorios. En mayo del 2023 se dió a conocer la colaboración entre la Corte y USAID que planteó el desarrollo de un software basado en inteligencia artificial que analice la admisibilidad de acciones en la Sala Constitucional y elabore proyectos de resolución. Desde TEDIC esperamos que para esta oportunidad se tenga en cuenta las recomendaciones desarrolladas anteriormente.
En septiembre, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) emprendió un programa de capacitación en inteligencia artificial aplicada al gobierno electrónico con el objetivo de fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos en soluciones basadas en big data y machine learning. En el mismo sentido de seguir estableciendo un acercamiento a la Inteligencia Artificial desde el Estado, en el mismo mes, representantes de la cámara de diputados participaron de un encuentro con otros parlamentarios de la región durante la “cumbre de comisiones de futuro 2023” donde el tema central fue el debate sobre la inteligencia artificial.
Por otro lado, en octubre se llevó a cabo una audiencia pública en la cámara de senadores, en la cual se discutieron los desafíos actuales y futuros en el uso e implementación de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, en esta audiencia participaron diferentes actores de la sociedad civil y otros órganos estatales. Asimismo, en noviembre se dio la presentación de la plataforma «Senatur Relacional» por parte de la Secretaría Nacional de Turismo. Esta plataforma respaldada por GPT4 de OpenAI, ofrecería a las y los turistas de todo el mundo la posibilidad de realizar consultas sobre información turística en varios idiomas a través de WhatsApp.
Estos esfuerzos individuales para implementar la inteligencia artificial en diversos órganos estatales demuestran la necesidad de elaborar un plan conjunto y multisectorial que permita aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial mientras se garantiza la seguridad de la ciudadanía.
Violencia digital
En septiembre, el Sindicato de Periodistas del Paraguay expresó su solidaridad con la periodista Mabel Portillo de GuairáPress, mencionando que sufrió persecución y acoso judicial por parte de la intendenta Gloria Duarte de Yataity, en el departamento de Guairá. Esta no es la primera vez que la intendenta intenta censurar y obstaculizar el trabajo de la periodista. En febrero, presentó una denuncia por violencia de género que resultó en una sentencia que prohibía a la periodista acercarse a la vivienda de la denunciante y publicar sobre ella en redes sociales. Al respecto, el abogado Ezequiel Santagada consideró esta sentencia preocupante y opinó que la misma no se ajusta a la ley de protección contra la violencia hacia las mujeres, generando alarmas al respecto del abuso de la ley de protección de las mujeres buscando la censura.
En otro tema relevante, en noviembre, el Tribunal de Apelación confirmó la condena a Juan Vera, presidente de Asucop, por infringir la intimidad de la periodista Mercedes Barriocanal. La pena de multa de 180 días fue ratificada por difundir el número de teléfono de Barriocanal en redes sociales y promover su acoso debido a sus posturas respecto a un proyecto educativo. La jueza Mesalina Fernández subrayó que divulgar un número de teléfono sin consentimiento constituye un delito, ya que se trata de información personal y privada.
Innovación
En abril, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual de Paraguay (Dinapi) coordinó un convenio internacional con la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), en colaboración con el Consorcio de Libros Accesibles (ABC). Este acuerdo permitirá el acceso a más de 700.000 audiolibros para personas ciegas y con discapacidad visual. Además del acceso a los textos, el acuerdo también incluye el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica para la producción y distribución de libros en formatos accesibles.
Por otro lado, en junio, el Ministerio de Justicia de Paraguay solicitó la ayuda del Consejo de Ministros de Iberoamérica (COMJIB) para implementar el expediente electrónico penitenciario, el expediente electrónico busca reemplazar los documentos físicos por un sistema digital, lo que busca permitir agilizar los trámites y mejorar la comunicación entre las entidades del sistema penitenciario.
En julio, el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional comenzó a emitir cédulas y pasaportes con chip. El jefe de la institución, el comisario José Félix Vega, confirmó que la introducción de esta tecnología no implica un mayor costo para la ciudadanía. Los chips contienen datos biométricos del portador y permiten confirmar de manera más efectiva la identidad de la persona y si corresponde a las personas que los está presentando, además las personas que deseen hacerlo pueden certificar su firma en los trámites.
Luego, en octubre, se dio la noticia de que el Parque Tecnológico Itaipu (PTI) ha desarrollado la solución BOLDO, que ofrece una plataforma con una aplicación móvil para los ciudadanos y una web para los médicos, permitiéndoles acceder a la información de diferentes sistemas de salud que interoperan en el Ecosistema BOLDO. Además, se ha establecido una alianza estratégica con la Fundación Tesãi para la implementación de un plan piloto en el centro asistencial Tesãi’i, obteniendo resultados preliminares satisfactorios.
Finalmente, en octubre también se anunció la disponibilidad oficial del servicio de internet satelital de Starlink en Paraguay, que recibió la licencia de la CONATEL y fue oficialmente anunciada en diciembre de 2023 a través de su cuenta oficial en X. Esta nueva forma de acceso a Internet plantea una serie de preguntas sobre su implementación y funcionamiento.
Proyectos de ley
Durante el 2023 se recogieron 22 artículos relacionados a proyectos de ley que se discutieron en Paraguay referente a temas de tecnologías y derechos digitales.
En el agosto, se presentó un proyecto de ley en Paraguay con el objetivo de regular las plataformas digitales de servicios como Bolt, Uber, MUV y Pedidos Ya. El proyecto propone la creación de un Registro de Trabajadores de Empresas de Plataformas Digitales de Servicios, a cargo del Ministerio del Trabajo, con el objetivo de inscribir a las personas que trabajan en estas plataformas. Además, se plantea establecer una naturaleza jurídica híbrida que combine relación de dependencia e independencia. Desde la Comisión Nacional de Competencia se ha expresado la preocupación de sobre la claridad de la normativa, y desde TEDIC hemos publicado una serie de recomendaciones sobre el proyecto de ley.
Ley sobre ciberacoso en Paraguay
En otra iniciativa legislativa, la senadora Zenaida Delgado presentó en octubre un proyecto de ley para prevenir y sancionar el ciberacoso universal en Paraguay. Este proyecto aborda diversas modalidades de ciberacoso, como el grooming, la sextorsión y la ciberviolencia de género. Desde TEDIC, se considera que este proyecto representa un paso significativo hacia la protección de los derechos digitales en el país, aunque también se señalan aspectos problemáticos, como la falta de definiciones claras, el riesgo de violar derechos fundamentales tales como la libertad de expresión y un enfoque multiples partes interesadas.
Historial clínica electrónica
En cuanto al ámbito de la salud, se encontró en debate el proyecto de ley para implementar la historia clínica electrónica en Paraguay que fue presentado en junio del año 2020 con el objetivo de mejorar la prestación de servicios médicos. Sin embargo, desde TEDIC se resaltó la importancia de no exponer los datos de las personas ni violar su privacidad, independientemente de las buenas intenciones de los legisladores al incorporar disposiciones en sus proyectos de ley. Finalmente, este proyecto fue rechazado.
Prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte
Otro proyecto de ley que fue presentado y discutido es el «De prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte«, durante el mes de junio, el mismo propone la creación del Registro Nacional de Espectadores (RENAES). Este registro busca recopilar información sobre incidentes de violencia en eventos deportivos y trabajará en conjunto con la base de datos de la Policía Nacional y el Registro Civil de las Personas para identificar a las personas involucradas en actos violentos. Para ello requiere la instalación de cámaras de seguridad en los recintos deportivos y sus alrededores, así como la recopilación de datos biométricos de las personas mayores de edad que asisten a eventos con un aforo mayor a 2.500 personas. Finalmente la discusión sobre este proyecto de ley fue postergada el 20 de diciembre del 2023 en la cámara de senadores, el cual fue el último movimiento que tuvo en su recorrido parlamentario.
Validez digital de los documentos de portación obligatoria
Por último, durante el mes de septiembre, se sancionó el proyecto de ley «De validez digital de los documentos de portación obligatoria«, el cual busca validar el formato digital de documentos como la cédula de identidad, la cédula verde vehicular, la licencia de conducir vehicular y la habilitación vehicular. Sin embargo, críticos como Eduardo Carrillo, codirector de TEDIC, señalan la falta de consideración de aspectos importantes como la protección de datos personales y la tendencia hacia la portación obligatoria de la identidad sin necesariamente estar involucrado en actividades sospechosas.
Proyecto de ley de protección de datos personales
Durante el mes de febrero, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados informó que se encontraba estudiando el proyecto de ley «De protección de Datos Personales en Paraguay«. El objetivo de este proyecto es llenar el vacío legal existente en esta materia, estableciendo normas claras para los involucrados y creando una agencia encargada de supervisar y ejecutar estas disposiciones. El proyecto consta de 88 artículos que abordan temas como limitaciones al derecho de protección, exactitud de datos, principios de lealtad, transparencia, responsabilidad y confidencialidad. Esta iniciativa, propuesta por la Coalición de Datos Personales de Paraguay, incluye a TEDIC.
A lo largo del año, el proyecto de ley fue incluido cuatro veces en la orden del día de las sesiones de diputados, programadas para los días 14, 21 y 28 de junio, 22 de noviembre y el 6 de diciembre. Sin embargo, en ninguna de estas fechas se logró tratarlo en su totalidad. A pesar de esto, cabe destacar el interés mostrado por los diputados y diputadas en llevar a cabo esta importante discusión. Desafortunadamente, el proyecto de ley no fue aprobado en el año 2023. Aun así, es evidente la necesidad de abordar esta problemática y se espera que en futuras sesiones se pueda seguir avanzando en su aprobación.
Vulneraciones y filtraciones
Durante el mes de agosto, Paraguay fue testigo de una serie de vulneraciones a cuentas oficiales del Estado y fallas en la ciberseguridad de instituciones públicas en varias oportunidades. Un ejemplo de ello fue el hackeo a la cuenta de Facebook del Instituto de Previsión Social (IPS), donde se publicaron fotos no relacionadas con la institución. Aunque se consideró dar de baja la cuenta, finalmente fue recuperada por el equipo de MITIC tres meses después. Además, se descubrió un presunto ataque cibernético a la Policía Nacional y a otras instituciones públicas que resultó en la filtración de más de 500.000 documentos internos e imágenes de la Policía Nacional, incluyendo datos del Sistema Electoral. Este incidente generó preocupación en cuanto a la seguridad de la información y la necesidad de tomar medidas preventivas.
Por otro lado, cabe destacar que también durante agosto, el ex presidente Mario Abdo Benítez emitió un decreto advirtiendo sobre posibles ciberataques a instituciones públicas, pero esta información no había sido compartida con el nuevo gobierno inmediatamente. Estos sucesos resaltan la importancia de fortalecer la ciberseguridad en el ámbito estatal y tomar acciones para proteger la información sensible de posibles vulneraciones.
Cierre
El año 2023 fue un año relevante en términos de implementación de tecnología y la elaboración de normas y discusiones en el Poder Legislativo sobre las mismas en Paraguay. Desde el Observatorio Antipyrawebs de TEDIC recopilamos una amplia gama de artículos que abordan temas como: el voto electrónico, la inteligencia artificial, innovaciones, proyectos de leyes, violencia digital y vulneraciones de seguridad. Estos temas reflejan los avances tecnológicos y los desafíos que aún enfrenta nuestro país en materia de regulación y protección de datos personales.
En el camino hacia el 2024, se perfilan claramente los temas que serán objeto de debate. Por ejemplo, el servicio de Internet de Starlink que busca posicionarse en el mercado paraguayo, la inteligencia artificial, que sigue en un crecimiento exponencial al respecto de las utilidades y amenazas que pueda representar. Además, la ley de violencia digital contra las mujeres en Paraguay continuará siendo un tema de discusión relevante. Esta ley brinda la oportunidad de mejorar y modificar la Ley 5777/16, tomando en cuenta una perspectiva interseccional que incluya la representación de los grupos de mujeres más vulnerables.
Creemos relevante volver a insistir en que es imperativo que Paraguay desarrolle regulaciones sólidas en materia de protección de datos personales, prevención de la violencia digital y ciberseguridad que aborden las preocupaciones actuales y futuras. Un enfoque integral y proactivo en estas áreas permitirá fomentar el crecimiento tecnológico, al mismo tiempo que garantice la protección de la privacidad de las personas, construyendo y facilitando un entorno digital seguro y confiable.
Una mala aplicación de la ley que previene la violencia contra las mujeres en Paraguay pone en riesgo la libertad expresión en el país
Desde el 2023, se ha documentado que los juzgados de Paz de Paraguay están emitiendo fallos controversiales que afectan el interés público en base a la aplicación de la ley 5777/16 “De la protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”. Desde TEDIC y el CELE hemos analizado 6 litigios que afectan la libertad de expresión y prensa en el país y presentan preocupaciones sobre esta tendencia de tergiversación al objetivo de la ley que busca proteger a las mujeres1
Los seis casos corresponden a periodistas y congresistas que han realizado publicaciones referentes a casos de corrupción a través de investigaciones periodísticas y publicaciones de parodia y sátira contra mujeres que ocupan cargos públicos o que son personas públicas.
El primer caso involucra a la periodista Mabel Portillo, quien ejerciendo su labor periodística crítica, puso bajo escrutinio la gestión de los fondos municipales por parte de la intendenta de Yataity, Gloria Duarte, específicamente en relación con la reconstrucción de un muro de contención dañado por las lluvias. Esta publicación desató una serie de acciones legales por parte de la intendenta, quien presentó una denuncia por violencia contra la mujer, argumentando que la publicación constituía violencia psicológica conforme a la Ley 5777/16. El fallo del 2023 del Juzgado a favor de la intendenta no solo representó un revés para Portillo, sino que también desencadenó un acto de censura en su contra, llegando incluso a prohibir comunicarse con la intendenta, una herramienta esencial para cualquier periodista.
El tercer caso analizado se refiere al periodista Alfredo Guachiré. Después de sacar a la luz una denuncia por presunta apropiación y estafa contra el entonces presidente de la Empresa Estatal de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A (ESSAP), Natalicio Chase, y su esposa, Celia Galli. Guachiré y el medio de comunicación El Independiente fueron objeto de una denuncia por violencia contra la mujer. El fallo salió a favor de Galli y tuvo como resultado la eliminación del artículo del medio, marcando así un momento delicado en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en el país.
El cuarto caso corresponde a la periodista Letizia Medina, donde se destaca una vez más el uso de medidas cautelares para censurar la libertad de expresión, esta vez por parte de la senadora Norma Aquino. Después de que Medina parodiara a la senadora en un video compartido en redes sociales este mes de febrero de 2024, la senadora propuso aplicar medidas cautelares para eliminar la publicación. Aunque la sentencia aún no se ha dictado al escribir este artículo de posicionamiento, se espera que el fallo evite repetir las prácticas de los juzgados de paz respecto a la ley 5777/16 que pone en riesgo el ejercicio de la libertad de expresión y prensa.
El quinto caso es contra el diputado Rodrigo Gamarra, se enfrenta a acusaciones y difamaciones dirigidas hacia una senadora, lo que llevó a la búsqueda de medidas de protección sin limitar la libertad de expresión. Aunque la jueza Analía Cibils Miñarro rechazó el pedido de medidas cautelares se basó particularmente en la inmunidad parlamentaria del diputado, sin considerar adecuadamente la posible violación de la libertad de expresión. Además se destaca que las medidas cautelares de protección no son sanciones penales por tanto, bajo la interpretación de TEDIC y el CELE no puede ampararse bajo la inmunidad parlamentaria.
En el sexto caso, se vuelve a encontrar una situación similar a las anteriores que afecta a periodistas, como es el caso de Fredy Chamorro2. El periodista junto a otros colegas se encuentran en la mira de la justicia tras revelar irregularidades en la gestión del Hospital distrital de Tomas Romero Pereira, ubicado a 120 km de Encarnación. Tras su investigación, la directora del hospital, Claudia Vega, presentó una denuncia por acoso y amenazas, lo que derivó en medidas cautelares de censura contra Chamorro y sus colegas, quienes se vieron afectados por restricciones impuestas por la jueza Vilma Saucedo Cardozo.
Tensión entre la ley 5777/16 y la libertad de expresión
La ley 5777/16 representa un avance significativo en la lucha contra la violencia de género en Paraguay al tipificar el feminicidio como delito, establecer un Sistema Unificado y Estandarizado de Registro de Violencia contra las mujeres y al definir responsabilidades para diversas instituciones estatales en la prevención y atención de la violencia de género. A pesar de estos avances, persisten desafíos en su implementación efectiva, incluida la falta de infraestructura y personal suficiente en los Juzgados de Paz, así como la falta de capacitación en perspectiva de género y derechos humanos para profesionales del derecho.
Existen varias publicaciones que exponen la falta de respuestas del Estado ante la violencia y su falta de protección adecuada a las mujeres, lo que genera incertidumbre y falta de protección efectiva para las víctimas. Es crucial garantizar una aplicación coherente y efectiva de las medidas de protección, con una evaluación exhaustiva de cada situación individual y una atención especial a las necesidades y expectativas de las víctimas.
Sin embargo, se observa que las medidas cautelares de protección a víctimas de violencia aplicadas para eliminar o prohibir publicación en redes sociales y en Internet en general por parte de la supuesta persona agresora, plantea cuestionamientos en relación con los preceptos constitucionales e internacionales de libertad de expresión, ya que puede interpretarse como una forma de censura previa. Este tipo de usos abusivos de este tipo de marcos legales no es exclusivo del Paraguay y en otros países de la región se han visto—en el último tiempo—la invocación genérica de leyes sobre violencia de género para censurar puntos de vista críticos de sectores poderosos.
En los casos estudiados se observa que los juzgados de Paz aplican la legislación procesal 1600/00 de la ley 5777/16 con el propósito principal de garantizar el alejamiento de la persona violenta del domicilio como medida extrema. Utilizan por lo general el inciso F del artículo 2 de la ley 1600/00 de esta ley otorga al juez de Paz, una amplia discrecionalidad al permitirle aplicar «cualquier otra medida que considere pertinente». La complejidad surge cuando las mujeres de los casos estudiados alegan ser víctimas de violencia telemática o mediática, es decir, a través de medios como las redes sociales y mensajerías. En estos casos, se pudo verificar que los jueces y juezas de Paz emplean el inciso F para aplicar ese criterio de “cualquier medida que considere necesaria” para evitar que estas mujeres sean objeto de ofensas o agresiones verbales por parte de las y los periodistas.
En todos estos casos, se observa una tendencia preocupante de utilizar la Ley 5777/16 de manera tergiversada para restringir la libertad de expresión y silenciar a los periodistas críticos y personas en general. La falta de un análisis riguroso desde una perspectiva de derechos humanos, plantea serias preocupaciones sobre el respeto a este derecho fundamental en Paraguay. La situación es particularmente grave porque la violencia de género es uno de los problemas más serios que enfrentan nuestras comunidades, y la existencia de marcos jurídicos adecuados para combatir este fenómeno es imprescindible. El abuso de estos marcos jurídicos con fines espúreos como los que aquí mencionamos constituye un problema por partida doble: por la afectación de la libertad de expresión que implican estos abusos y porque debilitan leyes necesarias y las vuelven vulnerables a ataques oportunistas y conservadores.
La censura previa en el Derecho Internacional y Constitucional
Antes de adentrarse en el análisis de los seis casos que ilustran la amenaza al derecho fundamental de libertad de expresión, resulta imperativo recordar las definiciones y procesos debidos que regulan la restricción de derechos fundamentales según el derecho internacional, así como lo establecido en la Constitución Nacional de Paraguay. Es esencial comprender estos marcos legales y procedimentales para evaluar adecuadamente la aplicabilidad de las medidas restrictivas en cada situación particular y garantizar así el respeto y la protección de los derechos individuales en un contexto democrático.
En el entorno digital, resolver conflictos de derechos requiere aplicar criterios de legitimidad y ponderar diversos factores. La libertad de expresión, como pilar fundamental en una sociedad democrática, protege y garantiza otros derechos humanos, pero no es absoluta y puede tener limitaciones. Estas restricciones deben cumplir requisitos específicos, establecidos por órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos, para ser consideradas legítimas como es el caso de la aplicación del test tripartito.
Los requisitos fundamentales para cualquier restricción al derecho a la libertad de expresión debe cumplir este test, bajo la premisa de que la misma debe cumplir el principio de legalidad, finalidad imperativa, necesidad, adecuación y proporcionalidad de la medida, garantías judiciales y cumplimiento del debido proceso. La aplicación de estándares internacionales al entorno digital presenta desafíos, especialmente en conflictos entre la libertad de expresión y otros derechos, como el derecho al honor, la privacidad o los derechos de autor. La adaptación de estos estándares a las condiciones específicas de Internet es crucial, especialmente en temas de violencia hacia grupos vulnerables y minoritarios.
En esa misma línea, las expresiones se dirigen a funcionarios públicos, personas voluntariamente implicadas en asuntos públicos o candidatos a cargos públicos, se establece un umbral mayor de tolerancia ante la crítica7. Estos individuos están sujetos a un escrutinio público más intenso8, y el Estado tiene la obligación de abstenerse de imponer restricciones al ejercicio del derecho de expresión en este contexto. Este escrutinio funciona como un mecanismo de rendición de cuentas, parte integral del control democrático, respaldado por la obligación de transparencia en las acciones del Estado.
También se destaca el humor político, a través de la sátira y la parodia, ha sido una herramienta tradicional para denunciar aspectos sociales9. Aunque estas expresiones están protegidas por la libertad de expresión, deben respetar los derechos y la reputación de terceros, así como las normas de seguridad nacional y moral pública. La Corte Interamericana ha reconocido la importancia del humor como parte de la libertad de expresión, aunque aún no ha tratado casos específicos relacionados con este tema.
En lo que respecta a la censura previa, la Convención prohíbe la censura de la difusión de información o expresiones antes de su publicación y se considera una violación grave de este derecho. La Corte Interamericana ha enfatizado que la censura previa viola radicalmente la libertad de expresión y afecta negativamente a la democracia. Por su parte, la libertad de expresión en Paraguay está garantizada por el artículo constitucional número 26, que también prohíbe explícitamente la censura previa y enfatiza la importancia de garantizar la plena libertad de expresión como un elemento fundamental para el funcionamiento democrático del país. Sin embargo, persisten desafíos en la implementación efectiva de la ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia.
Por tanto, se puede afirmar preliminarmente que los seis casos analizados destacan la necesidad de salvaguardar el derecho fundamental de libertad de expresión en Paraguay, especialmente cuando se trata del escrutinio de funcionarios públicos y figuras públicas. La intendenta, la directora del hospital, las congresistas, al ocupar un cargo político de relevancia, o en el caso de las esposas de políticos que son consideradas también figuras públicas, están sujetas a un nivel de escrutinio más alto por parte de la sociedad y los medios de comunicación. Sin embargo, en el fallo de los juzgados, se observa que no se aplicó adecuadamente el test tripartito para evaluar la legitimidad de las restricciones a la libertad de expresión, lo que plantea preocupaciones sobre el respeto a este derecho. Esta falencia en el análisis jurídico debe ser corregida por tribunales superiores cuando revisen estas decisiones. Las mismas restringen la capacidad de los periodistas para informar sobre asuntos de interés público socavan la libertad de prensa y el derecho del público a acceder a información veraz y relevante. Por tanto, es crucial que los tribunales promuevan un entorno propicio para el ejercicio independiente del periodismo, evitando cualquier forma de intimidación legal que pueda menoscabar este derecho fundamental.
Esta misma afirmación se aplica a los casos de sátira, la parodia y la caricatura que están protegidas legalmente, siempre y cuando no traspasen ciertos límites legales. Estas expresiones, incluidas las críticas políticas dirigidas a funcionarios públicos o personas públicas, están respaldadas por la libertad de expresión, siempre y cuando no inciten al odio u otros discursos no protegidos reconocidos por la ley. En última instancia, la preservación de un ambiente donde la crítica y el debate pueden florecer es crucial para mantener una sociedad democrática informada y participativa.
Por tanto, se destaca la necesidad de un análisis detallado de cada caso para aplicar la ley 5777/16 y la ley 1600/00 en consonancia con la Convención Americana y la Constitución. Además, se subraya la importancia de equilibrar la protección de los derechos individuales con la promoción de la igualdad de género y el respeto a la libertad de expresión en las políticas públicas.
Próximos pasos
TEDIC con la colaboración y edición del CELE, publicarán un estudio que examine en detalle cada uno de los casos mencionados, ofreciendo análisis contextualizados y recomendaciones para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión.
Además, TEDIC y el CELE actuarán como amicus curiae en el caso de Cristian Chena y el medio digital RDN, brindando apoyo legal estratégico para defender la libertad de expresión y el acceso a la información veraz y sumarse a la defensa. A través del litigio estratégico, buscarán contribuir a sentar precedentes legales sólidos que protejan estos derechos fundamentales en el ámbito digital y en la sociedad en general. Este compromiso refleja el continuo esfuerzo de ambas organizaciones por promover la justicia y la defensa de los derechos humanos en Paraguay.
3 Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004.
4 Caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004.
5 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001.
6 Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Promoción y Protección del derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión, y Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). 1 de junio de 2011. Declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet.
7 Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Sentencia de 2 de mayo de 2008; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.
8 Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004.
9 Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001
En una era donde la tecnología se entrelaza cada vez más con nuestros derechos cívicos y humanos, el uso de máquinas de votación electrónica (MVE) aparece como la promesa de modernización de procesos electorales, trayendo eficiencia y rapidez. Sin embargo, un análisis más detenido plantea la visibilización de desafíos en la implementación de esta tecnología a nivel local y global.
Desde TEDIC, venimos realizando una serie de investigaciones que buscan entender cómo esta evolución afecta la participación ciudadana, la seguridad del voto y, por sobre todas las cosas, la confianza en el sistema electoral. Este último informe sobre “Uso de máquinas de votación electrónica en las Elecciones 2023 en Paraguay” busca arroja luz sobre estos aspectos, basándose en una encuesta realizada durante las elecciones generales del 30 de abril de 2023 en Asunción y Ciudad del Este.
Recopilando 836 encuestas en 30 colegios electorales, este informe se construye sobre la base de una iniciativa similar del 2021, permitiéndonos trazar los avances y desafíos que aún persisten en el comportamiento electoral frente al uso de máquinas de votación electrónica en Paraguay, destacando la necesidad de mejorar la comprensión del funcionamiento de las máquinas, garantizar el secreto del voto y transparentar los procesos electorales. En estos 2 años…¿mejoramos o retrocedimos?
Avances y retos en el uso de máquinas de votación electrónica
Los datos recopilados muestran avances desde 2021, especialmente en la reducción de personas votantes ingresando acompañadas al cuarto oscuro en Asunción, un progreso hacia la plena garantía del secreto del voto. Sin embargo, en Ciudad del Este, esta práctica aún es común, destacando la necesidad de enfocarse en la educación electoral de los miembros de mesa del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), a modo de evitar desvirtuar la figura del voto asistido.
Otro hallazgo preocupante es la gestión ineficaz del control del voto, con muchas personas votantes omitiendo el doble chequeo visual y del chip RFID. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de la comunicación y capacitación previa al voto que deben ser necesariamente atendidas por parte de las autoridades electorales.
Este informe no solo diagnostica algunos desafíos que persisten sino que también busca proponer soluciones. La implementación de auditorías independientes emerge como una recomendación clave para fortalecer la confianza en el sistema de votación electrónica. La participación de la sociedad civil, la academia, y personas expertas técnicas en este proceso es fundamental para asegurar un sistema electoral robusto y transparente en Paraguay.
Recomendaciones concretas
Si bien celebramos la iniciativa del futuro presidente del TSJE, César Rossel, de reformar el Código Electoral, consideramos fundamental aportar datos y experiencia para que esta reforma se lleve a cabo basada en la evidencia. Es por esto que, a partir de los desafíos identificados, instamos al Tribunal Superior de Justicia Electoral a:
Formular políticas claras dirigidas a personas responsables de las mesas electorales en todos los locales de votación, subrayando los criterios y condiciones del voto asistido para prevenir la entrada de personas votantes al cuarto oscuro acompañadas sin justificación de discapacidad, conforme a lo estipulado por la normativa vigente.
Capacitar a miembros de mesa para que los mismos recuerden e insten a personas votantes sobre la necesidad de un chequeo visual y del chip RFID de las papeletas de votación.
Lanzar campañas de comunicación efectivas para educar a las personas votantes sobre el uso de máquinas de votación electrónica.
Publicar e incentivar activamente datos y trabajos que aborden estas problemáticas para aumentar la transparencia y comprensión del sistema de votación electrónica.
Aunque celebramos los avances, queda un largo camino por recorrer hacia la comprensión y transparencia del sistema de votación electrónica en Paraguay. Es fundamental que todas las partes involucradas colaboren para mitigar estos desafíos presentados y mejoren la confianza en nuestro sistema electoral. Desde TEDIC, nos ponemos a disposición para contribuir con datos, experiencia, y participar en el debate hacia una reforma electoral basada en evidencia.
En un mundo cada vez más digitalizado y en una coyuntura nacional que amenaza constantemente derechos fundamentales, la protección de nuestros derechos humanos en entornos digitales se convierte en una tarea primordial. Es por esto que, como cada año, desde TEDIC llevamos a cabo una serie de acciones que buscan tener incidencia a nivel nacional para garantizar el debido respeto de nuestros derechos humanos, siguiendo con el trabajo realizado durante el primer semestre de este año, en este blog destacamos las principales intervenciones a lo largo de este segundo semestre, algunos logros, aunque también desafíos, en términos legislativos y las actividades y reuniones sostenidas a lo largo del 2023 que buscaron renovar nuestro compromiso y trabajo de más de 10 años en materia de privacidad, violencia digital de género, datos personales, libertad de expresión y democracia en Paraguay.
Con mi cara no: más transparencia en la adquisición de tecnología de reconocimiento facial
La creciente utilización de la «cibervigilancia», particularmente a través de la adquisición de cámaras de reconocimiento facial genera preocupaciones sobre la violación de derechos fundamentales como nuestra privacidad. Nuestras acciones de incidencia buscan garantizar que el desarrollo y la implementación de tecnologías de vigilancia estén en armonía con el respeto de nuestros derechos humanos y nuestras libertades fundamentales, promoviendo una sociedad más justa y transparente. Para esto:
Nos reunimos con autoridades del Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior
El 2 de mayo se llevó a cabo una reunión con el Viceministro del Interior, la Directora general del sistema 911, representantes jurídicos del Ministerio del Interior y TEDIC. El enfoque principal de la discusión fue nuestra preocupación sobre el uso de cámaras de reconocimiento facial y la falta de respuesta institucional a estas inquietudes, especialmente en relación con nuestro pedido de acceso a la información pública que fue denegado por cuestiones de “seguridad nacional” y está actualmente en proceso de litigio ante la Corte Suprema de Justicia. En el mes de agosto nos reunimos con el Ing. Nicolás Evers, Gerente de planificación y desarrollo de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). En esta reunión abordamos temas críticos sobre distribución y uso de fondos institucionales, destacando la asignación de los mismos para salud, educación y recientemente, seguridad. Se discutió también sobre proyectos como telecentros e Internet en plazas, subrayando la importancia de la renovación y mantenimiento de estas iniciativas desde un enfoque de derechos humanos y respeto a nuestra privacidad.
Dialogamos con el Poder Judicial y la Fiscalía
En abril, realizamos una reunión clave entre TEDIC junto al Ministro Ramírez Candia, Nury Montiel, Directora de Derechos Humanos de la Corte Suprema, y su asistente Janice Goldemberg, donde se discutieron temas como biometría y la evolución legal de nuestro urgimiento que busca resolver la acción de inconstitucionalidad presentada en septiembre de 2019 ante la Corte Suprema de Justicia. Esta acción surgió debido a las reiteradas negativas de acceso a la información sobre la implementación de cámaras de reconocimiento facial en la ciudad de Asunción por parte del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Además, en agosto, se mantuvieron audiencias con el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Gustavo Santander, y el Fiscal General del Estado, Dr. Emiliano Rolón, para discutir sobre la transparencia en el uso de tecnologías de reconocimiento facial y la seguridad de nuestros datos personales. En estas reuniones acordamos mantener un canal de comunicación abierto para informar a los ministros sobre nuestros avances en la materia.
Seguimos insistiendo en el acceso a la información de implementación de cámaras de videovigilancia
Continuando con la acción legal iniciada en 2019, presentamos dos nuevos urgimientos a la Corte Suprema de Justicia para acelerar la resolución de una acción de inconstitucionalidad relacionada con la implementación de tecnología de reconocimiento facial en cámaras de videovigilancia en Asunción, tras recibir negativas por parte del Ministerio del Interior. Además, identificamos nuevas oportunidades para acciones legales estratégicas, presentando amparos contra la Policía Nacional y el Ministerio del Interior de Paraguay (Expedientes 2320/2023 y 2319/2023), enfocándonos en la transparencia y acceso a información pública sobre el uso de tecnologías de reconocimiento facial. Estos esfuerzos apuntan a impulsar la discusión sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en el uso de estas tecnologías invasivas por parte del Estado.
Mis datos mis derechos: seguimos luchando por una Ley integral de protección de Datos Personales
Instancia legislativa
Desde el año 2017, desde TEDIC formamos parte de la Coalición de Datos Personales de Paraguay, un grupo interdisciplinario cuya meta viene siendo la sanción de una ley integral de datos personales que se adecúe a estándares internacionales de derechos humanos y que garantice la autonomía sobre nuestros datos personales, la seguridad y transparencia sobre la recolección de los mismos por parte de empresas , organizaciones e instituciones del Estado.
Siguiendo con la agenda de incidencia del primer semestre, el trabajo de este segundo semestre estuvo acompañado por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Honorable Cámara de Diputados, diputados y diputadas de otras comisiones también interesados, el Ministerio de Tecnología de la información y Comunicación (MITIC) y la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República del Paraguay, permitiendo que el proyecto de ley fuera discutido y editado para contar con una versión final. En el mes de noviembre , el proyecto legislativo volvió a ser incluido en la orden del día de las sesiones de 22 y del 29 de noviembre. Lamentablemente, no fue posible abordar el proyecto de ley debido a la falta de disponibilidad de la versión oficial que había sido discutida entre las partes. Además, el jueves 7 de diciembre, la Comisión de Legislación, presidida por el Dr. Jorge Avalos Mariño, se reunió de manera conjunta con miembros de la Coalición de datos personales y del sector privado (empresarios del sector tecnológico) para recibir comentarios relacionados con la legislación en este ámbito. En respuesta a la solicitud del sector privado, se planteó la apertura de una mesa de trabajo destinada a discutir las sanciones propuestas y otros puntos que generan controversia en la propuesta legislativa supuestamente para este sector, acordando volver a reunirse luego de las ferias legislativas y retomarlo en febrero o marzo del 2024.
Resaltamos la predisposición de los diputados Rodrigo Blanco (PLRA) y Raúl Benítez (PEN) en seguir poniendo sobre la agenda política y mediática la importancia de contar con esta ley de protección de datos personales.
Incidencia en foros nacionales y academia
Más allá de la incidencia en el Congreso de la Nación, este año participamos activamente en eventos significativos como el IGF Paraguay, donde nuestro co-director Eduardo Carrillo presentó, junto a integrantes de la Coalición de Datos Personales de Paraguay y de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados un panel sobre los desafíos y oportunidades de contar con una Ley integral de datos personales en Paraguay. También participamos en un ciclo de charlas de la Universidad Americana sobre ciberseguridad y ciberdelincuencia poniendo foco en la importancia de contar con una legislación que nos ampare ante posibles vulneraciones de nuestros derechos en materia de datos personales.
Participación en audiencias públicas y normativas
A lo largo del año fuimos convocados desde TEDIC a participar de audiencias públicas y discusiones sobre diferentes proyectos de leyes que, si bien tienen como objetivo regulaciones necesarias para la ciudadanía, representan desafíos a la seguridad de nuestros datos personales por una falta de garantía en la protección de los mismos desde una perspectiva de derechos humanos.
Nuestro parecer sobre la ley sobre Historial Clínico en Paraguay
Nuestra participación en esta audiencia tuvo como fin hacer públicas nuestras preocupaciones sobre el retorno de este proyecto de ley, remarcando la importancia de priorizar la sanción de una propuesta legislativa integral de protección de datos personales, que garantice un equilibrio adecuado entre la seguridad y la privacidad de las personas. La regulación de la retención de datos debe ser cuidadosamente considerada, teniendo en cuenta sus implicaciones en los derechos fundamentales, y no debe llevarse a cabo a expensas de la privacidad y la libertad de expresión de las personas.
Luego de la audiencia, el proyecto de ley fue presentado en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados para su tratamiento durante la sesión del 19 de junio , el diputado Rodrigo Blanco pidió la postergación del tratamiendo de misma, realizando una declaración pública en la sesión, donde manifestó que su máxima prioridad en la actualidad es la ley de protección integral de datos personales, señalándola como la piedra angular legal que proporcionará el marco necesario para abordar la legislación sobre la conservación de datos.
Nuestro parecer sobre la propuesta de ley de ciberacoso universal
La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores solicitó a TEDIC un parecer sobre la propuesta legislativa de la senadora Zenaida Concepción Delgado Benítez llamada “Para prevenir, sancionar y erradicar el ciberacoso universal en el Paraguay”, cuyo objetivo es “abordar de manera efectiva el ciberacoso y de manera universal en nuestro país como consecuencia a la relevancia en la actualidad de nuestra sociedad en sus formas como el ciberbullying, Grooming, Sextorsión, ciberviolencia de género, sexting, stalking, catfishing, flaming, doxing, revenge porn y otros”.
Si bien desde TEDIC, reconocemos el interés de legisladoras del Congreso Nacional para pensar soluciones contra la violencia digital expresamos nuestras preocupaciones por la posible afectación a la libertad de expresión que podría derivarse de la ambigüedad en la redacción de este proyecto de ley. Es por esto que pedimos el rechazo o la modificación sustancial del proyecto, para que no se impongan restricciones desproporcionadas o injustificadas que conlleven a una censura previa o injustificada.
Nuestro parecer sobre la ley de plataformas digitales
Desde TEDIC, como parte de la red de investigadores Fairwork, remarcamos algunas preocupaciones sobre la protección de derechos laborales de las personas trabajadoras de plataformas digitales, subrayando la necesidad de un debate exhaustivo antes de la sanción de este proyecto de ley, enfatizando nuevamente la urgencia de una ley integral de protección de datos personales en Paraguay, especialmente en el contexto de la recopilación y gestión de datos en estas plataformas. Entre nuestras principales propuestas se incluye la necesidad de un enfoque más detallado en políticas anti-discriminación y una mayor transparencia en el uso de algoritmos y decisiones automatizadas, asegurando así un entorno laboral más justo y seguro.
Nuestro parecer sobre la “Ley de tobilleras electrónicas”
La «Ley de tobilleras electrónicas» (Ley Nº 5863), promulgada en 2017 busca mejorar el control de personas procesadas con medidas alternativas a la prisión, sin embargo, creemos que su reglamentación en octubre de este año, mediante el Decreto Nº 466 revela limitaciones que podría limitar su efectividad en combatir la violencia de género.
Desde TEDIC enfatizamos en la necesidad mejorar esta regulación teniendo en cuenta las implicaciones de la misma sin contar con una ley integral de protección de datos personales. Creemos que la prisa en adoptar tecnologías sin una regulación adecuada pone en riesgo nuestra privacidad y nuestros derechos fundamentales.
Más allá de las legislaciones
Alertamos sobre la filtración de datos policiales en Paraguay
En octubre de este año alertamos sobre la filtración masiva de más de 400GB de datos confidenciales de la Policía Nacional de Paraguay, que incluía detalles personales, registros de investigaciones policiales, datos biométricos e Identificadores Civiles de cédulas de identidad. Creemos que esta situación subraya la vulnerabilidad de nuestros datos personales y biométricos, la falta de protocolos de transparencia de la Policía Nacional, y la necesidad urgente de una ley integral de protección de datos personales.
Renovamos nuestro compromiso de trabajo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
En diciembre de este año renovamos nuestro compromiso de trabajo con las nuevas autoridades del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comuincación (MITIC), en estas reuniones socializamos nuestra agenda, nuestras investigaciones y discutimos sobre nuestras distintas incidencias en las áreas y temas mencionados más arriba en este blog. Además, expresamos nuestra disposición para participar en futuras mesas de trabajo sobre temas de inteligencia artificial y exploramos posibles alianzas de cooperación en temas relacionados con la presidencia protempore del Mercosur y la agenda digital.
Participamos del coloquio de investigación sobre senadores electos en las elecciones generales del 2023 en Paraguay.
Presentamos nuestra investigación y una exposición sobre desinformación en contextos electorales en la Biblioteca y Archivo del Congreso de la Nación (BACCN) contando con la participación de legisladores, representantes de la academia y la sociedad civil.
Presentamos una exposición sobre deshumanización digital y el avance en el uso de armas autónomas en la Biblioteca y Archivo del Congreso de la Nación (BACCN) contando con la participación de legisladores, cuerpos diplomáticos y representantes del Ministerio de Seguridad.
Creemos que este 2023 ha sido un año de avances significativos en la lucha por el respeto de nuestros derechos humanos en entornos digitales. A través de nuestras incidencias, acciones legales, participación en debates legislativos, contribuciones en la sensibilización sobre la importancia de nuestra privacidad, la seguridad de nuestros datos y la protección contra la violencia digital. Desde TEDIC remarcamos nuestro compromiso en seguir colaborando, asesorando e incidiendo en todos estos procesos legislativos, asegurando que cualquier proyecto de ley final refleje un enfoque integral, inclusivo y respetuoso de nuestros derechos humanos en el ámbito digital.
El propósito del proyecto, según se detalla en el documento de exposición de motivos, es “abordar de manera efectiva el ciberacoso y de manera universal en nuestro país como consecuencia a la relevancia en la actualidad de nuestra sociedad en sus formas como el ciberbullying, Grooming, Sextorsión, ciberviolencia de género, sexting, stalking, catfishing, flaming, doxing, revenge porn y otros.”
Desde 2016, TEDIC se ha dedicado a estudiar y caracterizar la violencia digital de género y resaltar la necesidad de desarrollar políticas públicas que aborden de manera integral este fenómeno. Esto cobra especial relevancia dado que Internet no solo constituye un espacio transformador caracterizado por la circulación de discursos que desafían las narrativas hegemónicas, facilita el acceso a información sobre temas tabú, promueve la pluralidad de voces frente a marcos restrictivos para la comunicación y organización, y reconoce los movimientos más allá de un territorio específico.
No obstante, Internet también actúa como un medio que reproduce un continuum de situaciones de desigualdad estructural relacionadas con el uso de la tecnología. Este espacio está atravesado por relaciones de poder, sujeto a creencias y prácticas socioculturales que afecta de diversas maneras a las personas dependiendo de una serie de características y realidades. Asimismo, existe actualmente un desafío importante y sobre una percepción ficticia de las personas que separan sus experiencias en línea y fuera de línea cuando en realidad ambos son igualmente reales.
Desde TEDIC, se reconoce el interés de legisladoras del Congreso Nacional para pensar soluciones contra la violencia digital. Esta oportunidad abre la posibilidad de contar con estadísticas y estrategias precisas.
En tales investigaciones, se evidencia, entre una serie de hallazgos, que las instituciones responsables consideran que falta un marco legal para abordar este tipo de violencia, registrar cifras, documentar casos y datos oficiales para que haya una mejor respuesta coordinada de la Policía Nacional, Defensa Pública, Ministerio de la Mujer, Fiscalía, Ministerio de Salud y otros.
Sobre el reconocimiento de este diagnóstico, se ofrece a continuación un análisis sobre los principales puntos conflictivos de la actual propuesta de ley.
Dificultades de legislar la violencia digital solo con enfoque punitivista
La propuesta de ley cuenta con 3 artículos.Esto genera una serie de dudas y conflictos en su aplicabilidad, por las siguientes razones:
Ambigüedad y falta de precisión jurídica: La propuesta legislativa adolece de la definición clara de «violencia digital» y no detalla los diversos tipos de violencia que pueden ocurrir a través del uso de la tecnología. Aunque en el documento motivacional la legisladora enumera varios tipos de violencia, la ley solo aborda este tema de manera genérica, lo que dificulta su aplicación. Por otro lado, también la ambigüedad y falta de precisión jurídica posibilitan interpretaciones contradictorias y subjetivas sobre lo que constituye violencia, permitiendo discrecionalidad en la apertura de causas legales. La ausencia de definiciones claras sobre la violencia y sus distintos tipos añade una capa adicional de incertidumbre a la ley.
Es importante señalar también que, a nivel global, no existe una definición única de violencia digital. En una revisión de literatura que TEDIC se encuentra realizando en el marco de su membresía a la Women Rights Online Coalition de la Web Foundation, se han identificado aproximadamente 15 tipos de definiciones y términos que aluden al tema y que, si bien tienen una serie de similitudes, varían en relación a los sujetos de la violencia así como el tipo de agresor de ésta violencia.
La propuesta de ley sugiere derogar todas las leyes contrarias. Esto puede generar incertidumbre y posiblemente dejar lagunas legales. En lugar de derogar todas las leyes, sería más prudente identificar y derogar específicamente las disposiciones que entren en conflicto con la nueva propuesta.
La ambigüedad conflictuála propuesta de ley con la libertad de expresión. Como expresa la relatoría de la OEA, Los Estados de buena fe, a menudo buscan dar respuestas apresuradas y reactivas mediante imposiciones de restricciones injustificadas o desproporcionadas a la libertad de expresión. Estas medidas conllevan a una censura previa o censura injustificada a este derecho fundamental. Cualquier restricción a la libertad de expresión debe cumplir con un triple test en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Concretamente: que está prevista en la ley, que sirve para proteger un interés legítimo reconocido por el derecho internacional y es necesario para proteger ese interés.
Desafíos y recomendaciones a seguir
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han sido fundamentales durante más de una década, y especialmente en la actualidad, marcada por las consecuencias de la pandemia del Covid-19. Estas herramientas son esenciales para el desarrollo de todas las actividades de la vida cotidiana, ya sea en el ámbito profesional, académico, educativo, sentimental, informativo, e incluso en aspectos básicos como la obtención de alimentos o el acceso a la salud. La importancia de las TICs en la vida diaria, así como su papel en el ejercicio y expansión de derechos, es innegable. Sin embargo, también es evidente el potencial dañino de estas tecnologías cuando caen en manos de personas agresoras.
Es por esta razón que la regulación legal de las TICs debe estar a la altura de su impacto, presentando un tipo normativo autónomo que se distinga de cualquier otro contemplado en la legislación actual.
La propuesta legislativa representa una oportunidad para mejorar y modificar la Ley 5777/16, que aborda todas las formas de violencia contra las mujeres en Paraguay para incluir la violencia digital. En primer lugar, se sugiere reemplazar la expresión «violencia telemática» por «violencia digital», conforme a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU y la OEA, ya que esta última cuenta con un consenso más amplio en su definición, más allá de los diversos tipos de definiciones mencionado más arriba.
Asimismo, se podría ampliar la propuesta con un desglose de los distintos tipos de violencia digital. Será una oportunidad de pensar en clasificaciones en base a los bienes jurídicos que cada manifestación de violencia vulnera, identificando la esfera específica de la vida humana que se ve afectada según los derechos reconocidos. Y por otro lado, generar otra clasificación que enumere las diversas modalidades en las que cada tipo de violencia puede manifestarse, ya sea de manera individual o en combinación con otros, describiendo las distintas formas o contextos en los cuales pueden expresarse y afectar uno o varios de los bienes jurídicos reconocidos.
Es fundamental incorporar una definición de violencia digital de género que abarque la exclusión de las mujeres en el acceso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (brecha digital de género). Esta definición debe considerar las diversas formas de agresiones experimentadas a través de las tecnologías, como el acoso y la difusión de material íntimo, entre otras. Además, es esencial abordar todas las situaciones que resultan en desigualdades en las oportunidades de desarrollo en la era digital.
El documento de motivos del proyecto de ley ya ha identificado algunos. TEDIC y otras organizaciones de la región han identificado hasta 21 formas de violencia. Más allá de que algunas de estas ya están contempladas en el código penal, como amenazas, extorsión, difamación y grooming, será necesario agregar otras para medir, sistematizar y comprender plenamente cómo opera la violencia sistémica y cómo afecta a las mujeres y otros colectivos.
El proyecto de ley debería, además, incluir una mirada interseccional que contemple a las mujeres adultas mayores y las mujeres con discapacidad, mujeres afrodescendientes, mujeres rurales, mujeres indígenas y grupos de la diversidad sexual con particular urgencia, pues estos representan grupos particularmente vulnerables y afectados desproporcionadamente por la violencia digital de género. La convergencia de diversas estructuras discriminatorias en la misma persona genera una afectación seria en el ejercicio de sus derechos humanos y en la ley debe incluirse esta mirada para mitigar y erradicar tal discriminación de manera integral y eficiente.
También es pertinente considerar soluciones más integrales en lugar de limitarse a respuestas punitivas y de naturaleza restrictiva. La idea no es simplemente ampliar el código penal, sino buscar medidas preventivas y de reparación que acompañen a las víctimas de manera más efectiva.
Será clave fortalecer a la Mesa de prevención de violencia hacia la mujer (PREVIM) compuesta por varias instituciones del Estado para poder abordar de manera integral la asistencia a las víctimas, las políticas públicas para mitigar y erradicar la violencia en los entornos digitales.
Los robots son una realidad y forman parte de nuestras vidas desde hace varios años. Estas máquinas están en nuestras industrias, trabajan en la producción de nuestra comida e incluso existen algunas que ayudan a salvar vidas humanas. Pero, ¿sabías que existen también robots diseñados para la guerra?
Muchas veces, estas tecnologías se promueven con la idea de que nos harán la vida más fácil, pero ¿qué sucede cuando la Inteligencia Artificial se conecta con sistemas que amenazan nuestra vida?
Los robots asesinos son parte de una tendencia global. Países de todo el mundo como: Estados Unidos, Israel, China, Corea del Sur y Rusia se encuentran desarrollando y adquiriendo tecnología de guerra que utiliza inteligencia artificial para detectar y elegir blancos. En pocos términos: estos robots son programados para funcionar con completa autonomía y tomar decisiones propias.
Esta nueva tendencia nos trae uno de los cuestionamientos éticos más importantes de los próximos años, ¿podemos dejar cuestiones de vida o muerte a cargo de una máquina?¿cómo hacemos frente a la tendencia de deshumanización digital latente en nuestra época?
Deshumanización Digital y la campaña Stop Killer Robots
La deshumanización digital es un fenómeno en el que las personas son reducidas a datos, estereotipos, etiquetas y objetos, perdiendo así nuestra esencia humana. Frente al creciente avance de este proceso, desde TEDIC organizamos dos eventos que buscan profundizar en estos temas críticos de nuestro tiempo: la deshumanización digital y el surgimiento de los llamados «robots asesinos». A través de la campaña internacional «Stop Killer Robots», estos eventos ofrecen una mirada crítica a los desafíos éticos y sociales que enfrentamos en la era digital.
Como miembros de lacampaña «Stop Killer Robots» (Paremos a los robots asesinos) buscamos crear conciencia sobre la necesidad de regulaciones que busquen frenar el uso de la tecnología en general, y las armas autónomas en particular, en formas que refuercen la discriminación, la desigualdad y, potencialmente, amenacen la vida humana.
Arte y activismo: Re(x)sistiendo a la deshumanización digital
? Fecha: 30 de noviembre ⏰ Horario: 18:00 a 21:00 horas ? Lugar: Muta (Azara 197 casi Yegros – Piso 10A)
Considerando que el arte y el activismo son dos expresiones exclusivamente humanas, buscamos que las mismas converjan en una nueva exposición que funcione como una re(x)sistencia a los enormes desafíos que conlleva la deshumanización digital y el uso creciente de armas autónomas a nivel global.
La exposición titulada «Robots asesinos y deshumanización digital: ¿De qué hablamos y por qué nos afecta?» se presenta como una reflexión sobre cómo las personas son reducidas a meros datos y etiquetas en la era digital y cómo podemos hacer frente a esto. Esta muestra, más que una exhibición artística, es también un llamado a la acción para generar conciencia y promover regulaciones contra el uso de armas autónomas que refuerzan la discriminación y la desigualdad.
Además, podrás disfrutar de las obras de destacadas artistas paraguayas como Alegría González con su «Archivos de Sentimientos» y la presentación «Binarie» de Laura Mandelik y Victoria Mussi, que cuestionan la binariedad de la tecnología y del género.
El diálogo continúa
? Fecha: 4 de diciembre ⏰ Hora: 9:00 am ? Lugar: Biblioteca y Archivo del Congreso de la Nación
Este segundo evento, en colaboración con la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y la Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, buscamos profundizar en los desafíos éticos y legales de la automatización de armas letales y la necesidad de una ley integral de protección de datos personales. Es una oportunidad para explorar cómo el desarrollo de estas tecnologías impacta nuestros derechos humanos y la importancia del papel activo de Paraguay en la política y tecnología a nivel internacional, acercando estas discusiones a personas legisladoras de nuestro país.
Ambas actividades nos invitan a reflexionar sobre cómo la tecnología está remodelando nuestra sociedad y la forma en la que coexistimos para comprender mejor las implicaciones de la deshumanización digital y la automatización de las armas sin regulaciones que pongan los derechos y la vida humana como prioridad.
En TEDIC, creemos en la importancia de abordar estos temas críticos con una perspectiva de derechos humanos, informada y reflexiva que abra diálogos que no busquen solo informar, sino también empoderar a las personas para tomar una postura activa contra los desafíos de nuestro tiempo.
Tras días intensos de aprendizaje, debate y colaboración, llegamos al cierre del Bootcamp 2023 en Ciudad del Este. Este evento, organizado por TEDIC y Semillas para la Democracia, se centró en el tema de “Financiamiento político, datos y elecciones”, y logró reunir a un grupo diverso de periodistas, académicos y miembros de la sociedad civil con un propósito en común: fortalecer la democracia y el debate público en Paraguay.
Este evento representó la fase presencial que siguió a una serie de lecciones virtuales. En estas clases, contamos con intervenciones pregrabadas de Ana Claudia de Transparencia Electoral Brasil, Jazmín Acuña de El Surtidor y Leonardo Gómez de TEDIC. Además, se ofrecieron sesiones en vivo de preguntas y respuestas, en las que tuvimos el placer de contar con Sara Cerna.
Todas las clases pregrabadas están disponibles en el sitio web bootcamp.tedic.org. Los recursos proporcionados durante el evento están diseñados para ser una herramienta valiosa, con el objetivo de fortalecer las capacidades dentro de las organizaciones, extendiendo su impacto más allá del bootcamp.
La agenda del Este
Viernes: El Poder Bajo la Lupa
El seminario ‘El poder bajo la lupa: información contra la impunidad’, llevado a cabo en la universidad UNIDA, fue un espacio de reflexión y discusión sobre la importancia de la transparencia y la lucha contra la impunidad en procesos electorales. Carlos Peris destacó cómo las comunidades, víctimas del abandono estatal, han normalizado la existencia de «intermediarios», vinculados con el narcotráfico y que actúan como referentes políticos en muchos casos. Marta Ferrera compartió sobre el proyecto CREER y las acciones impulsadas con diversas organizaciones. Ruth Benítez y Robert Irrazábal, por su parte, enfatizaron la necesidad de una ley de protección a periodistas y discutieron el papel de las redes sociales en asuntos electorales.
Sábado: Visualización y Trabajo en Equipo
El Espacio Americana fue testigo de una jornada intensa de formación presencial. Andrés Snitcofsky, experto argentino en temas de datos y elecciones, ofreció una presentación titulada «Animarse a visualizar», donde compartió herramientas conceptuales y técnicas para la creación de visualizaciones efectivas. Por la tarde, los participantes se dividieron en grupos de trabajo, explorando bases de datos abiertas y definiendo los temas a abordar en el proceso de tutoría.
Domingo: Consolidación de Ideas
El último día del bootcamp estuvo dedicado a la consolidación de ideas y conceptos. Los grupos finalizaron sus notas y, con la guía de Andrés, aplicaron herramientas prácticas basadas en datos ya conocidos por los participantes.
Reflexiones Finales
El Bootcamp 2023 en Ciudad del Este no fue solo un evento educativo, sino una experiencia transformadora. Las sesiones presenciales no solo proporcionaron herramientas valiosas, sino que también fomentaron la colaboración y el intercambio de ideas entre los participantes. A medida que cerramos este capítulo, nos llevamos con nosotros no solo conocimientos, sino también la esperanza y el compromiso de trabajar juntos para fortalecer la democracia en Paraguay.
Los artículos resultantes de los grupos se estarán publicando entre noviembre y diciembre de este año en nuestra web del bootcamp, además podés profundizar y conocer las experiencias de los participantes visitando nuestro canal de youtube donde tenemos disponible una serie de entrevistas.
Sobre el proyecto
Semillas para la Democracia impulsa el Proyecto CREER “Mayor control ciudadano para combatir la influencia del crimen organizado y la corrupción en elecciones”.
El objetivo de este proyecto es aumentar la participación de la sociedad civil, medios de comunicación, la academia, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, entre otros actores claves, en la supervisión de las irregularidades en el financiamiento político para abordar la influencia del crimen organizado y la corrupción en elecciones.
El proyecto CREER por sus siglas hace referencia a los siguientes ejes: Control del financiamiento, Rendición de cuentas, Exigencia de derechos, Elección de gobernantes, Representación del pueblo.
Meses atrás, también en Ciudad del Este hemos acompañado desde TEDIC un taller centrado en temas esenciales como el financiamiento político, lavado de dinero y mecanismos de control en Paraguay. Esta iniciativa fue respaldada por el Proyecto CREER. Durante el taller, se abordaron aspectos del financiamiento político en Paraguay, enfatizando investigaciones sobre gastos en redes sociales durante elecciones y esfuerzos para incrementar la transparencia y rendición de cuentas en el ámbito político del país.
También hemos participado de un seminario internacional en el Gran Hotel del Paraguay centrado en mecanismos de control ciudadano donde expusimos los desafíos de las redes sociales en el control del financiamiento político frente a autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y miembros de la sociedad civil, académicos y medios de comunicación.
Agradecemos a todos los participantes, organizadores y aliados que hicieron posible este evento. ¡Hasta la próxima edición!
En el 2017, se promulgó Ley Nº 5863, que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control, conocida como “Ley de tobilleras electrónicas”1. Esta legislación busca aliviar la sobre-población en las penitenciarías del país2 y mejorar el control de aquellas personas procesadas con medidas alternativas a la prisión, en línea con las leyes y tratados internacionales de derechos humanos. Sin embargo, no fue hasta el 05 de octubre pasado que se reglamentó a través del Decreto Nº 466.
Con la puesta en marcha de este decreto, tanto el Ministro de Defensa3 como el Ministro de Justicia4 ven en estos dispositivos una solución prometedora para abordar la violencia intrafamiliar y el incremento de casos de feminicidios5. Ahora, el decreto en cuestión presenta numerosos puntos que deben ser considerados para evitar caer en la falacia de que la mera incorporación de tecnología resolverá la problemática de la violencia de género.
Limitaciones en casos de violencia de género
La legislación y el decreto excluyen a “las personas imputadas, acusadas o condenadas por crímenes, o que hayan reingresado al sistema penal por orden judicial”6 como beneficiarias del Sistema de monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (SIMDEC). Esto es preocupante, ya que la violencia intrafamiliar es considerada un crimen en nuestro sistema penal, por lo que aquellas personas procesadas en casos de esta índole, no podrían ser usuarias de las tobilleras. Y, si bien el Ministro del Interior ha anunciado un proyecto de ley modificatorio de manera a incluir a todos los hechos punibles7, actualmente, la ley y su correspondiente decreto reglamentario, solo resultaría aplicable a delitos.
Aunque la Ley “de Tobilleras Electrónicas” menciona como ámbito de aplicación la Ley N.º 1600/00 de “Violencia Doméstica”, modificada por la Ley N.º 6558/2020, que habilita al juez a imponer medidas de vigilancia como el sistema de monitoreo por dispositivos electrónicos de control, no resulta claro cómo se compatibilizaría la medida con la prohibición de aplicar dicho sistema cuando la persona denunciada pase a ser imputada. Las inconsistencias en la normativa generan dudas sobre la verdadera efectividad de estos dispositivos para combatir la violencia de género.
Privacidad y protección de datos: una prioridad
Desde TEDIC, hemos señalado que medidas como éstas no siempre garantizan la mayor protección a las víctimas8. Es preocupante, además, que el decreto considere a las víctimas como posibles portadoras de tobilleras9, lo que no solo podría implicar su revictimización, sino exponerlas a riesgos al revelar su geo- localización constantemente o compartir datos personales.
Cualquier divulgación no autorizada de datos, como direcciones o números de teléfono de las víctimas, podría tener graves consecuencias o incluso dar lugar a formas adicionales de violencia, incluida la violencia digital de género10. Aunque esta última está limitadamente definida en la Ley Nº 5777/2016, no debemos subestimar su potencial impacto. La falta de garantías en el manejo de datos personales representa un riesgo no solo para las víctimas, sino también para todas las personas usuarias de las tobilleras, aumentando la posibilidad de abusos y vulnerando la privacidad.
Paraguay carece actualmente de un marco legal integral de protección de datos personales11. La falta de esta normativa y de una cultura de cuidado de estos datos se refleja claramente en el decreto reglamentario, que evidencia la ausencia de disposiciones que garanticen la protección de datos de quienes son sometidos a este sistema de control. El Capítulo V del Decreto Nº 466, que aborda la recopilación y el tratamiento de datos personales, carece de procedimientos claros para la recopilación y el tratamiento de los datos personales compartidos con el sistema, y que consideren por sobre todo mecanismos de seguridad y control para evitar un manejo incorrecto de estos.
Si bien se abordan cuestiones como los mecanismos de tratamiento de la información y protección de datos personales, el texto normativo solo concibe a dicho tratamiento como al manejo de una nómina de personas sujetas al SIMDEC y al registro de actuaciones que permita la trazabilidad de éstas12. En artículos subsiguientes, se trata el uso de la información generada por las personas usuarias13, que restringe la utilización de esta con finalidades distintas a las establecidas por la ley, incluso estableciendo una sanción a este respecto14. No obstante, se admite su uso por el Ministerio Público con fines exclusivos de investigación criminal, cuando el usuario del SIMDEC estuviere siendo investigado por otros hechos de carácter penal. Igualmente, admite que la información generada por el SIMDEC podrá ser utilizada para fines estadísticos o de política criminal.
Este punto debería llamarnos la atención, ya que la regulación no establece un mecanismo claro para informar a las personas usuarias, ni en el momento de la instalación de las tobilleras ni durante su uso, acerca de la recopilación de datos personales y su finalidad15. Desde TEDIC hemos advertido en numerosas ocasiones sobre los riesgos que este tipo de omisiones implican, pudiendo infringir incluso principios constitucionales fundamentales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la privacidad.
Es oportuno señalar también que el artículo 17 cita a la Ley “1682/2013” que reglamenta la información de carácter privado, como su marco rector en términos de tratamiento de datos personales. Sin embargo, esta ley no existe, ya que citan incorrectamente el año y, en última instancia, la Ley 1682/2001 y sus modificaciones han sido derogadas por la Ley N.º 6534/2020 de “Protección de datos crediticios”16. Este error evidencia una falta de cuidado y consideración en cuanto a las implicaciones y requisitos necesarios para el tratamiento de datos personales en el contexto del SIMDEC, que plantea interrogantes sobre la transparencia y legalidad del manejo de información bajo esta iniciativa.
Por otra parte, la responsabilidad en el tratamiento de los datos no está definida con claridad, lo que plantea interrogantes sobre si será con exclusividad la entidad pública a cargo, la privada proveedora del servicio o una colaboración entre ambas las encargadas de esta labor. La ambigüedad en la responsabilidad en el manejo de la información la hace deja vulnerable a posibles alteraciones, pérdidas, transmisiones no autorizadas o accesos indebidos. Es vital definir quien manejará y almacenará los datos personales para garantizar la privacidad y abordar cualquier mal manejo.
Hacia una mejor regulación
Es importante señalar también que la ley 6534/2020 es sectorial al ámbito crediticio y no cuenta con una autoridad independiente de aplicación, como recomiendan los estándares más altos en materia de protección de datos personales17. Por lo tanto, aunque el decreto la hubiese referido como marco rector en materia de tratamiento de datos personales, es razonable argumentar una serie de dudas sobre la efectividad de respuesta ante casos de abusos en el uso de datos personales recopilados por el SIMDEC, así como el acceso a medidas reales de reparación de posibles víctimas vulneradas en su derecho a la privacidad y protección de datos personales.
Reflexiones finales
Es fundamental tener un marco legal sólido para proteger datos personales, especialmente en iniciativas como el SIMDEC, donde una vulneración de datos podría tener consecuencias graves. Antes de avanzar con la implementación de tecnologías invasivas y convocar licitaciones para empresas proveedoras, es esencial establecer un marco legal robusto y reflexionar sobre las implicaciones de privacidad.
De igual manera, es importante reflexionar sobre los límites que deben existir para que empresas proveedoras de tecnología tengan bien delimitado el tipo de acceso que tienen a datos personales de carácter sensible generados por el actuar del Estado a través de diversas políticas públicas. La prisa por adoptar este enfoque arriesgado no solo pone en riesgo la privacidad y los derechos fundamentales de las personas, sino que también pone en duda la capacidad del sistema para proteger a las víctimas.
Por último, instamos nuevamente al Congreso a tratar la ley integral de protección de datos personales, una necesidad pendiente en nuestro país, que debe ser la base de futuras políticas públicas de digitalización18.
2El hacinamiento en las cárceles del país es un verdadero problema, que recientemente ha terminado en la toma de la principal penitenciaría del país por parte de reos organizados https://www.youtube.com/watch?v=sjjNkbm-BFw
Un evento único para periodistas, académicos y miembros de la sociedad civil de Alto Paraná.
Lanzamos un nuevo bootcamp de formación para periodistas, organizaciones de la sociedad civil y personas pertenecientes a la academia sobre “Financiamiento político, datos y elecciones”. En esta segunda edición del 2023, enfocada a personas del departamento de Alto Paraná contamos con Semillas para la Democracia como co-organizadora del evento en alianza con la Universidad Americana, la Universidad Unida y los medios Última Hora, El Urbano, El Puente y Quántico.
En esta nueva edición, lanzamos una convocatoria abierta con cupos limitados para personas interesadas en participar de 6 jornadas de formación, basadas en el intercambio de experiencias, conocimientos y herramientas para la producción de piezas periodísticas y artículos de interés general sobre financiamiento político, datos abiertos, herramientas de control ciudadano, tecnopolítica y democracia.
Las personas seleccionadas compartirán experiencias con distintos disertantes de América Latina, referentes en la materia a nivel nacional e internacional y, además, con tutorías personalizadas para la producción de piezas informativas de alta calidad e impacto, tanto en formato escrito cómo audiovisual.
Las clases del evento se desarrollarán entre el 16 y el 22 de octubre del 2023. El proceso de tutoría se extenderá hasta finales del mes de noviembre. En esta edición contaremos con clases virtuales y clases presenciales a desarrollarse en la ciudad de Ciudad del Este en el departamento de Alto Paraná.
Fechas: 16 y 17 de octubre en modalidad virtual; 18 de octubre en modalidad asincrónica y el 21 y 22 de octubre desde las 9h hasta las 17h en formato presencial enCiudad del Este.
Los Bootcamps desarrollados por la organización TEDIC tienen como objetivo mejorar y fortalecer la calidad del debate público mediante la formación continua de actores claves para el desarrollo de una democracia plena en el país, considerando que la creación de espacios de discusión y aprendizaje conjunto es necesaria, a fin de fomentar la producción de información de calidad que aborde los matices de la implementación y uso de nuevas tecnologías en todo proceso electoral.
El bootcamp se inicia el lunes 16 de octubre con una sesión virtual que contará con la participación de representantes de medios y organizaciones involucradas en el ámbito democrático del Paraguay. Eduardo Carrillo de TEDIC será el encargado de presentar el bootcamp en detalle, seguidos de una charla sobre cómo controlar el financiamiento político en redes sociales, impartida por Leonardo Gómez Berniga.
El martes 17 de octubre, la agenda virtual se centra en temas críticos como la narcofinanciación en la política y el control ciudadano. Ana Claudia Santano de Transparencia Electoral y Sarah Cerna de Semillas para la Democracia ofrecerán sus perspectivas sobre estos temas.
El miércoles 18 de octubre ofrece un cambio de ritmo con un día asincrónico, permitiendo a los participantes explorar una charla grabada por Jazmín Acuña de El Surtidor sobre cómo escribir desde la tecnodistopía.
El viernes 20 de octubre, la acción se traslada a un entorno presencial en la UNIDA Ciudad del Este para un seminario abierto a todo público titulado «El poder bajo la lupa: información contra la impunidad» con la participación de representantes del TSJE, los periodistas Robert Irrazábal y Ruth Benítez, Marta Ferrara de Semillas para la democracia y representantes de TEDIC.
El fin de semana contaremos con dos jornadas presenciales de formación en el Espacio Americana CDE, acompañados por Andres Snitcofsky, experto argentino en temas de datos y elecciones, co-fundador de visualizando.ar y periodista de datos en Infobae. En estas jornadas las personas participantes tendrán la oportunidad de co-crear visualizaciones de datos y trabajar en grupos para elaborar notas de conceptos y borradores iniciales de los trabajos a publicar.
Requisitos y Detalles Adicionales
Es importante tener en cuenta que se requiere un 70% de participación para completar el bootcamp, que consta de un total de 38 horas cátedra. Las personas seleccionadas serán anunciadas el día 12 de octubre.
Se prevé la selección de 20 participantes al programa, entre postulantes cómo personas designadas por las organizaciones aliadas. Al momento de las postulaciones serán considerados criterios tales cómo el lugar de residencia, experiencia laboral y académica, interés particular en el evento cómo la composición más equitativa posible de lugares según criterios de género y diversidad.
Un Compromiso con la Democracia Transparente
Este bootcamp representa una oportunidad única para adquirir herramientas y conocimientos que contribuyan a una democracia más transparente y justa en Paraguay y más allá. Invitamos a todos los periodistas, académicos y miembros de la sociedad civil de Alto Paraná a unirse a nosotros en este evento transformador.
TEDIC dejó su huella en el evento Hackcorruption, llevado a cabo en Bogotá, Colombia. Este evento, que tuvo como objetivo principal abordar la problemática de la corrupción mediante soluciones tecnológicas, contó con la participación de TEDIC representado por Leonardo Gómez Berniga, coordinador de proyectos de Democracia y Tecnopolítica, en estrecha colaboración con Luã Cruz del IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor de Brasil, lograron presentar un prototipo innovador denominado «Monitor Vigilante».
«Monitor Vigilante» es una propuesta de observatorio ciudadano centrado en monitorear la adquisición y uso de tecnologías invasivas en Latinoamérica. Este prototipo, en su fase inicial, contempla la utilización de varias fuentes de datos.
Entre estas se encuentran datos abiertos del Estado paraguayo, provenientes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Además, se contempla la inclusión de datos de otras entidades como DIMABEL, Policía Nacional de Paraguay y el Ministerio del Interior. En el caso de Brasil, aunque no se cuenta con estándares de Open Contracting Partnership, se prevé una exploración manual de los principales portales de transparencia en licitaciones públicas, y se realizarán pedidos de acceso a la información pública.
El propósito de «Monitor Vigilante» no es solo ofrecer un producto tecnológico, sino responder a una preocupación creciente sobre cómo la tecnología puede ser utilizada, en ocasiones, en detrimento de las libertades civiles y la privacidad de los ciudadanos.
Tanto TEDIC como IDEC reconocen el potencial de «Monitor Vigilante» y han acordado buscar mecanismos para su implementación. El objetivo es convertirla en una herramienta de uso público, brindando a la ciudadanía una plataforma para mantenerse informada, monitorear la implementación trasnacional de vigilancia masiva y reportar situaciones que puedan afectar sus libertades y derechos.
Antecedentes en Paraguay
Desde hace varios años, TEDIC ha mostrado una preocupación constante por la implementación de tecnología biométrica en Paraguay, en especial en la ciudad de Asunción. En 2019, la organización solicitó información al Ministerio del Interior y la Policía Nacional sobre la tecnología de reconocimiento facial en cámaras de videovigilancia. Sin embargo, las respuestas obtenidas hasta la fecha han sido insuficientes, evadiendo detalles concretos sobre el alcance y propósito de dicha tecnología.
La falta de transparencia sobre estos sistemas llevó a TEDIC a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2019. A pesar de los años transcurridos, la organización continúa insistiendo en la resolución de este caso, buscando garantizar que cualquier implementación tecnológica se realice con total transparencia y respeto por los derechos humanos y la privacidad de los ciudadanos.
En este contexto, TEDIC está llevando a cabo campañas de concienciación sobre estas tecnologías en el marco del proyecto #MásCiudadaníaMenosCorrupción, con el apoyo de la Fundación Cird.
La participación de TEDIC en Hackcorruption y la presentación del prototipo «Monitor Vigilante» son reflejo de un compromiso sostenido con la transparencia y la protección de derechos en el ámbito digital. La colaboración con organizaciones internacionales como Idec y la persistencia en casos nacionales muestran la determinación de TEDIC en enfrentar los desafíos actuales y futuros en este ámbito.
El uso de tecnologías digitales en contextos de seguridad es una tendencia creciente. Desde uso de drones y cámaras de reconocimiento facial en espacios públicos hasta el uso de software de vigilancia para la lucha contra delitos varios, los Estados utilizan la retórica de la seguridad para implementar tecnologías digitales que no muchas veces pasan la prueba de respetar nuestros derechos humanos.
En esa misma línea, existe una innegable tendencia de implementar lo que se conoce coloquialmente como “Apagones de Internet”1bajo diversos argumentos que apelan a la contención de disturbios civiles y la preservación de la seguridad interna de los Estados.
¿Apagones de Internet en Paraguay?
Las sospechas sobre posibles apagones de internet no son ajenas a Paraguay. Durante el año 2021, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) llevó a cabo una misión de observación en la Zona Norte de la región oriental de Paraguay (departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay).
Entre los numerosos hallazgos de violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)2, la CODEHUPY documentó posibles cortes de internet a través de testimonios de personas en la zona norte del país. Desde TEDIC, sistematizamos dichas denuncias en un informe enviado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en alianza con las organizaciones APC y Derechos Digitales.
Posterior a dicha sistematización, identificamos la necesidad de un estudio específico que comprenda -en mayor detalle- estos testimonios. Tras un año de trabajo, lanzamos oficialmente un informe que busca arrojar luz y profundizar sobre un tema poco explorado en el país. Mediante entrevistas con habitantes de la zona y un monitoreo de la red a través de las plataformas del Observatorio abierto sobre interferencias en la red (OONI por sus siglas en inglés)3 y el Internet Outage Detection and Analysis (IODA)4, se documentaron una serie de hallazgos que reflejan una enorme precariedad en diversos grados en la Zona Norte del país, que puede contribuir positivamente a la invisibilización de la existencia de apagones de internet. Entre los principales hallazgos del informe se encuentra que:
No existe un amparo o base legal que permita realizar restricciones genéricas que dificulten o impidan el acceso a internet en el actual marco legal vigente paraguayo.
Existe un altísimo grado de precariedad en la Zona Norte en acceso a infraestructura básica, incluido el acceso a Internet. Entrevistas con miembros de comunidades en la zona apuntan a que tal grado de precariedad normaliza la falta de acceso a internet en la zona e incide directamente en la conciencia de dichos miembros sobre la importancia de documentar y denunciar cualquier tipo de corte de señal.
No es posible afirmar ni negar un apagón de Internet en la zona con base en los datos recolectados. La falta de datos en repositorios internacionales previo al año 2022 dificultan un monitoreo técnico sobre lo que ocurrió en la zona en los últimos cinco años. Esto se contrasta con testimonios distintos en la zona, algunos afirmando cierto grado de correlación entre caída de señal e intervenciones de la FTC, y otros que señalan la complejidad de siquiera saber cuando existe una operación en curso.
Las proveedoras de internet Tigo y Claro desconocen las denuncias de apagones de internet sistematizados en el informe de la CODEHUPY así como en ciertos periódicos de alta circulación. Niegan asimismo cualquier tipo de acción coordinada con la FTC para dicho fin. No fue posible conseguir una respuesta por parte de las proveedoras Personal y Vox.
La FTC niega cualquier tipo de acción en el marco de sus operativos y con el fin de cortar la señal de una zona determinada.
Datos preliminares recolectados en la plataforma OONI apuntan a una prueba del sitio web de derechos reproductivos Women on Waves que presentó un error de “reinicio de conexión1” en Núcleo (AS27895) cuando se probó el 24 de abril de 2023, lo que podría ser indicativo de censura implementada por la ISP (La ISP Personal es parte de Núcleo S.A). Sin embargo, el sitio sólo fue probado 3 veces en esa red en el último mes y esa única medición que presentó el error de reinicio de conexión podría ser un falso positivo. Se requieren más pruebas del sitio para investigar un posible bloqueo.
Los hallazgos en el repositorio de IODA para 2022 (fuera del período de tiempo del informe de la CODEHUPY) apuntan a una posible caída de la señal en las áreas de desempeño de la FTC, pero no son concluyentes en sí mismos y deben ser contrastados con los testimonios de la población local en el departamento de Amambay.
Este reporte fue realizado de manera colaborativa con diversas instituciones. Se agradece al programa Trustlaw de la Thomson Reuters, al proyecto internacional OONI y al K+LAB de la Fundación Karisma por sus aportes en los apartados legal y técnico de este reporte. También se agradece a la CODEHUPY, al SERPAJ y a diversas organizaciones campesinas en la Zona Norte por todo su apoyo para visitar in situ la Zona Norte del país.
1La iniciativa #KeepItOn de la organización Access Now, define a los apagones de internet como una “Interrupción intencionada de Internet o de las comunicaciones electrónicas, haciéndolas inaccesibles o efectivamente inutilizables para una población específica o dentro de un lugar, a menudo para ejercer control sobre el flujo de información”.
2La Fuerza de Tarea Conjunta es una unidad de las Fuerzas Armadas del Paraguay. Está compuesta por las Fuerzas Armadas del Paraguay, la Policía Nacional del Paraguay y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD). Está presente en San Pedro, Concepción y Amambay. Busca acabar con el plan estratégico del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), principalmente en el norte del país.
El cambio climático y el desarrollo de la era digital son dos realidades fundamentales de nuestro tiempo, que se entrecruzan de múltiples formas, trayendo tanto desafíos como oportunidades.
Desde TEDIC y en conjunto con el Comité de Mujeres Kuña Aty de Táva Guaraní y el Instituto Terraformación de Chile venimos trabajando en el desarrollo de un proyecto que intersecta estos dominios: ¿cuáles son las oportunidades y desafíos que conlleva el avance de la digitalización para nuestro medio ambiente?¿cómo reducimos los efectos de la crisis climática?¿cuál es el aporte de las comunidades rurales para re-pensar prácticas que aceleran el deterioro de nuestro medio ambiente?¿cómo logramos una transición digital con perspectiva de justicia social?
Esta iniciativa tiene como objetivo centrar las necesidades y prioridades de las comunidades rurales en la transición digital, enfocándose en la intersección de la justicia ambiental, el cambio climático, la digitalización y la igualdad de género.
En el corazón de este proyecto se encuentran las comunidades rurales en Paraguay, país que lidia con un impacto devastador del cambio climático y la explotación industrial desmedida a causa del cultivo de soja y de ganadería intensiva.
El proyecto destaca las experiencias y soluciones de las comunidades rurales, especialmente las mujeres, que soportan la mayor parte de estos desafíos globales.
Consideramos que el trabajo colectivo e interseccional es el que nos provee de herramientas efectivas para la concreción de objetivos en pequeña y gran escala, por esto nos unimos al Comité de Mujeres Kuña Aty de Táva Guaraní,un grupo de mujeres que desde los 90′ se organiza para promover la mejora de la situación económica y social de su comunidad, y para fomentar la producción de rubros de autoconsumo y renta para la soberaníalimentaria, implementando medidas orientas a la conservación de los recursos naturales de la comunidad.
Consideramos que su experiencia conlleva un profundo entendimiento de los desafíos únicos que plantea el cambio climático y la transformación digital en un contexto como el paraguayo. Sus percepciones, aportes y trabajo en conjunto a TEDIC da forma a nuestro proyecto de imaginar una «transición digital justa» que sea tanto sostenible como efectiva y que pueda ser replicada en otras localidades, ya sea a nivel nacional como regional.
Este proyecto está diseñado como un esfuerzo colaborativo, buscando evitar las trampas comunes de imponer soluciones definidas externamente y sin una construcción conjunta entre todas las partes. En su lugar, priorizamos las necesidades definidas localmente, abordándolas a través de la toma de decisiones colectivas, y adoptando una comprensión matizada de las dinámicas de poder inherentes a las relaciones urbanas-rurales.
Una transición digital pensada por sus protagonistas
El primer momento clave del proyecto fue la fase de investigación e identificación conjunta de necesidades y prioridades de la comunidad de Táva Guaraní en torno a la tecnología y la justicia ambiental.
Estas jornadas de diálogo colectivo con las compañeras permitió que nos nutramos de conocimientos de forma recíproca y que avancemos en el desarrollo de las actividades posteriores del proyecto que incluyó una serie de talleres de seguridad digital, el desarrollo de una página web para la organización, el desarrollo de videos de seguridad digital en guaraní y un taller de grabación de podcast que tuvo como resultado 3 episodios de una serie que titularon «Ñe’e ñembohasa», pasar la voz, en español. La idea principal y el objetivo de todos estos contenidos fue siempre el desarrollo de habilidades locales y comunitarias para la preservación de la identidad campesina en una transición digital y la busqueda de que las mujeres de la comunidad de Táva Guaraní pueda encontrarse participando de entornos digitales de forma autónoma, segura, siendo las protagonistas de esta transición, de así quererlo.
Nos alegra poder haber sido parte de todas estas etapas de construcción colectiva, deseando que todos estos recursos puedan ser difundidos, replicados y re-utilizados tanto a nivel local como internacional para abogar por una transición digital justa y sensibilizar sobre las realidades que enfrentas las comunidades rurales de nuestra región.
Seguiremos construyendo colectivamente con el fin de concienciar sobre las intersecciones de medio ambiente, tecnología y justicia social, a la vez que fortalecemos la conciencia sobre la seguridad digital en otras comunidades rurales.
El lanzamiento de este proyecto representa un deseo de un futuro donde la digitalización y la justicia ambiental están entrelazadas en una relación mutuamente beneficiosa. Un futuro en el que las comunidades rurales están empoderadas para aprovechar la esfera digital para la justicia climática. Un futuro en el que se amplifican y escuchan las voces de aquellas comunidades más afectadas por el cambio climático.
¡Mirá lo que produjimos en conjunto!
Videos de seguridad digital en guaraní
Capítulos de podcast
Episodio 1:
Episodio 2:
Episodio 3:
Un artículo sobre conectividad y apropiación digital para la resiliencia climática en zonas rurales
Este documento, escrito por Paz Peña, tiene como objetivo comprender cómo la transición digital, en un contexto de transiciones gemelas, debe pensarse desde la justicia climática porque, en caso contrario, los más rezagados de la digitalización que, además, son los que más sufren los embates de la crisis climática y ecológica, serán de nuevo olvidados.
Luego de una histórica jornada electoral con altas tasas de participación ciudadana, el ambiente tuvo un giro abrupto debido a denuncias de fraude electoral por parte de nucleaciones políticas. Muchos de los argumentos sobre el fraude apuntan a una falta de transparencia en la implementación de las máquinas de votación electrónica. Desde TEDIC, preocupados por el actual ambiente caldeado, compartimos algunas reflexiones.
El caso
Al día siguiente de las elecciones del domingo 30 de abril, diversas candidaturas empezaron a distribuir en sus redes sociales un relato sobre desconfianza en los resultados, apuntando fuertemente al actual sistema de votación electrónica vigente desde 2018 en Paraguay. De todas ellas, la que ha adquirido un alcance inesperado es la de Paraguayo Cubas (coloquialmente conocido como Payo), del partido Cruzada Nacional.
Payo y sus seguidores denuncian una importante falta de transparencia en la implementación del sistema de votación electrónica. Argumentan que la empresa Magic Software Argentina (MSA) no respondió una serie de preguntas que realizaron desde el grupo, cuestionando también elementos relativos al sistema de transmisión de resultados TREP, así como la desaparición de un “CD universal” de las oficinas de la Dirección TICs del TSJE.
Es importante señalar que estas denuncias ya desencadenaron hace unas semanas una petición por parte de Cruzada Nacional para suspender las elecciones por un mes.
Tales cuestionamientos han escalado rápidamente en protestas alegando fraude y sin precedentes a nivel nacional. Dichas protestas han sido acompañadas con enfrentamientos y violencia por parte de la policía y manifestantes.
De manera similar, pero en otro tono, tanto el candidato presidencial de la Concertación Nacional, Efraín Alegre, cómo Euclides Acevedo, candidato del Movimiento Nueva República, solicitaron que el TSJE realice el cómputo manual del 10% de las mesas elegidas aleatoriamente en cada colegio electoral de todo el país y una auditoría internacional independiente del software informático. Así también, el senador Sixto Pereira del Frente Guasú denunció fraude informático de escala, enunciando la necesidad de una investigación.
Nada nuevo bajo el sol
Desde TEDIC acompañamos desde el año 2018 los primeros debates con miras a la implementación de máquinas de votación electrónica. Desde ese entonces, alertamos sobre el riesgo que las máquinas suponían para garantizar un escrutinio público y fiscalizado y el alto grado de desconfianza que esto podría generar en un resultado electoral polarizado.
Ya habiendo sido implementadas las máquinas de votación electrónica, exigimos mayor transparencia y participación ciudadana en los procesos de auditoría de las máquinas ofrecidas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), y una serie de recomendaciones sobre cómo se debe facilitar una auditoría independiente.
Como puede inferirse, muchos de los argumentos esgrimidos por nuestra organización son en efecto similares a algunos de los reclamos distribuidos por Payo y sus seguidores. Sin embargo, es importante diferenciar el tono y momento político en el cuál se vocalizan reclamos, deudas y demandas de cambio.
En ese sentido, desde TEDIC vemos con profunda preocupación como ciertas personalidades partidarias, luego de que sus propios grupos políticos aceptaran las reglas de juego y participaran de las auditorías ofrecidas por el TSJE a través de sus apoderados técnicos, lancen declaraciones públicas irresponsables que afirman sin duda alguna sobre un fraude electoral a gran escala, sin medir las consecuencias y escenarios que tales afirmaciones pueden generar en el sistema democrático.
Nos parece legítimo que fuerzas y grupos políticos cuestionen un sistema electoral con los puntos ciegos que puedan generar dudas. La integridad de un sistema democrático depende del grado de confianza hacia las reglas de juego. Todas las demandas y preocupaciones deben tomarse en cuenta para que las instituciones pertinentes actúen en consecuencia y otorguen las garantías y salvaguardas correspondientes.
Dicho esto, existen tiempos, momentos y formas que consideramos deben seguirse para adoptar criterios que fortalezcan al sistema y las instituciones democráticas de Paraguay. Consideramos que el actual proceso planteado por ciertos actores no cumple con tales criterios y deben ser revisados por parte de los partidos y personalidades políticas dependiendo del caso, con el fin de resguardar el proceso electoral. En este momento y ante un escenario de franco deterioro institucional por el crecimiento exponencial de la narcopolítica, necesitamos una oposición responsable que siga debidos procesos.
Por otra parte, desde TEDIC, hacemos un serio llamado a las autoridades pública electas y aquellas que asumirán en julio y agosto próximo para:
Generar un proceso de auditoría de las máquinas de votación electrónica que incorpore más actores, por fuera de los apoderados técnicos de los partidos políticos. Necesariamente, debe incluirse a la sociedad civil, academia, sector privado y la comunidad técnica. El sistema democrático y sus actores van mucho más allá de los partidos políticos.
Elaborar estudios de impacto de derechos humanos que sean públicos, y que deriven en planes de gestión de riesgo para mitigar posibles vulnerabilidades identificadas.
Revisar las actuales condiciones de desigualdad estructural sobre las cuáles se implementa el sistema de votación electrónica que incluyen prácticas electorales nocivas como la compra y venta de cédulas, voto calesita, voto asistido en el cuarto oscuro, y tantas otras irregularidades.
Evaluar las recomendaciones de misiones electorales a nivel nacional e internacional que apuntan a reformas urgentes al sistema de elecciones en temas como la conformación de las mesas de votación, la necesidad de guardar las papeletas de votación para auditorías independientes, entre otros.
Elaborar procesos de recolección de datos que midan la efectividad en la implementación de las máquinas de votación electrónica y que tengan en cuenta cuestiones de fondo como la brecha digital existente en el país, así como desigualdades estructurales que afectan a minorías.
Nos ponemos a disposición para colaborar en este tipo de procesos, y, por sobre todas las cosas, diseñar una hoja de ruta que refleje la mayor cantidad de voces para mejorar el sistema electoral como un todo de cara a las próximas elecciones municipales.
Sobre TEDIC
TEDIC (Tecnología y Derechos Humanos) es una organización sin fines de lucro que defiende y promueve los derechos humanos en entornos digitales, con foco en desigualdades de género y sus intersecciones en Paraguay y la región de América Latina.
TEDIC y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina presentan PubliElectoral, una herramienta tecnológica que permite recolectar información relativa a la publicidad electoral en Facebook. La plataforma estará funcionando durante la campaña electoral de las elecciones generales del 2023 en Paraguay y permitirá medir, de forma independiente y gracias al apoyo de la población, los anuncios y publicaciones realizadas por los actores políticos.
Conozcamos la herramienta
PubliElectoral es una app para celulares y un plugin para navegadores web que personas usuarias de Facebook pueden descargar e instalar. La herramienta protege la privacidad de sus colaboradores no recabando ningún tipo de dato personal. Es compatible con navegadores basados en Chromium (Google Chrome, Brave y otros) y Mozilla Firefox. En su versión móvil se encuentra disponible para sistemas operativos Android.
Las publicidades son almacenadas en una base de datos y posteriormente el equipo de investigación las analiza, compara los resultados con las rendiciones de cuentas disponibilizadas en el Observatorio de Financiamiento Político (ONAFIP) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para generar reportes y compartirlos a la comunidad académica, autoridades nacionales y público en general interesado.
PubliElectoral es un desarrollo de software libre que inicialmente fue creado por la ADC y la Cooperativa de Trabajo Cambá para monitorear la campaña electoral presidencial del 2019 en Argentina, más adelante se expandió a Chile, México y Brasil. Las elecciones del 2023 en Paraguay serán la 8ª elección monitoreada con esta herramienta.
Ayudemos a controlar la propaganda electoral en redes sociales
Para instalar la extensión de navegador:
Ve a https://publielectoral.lat/
Debajo del título “Instala la extensión en tu navegador” selecciona tu navegador: Google Chrome o Mozilla Firefox. Se abrirá la página de la extensión.
Haz clic en “agregar extensión” en Chrome o “agregar a Firefox” en Mozilla Firefox. Se abrirá una nueva ventana donde debes confirmar que quieres instalar la extensión.
Haz clic en el ícono de la extensión y señala tú país (Paraguay). Esta información se utilizará sólo con fines estadísticos.
Para instalar la aplicación en dispositivos Android:
Ve a https://publielectoral.lat/
Haz clic en “instalar aplicación en tu teléfono”.
Te aparecerá una advertencia, preguntándote si realmente quieres instalar este archivo. Pon “Aceptar”.
Se descargará el archivo “publielectoral.apk”. Ábrelo y dale clic a Instalar.
Con fines estadísticos se te pedirá seleccionar tu país.
Abre la aplicación y logeate con tus credenciales de Facebook. Cuando quieras usar la red social, debes hacerlo desde la app de PubliElectoral.
OBSERVACIÓN: No te olvides que para que la aplicación pueda registrar los datos es necesario ingresar a Facebook a través de la aplicación de PubliElectoral.
Fortaleciendo el control del gasto electoral en Paraguay
Tras años de incidencia en materia de monitoreo de la implementación de redes sociales en Paraguay, celebramos que desde el 2018 Paraguay cuente con la Ley Nº 6501/2020 sobre Financiamiento Político. La misma incorpora en su Art. 7, inciso e, la consideración del pautaje en redes sociales cómo gasto electoral. Sin embargo, vemos dificultades en los mecanismos de control implementados por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Paraguay es un país con riesgos crecientes en materia de financiamiento político provenientes del narcotráfico y el crimen organizado. Recientemente actores políticos de suma relevancia fueron denunciados internacionalmente por sus vínculos, y a su vez, existen empresas vinculadas a los mismos que invierten montos significativos en las campañas políticas.
Conocé más en nuestra campaña digital a lo largo de estas semanas previas a las elecciones.
El pasado miércoles 15 de febrero, presentamos un nuevo urgimiento, trámite legal para insistir que se resuelva la acción de inconstitucionalidad presentada en setiembre del año 2019 ante la Corte Suprema de Justicia. Desde el 2019 venimos recibiendo negativas ante la petición de acceso a la información por parte del Ministerio del Interior como de la Policia Nacional. Esta petición consiste en tener acceso a información sobre la implementación de tecnología biométrica en cámaras de videovigilancia en la ciudad de Asunción.
El documento fue presentado la semana pasada ante la Secretaría Judicial I de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. bajo el patrocinio del abogado Federico Legal de IDEA.
Según informaciones proveídas por la autoridad judicial, el Ministro Antonio Fretes ha sido el preopinante y el urgimiento se encuentra, actualmente, en el despacho del Ministro Cesar Diesel desde donde pasaría, posteriormente, al Ministro Victor Rios para la realización del voto final.
Antecedentes
A través de una solicitud de acceso a la información púbica, solicitamos al Estado Paraguayo que:
nos brinde detalle sobre el sistema de tecnología biométrica que se encuentra implementando el Ministerio del Interior y la Policía Nacional desde julio del 2018,
nos informe sobre los detalles de implementación, protocolos y cualquier tipo de tratamiento de datos de las personas que son utilizados en el sistema de reconocimiento facial,
nos brinde claridad sobre la finalidad de sistema,
nos indique si se han evaluado las tasas de error del algoritmo que utiliza el software y
nos indique si se ha hecho un análisis sobre el impacto sobre los derechos humanos respecto al uso del este sistema.
En abril del 2019, tras el pedido de información realizado por Maricarmen Sequera, co-directora de la organización, la respuesta del Ministerio del Interior fue insuficiente y evadió explicar detalles sobre el sistema de tecnología biométrica. En el mismo año, un amparo judicial fue presentado por falta de información, pero fue denegado en primera y segunda instancia.
Las sentencias judiciales a la fecha violan el derecho a la privacidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la libertad de expresión, lo que afecta al respeto de los derechos humanos de toda la sociedad paraguaya.
Debido a la creciente tendencia de implementación de políticas de securitización con un fuerte componente digital, TEDIC y Data Privacy Brasil han desarrollado una serie de acciones con miras a generar un mayor escrutinio -con perspectiva de derechos humanos- en la implementación de tecnologías de vigilancia desplegadas en la zona de la Triple Frontera para fines de seguridad pública y migración.
El presente trabajo se constituye en una ampliación de la investigación del año pasado, centrándose ahora en dos nuevos programas de seguridad y tecnología en la región. La investigación buscó caracterizar dos programas de seguridad y las narrativas que los rodean, así como determinar la utilidad real de los mismos para los objetivos que pretenden cumplir: Muralha Inteligente (Brasil) y el Sistema Migratorio Automatizado de Reconocimiento Facial-SMARF (Paraguay).
Debido a la creciente tendencia de implementación de políticas de securitización con un fuerte componente digital, TEDIC y Data Privacy Brasil han desarrollado una serie de acciones con miras a generar un mayor escrutinio -con perspectiva de derechos humanos- en la implementación de tecnologías de vigilancia desplegadas en la zona de la Triple Frontera para fines de seguridad pública y migración.
El interés de las organizaciones surge de una investigación realizada el año pasado que buscó entender la implementación y el grado de involucramiento de distintos actores públicos y privados en el programa denominado Centro Integrado de Operaciones de Frontera (CIOF). Este es un programa de seguridad pública brasileño cuyo objetivo es combatir al crimen organizado transnacional e integrar representantes de diversas agencias de seguridad pública para centralizar la información bajo un mismo techo.
El presente trabajo se constituye en una ampliación de la investigación del año pasado, centrándose ahora en dos nuevos programas de seguridad y tecnología en la región. La investigación buscó caracterizar dos programas de seguridad y las narrativas que los rodean, así como determinar la utilidad real de los mismos para los objetivos que pretenden cumplir: Muralha Inteligente (Brasil) y el Sistema Migratorio Automatizado de Reconocimiento Facial – SMARF (Paraguay).
Muralha Inteligente es un programa cuyo objetivo es implantar, investigar y desarrollar soluciones tecnológicas inteligentes para combatir mejor el contrabando, la malversación y el tráfico de armas y drogas en la Triple Frontera. Muralha Inteligente es uno de los brazos de un proyecto más amplio llamado «Fronteira Tech» un programa de vigilancia de fronteras que promueve el uso de tecnologías digitales con un enfoque de seguridad pública.
El SMARF es una nueva tecnología de control migratorio implementada por el gobierno paraguayo, que comenzó en 2020. Consiste en un mecanismo automatizado de registro de personas que se desplazan a través de las fronteras basado en el reconocimiento facial. Inicialmente se desplegó en la zona de la Triple Frontera, del lado paraguayo, y luego se trasladó al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
Entre los principales hallazgos de la investigación:
En la implementación de tecnologías digitales para el control de fronteras predomina la narrativa de la eficiencia y la rapidez. Dicha eficiencia es un valor absoluto que tiende a ignorar un debate abierto para identificar el riesgo de violaciones de los derechos humanos y mitigarlas según corresponda.
Ninguno de los dos programas desarrolla Evaluaciones de Impacto sobre los Derechos Humanos (EIDH). En el caso del programa Muralha Inteligente, no hubo mapeo de posibles riesgos para los derechos humanos dentro del proyecto. En el caso del SMARF, hay duda respecto a la necesidad de las EIDH dado que ya existen iniciativas similares, por lo que la implementación de herramientas como esta es considerada redundante por la Dirección General de Migraciones.
Ninguno de los dos programas cuenta con políticas de privacidad.
Si bien algunas instituciones de ambos países respondieron a las solicitudes de FOIAs de manera exhaustiva, aún existe el componente de falta de transparencia que caracteriza a ambas investigaciones. Por parte del lado brasileño, la justificación está sustentada en el argumento de que «la seguridad nacional merece confidencialidad». Por el lado paraguayo, existe la necesidad de optimizar la manera en que las políticas públicas con componentes digitales puedan ser rastreadas en todo momento y no necesariamente solo a pedido de personas interesadas en el tema.
Con relación a las políticas migratorias con componentes digitales del lado paraguayo, existe la disposición institucional de desarrollar un sistema biométrico propio para independizarse del mantenimiento del actual sistema biométrico PIRS-MIDAS, el cual es un sistema biométrico migratorio provisto por la Organización Internacional para las Migraciones.
Los rumores de fraude electoral en las recientes internas partidarias del Partido Liberal Radical Auténtico y la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay, ponen de manifiesto la falencia de enfocar los sistemas electrónicos de votación como la única respuesta del Estado para generar confianza en el proceso electoral. Evidencian más bien la necesidad de fortalecer al sistema electoral de manera integral, y no implementar medidas parche que se sustentan en discursos tecno-solucionistas.
Los últimos dos años se han caracterizado por numerosas jornadas electorales en América Latina: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y otros países han desarrollado distintas elecciones. Estos países han sido testigos de la prevalencia de las tecnologías digitales en tales procesos, desde el uso de máquinas de votación electrónica en países como Brasil, la disputa electoral en redes sociales y aplicaciones de mensajería y el incremento de la violencia política hacia mujeres y otras disidencias. Nos encontramos así ante un delicado contexto regional que se encuentra en pleno proceso de definir un balance en la intersección de la tecnología, la democracia y los derechos humanos y del cuál nuestro país no está exento.
Las últimas internas partidarias realizadas en diciembre del 2022 todavía no terminaron. ¿Por qué? Más allá del anuncio de las candidaturas vencedoras por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), acusaciones de diverso tono han manchado dichas internas, y se encuentran en pleno proceso de resolución. Concretamente, diversos movimientos y partidos alegan un fraude a gran escala y en diversos momentos. Pero… ¿qué tiene que ver la tecnología con todo este proceso?
Las acusaciones
Desde el pasado 18 de diciembre del 2022 – día de las internas partidarias – hasta el día de hoy, diversos argumentos, videos y publicaciones en redes sociales reconstruyen aparentes irregularidades1 presentadas el día de las elecciones.
Entre las principales, se encuentran las acusaciones del candidato a senador Eduardo Nakayama. El mismo acusa de fraude en las internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en favor de la candidata Hermelinda Alvarenga debido a una carga “descomunal y desproporcionada de votos”. Tal candidato señala que la cantidad de personas que votaron en ciertas mesas no coincide con la cantidad de votos que se cargaron a favor de la candidata. El candidato señaló también que debido al tiempo promedio estimado de voto por el TSJE de 2,5 minutos por elector, el hecho de que se votó por 10 horas (600 minutos) da una media de 240 electores y, por ende, toda mesa que supere los 245 electores se constituye en fraude ya que, para que esto fuera posible, se debería haber votado por más horas de las habilitadas en los colegios electorales.
Las internas de la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay (Concertación Nacional) también han sido objeto de acusaciones. Concretamente, apoderados del partido Patria Querida denunciaron el día de las elecciones que la mesa N.º 5 de la Escuela Básica Natividad de María en la ciudad de Asunción estaba cometiendo fraude, mediante un sistema en el cuál miembros de mesa entregaban papeletas electrónicas impresas y firmadas a ciertos votantes para que los cargaran sistemáticamente en las máquinas de votación. Esto desencadenó una serie de intervenciones por parte del Ministerio Público y la imputación de ocho personas bajo el rótulo de “falseamiento de elecciones”, además de denuncias que buscan que se declaren nulas tales internas y que se vuelvan a llamar a elecciones.
EN EXCLUSIVA | ⭕️
📍Fraude en la Concertación.
Se revelan imágenes de circuito cerrado de como fue el fraude en las elecciones del pasado 18 de diciembre.
➡️Todos los implicados ya están imputados a excepción de Mauricio Kiese.
¿Fraude a través de máquinas de votación electrónica?
Desde TEDIC acompañamos el debate sobre las máquinas de votación electrónica hace tiempo. Desde los primeros debates legislativos hasta la implementación de las máquinas de votación en las internas municipales del 2021, buscamos generar posicionamientos y evidencias sobre el uso e implementación de las máquinas de votación electrónica, con base en experiencias a nivel internacional.
Las acusaciones de fraude tienen un importante componente que incorpora a las máquinas de votación electrónica como uno de los causales para afirmar que el fraude electoral existió. Por esto, consideramos necesario conectar tales afirmaciones con hallazgos denunciados por especialistas informáticos en Argentina que estuvieron involucrados en la auditoría de las máquinas de votación electrónica de Magic Software Argentina (MSA), utilizadas en ciertas provincias de dicho país. Esta empresa está adjudicada para implementar el mismo sistema en nuestro país.
Tanto los argumentos de Nakayama como de los apoderados de Patria Querida hacen alusión a una carga sistemática y desproporcionada de votos en favor de uno o más candidatos. Esto a través de un elector con múltiples papeletas o infiriendo la imposibilidad temporal de una cantidad de votos emitidos en ciertas mesas para una candidata.
Para tales declaraciones, identificamos dos tipos de ataques que los especialistas informáticos denunciaron en su momento y que publicamos desde TEDIC en una investigación. Los mismos tienen cierta relación con las denuncias realizadas: Ataques multivoto y rellenado de urnas.
Multivoto
El ataque multivoto permite en teoría alterar el conteo de los votos. Esto mediante la posibilidad técnica de que un chip RFID almacene más de un voto. Ante una situación de no control en la fase de escrutinio por parte de las autoridades de mesa, el resultado puede pasar inadvertido, con el efecto directo de una emisión desproporcionada de votos en favor de determinados candidatos.
Rellenado de urnas
Este ataque contempla un componente humano y otro del sistema informático. Implicaría que un votante deposite dos boletas en la urna: Una emitida válidamente en el acto y otra previamente impresa que alguien le hubiera entregado previamente. Esto debido a que el acto de cierre del sistema no incluye ninguna información sobre la cantidad de votos emitidos durante la jornada. En el escrutinio, la máquina solo contabiliza los votos que lee y al final informa el resultado en el acta de resultados de mesa. Entonces, en el momento del escrutinio resultaría imposible diferenciar ambas papeletas. Si sumado a esto no se contrasta la cantidad de boletas con la cantidad de votantes, la situación pasaría completamente inadvertida.
Otro tipo de ataques como la suplantación de credenciales a nivel de personal técnico o de presidente de mesa pueden habilitar a la manipulación en otro tipo de niveles, y podrían generar manipulaciones similares. Sin embargo, a efectos ilustrativos, los dos ejemplos de más arriba podrían tener una relación más directa con las denuncias planteadas. Se puede acceder a la totalidad de ataques identificados, y todavía más importante, las propuestas de medidas de mitigación por parte de especialistas informáticos aquí.
Más allá de las máquinas de votación electrónica
Más allá de las posibilidades reales de ataques informáticos que permitan la alteración de los resultados en las elecciones, desde TEDIC consideramos crucial evaluar el contexto socio- político e institucional en el cuál cualquier tecnología es implementada. Desde una mirada de eficiencia de la política pública, consideramos crucial que el debate gire hacia que garantías deben ser instauradas desde la autoridad electoral para dar todas las certezas en torno al resultado del proceso electoral.
Lo anterior va mucho más allá de la instauración de tecnología en el proceso electoral, e implica abordar temas históricamente estudiados por organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales electorales, que señalan problemas como la prevalencia de actividades de campaña y presencia de puestos de partidos políticos en las intermediaciones de los centros de votación, la baja presencia de observadores electorales nacionales, la protección inadecuada del secreto al voto debido a una disposición inadecuada de las mesas y otros.
En lo que respecta a las máquinas de votación, continuamos viendo una serie de fallas que ponen en riesgo la credibilidad del sistema, y que deben ser abordadas por el TSJE. Por un lado, la imposibilidad real de auditoría de las máquinas de votación, por cuestiones de propiedad intelectual de la empresa proveedora de tales máquinas, excluyen del proceso democrático a la ciudadanía interesada en involucrarse en el proceso electoral. Sumado a esto, la percepción actual del TSJE de permitir que solo representantes de partidos políticos accedan a la jornada de control de las máquinas de votación es una importante falla que debe ser subsanada, a modo de permitir que la sociedad civil organizada, academia y comunidad técnica audite las máquinas de votación electrónica. Con sus luces y sombras, experiencias como la brasileña dan cuenta de como una autoridad electoral puede transparentar de manera más activa la información sobre las máquinas de votación electrónica, e incluir a diversas partes interesadas en el proceso.
Por otro lado, es importante capacitar a las autoridades y miembros de mesa sobre el reglamento electoral. Una encuesta de usabilidad que realizamos en 2021 en Asunción a más de cuatrocientos votantes, arrojó como resultado que el 15,8% de los votantes en Asunción entraron acompañados al cuarto oscuro bajo la excusa del voto asistido. El informe de Observación Electoral de Alma Cívica señala que no se garantiza el ejercicio del voto secreto. Esto se basa en las fiscalizaciones de los observadores electorales, quienes reportaron casos de acompañamiento de una misma persona en el cuarto oscuro, situación que se dió en 206 locales de votación, lo que representa el 24% de la muestra2. Estas situaciones no pueden ser permitidas, ya que pueden generar confusión sobre los mecanismos legales habilitados por el TSJE para brindar ayuda a los votantes en su interacción con las máquinas.
Conclusión
La percepción constante de fraude en las elecciones en Paraguay sienta peligrosos precedentes: Deslegitima el proceso electoral y lo extiende al sistema democrático como un todo. En un contexto de polarización cada vez más acentuado, debido a la falta de diálogo entre los diferentes puntos de vista y al impacto de algoritmos en redes sociales que fragmentan los discursos y las audiencias, nos enfrentamos a un escenario preocupante, cuyos efectos ya podemos observar en países vecinos como Brasil. Allí, la sospecha de fraude electoral en un ambiente altamente polarizado ha provocado una de las crisis más traumáticas para la democracia en el país desde la dictadura militar.
En ese sentido, es importante recordar que las últimas elecciones presidenciales en Paraguay proclamaron como presidente a Mario Abdo Benítez por el 46,4% de los votos frente al 42,7% del opositor Efraín Alegre. Si la disputa electoral de abril próximo termina de manera similar, es razonable suponer que acusaciones de fraude electoral pueden desembocar en escenarios preocupantes que erosionen el sistema democrático y que deben ser evitados a toda costa. El contexto institucional debe mejorar la transparencia para un escrutinio efectivo de las máquinas de votación electrónica y de manera urgente mejorar la implementación de esta política pública el día de las elecciones.
Hacemos un llamado a las autoridades electorales para que incorporen la evidencia generada por la sociedad civil especializada en materia electoral, tanto desde el punto de vista político como tecnológico, social y ambiental y genere las condiciones que permitan un mayor control del sistema de votación electrónica tal cual está implementado a la fecha. Así también, invitamos a candidaturas políticas, legisladores y hacedores de políticas públicas, a no caer en discursos tecno-solucionistas que buscan incorporar más tecnología en el proceso electoral, cuando ni siquiera hemos terminado de debatir e identificar los mejores caminos para solucionar los problemas que tenemos actualmente con la tecnología implementada en la fase de emisión de votos.
1A la fecha de publicación de este artículo, tales acusaciones se encuentran en proceso de resolución en el ámbito de la Justicia, por lo cual este artículo hablará en tono de aparentes y supuestas irregularidades hasta tales causas sean efectivamente resueltas por las autoridades competentes.
2Es importante destacar un importante esfuerzo de colaboración entre la organización TEDIC y Alma Cívica para recolectar datos similares en lo que refería al uso de máquinas de votación electrónica por parte de electores. Más información aquí: https://www.tedic.org/que-estuvimos-haciendo-en-las-eleccionesmunicipales2021/
El consumo intensivo de electricidad generada a partir de combustibles fósiles y las emisiones de carbono asociadas concentran la preocupación global sobre el impacto ambiental de la criptominería. Paraguay emerge en este escenario como la alternativa de electricidad limpia y, sobre todo, barata para la minería a gran escala debido a sus excedentes en las hidroeléctricas que comparte con Brasil y Argentina. Pero no está exento de posibles consecuencias ambientales.
¿Qué impactos ambientales genera el avance de la criptominería? ¿Qué relación existe entre el cambio climático y la producción de energía en Paraguay? ¿Se contemplan en las discusiones legislativas sobre el tema?
Desde TEDIC lanzamos una serie de investigaciones sobre el desarrollo de la tecnología Blockchain y la llegada de las criptomonedas a Paraguay, con especial énfasis en la actividad de la criptominería y el impacto social de esta tecnología. En esta ocación presentamos una investigación que sistematiza las principales preocupaciones globales y locales sobre la criptominería en el ámbito ambiental.
La investigación «Reflexiones sobre el impacto ambiental de la criptominería», escrita por la periodista Romina Cáceres explora las principales discusiones a nivel global sobre la criptominería como actividad electrointensiva, el problema de la basura electrónica que genera y sus respectivos correlatos en Paraguay.
El trabajo cuenta con una exposición de la situación normativa-política local en la materia y expone las iniciativas globales en busqueda de contrarrestar el impacto ambiental de esta actividad.
Entre las consecuencias ambientales de la criptominería se encuentran el consumo energético intensivo, la corta vida útil de las maquinas electrónicas utilizadas y las toneladas de basura electrónica generada sin un debido tratamiento en Paraguay.
En cuanto a la gestión de los residuos electrónicos, la investigación expone las amenazas crecientes en materia ambiental y también de salud pública. En el ambiente destaca la presencia de químicos y metales pesados que contaminan nuestros suelos, las aguas y el aire debido a un reciclaje inadecuado.
En materia de salud señala riesgos por enfermedades y afecciones a la salud relacionadas con la deficiente gestión de la basura electrónica, cómo problemas en el parto, alteraciones en el desarrollo neurológico, daños en el ADN, problemas cardiovasculares y respiratorios, enfermedades de la piel y cáncer.
Además, la investigación deja a la luz la nula reflexión ambiental presente al momento de la redacción del proyecto de ley “Que regula la minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, custodia y administración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre criptoactivos”, recientemente archivado en el Congreso Nacional tras la presión de varias organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Paraguaya de Blockchain y TEDIC, al no contemplar estas y otras preocupaciones.
También afirma la nula existencia de una regulación específica para la basura electrónica en el país.
¡Leé la investigación completa aquí! También a compartirla con tus conocidos, amistades y organización.
Esta publicación se realizó con el apoyo del FRR de Derechos Digitales en América Latina.
Las opiniones expresadas y hechos consignados en el presente material son de exclusiva responsabilidad de las personas autoras y no necesariamente reflejan la postura oficial de la Asociación TEDIC.
Finalizamos la publicación de la serie de fanzines sobre datos personales que lanzamos en el marco de la campaña «Mis datos, mis derechos» con la últma entrega, en la que hablamos sobre SPAM.
En la primera entrega de esta serie de fanzines te explicamos la importancia del cuidado de nuestros datos sensibles de salud, en la segunda entrega te mostramos el proceso de construcción del marco legal del proyecto de ley integral de protección de datos personales para que sea acorde a los más altos estándares internacionales y en la tercera entrega abarcamos el tema de la biometría y nuestros datos personales.
¿Qué podemos decir sobre el SPAM?
El correo electrónico basura, chats o llamadas basura son mensajes no solicitados y no deseados que se envían de forma masiva a una lista de destinatarios indiscriminada. Normalmente, el spam se envía con fines comerciales tales como créditos, compra de servicios de Internet, productos y servicios, así también para estafas a través de phishing o ataques coordinados. Puede ser enviado por una persona o de forma masiva por “botnets”, redes de ordenadores infectados.
Durante cada segundo que inviertes en leer esta fanzine, se envían más de 3,1 millones de correos electrónicos: más del 60% de ellos son spam. Según los últimos datos de Cisco, los ataques Business Email Compromise (BEC) y Email Account Compromise (EAC) supusieron en 2020 unas pérdidas mundiales de 1.300 millones de dólares. En comparación, el «ransomware» aportó a los ciberdelincuentes 7500 millones de dólares.
¿El SPAM está regulado?
Hubo muchos intentos de regulación y bloqueos técnicos para evitar el abuso de recibir mensajes o llamadas no deseadas. Sin embargo, el acceso a las base de datos personales de los clientes de una empresa se pueden vender de forma legal siempre y cuando las personas usuarias sepan que esta información está albergada en dicha empresa y que haya consentimiento previo de que su información personal sea transferida a un tercero.
Para el envío de mensaje no solicitado a una persona, la empresa que desea enviar mensajes a sus clientes o a terceros debe cumplir con estos requisitos para que no sea considerado SPAM: los principios rectores de la ley de protección de datos personales: legalidad, legitimidad, proporcionalidad, necesidad y confidencialidad entre otros.
Uno de los requerimientos es la opción de desuscripción: la persona que recibe el mensaje no solicitado tiene la opción de desuscribirse de la lista y la empresa está obligada a no volver a enviarle.
Desde TEDIC, estamos en la búsqueda de una persona encargada de voluntariado y comunidad, para unirse a nuestro equipo. Si sos una persona comprometida con los derechos humanos, una internet libre y abierta, y querés trabajar con un equipo multidisciplinario y comprometido con la igualdad de género, ¡este es el lugar para vos!
¿Que es TEDIC?
TEDIC (Tecnología y Derechos Humanos) es una organización sin fines de lucro que defiende y promueve los derechos humanos en entornos digitales, con foco en desigualdades de género y sus intersecciones en Paraguay y la región de América Latina.
Requisitos excluyentes y deseables
Estamos buscando una persona colaboradora que cumpla con los siguientes requisitos:
Asistir a las Coordinaciones de Proyectos en el desarrollo de actividades estratégicas que tengan que ver con voluntariado y comunidad: incidencia, comunicación, participación en actividades en general y definición de actores claves para el crecimiento de la comunidad de TEDIC.
Ser de apoyo a la coordinación de comunicación en la difusión y conversación con las comunidades, voluntarios y pasantes de TEDIC. Identificar con esta área la comunidad para fidelizar a través de las métricas y potenciar la comunicación institucional de TEDIC.
Insertarse en campañas globales, regionales, nacionales y locales sobre Democracia, Género y Diversidad. Buscar espacios por el cual los contenidos de TEDIC puedan insertarse en actividades externas: exposiciones, paneles, campañas, llamados etc.
El período de recepción de solicitudes estará abierto hasta el martes 20 de diciembre. Colocar en el asunto del correo: Aplicación para pesto de comunidad y voluntariado.
La selección del puesto será comunicada el 15 de enero.
Ante la proximidad de las elecciones en Paraguay y otros países de América Latina, descubrí cómo partidos políticos y candidatos utilizan tus datos personales y qué podemos hacer al respecto.
TEDIC y Tactical Tech, organización con sede en Berlín, presentan la «Guía del Votante», un conjunto de recursos diseñados para promover el pensamiento crítico de ciudadanos y ciudadanas sobre el uso de sus datos personales por parte de actores políticos con el fin de influir en la opinión pública, las elecciones y otras formas de participación política. Concretamente, TEDIC ha traducido la guía original del inglés al español. Además, se han personalizado algunas secciones del material para incluir algunos recursos específicos disponibles en el contexto latinoamericano.
Es bien sabido que en todo el mundo, se recopilan, intercambian y utilizan datos de personas para influir en sus puntos de vista políticos. A pesar de existir una mayor atención en los últimos años, todavía es difícil acceder a información sobre los actores de la «industria de la influencia» o las tecnologías que utilizan para influir en la opinión pública y en la toma de decisiones políticas de las personas.
Este proyecto tiene como objetivo aumentar la accesibilidad y la comprensión sobre estos mecanismos para así fortalecer la capacidad crítica y cívica de cada persona que participa de la esfera política.
Una guía para desintoxicar tus datos.
El contenido de laGuía del votante se basa en la extensa investigación realizada por el «Equipo de datos y política» con socios de más de 20 países, este equipo de investigación llevó a cabo la tarea de mapear la utilización de tecnología y datos personales para influir en la opinión política de las personas en épocas electorales.
El mundo de las campañas políticas se ha vuelto cada vez más complejo y cada vez más impulsado por los datos generados por las personas usuarias de redes sociales y tecnología. Estos datos se extienden mucho más allá de los padrones electorales: todo, desde el contenido de nuestro carrito de compra web, la interacción en publicaciones de Facebook, hasta el cine que elegimos visitar un viernes por la noche, puede ser utilizado por partidos y políticos para armar un perfil de persona votante y así influir en nuestras decisiones.
La «Guía del votante» también explica en términos accesibles de dónde obtienen los datos personales las campañas políticas, qué tipo de datos recopilan y cómo son utilizados para orientar y persuadir a los votantes. Así mismo, revela las técnicas de campaña como la ‘escucha digital’, la ‘microsegmentación’ y las ‘pruebas A/B’, ofreciendo a los votantes 7 consejos esenciales para desintoxicar sus datos personales:
CONSEJO #1: Cambiá tus rutinas
CONSEJO #2: Personalizá tus preferencias en redes sociales
CONSEJO #3: Bloqueá los navegadores de tu teléfono y computadora
CONSEJO #4: Mantente informado
CONSEJO #5: Limitá quién sabe dónde estás
CONSEJO #6: Habla
CONSEJO #7: Dilo a tu comunidad
Con la ayuda de estos consejos prácticos, toda persona pueden emitir su voto sabiendo cómo y cuándo se utilizan estas técnicas digitales y qué pueden hacer para contrarrestarlas
Tus datos, nuestra democracia
A medida que las elecciones se vuelven cada vez más intensivas y dependientes de datos, nuestros datos personales se están convirtiendo en un activo político a ser aprovechado por campañas en la búsqueda del éxito electoral y el poder político.
Este cortometraje didáctico explica a toda persona que vota algunas de las formas en que son utilizados nuestros datos personales y alude a las consecuencias democráticas más amplias de la ‘datificación’ de la política.
¿Qué significa el desarrollo de la ‘industria de la influencia’ para nuestras democracias y qué podemos hacer al respecto?
Tus datos, nuestra democracia
Guía del Votante presentada a periodistas de principales medios del país
El pasado sábado 5 de noviembre, en el marco del Bootcamp 2022 «Elecciones y tecnopolìtica», se ha presentado la «Guía del Votante» a periodistas integrantes de los principales medios de comunicación del país, entre los que se encuentran los medios: ABC Color, Última Hora, La Nación, GEN, Universo 970 AM, Radio Ñanduti, El Independiente, Made In Paraguay y Sin Antena FM.
La presentación estuvo a cargo de Eduardo Carrillo, co-director de TEDIC y acompañada de una explicación práctica de los recursos a cargo de Leonardo Gómez, coordinador de proyectos de democracia y tecnopolítica.
Los periodistas recibieron el material tanto en formato físico cómo digital, buscando con la actividad sumar capacidad en formadores de opinión y amplificar los alcances de la «industria de la influencia».
Sobre el proyecto
Voter’s Guide es uno de los recursos del proyecto Influence Industry de Tactical Tech.
Te invitamos a conocer, descubrir y explorar los recursos que forman parte de esta investigación sobre cómo nuestros datos personales están siendo utilizados para influir en la formación de una opinión pública y en la toma de decisiones políticas en épocas electorales.
Continuamos con el lanzamiento de la serie de fanzines sobre protección de datos personales que realizamos en el marco de la campaña «Mis datos, mis derechos». Ya lanzamos la primera entrega en la que te explicamos la importancia del cuidado de nuestros datos sensibles de salud y en la segunda entrega te explicamos el proceso de construcción del marco legal del proyecto de ley integral de protección de datos personales para que sea acorde a los más altos estándares internacionales.
En esta oportunidad te traemos la tercera entrega de esta serie de fanzines donde tocamos un tema muy importante: nuestros datos biométricos. En esta nueva entrega planteamos la interrogante: ¿qué ocurre cuando nuestra selfie o nuestras huellas se convierten en nuestra identidad digital? Comenzamos definiendo el concepto de biometría como las características físicas que permiten identificarnos de forma única.
Los datos biométricos describen las características fisiológicas y de comportamiento de los individuos. Son catalogados como datos personales sensibles y se dividen en dos grandes categorías:
Por un lado, los que provienen de las características físicas y fisiológicas: las huellas dactilares, los rasgos faciales, geometría de la mano, marcha o perfiles de ADN, patrones de retina e iris, la forma de una parte del cuerpo como la mano o la oreja, e incluso el mapa de nuestras venas.
Por otra parte, los que se refieren a ciertas características del comportamiento, como son la voz, la firma, el modo de andar o de escribir en un teclado.
Los gobiernos utilizan la biometría, por ejemplo, en los sistemas nacionales de identificación, para el registro de impuestos, así como el tránsito en zonas de fronteras. La biometría también se utiliza en iniciativas humanitarias y de desarrollo. En el sector privado la utilizan bancos o centros comerciales para el registro y control de sus clientes.
La identidad que no se puede cambiar
Estos datos únicos, generados a partir de las características de los seres humanos, pueden utilizarse para rastrear y perfilar a las personas a lo largo de su vida. El uso y el mal uso de estos datos tiene la trágica posibilidad de negar a una persona su identidad, sin posibilidad de recuperarla y sin la posibilidad de reparación del daño sufrido.
Tu huella facial, o una parte importante de ella, podría ser robada. O podrías recibir un correo electrónico con un vídeo que muestre tu cara haciendo cosas que vos que nunca has hecho o diciendo cosas que nunca has dicho. O alguien podría acceder a tus espacios personales utilizando tu iris. ¿Estarías cómoda si tu huella facial fuera accesible a cualquiera?
Por lo tanto, es esencial que la tecnología biométrica esté regulada y supervisada en todos los niveles de su uso empezando por su obtención, tratamiento y almacenamiento. Además, cada vez que se utilicen esos datos, debe garantizarse que sólo se utilizan para el fin previsto.
¿Querés saber más al respecto? ¡Dale PLAY al video!
¡Descargá nuestro nuevo Fanzine aquí y no te pierdas la última entrega de esta serie!
La economía de plataforma en Paraguay es una realidad indiscutible. Por ello, necesita ser estudiada y analizada para mejorar la vida de sus personas trabajadoras.
Fairwork es un proyecto de investigación-acción internacional que evalúa las condiciones de trabajo en la economía de plataforma en más de 30 países. Las plataformas laborales digitales se evalúan en función de cinco principios de trabajo justo: Pago Justo, Condiciones Justas, Contratos Justos, Gestión Justa y Representación Justa. Para cada principio, las plataformas pueden obtener hasta dos puntos, si hay pruebas suficientes de que las mismas cumplen todos los criterios pertinentes.
Países miembros de Fairwork
Desde TEDIC, hemos forjado una alianza estratégica con este proyecto para evaluar seis plataformas de servicios de transporte de pasajeros y de delivery en Paraguay: Bolt, Uber, inDriver, MUV, PedidosYa y Monchis. Las puntuaciones generales fueron muy bajas y ponen de manifiesto que aún queda mucho por hacer para garantizar estándares laborales básicos de las personas trabajadoras de plataformas en Paraguay. De las seis plataformas estudiadas, sólo dos, MUV y PedidosYa, pudieron obtener puntos. Estas dos plataformas lideran el primer ranking de Fairwork en Paraguay con una puntuación de dos y un punto respectivamente.
Puntuaciones Fairwork Paraguay 2022
Resultados principales
Pago Justo: No encontramos pruebas suficientemente sólidas de que alguna plataforma cuente con mecanismos o prácticas que garanticen que las personas trabajadoras ganen al menos el salario mínimo establecido a nivel nacional o un salario digno después de restar los costos. Por lo tanto, ninguna de las plataformas pudo recibir un punto por el principio de Pago Justo.
Condiciones Justas: No encontramos pruebas suficientes de que las plataformas en Paraguay tomen medidas para mitigar los riesgos de salud y seguridad relacionados con el trabajo o que proporcionen una red de seguridad a las personas trabajadoras. Por lo tanto, no pudimos conceder este punto a ninguna de las seis plataformas evaluadas. Cabe destacar que todas las plataformas exigen a las personas trabajadoras algún tipo de seguro, como el de responsabilidad civil o el de vehículos. Sin embargo, las personas trabajadoras tienen que asumir el costo de estos seguros. Por último, no pudimos comprobar que las plataformas ofrecen a las personas trabajadoras una indemnización por enfermedad, excepto en el caso de COVID-19.
Contratos Justos: Sólo PedidosYa obtuvo el primer punto por contratos justos. Esta plataforma cuenta con presencia legal en el país y su contrato está disponible en español y es accesible para las personas trabajadoras en todo momento. Además, los cambios en el contrato sólo pueden hacerse con un acuerdo por escrito tanto de la persona trabajadora como de la plataforma. No se pudo conceder a ninguna plataforma el segundo punto por contratos justos porque no obtuvimos pruebas suficientes de que las plataformas tomen las medidas adecuadas para garantizar que sus contratos o términos y condiciones no excluyan la responsabilidad en caso de negligencia ni eximan injustificadamente a la plataforma de la responsabilidad por las condiciones de trabajo.
Gestión Justa: Sólo una plataforma, MUV, ha podido puntuar en este principio. Nuestra investigación demostró que MUV dispone de canales eficientes para que las personas trabajadoras se comuniquen con un representante de la plataforma y que existe un proceso documentado para que las personas trabajadoras apelen medidas disciplinarias. Además, MUV tiene una cláusula anti- discriminatoria en su contrato y un compromiso documentado para lograr la paridad de género en su flota de conductores. Con base en estas pruebas, MUV recibió el primer y el segundo punto por el principio de Gestión Justa.
Representación Justa: No pudimos demostrar la existencia de un mecanismo documentado para la manifestación de la voz colectiva de las personas trabajadoras en ninguna plataforma, ni de una política formal que indique la predisposición de las plataformas para reconocer y negociar con un organismo colectivo de personas trabajadoras o un sindicato. Por lo tanto, no se pudo otorgar puntos a ninguna de las plataformas analizadas para este principio.
Consideraciones finales
En vista de estos resultados, las plataformas deben tomar medidas concretas para garantizar que sus personas trabajadoras tengan derechos laborales básicos.
Desde TEDIC, y en alianza con el proyecto internacional Fairwork, hemos aplicado la metodología de Fairwork al contexto paraguayo, con el objetivo primordial de fomentar un cambio positivo para las personas trabajadoras, sin dejar de lado al ecosistema de actores más amplio de la economía digital y la innovación. Es importante generar espacios de debate que concilien una mirada con perspectiva de derecho que garantice el pleno disfrute de derechos laborales consagrados en el marco legal vigente paraguayo, y que también fortalezcan el naciente ecosistema de la economía digital en Paraguay.
Desde TEDIC, hemos forjado una alianza estratégica con este proyecto para evaluar seis plataformas de servicios de transporte de pasajeros y de delivery en Paraguay: Bolt, Uber, inDriver, MUV, PedidosYa y Monchis. Las puntuaciones generales fueron muy bajas y ponen de manifiesto que aún queda mucho por hacer para garantizar estándares laborales básicos de las personas trabajadoras de plataformas en Paraguay. Conocé más sobre los hallazgos y recomendaciones de esta investigación.
Análisis legal de la ley de criptoactivos en Paraguay: La responsabilidad de legislar sobre tecnología con criterios innovadores. Primera entrega.
Escrito por Pedro Lacasa*
¿Qué es la criptominería? ¿Qué aportaría al Paraguay? Estas y otras interrogantes están contempladas y contestadas en la investigación Energía y Criptomonedas en Paraguay llevada a cabo por TEDIC.
Sin embargo, el propósito de este artículo es apuntar a esas situaciones de índole técnico que envuelven la problemática de la producción de activos digitales intervinientes en la Blockchain, enmarcándose en una serie de artículos que lleva el nombre de: “La criptominería, Blockchain y el Estado Paraguayo”
En primer lugar, se hará la salvedad de que en lo que respecta a los criptoactivos, existe una relación de género-especie con las criptomonedas. Los criptoactivos, denominados también digital tokens, serían el género (más amplio) mientras que las criptomonedas serían una especie dentro de dicho género1.
Esta diferenciación conceptual no forma parte del entendimiento común de la sociedad paraguaya sobre el tema, lo cual se ve reflejado en el proyecto de ley “Que regula la minería, comercialización, intermediación, intercambio, transferencia, custodia y administración de criptoactivos o instrumentos que permitan el control sobre criptoactivos”.
Criptomineria, ¿de criptoactivos o de criptomonedas?
Resulta evidente que el concepto de “criptoactivos” abarca mucho más que el concepto de “criptomonedas”2. El proyecto de ley mencionado expresamente define a i) los criptoactivos, ii) token fungible y iii) token no fungible (NFT). Las criptomonedas entrarían en la categoría de token fungible, pues “son idénticos entre sí y por lo tanto intercambiables en equivalencia3”.
Sin embargo, los tokens fungibles abarcan mucho más que la noción de criptomonedas. En cambio, los NFTs (non-fungible tokens) no gozan de la propiedad jurídica de fungibilidad en los términos del art. 1884 del código civil.
Por consiguiente, el mundo cripto abarca un espectro mucho más amplio que simplemente el bitcoin o incluso las “criptomonedas”. De hecho, las criptomonedas se subsumirían en la categoría de token de pago (una subcategoría de los criptoactivos, que a su vez forman parte del género de token criptográfico), la cual puede ser una stablecoin4, una criptomoneda tradicional5 (o non-stable coin) y Central Bank Digital Currency. A continuación, se detalla la subdivisión de los criptoactivos (texto en inglés):
Tabla elaborada por Sebastián Heredia Querro y Martín Bertoni (Tokenize – it)6
LA CRIPTOMINERÍA EXPLICADA EN MINUTOS. EL MECANISMO PROOF OF WORK
Al final del día, ¿qué es lo que se busca con la “criptominería”? Se apunta a la producción de criptomonedas que utilizan el mecanismo de Proof of Work (PoW).
PoW ha sido una pieza fundamental en el mundo cripto desde sus inicios, siendo elemento clave de la blockchain de Bitcoin desde su lanzamiento en 20097.
En resumen, Proof of Work significa que mientras las transacciones digitales son añadidas a una red blockchain determinada, otros usuarios pertenecientes a esa misma red deben “validar” y aprobar dichas transacciones, lo cual genera la creación de nuevos “bloques” de información que son añadidos a dicha cadena de bloques o blockchain. Este proceso es remunerado con un porcentaje atractivo de criptomonedas para los validadores, denominados “mineros”.
Para el procedimiento anterior, se requiere resolver problemas criptográficos de considerable complejidad matemática (es decir, invirtiendo “trabajo” el cual será “remunerado” después). La esencia de la “criptominería” es que a través de la consignación de una serie de dígitos llamados “hashes” sea posible prevenir ataques maliciosos y verificar que una transacción es verdaderamente válida (hay que considerar que cuando alguien inserta datos en una red blockchain se genera un “hash” que es único e irrepetible).
Entonces, cuando ocurren transacciones digitales (como la transferencia de bitcoins de una persona a favor de otra) que se quieren integrar en una blockchain, el “hash” que resulte de dicha operación es distribuido y compartido en toda la red. Por lo cual, cualquier intento de alteración de ese “hash” sería notado y alertado por los usuarios de dicha red.
Es gracias a todo esto que el PoW permite a una red blockchain ser “trustless”, es decir, que no necesita de ningún “tercero de confianza” para verificar y validar las transacciones que ocurren dentro de dicha red8.
En informática, “hash” es un algoritmo que cuenta con ciertas propiedades útiles para el cifrado de datos, esto es, proteger contenidos mediante el uso de claves. Al aplicarla, se toma un mensaje de cualquier tamaño, se cifra y se consigue a cambio una cadena alfanumérica única de longitud fija (llamada digest o simplemente “hash”), sin importar el tamaño del mensaje original.
En otras palabras, un hash es el resultado de una operación criptográfica que genera identificadores únicos e irrepetibles a partir de una información dada9.
EL MECANISMO PROOF OF STAKE (PoS)
El mecanismo PoS basa su funcionamiento en “validadores”10 que son propietarios de criptomonedas asociadas con la red blockchain sobre la cual verifican las transacciones que pretenden integración en esa red.
Estos “validadores” son escogidos aleatoriamente según la cantidad de criptomonedas que han depositado en la red blockchain (esto se conoce como staking). Las criptomonedas depositadas actúan como colateral, es decir actúan con fines de garantía de la actividad de verificación por parte del “validador”. Cuando un usuario es escogido para validar una determinada transacción, recibirá una remuneración del mismo token que depositó por ello.
PoS exige que múltiples “validadores” se pongan de acuerdo sobre la validez y exactitud de determinada operación y cuando suficientes “validadores” o nodos verifican y aprueban dicha operación, esta se integra a la red exitosamente.
El mecanismo PoS requiere mucho menor consumo de energía que el mecanismo de PoW. Esto ocurre principalmente porque PoW requiere mucho poder computacional para resolver los complejos problemas matemáticos y criptográficos en aras a formar los bloques que se integran a la red blockchain en cuestión.
PoS requiere menos especialización para funcionar, es decir, aparte que utiliza menor energía11, no necesita de equipos informáticos especializados.
EL VETO DE PARTE DEL EJECUTIVO
Como se ve, son muchos conceptos. Y estas nociones no son un intento acabado de comprender la totalidad del impacto de la blockchain y los tokens criptográficos en el ámbito de las finanzas, el medio ambiente, el derecho público y el derecho privado.
Sin embargo, el Decreto 7692 del 29 de agosto de 2022 que veta totalmente el proyecto de ley 6292/2022 sobre CRIPTOACTIVOS consta de 3 clases de argumentos:
Institución
Argumentos contra la MINERÍA
Argumentos contra la circulación y tratamiento legal de CRIPTOACTIVOS
Argumentos mixtos u otros
ANDE
Tiene
No tiene
No tiene
Industria y Comercio [MIC]
Tiene
No tiene
No tiene
Banco Central [BCP]
No tiene
No tiene [lo que tiene es un argumento sobre criptoMONEDAS, que no es lo mismo que criptoACTIVOS
No tiene
SEPRELAD
Contra el registro de “Mineros”Contra el control de circulación de criptoMONEDAS [no puede controlar circulación de criptoACTIVOS]. El proyecto de ley utiliza el término “criptoMONEDAS”
El Decreto 7692/2022 expresa que “En el proyecto de ley no se establecen los niveles de tensión específicos para la instalación de los mineros de criptoactivos”. Sin embargo, esto podría ser objeto de un DECRETO o de una RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA de la ANDE.
Respecto al argumento del Banco Central del Paraguay (BCP), que “los criptoactivos no cumplen funciones básicas del dinero y constituyen inversiones de alto riesgo”, cabe aclarar lo siguiente:
Existen VARIAS MONEDAS DE CURSO LEGAL en el mundo que SÍ CUMPLEN las funciones básicas del dinero Y QUE IGUAL SON CONSIDERADAS INVERSIONES DE ALTO RIESGO. Ej: el peso argentino [país vecino de Paraguay].
Este argumento del BCP debió centrarse única y exclusivamente en las criptoMONEDAS, no extenderse a los criptoACTIVOS.
De igual manera, se felicita el veto total de la ley. El proyecto adolecía de muchos errores técnicos tales como:
La ausencia de regulación legal y técnica de los NFTs [non-fungible tokens] o tokens no fungibles, cuya existencia e impacto a nivel transnacional es innegable y modifica las reglas actuales en:
Derecho de autor
Derecho de marcas
Derecho de la Propiedad Privada del Código Civil y demás leyes
Oferta Pública de Valores
Necesita un marco regulatorio matizado y “especial”
Y lo más importante: con este rechazo de parte del ejecutivo, es más notoria la mezcla de:
i) regulación de la minería de criptoactivos y
ii) regulación de criptoactivos per se (son dos cosas muy distintas)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Tomando en cuenta lo esgrimido más arriba, resulta insuficiente la regulación propuesta en el texto de la ley sancionada por el Poder Legislativo y vetada constitucionalmente por el Ejecutivo.
Aparte de la regulación exclusiva de un mecanismo de validación para criptomonedas que podría entrar en desuso en un futuro no muy distante, el texto de dicha ley sancionada dejaría afuera a una inmensa cantidad de criptoactivos como los NFTs y los Smart Contracts modernos12 (con la inclusión de nociones como Decentralized Autonomous Organization o “DAO” y Turing completness).
Es recomendable incluir dichos conceptos para su integración en el marco legal paraguayo. La no inclusión de estas y otras nociones del mundo cripto en el marco legal nacional – como ser las Initial Coin Offerings o ICO, el impacto de la tokenización de activos, el concepto de los NFTs- (que han causado un frenesí tan grande que hasta Instagram puso su mirada en ellos13), la gobernanza descentralizada, el Arbitraje en Blockchain14 y un largo etcétera)- no significa que sean “ilegales”.
Simplemente no están contempladas en el derecho nacional, habilitando así el principio de licitud de elderecho privado por el cual “todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido”, al igual que muchas figuras contractuales muy corrientes en Paraguay, como el contrato de Franquicia Internacional.
El objetivo de este post es introducir algunas nociones básicas no contempladas en el texto de la ley mencionada, para luego ver la interacción entre la criptominería, el desarrollo sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, las normas jurídicas pertinentes a las hidroeléctricas y sus excedentes energéticos, el derecho público y la cruda realidad. Todo al mismo tiempo.
* Pedro Lacasa: Abogado (Universidad Nacional de Asunción, 2013). Máster en Derecho Internacional Privado (Université Panthéon-Assas,2016). Máster en Derecho de la Empresa (Universidad Católica, 2020). Summer school en derecho civil comparado europeo (Fundación de Derecho Continental, 2016). Diploma internacional en Derecho de la Energía e Inversiones (Heidelberg-CEDEP, 2017). Pasantía en Project Finance y Estructuración de PPPs (CND de Uruguay, 2018). Especialización en Derivados Financieros (Bolsa de Valores de Asunción, 2019). Curso en Derecho Internacional Privado (La Haya, 2021). Especialización en Blockchain, Derecho y Empresa (Austral, 2022).
1 Sebastián Heredia Querro, Smart Contracts. Qué Son, Para Qué Sirven y Para Qué No Servirán (IJ Editores 2020) 273.
2 Entre los que se puede citar al token de garantía, token de utilidad, token con activo subyacente u
4 Criptomonedas cuyo valor se encuentra sujeto o atado a otro activo o instrumento financiero, para poseer mayor estabilidad frente a la volatilidad de criptomonedas como Bitcoin. Las stablecoins se dividen generalmente en 3 tipos: fiat-collaterralized stablecoins (atadas a cierta moneda fiat); crypto-collateralized stablecoins; y las algorithmic stablecoins. Uno de los ejemplos conocidos de stablecoins fue TerraUSD.
12 Y por ende se excluiría a las decentralized applications o “DAPPs” y a transacciones financieras complejas, completas y sin intermediarios a través de la decentralized finance o “DeFi”.
En Paraguay, más de 7 medios de comunicación y 23 periodistas, junto con el equipo de TEDIC e invitados locales e internacionales, vienen siendo parte de la sexta edición del Data-Bootcamp «Elecciones y Tecnopolítica», que concluyó su ciclo de capacitaciones éste sábado 4 de noviembre, en la Mediateka, Asunción.
El último encuentro, realizado de manera presencial por la tarde del sábado, centró la conversación en los desafiós que enfrentan las democracias de América Latina, reconociendo los avances y reflexionando sobre las paradojas que se encuentran en momentos donde el avance de autoritarismos, la vigilancia masiva y la desinformación comprometen las libertades civiles. El espacio inaugural estuvo a cargo de Salvador Romero Ballivían, director de programa de IDEA Internacional Paraguay.
Espacio inaugural a cargo de Salvador Romero Ballivían, director de programa de IDEA Internacional Paraguay.
El segundo bloque del sábado estuvo a cargo de Eduardo Carrillo, quién presento la importancia de proteger integralmente los datos personales. También se expuso la Guía del Votante, Data Detox Kit y Glassroom, proyectos de Tactical Tech, organización con sede en Berlín y en los cuáles TEDIC colaboró con la traducción y adaptación para América Latina. Además, se hizo la presentación del video «Tus datos, nuestra democracia», que invita a pensar el impacto de la industria de la influencia política a partir de los datos personales y los riesgos que generan a la democracia.
La Guía del Votante es un material que espera ser de suma utilidad en el marco de las próximas elecciones internas de diciembre del 2022 y generales de abril del 2023. Su presentación fue un lanzamiento preliminar que se extenderá al público en general a mediados del mes de noviembre.
¿Qué desarrollamos en los encuentros virtuales?
El encuentro inaugural del 24 de octubre contó con la presencia de representantes y directores de los medios, quienes dieron la bienvenida e instaron a la plena participación en la primer experiencia de éste tipo con medios másivos a nivel país. Este primer encuentro contó con la clase de Maricarmen Sequera, co-directora de TEDIC, quién explicó «¿Qué es internet?», evidenciando la relación entre los derechos humanos y la tecnología de forma general y profundizando en conceptos sobre el ciberespacio, funcionamiento de Internet y cómo ellos se relacionan con el trabajo periodístico.
En Argentina, Colombia, Brasil y Paraguay compartimos realidades parecidas, es más, las coincidencias son regionales y las amenazas también. Una de ellas es la desinformación y los desafíos que impone el ritmo del desarrollo tecnológico a los marcos normativos nacionales.
Por tanto, en el segúndo encuentro, desarrollado el miércoles 26 de octubre, contó con la participación de Victor Durigan del Instituto Vero de Brasil. En el encuentro expuso las iniciativas existentes en el país vecino para combatir la desinformación en procesos electorales, incluyendo la experiencia reciente. Éste encuentro se realizó en la semana previa al balotage presidencial, por lo cuál destacaron hallazgos de la elección en primera vuelta y permitió a las personas asistentes evaluar las polìticas implementadas y los desafíos que afrontarían en la segunda vuelta.
El tercer encuentro buscó invitar a la reflexión a las personas participantes a modo de pensar los desafíos que enfrentan las redacciones en la actualidad a la hora de abordar coberturas con enfoque de derechos humanos y en partícular, en asuntos de tecnología y elecciones. Para iniciar la conversación se contó con la presentación de Natalia Herrera Durán, periodista de investigación de «El Espectador» de Colombia.
El pasado 2 de noviembre, Eduardo Ferreyra de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina, expuso durante el cuarto día sobre la regulación de intermediarios de internet. En la charla explicó cómo funcionan las empresas tecnológicas acerca de la moderación de contenidos en sus plataformas, cómo afectan la libertad de expresión, cómo puede afectar la labor de los periodistas y medios de comunicación independiente.
En el segundo bloque, Jazmín Acuña de El Surtidor, invito a pensar el periodismo y combatir la tecno-distopía, impulsando procesos innovadores en las redacciones. Para ello señaló pensar en coberturas que se enfoquen en las personas en primer lugar, con enfoques tecnopolíticos, decoloniales y que asuman cómo compromiso llegar lo más cercanamente posible a las audiencias.
El último encuentro virtual, del jueves 3 de noviembre, nuevamente estuvo a cargo de Maricarmen Sequera, quien expuso sobre la violencia digital y política en el entorno digital, casos de estudio a nivel Latinoamerica, los desafíos de acceso a la justicia ante casos de violencia de género en entorno online y las amenazas que sufren, particularmente, mujeres y colectivos diversos en el ejercicio del periodismo libre.
Para finalizar la jornada, Ana Rita de AOS Fatos, organización de factcheking con sede en Brasil, expuso sobre el contexto político y electoral durante las elecciones, además de exponer cómo afrontan desde la redacción las amenazas de la desinformación, con tecnología al servicio de un equipo humano de periodistas, linguistas, visualizadores de datos y programadores en constante proceso de innovación.
¿Qué se viene?
Entre noviembre y diciembre, 7 grupos, compuestos por los 23 participantes, participarán de un proceso intensivo de tutoría a cargo del equipo de TEDIC y con el acompañamiento de revisión y soporte editorial de sus propios medios. Los materiales comunicacionales resultantes serán publicados en los medios que representan.
Los medios participantes son Última Hora, La Nación, ABC (TV, Radio, Digital e Impreso), El Independiente, Radio Ñanduti y Made In Paraguay / Sin Antena FM.
Desde TEDIC lanzamos una nueva investigación que lleva el nombre de «Historia del voto electrónico en Paraguay». La investigación forma parte de una serie de publicaciones que buscan guiar e informar sobre la intersección de tecnología y democracia desde un enfoque político, legal, filosófico, técnico, social y cultural, a modo de aprovechar la coyuntura política nacional con miras a las internas partidarias y las elecciones presidenciales.
«Historia del voto electrónico en Paraguay 2000 – 2021» busca sistematizar la evolución del debate público sobre la adopción del voto electrónico en el país. El objetivo es facilitar la generación de evidencia científica que promueva mejoras de cara a las elecciones generales de 2023.
La investigación es de carácter exploratorio y descriptivo. Realiza un recorrido por la historia del voto electrónico en Paraguay, durante las dos décadas que abarca su desarrollo, con el fin de poder visibilizar cuales fueron los actores y los tiempos de las discusiones que llevaron a la implementación del mismo, en un contexto de aceleración de la digitalización en el marco de la pandemia de la Covid-19.
Algunos de los principales hallazgos de la investigación
Desde su aparición a finales del siglo pasado, el voto electrónico, ha atravesado varios momentos de discusión en nuestro país y en el mundo. En Paraguay, el mismo se ha vuelto a implementar en las últimas elecciones municipales – después de años de muchas críticas y prohibiciones-, con el argumento de que posibilitaría la nueva reforma electoral. Sin embargo, la investigación evidencia como las autoridades electorales no han prestado mucha atención a argumentos de sectores especializados de tecnología y la sociedad civil: concretamente, advertencias sobre los inconvenientes y peligros de los sistemas de votación electrónica para la democracia, con sus posibles implicancias en el ejercicio de los derechos políticos y civiles de la ciudadanía.
Línea de tiempo con los principales hitos de la historia del voto electrónico en Paraguay
Si bien la historia del voto electrónico en Paraguay no está todavía completamente escrita, los investigadores encargados de este trabajo realizaron una línea temporal que ilustra las etapas que caracterizaron a la adopción, desuso y vuelta a la puesta en funcionamiento de las máquinas de voto electrónico en el país, analizando particularmente también las transformaciones en la opinión pública a lo largo de este período de tiempo.
Desde TEDIC, afirmamos nuestro compromiso en seguir produciendo información en torno a los procesos electorales de nuestro país, a modo de generar espacios de intercambio con el TSJE, la prensa, la sociedad civil y observadores electorales nacionales e internacionales acreditados. Creemos importante seguir sosteniendo espacios colectivos de análisis para comprender mejor los riesgos y beneficios del sistema de votación electrónica. Esto con miras a la mitigación de riesgos y amenazas a la integridad electoral de las elecciones presidenciales del 2023 y todas las que sigan.
Si querés leer más, te invitamos a descargar la investigación aquí
El Digital Rights and Inclusion Forum (DRIF) es uno de los eventos más importantes a nivel global para discutir los desafíos que enfrentamos en la era digital. Organizado por Paradigm Initiative, este año el evento se realiza de manera presencial en Zambia, reuniendo a activistas, tecnólogas, organizaciones y redes de todo el mundo.
TEDIC participará del DRIF2025 en Zambia para compartir aprendizajes regionales sobre vigilancia y tecnologías abiertas, siendo parte del panel: “Aprovechando las capacidades de la sociedad civil para adoptar tecnologías de monitoreo de código abierto ante amenazas digitales”
Con el crecimiento del autoritarismo digital a nivel global, la protección de las organizaciones de la sociedad civil requiere de respuestas colectivas, coordinadas y sostenidas. En este contexto, la adopción de tecnologías abiertas para monitorear amenazas digitales se vuelve urgente.
Durante esta sesión, se presentará el proyecto Blue Team Tools, una iniciativa que busca fortalecer las capacidades de organizaciones en Paraguay, Colombia y México para adoptar herramientas de monitoreo como vigilancia de equipos, análisis de red, y más. La conversación estará guiada por Juliet Nanfuka, de la organización CIPESA (Sudáfrica), quien moderará el intercambio entre referentes de tres países latinoamericanos.
Desde Paraguay, Pamela Peralta de TEDIC compartirá la experiencia de implementación en organizaciones locales que enfrentan desafíos de infraestructura y seguridad digital. Desde México, José Martinez (SocialTIC) abordará cómo las tecnologías abiertas pueden convertirse en aliadas frente a contextos de vigilancia y criminalización de activistas. Y desde Colombia, Stéphane Labarthe (Fundación Karisma) reflexionará sobre los aprendizajes institucionales al incorporar estas herramientas en entornos con altos niveles de riesgo digital.
🗓 Fecha: 1 de mayo 🕑 Hora: 2:00 PM – 3:00 PM (hora local de Zambia)
Del 3 al 7 de mayo, Bruselas será el epicentro del debate global sobre libertad de prensa con la celebración del World Press Freedom Day 2025. Este año, bajo el lema “Reportando en un mundo felizmente nuevo: el impacto de la inteligencia artificial en la libertad de prensa y los medios”, el evento busca abrir una conversación profunda sobre cómo las tecnologías emergentes, especialmente la inteligencia artificial, están transformando el periodismo y el derecho a la información.
Organizado por la UNESCO y el Gobierno de Bélgica, este encuentro reunirá a periodistas, activistas, académicos, representantes de medios y organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo para debatir sobre los desafíos que plantea la automatización, el uso de datos personales, la moderación algorítmica y la concentración del poder tecnológico en pocas plataformas.
Uno de los focos centrales será la responsabilidad de los intermediarios y cómo garantizar que los derechos humanos y la libertad de expresión sigan siendo protegidos en entornos digitales cada vez más controlados por la inteligencia artificial.
La dirección ejecutiva de TEDIC estará presente en varias reuniones privadas centradas en la regulación de la IA y la responsabilidad de las plataformas digitales.
De enero a abril de 2025, desde TEDIC seguimos consolidando nuestro trabajo de incidencia nacional e internacional para promover una internet libre, abierta y con enfoque en derechos humanos. En este blog te contamos las principales acciones que realizamos durante este período, a nivel internacional, participando de foros de múltiples partes interesadas, coaliciones regionales y globales, eventos de relevancia y espacios feministas y de la sociedad civil para amplificar nuestras demandas y propuestas.
Acceso al conocimiento y justicia ambiental frente a la IA
También nos sumamos a la declaración global “Within Bounds: Limiting AI’s environmental impact”, junto a más de 100 organizaciones, que plantea 5 demandas urgentes para frenar el impacto ambiental de la inteligencia artificial: eliminar los combustibles fósiles, reducir la huella computacional, exigir transparencia, asegurar cadenas de suministro responsables y promover la participación pública en las decisiones sobre IA.
RightsCon 2025: redes, paneles y debates estratégicos
Este año, RightsCon se celebró en Taiwán y desde TEDIC tuvimos una participación intensa y diversa. Coordinamos, colaboramos y nos articulamos en más de 10 espacios entre paneles, encuentros cerrados, mesas de trabajo, sesiones multilaterales y eventos de networking.
Paneles organizados por TEDIC:
Perpetradores de violencia de género en línea: En el marco de nuestra alianza con Women Rights Online (WRO), organizamos un panel con sala llena donde se presentó nuestra hoja de ruta de investigación. El interés del público reafirma la urgencia de seguir escalando este trabajo y asegurar su sostenibilidad, especialmente en esta nueva etapa con Digital Action como responsable del proyecto.
Participamos del encuentro de direcciones ejecutivas, donde se discutió la concentración de fondos en pocos donantes, la necesidad de nuevos «champions» en derechos digitales y la sostenibilidad del ecosistema civil.
Pamela Peralta, coordinadora de proyectos de género y tecnología asistió a la Cumbre de Jóvenes Líderes, donde presentó el contexto paraguayo, nuestras investigaciones sobre violencia de género digital, y los desafíos que enfrentamos con la Ley Anti-ONG.
En el Regional Meetup Latam, visibilizamos los retrocesos democráticos y la persecución a TEDIC, abriendo el debate sobre nuevas alianzas más allá del ecosistema tradicional de derechos digitales.
Otras participaciones destacadas
Reunión sobre migración y tecnología con Bosch-Stiftung, donde compartimos el trabajo de TEDIC en vigilancia estatal y estrategias de ciberseguridad.
Reunión cerrada con la red GNI y Trust and Safety Foundation sobre cómo mejorar la colaboración entre equipos de plataformas (como Meta y TikTok) y organizaciones del Sur Global. Desde TEDIC enfatizamos la urgencia de acelerar respuestas a defensoras de derechos humanos.
Participación activa en sesiones sobre deepfakes, tácticas feministas frente a elecciones, armas autónomas y violencia de género digital.
RightsCon fue una oportunidad única para reforzar alianzas, posicionar nuestros temas prioritarios y seguir articulando con organizaciones que comparten los mismos desafíos.
Inteligencia artificial con enfoque en derechos: AI Action Summit en París
En febrero, TEDIC también participamos del AI Action Summit, el evento más relevante de Occidente en materia de inteligencia artificial, realizado en París. Este espacio reunió a activistas, expertos técnicos, representantes de gobiernos y empresas para debatir el futuro de la IA desde una perspectiva de derechos humanos. Maricarmen Sequera, nuestra directora ejecutiva, aportó desde una mirada crítica sobre el desarrollo de infraestructura digital y los riesgos de la inteligencia artificial para el Sur Global. Participamos de sesiones sobre transparencia algorítmica, gobernanza ética de la IA, impactos medioambientales del entrenamiento de modelos y digital public infrastructure (DPI). Además, fortalecimos nuestra presencia en redes internacionales, compartimos lecciones aprendidas en campañas como Stop Killer Robots y nos permitió abrir nuevas líneas de trabajo y consolidar alianzas con actores estratégicos, reafirmando el compromiso de TEDIC con una inteligencia artificial justa, inclusiva y transparente.
Participación en la 69ª Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69)
En marzo de 2025, participamos activamente en la CSW69 como parte del grupo asesor del UNFPA para el Tercer Simposio Global sobre Violencia de Género Facilitada por la Tecnología (TFGBV). Aportamos al diseño de la agenda del simposio y compartimos nuestras investigaciones y aprendizajes sobre violencia digital desde Paraguay.
Cuidados colectivos y sostenibilidad de los activismos feministas
Igualdad de género en la economía de plataformas
Liderazgo femenino en la era digital
Educación como herramienta para la igualdad
Redes feministas contra la violencia de género
Derechos laborales y justicia social para las mujeres
Además, respondimos al survey de CIVICUS CSW69, colaborando con procesos de incidencia global sobre el rol de la sociedad civil feminista en entornos digitales.
Periodismo y tecnologías: perspectivas desde el Sur Global
Del 20 al 22 de marzo, participamos del evento “Big Tech and Journalism: Perspectives from the Global South” en São Paulo, organizado por Ajor y Momentum, con el apoyo de IFPIM y Luminate. Este fue el inicio de una serie de encuentros que promueven el diálogo tri-continental sobre el periodismo y la tecnología, con futuras ediciones en Indonesia y Sudáfrica, que culminarán en la Conferencia Global de Periodismo de Investigación (GIJC25) en Kuala Lumpur.
Nuestra directora ejecutiva, Maricarmen Sequera, participó de sesiones abiertas y cerradas donde se discutió el impacto de las plataformas digitales en el periodismo, el rol de las políticas públicas y las oportunidades de innovación para reducir desigualdades. Este espacio fue clave para posicionar la mirada del Sur Global y fortalecer redes con medios, tecnólogos y actores de la sociedad civil.
Democracia digital y gobernanza en América Latina
Entre el 26 y el 28 de marzo, TEDIC participó en el Forum 2000, un evento internacional en San José, Costa Rica, que reunió a actores y personas expertas para debatir sobre el futuro de la democracia en la región y los desafíos que presenta la tecnología en contextos políticos.
Organizado por entidades comprometidas con la defensa de los derechos humanos, el evento abordó el impacto de las redes sociales, la desinformación y la manipulación digital en los procesos democráticos. Nuestra participación estuvo enfocada en compartir el caso paraguayo, discutir tendencias globales como la polarización política y aportar propuestas sobre gobernanza digital, desde una visión crítica y situada.
Aportes a relatorías, posicionamientos y procesos de múltiples partes interesadas
Nos sumamos a la firma de un posicionamiento internacional por la justicia digital, como miembros del Foro Global de Justicia Digital.
Nos sumamos a la condena internacional al régimen militar de Myanmar por los apagones de internet tras el terremoto, y exigimos el restablecimiento inmediato de las comunicaciones.
Miembros del Global Future Council on information Integrity de World Economic Forum
En un contexto marcado por el crecimiento acelerado de la desinformación, el impacto de la inteligencia artificial y la violencia de género facilitada por la tecnología, garantizar la integridad de la información y construir un ecosistema digital confiable se vuelve una tarea urgente y global.
En reconocimiento a su trayectoria y compromiso con los derechos digitales, nuestra Directora Ejecutiva, Maricarmen Sequera, fue invitada oficialmente por el Foro Económico Mundial (World Economic Forum) a formar parte del Global Future Council on Information Integrity por un período de un año.
Este consejo reúne a líderes internacionales que trabajan por un entorno digital más justo y seguro. Actualmente, Maricarmen comparte espacio con referentes como Maria Ressa, Premio Nobel de la Paz 2021, y Amanda Sorey, directora global de Trust & Safety en Google.
Seguimos abriendo caminos
Estos primeros meses del año consolidan una línea clara de acción: impulsar una agenda de derechos digitales situada en el Sur Global, con énfasis en género, privacidad, libertad de expresión, justicia tecnológica y participación ciudadana.
Gracias a quienes acompañan nuestro trabajo: aliados estratégicos, comunidades, cooperantes y organizaciones con quienes seguimos construyendo una internet más justa.
Seguinos en nuestras redes para conocer nuestras próximas acciones.
📅 El martes 29 de abril de 18 a 21 hs te esperamos en La Mediateca (📍15 de Agosto 823 – pedinos la ubi 📲) para compartir un evento pensado para amigues de TEDIC y toda la comunidad.
¿Qué vamos a tener ese día? 📸 una expo interactiva sobre inteligencia artificial 🎥 proyecciones de documentales y podcast sobre robots asesinos 🎧 DJ set para activar el mood 🍸 tragos, comida y buen clima para compartir
✨ ¿Te parece que la IA es solo una moda? En TEDIC venimos trabajando sobre esto desde 2019. Si querés conocer qué hicimos, qué nos preocupa y por qué hablamos de derechos humanos cuando hablamos de IA… ¡este es el lugar!
Caé cuando quieras al after, solo tenés que traé tu curiosidad, tus preguntas, a tus amigues y ganas de tomar, comer y bailar. ¡Sumate a nuestra tarde-noche de reflexión, arte y disfrute!
De enero a abril de 2025, desde TEDIC seguimos consolidando nuestro trabajo de incidencia nacional para promover una internet libre, abierta y con enfoque en derechos humanos. En este blog te contamos las principales acciones que realizamos durante este período, articulando con instituciones del Estado, medios de comunicación, congresistas y autoridades judiciales para posicionar nuestras propuestas, generar debate público y exigir el respeto a nuestros derechos en entornos digitales.
Una estrategia nacional de ciberseguridad con enfoque en derechos
En febrero nos reunimos con miembros del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) para reiterar nuestras observaciones al borrador de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Desde TEDIC venimos señalando la importancia de que esta política pública incorpore principios de derechos humanos, como la protección de datos personales, la rendición de cuentas institucional y la participación ciudadana.
Durante el encuentro, el MITIC comunicó que se encuentra en proceso de revisión de las observaciones recibidas. Este proceso fue clave para posicionar nuestra visión sobre el modelo de gobernanza de la ciberseguridad en Paraguay, fortalecer el diálogo multisectorial y compartir nuestras recomendaciones con organizaciones aliadas y actores del sector público.
Ley de Protección de Datos Personales: una urgencia impostergable
Durante el primer trimestre del año, desde TEDIC intensificamos nuestras acciones de incidencia en el Congreso Nacional, en el marco de la Coalición de Datos Personales, para exigir el avance del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. A través de reuniones con miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, buscamos presionar para que el análisis del proyecto se realice artículo por artículo y no vuelva a ser postergado.
Como resultado de este trabajo articulado, se logró que el proyecto figure en el orden del día en dos ocasiones: la primera, el martes 4 de marzo, en la sesión inaugural del año legislativo, que no se llevó a cabo por falta de quórum; y la segunda, el martes 1 de abril, donde finalmente se reabrió el debate. En esa última sesión, se anunció que el tratamiento detallado del articulado se retomará en un plazo de 15 días, lo que abre una nueva ventana de oportunidad para impulsar su aprobación definitiva. Este proceso se da en un contexto especialmente crítico, marcado por filtraciones masivas de datos y vulneraciones sistemáticas a la privacidad, que hacen evidente la falta de una normativa integral y actualizada.
Además, para seguir sensibilizando a la ciudadanía, nuestra directora ejecutiva y cofundadora, Maricarmen Sequera, fue entrevistada por Canal América, donde explicó la relevancia de esta ley y la urgencia de contar con una regulación que frene la extracción indiscriminada de datos personales en el país. Desde TEDIC, reiteramos: nuestros datos no son mercancía, ni deben estar expuestos por negligencia del Estado. Seguiremos impulsando, desde el Congreso y desde la sociedad civil, una ley robusta que garantice nuestros derechos en el entorno digital.
¿Quién defiende tus datos?: incidencia con base en evidencia
Durante este trimestre también impulsamos la distribución estratégica de la 4ª edición de nuestra investigación ¿Quién defiende tus datos? (QDTD), enfocada en prácticas de transparencia y privacidad de las proveedoras de internet en Paraguay. El informe fue enviado a los departamentos jurídicos de Tigo, Vox, Personal, Copaco y Claro, así como a autoridades de:
MITIC: Gustavo Villate (Ministro), Klaus Pistilli (Viceministro de Tecnología), Alejandra Duarte (Viceministerio de Comunicación), Jorge Levera y Luz Vera (Dirección General de Ciberseguridad).
CONACOM: Pablo Ramírez, Rolando Díaz y Jesús Silveira.
SEDECO: Gustavo Benítez, Fabiola Roig y Rodrigo Recalde.
Estos envíos forman parte de nuestra estrategia para incidir directamente en las políticas y prácticas de protección de datos personales y privacidad desde una base empírica y colaborativa.
193 ejemplares, 17 departamentos y 1 urgencia: frenar el uso indebido de la Ley 5777/16
Con el apoyo de Christian Chena, en abril, comenzamos el envío físico de nuestra investigación sobre violencia y el uso inapropiado de la Ley 5777/16 a juzgados de paz en todo el país. Este material busca brindar herramientas a jueces y juezas para identificar cuándo esta ley es mal utilizada como forma de censura o persecución.
En total distribuiremos 193 ejemplares, priorizando su distribución en función del número de denuncias de violencia de género en cada departamento. Gracias al apoyo de la Secretaría de Género del Poder Judicial, pudimos acceder a datos actualizados sobre la cantidad de denuncias y la ubicación de los juzgados con más carga de trabajo.
Según conversaciones con la Secretaría de Género del Poder Judicial, el Departamento Central, por ejemplo, supera las 12.000 denuncias y cuenta con solo 18 juzgados de paz, por lo que enviaremos entre 2 y 3 ejemplares por juzgado, buscando que el material llegue también a sus equipos de apoyo. Este envío también se acompaña con ejemplares entregados a la Secretaría de Género y a ministros del Poder Judicial, con el objetivo de ampliar el alcance y el impacto de nuestra investigación.
TEDIC en el debate sobre innovación institucional y digitalización
El 2 de abril, TEDIC fue parte del taller sobre innovación y capacidad institucional organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el PNUD, en el marco de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo – Paraguay 2050. Maricarmen Sequera participó como panelista, aportando una mirada crítica y propositiva desde los derechos digitales.
La discusión giró en torno a cómo fortalecer la gestión pública a través de la transformación digital, garantizando inclusión, transparencia y participación ciudadana. En ese marco, desde TEDIC compartimos nuestra experiencia en gobernanza tecnológica, uso estratégico de datos y defensa de la privacidad como eje fundamental para cualquier estrategia de modernización estatal.
Este posicionamiento se reforzó también el 9 de abril, durante la participación de Maricarmen Sequera en el evento “La utopía global: modelando el futuro con inteligencia artificial para un bien común global”, organizada por Cabinet como parte de la cátedra interuniversitaria Tomás Moro. El evento reunió a especialistas de distintas partes del mundo para debatir sobre el rol de la inteligencia artificial en la construcción de futuros más justos, equitativos y sostenibles, abordando temas como la ética, la educación, la política y los derechos humanos.
Desde TEDIC, seguimos apostando por espacios de incidencia que promuevan una tecnología centrada en las personas, con enfoque de derechos y una participación activa de la sociedad civil en la definición de políticas públicas digitales.
Seguimos abriendo caminos
Este primer trimestre del 2025 reafirma nuestro compromiso con una agenda de derechos digitales construida desde el Sur Global, con base en evidencia, diálogo y participación. Agradecemos a todas las personas, organizaciones e instituciones que acompañan nuestras acciones.
📬 Seguinos en redes para conocer nuestras próximas actividades e investigaciones.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos realizó una consulta pública titulada “Acceso de las Mujeres a la Justicia en Casos de Violencia y Discriminación: Estudio de situación en las Américas y el Caribe”. Esta iniciativa, liderada y sistematizada por la organización regional Derechos Digitales, abarcó casos de Bolivia, Paraguay y Perú. En Paraguay, la organización TEDIC se encargó de la sistematización de casos nacionales, aportando reflexiones y hallazgos sobre la relación entre tecnología y género en el acceso a la justicia.
Acceso a la justicia a victimas de violencia de género facilitada por la tecnología
La situación en América Latina respecto al acceso a la justicia y la atención a casos de violencia de género —especialmente aquella facilitada por tecnologías— revela tanto avances como desafíos persistentes. En países como Perú y Paraguay, se observa una diversidad de vías institucionales a través de las cuales las víctimas pueden presentar denuncias y activar medidas de protección en los ámbitos administrativo, penal, civil y constitucional. Esta multiplicidad de caminos, que en teoría debería ampliar las posibilidades de acceso a una justicia ágil y con perspectiva de género, contrasta notablemente con el caso de Bolivia, donde el ámbito penal continúa siendo la principal —y en muchos casos, única— vía habilitada para abordar este tipo de violencia.
Sin embargo, la existencia de múltiples mecanismos no garantiza su efectividad ni accesibilidad real. En la práctica, muchas de estas rutas se revelan hostiles, confusas y poco receptivas para las mujeres y personas de género diverso que buscan protección. La falta de información clara, accesible y estandarizada sobre los procedimientos disponibles constituye una barrera significativa, especialmente en contextos donde no existen campañas informativas sostenidas ni materiales en formatos inclusivos o en lenguas originarias.
Esta problemática se refleja claramente en Paraguay, donde se han documentado casos en los que ciertos juzgados exigen la presentación de una denuncia policial previa como requisito para avanzar con medidas de protección, a pesar de que la normativa vigente no lo contempla. Situaciones similares se replican en otros países de la región, como Brasil, donde persisten altos niveles de subregistro de casos de divulgación no consentida de imágenes íntimas, en parte debido a obstáculos institucionales y la falta de preparación del sistema de justicia para abordar estos casos desde una perspectiva integral.
Vías de acceso y atención integral a las víctimas
Si bien los países analizados han avanzado en la implementación de recursos judiciales y servicios de atención para víctimas de violencia, la capacidad instalada sigue siendo insuficiente para responder de forma adecuada y especializada. En Perú, por ejemplo, se observa una desproporción significativa entre la Defensoría Pública para víctimas y la Defensa Penal para personas acusadas, lo que genera un acceso desigual a la justicia. A esto se suma que solo una parte del personal cuenta con formación específica en violencia de género facilitada por tecnologías, limitando la comprensión y abordaje integral de estos casos.
En Brasil, aunque la Ley Maria da Penha contempla el acceso a servicios de apoyo para víctimas de violencia de género, no aborda explícitamente las violencias facilitadas por tecnologías, dejando así a muchas personas afectadas en una situación de vulnerabilidad y a merced de la discrecionalidad institucional.
En contraste, la Ciudad de México ha sido destacada como ejemplo de buena práctica con la implementación de la Ley Olimpia, que incorpora mecanismos de apoyo integral para víctimas de violencia digital. Sin embargo, incluso en este tipo de avances normativos, es fundamental que los servicios de atención no solo existan en papel, sino que sean efectivamente accesibles, especializados y sensibles a las realidades diversas de las víctimas. De lo contrario, corren el riesgo de convertirse en formalidades vacías, incapaces de responder a la urgencia y complejidad de las violencias que buscan atender.
Medidas de protección y barreras para la denuncia
Aunque la legislación de muchos países contempla la posibilidad de solicitar medidas de protección por vías no penales, en la práctica estas medidas resultan con frecuencia genéricas, con plazos arbitrarios y sin criterios claros para su renovación. Esta fragilidad se vuelve aún más evidente en casos de violencia de género facilitada por tecnologías, donde la ausencia de protocolos especializados impide respuestas ágiles y efectivas, como la eliminación inmediata de contenidos íntimos difundidos sin consentimiento.
A esto se suman múltiples barreras que enfrentan las víctimas: el desconocimiento de sus derechos, la falta de información accesible sobre los mecanismos disponibles, el miedo a represalias y la percepción generalizada de que el sistema judicial es lento, revictimizante y poco confiable. En este contexto, muchas personas afectadas optan por recursos como el amparo constitucional, que si bien puede ofrecer respuestas rápidas, no resuelve estructuralmente las causas ni garantiza reparación integral.
Estos obstáculos se agravan ante la limitada comprensión que tienen muchas personas operadoras del sistema judicial sobre las dinámicas digitales y tecnológicas, lo que genera procesos judiciales poco sensibles, lentos y, en muchos casos, ineficaces para proteger y reparar a las víctimas de manera adecuada.
Reconocimiento legal, datos transparentes y el rol de la sociedad civil
Uno de los principales desafíos en América Latina es la ausencia de un reconocimiento legal específico de la violencia de género facilitada por tecnologías. Esta omisión normativa genera una invisibilización estadística: al no contar con una tipificación clara, los casos se registran dentro de categorías amplias y genéricas, lo que dificulta su identificación, seguimiento y análisis diferenciado. Esta situación obstaculiza el diseño de políticas públicas basadas en evidencia y limita la posibilidad de implementar respuestas adecuadas desde el Estado.
A ello se suma la falta de indicadores estandarizados y la opacidad en la entrega de datos por parte de las plataformas digitales, lo que restringe tanto la capacidad de los Estados como la de la sociedad civil para monitorear el fenómeno, exigir rendición de cuentas y construir respuestas articuladas.
En este escenario, el rol de la sociedad civil resulta fundamental. Organizaciones y colectivos feministas han asumido la tarea de llenar los vacíos informativos a través de metodologías cualitativas, como los grupos focales, que permiten un acompañamiento más cercano a las víctimas y la generación de insumos valiosos para la incidencia política y la elaboración de marcos normativos más sensibles.
La integración efectiva entre estas iniciativas ciudadanas y las instituciones estatales es clave para transformar el abordaje de la violencia de género en la región. No basta con respuestas punitivas: es urgente avanzar hacia un modelo de atención integral que garantice reparación real, protección efectiva y acceso pleno a la justicia.
Solo mediante un enfoque articulado —que combine la ampliación de las vías de acceso a la justicia, la capacitación de operadores judiciales, la implementación de medidas de protección adaptadas al entorno digital y la sistematización de datos desde una mirada inclusiva y situada— será posible superar las barreras estructurales que impiden a las mujeres y personas LGBTIQA+ acceder a una justicia efectiva en la era digital.
Necesidad de formulación de políticas públicas basadas en evidencias sobre VGFT
La ausencia de indicadores estandarizados en las encuestas nacionales y en las estadísticas criminales y administrativas dificulta una comprensión clara y comparativa de la VGFT en la región. A pesar de contar con registros parciales sobre otras formas de violencia de género, pocos países recopilan datos de forma sistemática y desagregada, lo que restringe la capacidad de dimensionar el problema y orientar estrategias de prevención basadas en evidencia. Además, las empresas tecnológicas no publican información transparente y desagregada por género sobre las denuncias en sus plataformas, lo que limita severamente la posibilidad de monitorear, exigir responsabilidades y evaluar la efectividad de los mecanismos de moderación de contenido. Esta opacidad contribuye a una falta de rendición de cuentas y a la invisibilización de las experiencias específicas de mujeres y personas de comunidades históricamente marginadas, como las indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTQIA+.
Otro desafío importante es el déficit en metodologías adecuadas y la baja institucionalización del monitoreo de la VGFT. Las estadísticas disponibles suelen ser fragmentadas y discontinuas, y en muchos casos son producidas por organizaciones de la sociedad civil en lugar del Estado. Por ejemplo, en Paraguay, investigaciones de TEDIC han demostrado que los instrumentos cuantitativos empleados por las instituciones públicas presuponen que las personas encuestadas tienen un conocimiento previo sobre la violencia facilitada por tecnologías, lo que lleva a la subrepresentación de casos. En Perú, la recopilación de información sobre este fenómeno es residual y desarticulada, como lo evidencia el fracaso de la plataforma “No al Acoso Virtual”, que durante un tiempo fue el único canal estadístico oficial sobre VGFT, pero sin orientación clara ni institucionalización. Actualmente, no existe una encuesta nacional ni una base de datos integrada que permita evaluar la prevalencia de esta forma de violencia.
Frente a la inacción o insuficiencia del Estado, el rol de la sociedad civil se ha vuelto fundamental en la generación de datos, la orientación y el acompañamiento a las víctimas. En Bolivia, por ejemplo, la Fundación InternetBolivia.org, a través del Centro S.O.S. Digital, es la única fuente que recopila datos sistemáticos sobre VGFT y publica informes periódicos sobre violencia política de género en línea. De manera similar, en Paraguay, TEDIC realiza monitoreo, acompaña litigios estratégicos y produce investigaciones que complementan la escasa información oficial. Estas iniciativas, aunque esenciales para llenar vacíos críticos, no deberían sustituir las obligaciones del Estado en materia de registro y protección de las víctimas.
Para revertir este escenario, es crucial reconocer legalmente la VGFT como una forma específica de violencia de género, lo que permitiría su adecuado registro, visibilización y abordaje institucional. Asimismo, es necesario incluir preguntas sobre VGFT en las encuestas nacionales de victimización y en las bases de datos oficiales, combinando enfoques cuantitativos y cualitativos que no dependan del conocimiento previo de las víctimas. Además, se recomienda la institucionalización de sistemas de monitoreo público, transparente e interinstitucional, que incorporen un enfoque de género e interseccionalidad en sus registros, y fortalecer la articulación con las organizaciones de la sociedad civil, reconociendo su experiencia en el acompañamiento a víctimas y en la generación de conocimiento útil para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en la materia.
Aporte sobre la violencia de género facilitada por la tecnología (VGFT) en Paraguay
Esta limitación se traduce en desafíos significativos para las víctimas en su acceso a la justicia. En la práctica, las mujeres deben acudir a los Juzgados de Paz1 para denunciar, lo cual genera múltiples barreras. Entre ellas se encuentra la exigencia indebida de presentar una denuncia policial como requisito previo, a pesar de que la ley no lo estipula, lo que incrementa el proceso burocrático y expone a las víctimas a mayores riesgos. Asimismo, los horarios restringidos de atención –que en muchos casos finalizan a las 13:00 horas– impiden que se atiendan denuncias que se presentan fuera de ese marco, dejando a muchas mujeres sin una respuesta oportuna. Por otro lado, se evidencian demoras en la atención y en la entrega de documentos por parte de la policía, lo que retrasa aún más la respuesta judicial y afecta negativamente la protección de las víctimas.
Ante la difusión no consentida de imágenes íntimas, una investigación de TEDIC realizada en 2021 evidenció que las víctimas optan mayoritariamente por recurrir al recurso del amparo constitucional en lugar de seguir las vías penales tradicionales. Esta elección se debe a la celeridad y efectividad del amparo para interrumpir la circulación del material, lo que resulta crucial en situaciones de violencia telemática. A partir de estos hallazgos, se identificó la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional y capacitar de manera específica a los operadores jurídicos para comprender y abordar adecuadamente la violencia facilitada por tecnologías.
La investigación arrojó que las sentencias analizadas revelaron un patrón recurrente: las víctimas optan mayoritariamente por el recurso de amparo constitucional en lugar de las vías penales, administrativas o civiles. Esto se debe a que el amparo ofrece una respuesta rápida para detener la circulación del material, mientras que los procesos tradicionales son percibidos como lentos, costosos y poco efectivos. Además la mayoría de las acciones ofrecidas por el código penal son de acción privada. Por otro lado, persisten barreras sistémicas que dificultan el acceso a la justicia, como el estigma social, la revictimización y la falta de respuestas institucionales ágiles. Estos factores generan un escenario en el que las víctimas enfrentan dificultades adicionales para obtener protección efectiva.
También se evidencia que hay un importante desconocimiento sobre la aplicación de la Ley 5777/16 que influye en este panorama, ya que muchas veces se recurre mayoritariamente a la figura legal de amparo constitucional, sin explorar otras herramientas legales como estas. Además, la falta de registros precisos sobre estos casos impide evaluar la magnitud real del problema y la eficacia de las respuestas institucionales. Mejorar los sistemas de recolección y análisis de datos, junto con la capacitación de operadores jurídicos, resulta clave para avanzar hacia un enfoque que priorice los derechos de las víctimas y ofrezca mecanismos adaptados a sus necesidades. Para abordar estas deficiencias, se recomienda revisar las medidas otorgadas y garantizar que sean adecuadas a la realidad de cada víctima.
Además, es imperativo revisar y adaptar las medidas de protección, ya que en la práctica estas suelen tener una duración arbitraria –frecuentemente de 90 días– y no se renuevan conforme a las necesidades reales de la víctima, dejando un vacío en la protección a largo plazo. Por último, se destaca la importancia de incrementar la sensibilización y difusión sobre la aplicación de la ley, de modo que las víctimas conozcan todos los instrumentos legales disponibles y puedan acceder a ellos de manera efectiva, evitando así la revictimización y garantizando una respuesta judicial más integral y acorde a la realidad de la violencia digital.
Avances y desafíos en la administración de justicia en casos de VGFT
En Paraguay, la administración de justicia en casos de violencia de género –incluida la violencia facilitada por la tecnología– ha registrado avances institucionales importantes, pero aún enfrenta desafíos estructurales que evidencian el uso indebido y punitivo de la Ley 5777/16. Este marco legal, que debería proteger a las víctimas, a menudo se aplica de manera contraria a su espíritu y sin contar con reglas procesales específicas para la VGFT, lo que deriva en respuestas judiciales dispares según el perfil de la víctima.
Caso Belén Whittingslow: Un hito en la lucha contra la VGFT
La actuación de fiscales sin perspectiva de género, que calificaron los hechos de «galanteo o cortejo», ignorando la posición de poder del agresor y la negativa explícita de la víctima.
La revictimización de Belén, quien además fue injustamente implicada en procesos penales por supuestas irregularidades ajenas a la situación de acoso.
La aplicación de un análisis sesgado en cuanto al consentimiento, que perpetúa estereotipos y dificulta la sanción efectiva del agresor.
Este caso, actualmente en etapa de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sienta un precedente crucial, pues evidencia cómo los prejuicios institucionales y la ausencia de protocolos específicos para la VGFT facilitan la impunidad y la victimización secundaria.
Tergiversación en la implementación de la ley 5777/16 por los Juzgados de Paz
Investigaciones conducidas por TEDIC, en colaboración con el CELE, han documentado otros casos en los que la Ley 5777/16 se ha utilizado de manera distorsionada para fines de censura y control del discurso. Desde 2023, diversos Juzgados de Paz han emitido fallos controvertidos, especialmente en casos en que funcionarias públicas y esposas de políticos han alegado violencia telemática derivada de publicaciones de periodistas críticos. Ejemplos incluyen:
El caso de Mabel Portillo, censurada por denunciar la gestión municipal de una intendenta.
La situación de Alfredo Guachiré, obligado a retirar un artículo sobre irregularidades en la ESSAP.
Restricciones impuestas a publicaciones de figuras como Christian Chena y Letizia Medina.
En estos casos, los jueces han utilizado el inciso F de la legislación procesal 1600/00 para ordenar medidas que, si bien buscan alejar al agresor, también se han empleado para censurar el ejercicio de la libertad de expresión, afectando a periodistas y críticos, lo que pone en entredicho la compatibilidad de estas medidas con los principios constitucionales e internacionales.
Otro ejemplo positivo: el caso de Menchi Barriocanal
Contrariamente a los casos de revictimización, se destaca el proceso legal llevado adelante por la periodista Mercedes Barriocanal, conocida como Menchi. En diciembre de 2022, tras recibir ataques y la difusión ilegal de su número telefónico en una página de Facebook –acción clasificada como doxxing– Menchi denunció la violación de la Ley 5777. Su abogado aportó pruebas como capturas de pantalla y números telefónicos, lo que permitió que el Juzgado de Paz ordenara:
Medidas de protección contra la violencia psicológica y telemática.
La prohibición de difusión de sus datos personales y los de su familia.
La derivación del caso a la Policía Nacional y a la Fiscalía para investigar a los responsables.
Como se ve, las víctimas de VGFT enfrentan graves obstáculos para acceder a la justicia, ya que muchas causas son desestimadas por ocurrir exclusivamente en el ámbito digital, no ser consideradas violentas, ni contener -supuestamente- consecuencias psicológicas, como se vio en el caso de Belén Whittingslow. Además, la mayoría de las acciones legales son privadas, y los Juzgados de Paz, que son el eslabón más débil del sistema judicial, no cuentan con la capacidad adecuada para abordar casos de VGFT. En algunos casos, incluso favorecen a figuras políticas que evitan ser investigadas por corrupción, lo que evidencia la falta de enfoque y voluntad del Estado para prevenir la violencia de género de manera efectiva.
Avances y buenas prácticas institucionales
Entre los avances institucionales se encuentra la creación de la Mesa Interinstitucional de Prevención de la Violencia Contra la Mujer (PREVIM). Integrada por 17 instituciones públicas y dos organizaciones civiles (TEDIC y CDIA) y liderada por el Ministerio de la Mujer, esta mesa se reúne periódicamente desde 2018 para coordinar acciones, evaluar avances y desarrollar políticas públicas que prevengan la violencia de género.
Adicionalmente, el MITIC y el Ministerio de la Mujer están implementando el Sistema Único de Recepción de Denuncias de Violencia contra la Mujer con los aportes y seguimiento también desde la Mesa PREVIM. Esta herramienta tecnológica busca conectar Juzgados de Paz, comisarías, fiscalías y servicios especializados, garantizando respuestas rápidas y coordinadas que faciliten el acceso a la justicia y eviten la revictimización de las mujeres.
Mecanismos alternativos de justicia no punitiva
En Paraguay, diversas organizaciones y redes defensoras de derechos humanos han impulsado mecanismos de justicia no punitiva, orientados a fortalecer la protección de las víctimas, facilitar su acceso a la justicia y lograr una reparación integral. Entre los principales desafíos y buenas prácticas observadas se destacan:
Trabajo de organizaciones y redes:
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY): integrada por 39 redes y organizaciones de la sociedad civil, la CODEHUPY trabaja en la defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales, exigiendo al Estado el cumplimiento de los marcos, compromisos e instrumentos jurídicos internacionales relativos a la perspectiva de derechos humanos. Sobre la violencia de género en general y la VGFT en particular, la CODEHUPY ha emitido pronunciamientos conjuntos, investigaciones, análisis de marcos normativos e informes anuales donde reúne y profundiza sobre casos específicos; de esta forma visibiliza las debilidades en la institucionalidad democrática y en el acceso a la justicia, e insta al Estado a establecer medidas de protección y vías jurídicas efectivas para las víctimas
Centro de Estudios y Documentación (CDE): ONG que cuenta con el Área Mujer especializada en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Mediante acciones concretas como pronunciamientos y monitoreo legislativo y de prensa, sistematizan información sobre la violencia de género en Paraguay denunciando la insuficiencia de los sistemas legal y de protección para la garantía y el cumplimiento de los derechos de las mujeres.
TEDIC: ONG que trabaja en la defensa y promoción de derechos humanos en contextos digitales con enfoque de género e interseccional. En consecuencia, ha desplegado una agenda significativa de investigación e incidencia -incluyendo litigio estratégico, investigación, difusión de información y formación- sobre la VGFT, contribuyendo a situar la importancia de este problema creciente y multifacético en el país.
Consultorio Jurídico Feminista (CJF): esta conformado por un equipo de profesionales de derecho que brinda orientación jurídica a mujeres que han visto sus derechos vulnerados. La mayoría de casos que atienden corresponden a algún tipo de violencia hacia las mujeres.
Aireana y su línea telefónica Rohendu: se centra en la lucha por los derechos de las personas LGBTQI+. Rohendu en particular es un servicio gratuito de atención telefónica para realizar denuncias por casos de violencia motivada por la orientación sexual, la identidad y expresión de género.
Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP): El SPP defiende los derechos e intereses de las personas periodistas y trabajadoras de prensa en Paraguay, promoviendo el ejercicio seguro de la profesión. Entre las denuncias más recurrentes por VGFT destacan el hostigamiento, el ciberacoso y las amenazas a través de redes sociales. En 2018 presentaron ante la CIDH el caso de Noelia Díaz Esquivel quien recibió amenazas en redes sociales tras referirse públicamente a un feminicidio en Asunción.
Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay: grupo en línea conformado por 88 mujeres periodistas de todo el país. Esta Red busca transformar la cobertura mediática discriminatoria sobre la violencia contra las mujeres y promover una comunicación con enfoque de derechos humanos, género y feminismo. Para lograrlo, impulsan campañas, emiten pronunciamientos y llevan a cabo acciones de incidencia política.
El acceso a la justicia y la atención a casos de VGFT en América Latina es una constante lucha. Desde TEDIC seguiremos trabajando en favor de la justicia y de los derechos de las mujeres mediante litigio estratégico, investigación, difusión de información y formación sobre la VGFT, contribuyendo a situar la importancia de este problema creciente y multifacético en el país y en la región.
La presente publicación ha sido financiada por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de TEDIC y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.
1Los Juzgados de Paz son competentes para entender en los juicios cuyo monto o cuantía no supere los 300 jornales (equivalen a la fecha la suma de USD 3500), cuando el litigio tenga un valor superior a dicho monto será competente el Juzgado de Primera Instancia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó en su 192ª sesión una audiencia regional de oficio sobre «Inteligencia artificial y derechos humanos«. Este espacio nos abrió una oportunidad para discutir los impactos de la inteligencia artificial (IA) en los derechos fundamentales, destacando tanto sus riesgos como las medidas necesarias para garantizar un desarrollo responsable y alineado con principios democráticos.
Principales temas discutidos
Durante la sesión, comisionados de la CIDH —como Stuardo Ralón, Carlos Bernal, Gloria de Mees y el Relator de la RELE Pedro Vaca—, junto a personas expertas y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas TEDIC como oyente, analizaron diversas problemáticas relacionadas con la inteligencia artificial y su regulación. Se destacaron las siguientes preocupaciones:
Opacidad algorítmica y sesgos discriminatorios: La falta de transparencia en los sistemas de IA puede generar decisiones injustas, afectando especialmente a poblaciones vulnerables.
Necesidad de marcos regulatorios y mecanismos de derechos humanos: Aunque no existe una normativa específica para la IA, las regulaciones existentes deben ser fortalecidas para proteger los derechos fundamentales. Ejemplos: Ley de protección integral de datos personales, ley de ciberseguridad, ley de transparencia, entre otros.
Transparencia y gobernanza: La discusión se centró en que no es necesario crear nuevas normas. Las normas éticas son necesarias pero no suficientes, las mismas no pueden reemplazar el orden jurídico y se necesitan mecanismos de derechos humanos para implementar y mejorar las garantías para el uso responsable de la IA.
Aplicación de estándares interamericanos: Se hizo un llamado a establecer mecanismos efectivos para hacer cumplir los derechos humanos en el contexto de la IA.
La incidencia de TEDIC en materia de inteligencia artificial
Desde 2019, TEDIC viene abordando el impacto de las tecnologías basadas en inteligencia artificial en ámbitos como las migraciones, el trabajo, la administración pública y la vigilancia, realizando un análisis con enfoque de género y derechos humanos. A través de sus reportes e investigaciones, la organización ha identificado una de las principales debilidades estructurales del país: la ausencia de una ley integral de protección de datos personales y la falta de recursos adecuados para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.
Además, los datos recolectados para la prestación de servicios públicos no cumplen con estándares de datos abiertos ni con criterios básicos de transparencia. Su mantenimiento deficiente dificulta la implementación efectiva y ética de sistemas de inteligencia artificial. Esta falta de regulación y control genera riesgos significativos para la privacidad y los derechos de la ciudadanía.
Falta de regulación de datos personales – AI Global Index
TEDIC colaboró en el capítulo paraguayo para el Global Index de AI responsable, manifestando la urgente necesidad de una gobernanza ética en el país. El análisis expuso la ausencia de una ley de protección de datos personales, así como la falta de recursos adecuados para garantizar la transparencia y el acceso a la información pública.
Automatización en políticas de empleo
Junto a la organización regional Derechos Digitales, TEDIC investigó el despliegue de la herramienta “EmpleaPY”, desarrollada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Paraguay con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta plataforma busca facilitar el acceso a ofertas laborales a través de procesos automatizados, pero el estudio identificó graves problemas en términos de privacidad, ya que su implementación se realizó sin un análisis previo de protección de datos, en un país que aún carece de legislación específica en la materia.
La investigación abordó el funcionamiento de esta herramienta en el marco del proceso de digitalización del Estado paraguayo y alertó sobre el uso de sistemas automatizados para la toma de decisiones en el ámbito laboral, sin transparencia sobre los criterios algorítmicos ni garantías para las personas usuarias. El estudio se enmarca en un contexto más amplio de creciente incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA) en las políticas públicas de la región.
Reconocimiento facial y derechos humanos
Desde 2018, TEDIC ha impulsado acciones legales en Paraguay para acceder a información pública sobre el uso de tecnologías de reconocimiento facial. Varias demandas presentadas contra el Ministerio del Interior y la Policía Nacional fueron rechazadas bajo el argumento de “seguridad nacional”, limitando el acceso ciudadano a información clave sobre estas tecnologías. Las investigaciones más recientes revelan serias preocupaciones sobre transparencia, corrupción y vulneraciones a los derechos humanos en la adquisición e implementación de sistemas de vigilancia biométrica. El estudio documenta un aumento sostenido en el uso de cámaras de reconocimiento facial por parte de la Policía Nacional, pero con resultados poco claros que generan alerta sobre la privacidad y la seguridad de los datos personales.
Además, se identificaron procesos de licitación opacos, adquisiciones cuestionables y una preocupante falta de controles que facilitan prácticas de corrupción. El informe también advierte sobre la ilegalidad potencial en el uso de fondos públicos para financiar estas tecnologías: en particular, el uso de los Fondos de Servicios Universales (FSU) administrados por CONATEL, que originalmente deben destinarse a mejorar el acceso a telecomunicaciones y no a sistemas de vigilancia.
En esta misma línea, en 2024 se promulgó en Paraguay la Ley para la prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte, que habilita la recolección de datos biométricos en eventos y espacios deportivos. La ley fue aprobada en menos de un año y entró en vigor con rapidez, a pesar de que, antes de su promulgación, el Ministerio del Interior y la Asociación Paraguaya de Fútbol ya habían firmado un convenio para implementar sistemas de reconocimiento facial, sin que existiera aún un marco legal que lo autorizara.
Una publicación de TEDIC también resalta un posible conflicto de intereses, ya que la empresa proveedora de esta tecnología, ITTI SAECA, pertenece al Grupo Vázquez, conglomerado empresarial en el que el actual presidente de la República tiene participación accionaria. Esta situación ha generado cuestionamientos y resistencias por parte de hinchas de distintos clubes, que impulsan la campaña #ConMiCaraNo, en rechazo a la vigilancia biométrica en el fútbol paraguayo.
Uso de IA en la Justicia Paraguaya
En 2019, el Poder Judicial de Paraguay inició negociaciones para adquirir “Prometea”, un software de inteligencia artificial (IA) desarrollado en Argentina, con el objetivo de implementarlo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este sistema, basado en IA y machine learning supervisado, está diseñado para generar automáticamente dictámenes judiciales, con la intención de mitigar la morosidad y optimizar los procesos burocráticos.
Aunque hasta la fecha no se han registrado avances en su implementación, este interés por parte de los poderes y administraciones del Estado en adoptar tecnología es significativo. Sin embargo, es fundamental realizar un análisis previo de impacto para evaluar si esta herramienta es realmente efectiva para reducir la mora judicial. Uno de los principales desafíos radica en extrapolar Prometea, diseñado para una instancia administrativa de ejecución fiscal—donde los procedimientos legales son más estructurados y limitados—a un ámbito completamente distinto, como la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Existen diferencias fundamentales dentro del sistema judicial: un procedimiento administrativo no es equivalente a uno penal o civil, y cada sistema tiene sus propias instancias procesales. Por ello, es crucial tener precaución al adoptar soluciones tecnológicas fuera del contexto para el que fueron originalmente diseñadas.
La automatización de la guerra a través de robots asesinos
Desde 2020, TEDIC forma parte de la campaña Stop Killer Robots para prohibir las armas autónomas y, por lo tanto, a mantener un control humano significativo sobre el uso de la fuerza. Desde TEDIC nos unimos a esta campaña global buscando crear espacios de diálogo entre múltiples sectores interesados para sensibilizar sobre este tema en particular y fortalecer los esfuerzos de la sociedad civil por abordar la cuestión del uso y el abuso de tecnología, en particular de la inteligencia artificial, que impregna la violencia y el control.
Haciendo eco a estas recomendaciones, en diciembre de 2024, la Asamblea General de la ONU integrada por 193 Estados, aprobó la resolución A/RES/79/62 sobre sistemas de armas autónomos letales. Incluyendo a Paraguay, 166 países, votaron a favor de la Resolución 79/62 sobre sistemas de armas autónomas letales, mientras que 3 votaron en contra y 15 se abstuvieron. La resolución crea un nuevo foro bajo los auspicios de la ONU para debatir los graves desafíos y preocupaciones que plantean los sistemas de armas autónomas y las medidas que deben tomarse al respecto.
Vigilancia en la Triple Frontera
En 2023, TEDIC, en colaboración con Data Privacy Brasil, llevó a cabo una investigación sobre el funcionamiento de las tecnologías de vigilancia fronteriza en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay. El estudio analizó dos programas de seguridad clave: Muralha Inteligente en Brasil y el Sistema Migratorio Automatizado de Reconocimiento Facial (SMARF) en Paraguay, con el objetivo de comprender sus narrativas, evaluar su efectividad y determinar si realmente cumplen con los propósitos para los que fueron diseñados. Los hallazgos revelan que, al igual que en otras investigaciones previas, persiste una preocupante falta de transparencia en el uso y funcionamiento de estos sistemas. La opacidad en torno a su implementación impide un adecuado control ciudadano y plantea serias dudas sobre su impacto en los derechos fundamentales de las personas que transitan por la región.
Declaración global “Within Bounds: Limiting AI’s environmental impact”
TEDIC también ha firmado una declaración que exige una gestión más justa y responsable de la IA para minimizar su impacto ambiental. Este documento establece cinco demandas: comenzando por la eliminación urgente de los combustibles fósiles en toda la cadena de suministro de la industria de la IA. Además, resalta la necesidad de que la infraestructura informática de estos sistemas respete los límites planetarios, evitando un uso desmedido de recursos. También enfatiza la responsabilidad de las grandes empresas del sector en garantizar cadenas de suministro éticas y sostenibles, asegurando que su influencia económica y política no comprometa el bienestar ambiental y social. Otro aspecto fundamental de la declaración es la necesidad de una participación pública equitativa en la toma de decisiones sobre el uso de la computación, sin que el activismo climático y medioambiental sea criminalizado. Finalmente, se exige mayor transparencia en torno a las implicaciones sociales y ambientales de las infraestructuras de IA, garantizando que la información sea accesible antes de su construcción o expansión.
Gobernanza de la IA en Paraguay
Actualmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se encuentran en la etapa de diagnóstico del RAM (Recomendaciones sobre la Ética de la Inteligencia Artificial) de la UNESCO. Para 2025, el objetivo es diseñar una hoja de ruta que guíe tanto la implementación del RAM como otros indicadores clave, dentro de un marco de gobernanza participativa.
Este esfuerzo es significativo, ya que refleja el interés del gobierno en promover el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial en el país. Sin embargo, es fundamental que este proceso incluya un enfoque basado en derechos humanos, transparencia y participación ciudadana, asegurando que las políticas tecnológicas respondan a las necesidades de la sociedad y no comprometan la privacidad ni las libertades individuales. En este contexto, TEDIC está interesada en acompañar este proceso, contribuyendo con su experiencia en derechos digitales, transparencia y ética en la inteligencia artificial, para garantizar que el diseño e implementación de estas políticas sean inclusivos y respeten los derechos fundamentales.
Recomendaciones de la sociedad civil de la región a la CIDH sobre AI
Como resultado de la sesión, la CIDH solicitó que la sociedad civil acerque sus recomendaciones para los multistakeholders sobre inteligencia artificial y derechos humanos. Derechos Digitales de América Latina lideró el documento de aportes de la sociedad civil de la región, un esfuerzo colaborativo en el que participaron 17 organizaciones. TEDIC contribuyó activamente, aportando su experiencia y antecedentes, además de colaborar en la formulación de recomendaciones para la protección de los derechos humanos en el contexto del uso de IA.
Las recomendaciones fueron:
Para los Estados:
Ofrezca a través de los Comisionados y las distintas Relatorías Especiales apoyo y orientación técnica a los Estados para integrar una perspectiva de derechos humanos que intersecten el ciclo de vida de las políticas públicas (diseño, implementación, evaluación y monitoreo de su impacto en derechos humanos) que buscan implementar tecnologías digitales para la prestación de servicios públicos, el acceso a bienes o ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía.
Genere estándares y lineamientos que operacionalicen la implementación de la perspectiva de derechos humanos y de impacto en derechos humanos aplicable al ciclo de vida de los datos y ciclo de vida de la inteligencia artificial cuando es desplegada por los Estados a la prestación de servicios públicos, el acceso a bienes o ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía.
Profundice en la elaboración de estándares interamericanos preexistentes sobre participación significativa, y afirme la importancia de integrar procesos participativos activos, abiertos, continuos y diversos en el diseño de las políticas públicas que buscan implementar sistemas de IA en el Estado para que distintos grupos poblacionales, en especial los más impactados, puedan involucrarse en los procesos de toma de decisiones públicas.
Acompañe y oriente procesos de alfabetización de servidores públicos involucrados en los procesos de adopción de sistemas de IA, así como aquellos servidores involucrados en la satisfacción de derechos y su reparación a través de mecanismos judiciales y extrajudiciales. Apoyar asimismo los procesos de alfabetización de la ciudadanía sobre el impacto que tienen los sistemas de IA en el ejercicio de sus derechos.
Que, en la elaboración de dichos estándares, considere como punto de partida los estándares consolidados en el sistema universal de derechos humanos, en particular los siguientes:
La obligación de los Estados de implementar mecanismos y evaluaciones de debida diligencia sistemática aplicada a la adopción y despliegue de tecnologías digitales intensivas en la explotación de datos, adoptada en la Resolución de la Asamblea General A/HRC/51/17 de 2022 sobre “El derecho a la privacidad en la era digital”. Además, dichas evaluaciones de debida diligencia deberían ser consagradas en “obligaciones jurídicamente vinculantes”, que contengan protocolos de comprobación de datos que protejan del sesgo algorítmico, racial y étnico, y que “deberían estar listos antes del despliegue de nuevas tecnologías”, según lo advierte la Resolución A/HRC/56/68 de 2024 sobre “Las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia, formas conexas de intolerancia”.
La obligación de los Estados de implementar evaluaciones de impacto en derechos humanos comprehensivos y regulares aplicables al diseño, desarrollo, compra, despliegue y operación de las tecnologías digitales intensivas en la explotación de datos, adoptada en la Resolución de la Asamblea General A/HRC/51/17 de 2022 sobre “El derecho a la privacidad en la era digital”.
Advertir que el procesamiento de grandes cantidades de datos, especialmente cuando hay datos personales, pueden representar elevado riesgo para la privacidad, en especial para su uso con fines de (i) perfilamiento, (ii) reconocimiento facial, (iii), predicción comportamiento y del crimen, (Iv) calificación o puntuación (scoring) personas, reconocido en la Resolución de la Asamblea General A/HRC/RES/48/4 de 2021 sobre “El derecho a la privacidad en la era digital”.
La obligación estatal de adoptar mecanismos de explicabilidad y transparencia de todas los procesos soportados en sistemas de IA, en especial cuando se adoptan para automatizar procesos en el sector público, reconocida en la Resolución de la Asamblea General A/HRC/48/31 de 2021 sobre “El derecho a la privacidad en la era digital”.
La obligación estatal de implementar mecanismos de auditoría independiente de los sistemas de automatización desplegados en el sector público, reconocida en la Resolución de la Asamblea General A/HRC/48/31 de 2021 sobre “El derecho a la privacidad en la era digital”.
La obligación estatal de asegurar la participación de todos actores interesados, incluidas personas potencialmente afectadas, incluidos grupos raciales y étnicos marginados, en el despliegue y uso de la IA en el Estado, reconocida en la Resolución de la Asamblea General A/HRC/48/31 de 2021 sobre “El derecho a la privacidad en la era digital”, y la Resolución A/HRC/56/68 de 2024 sobre “sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia, formas conexas de intolerancia”.
La importancia de prohibir regulatoriamente usos de alto riesgo de sistemas de IA, reconocida en la Resolución de la Asamblea General A/HRC/48/31 de 2021 sobre “El derecho a la privacidad en la era digital”.
La obligación estatal de abstenerse del uso de sistemas de IA y reconocimiento facial para identificar personas en el marco de protestas pacíficas, así como prohibir sistemas de vigilancia indiscriminada y masiva, reconocida en la Resolución de la Asamblea General A/HRC/44/24 de 2020 sobre “El impacto de las nuevas tecnologías en la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto de las reuniones, incluidas las protestas pacíficas”.
La obligación estatal de desarrollar marcos regulatorios de la IA que sean comprehensivos de los efectos e impactos del racismo sistémico, que su contenido se articule con el derecho internacional de los derechos humanos, y que su alcance aborde de manera exhaustiva y eficaz la prevención de la discriminación racial de los sistemas de IA, reconocida en la Resolución A/HRC/56/68 de 2024 sobre “sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia, formas conexas de intolerancia”.
La obligación estatal de apropiar mecanismos de apelación claros y accesibles, así como de restitución, indemnización y rehabilitación ante sistemas de IA que hayan dado lugra a violaciones de los derechos humanos, y que su alcance cubra también en el abordaje de los impactos sistémicos del racismo, que incluyan además la intervención y revisión humana, reconocida en la Resolución A/HRC/56/68 de 2024 sobre “sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia, formas conexas de intolerancia”.
Que en la elaboración de futuros informes temáticos y de países, así como de futuras visitas de trabajo in loco:
Incluir de manera transversal una perspectiva de derechos humanos que permita analizar, documentar y monitorear el impacto y efectos de la apropiación y despliegue de sistemas de IA por los Estado en, por ejemplo, la protección de las niñeces, la protección de mujeres y niñas, el trabajo de personas defensoras de los derechos humanos, la protección de los trabajadores y el futuro del trabajo, la protección del medio ambiente y el cambio climático, la protección de grupos étnicos y racializados, la protección de las personas periodistas, entre otros. Y el ejercicio de derechos impactados por estos sistemas, como la libertad de expresión, la salud, el trabajo, la privacidad, la educación, la protección de datos, el acceso a la justicia, a la igualdad y no discriminación, el acceso a la información pública, entre otros.
Requerir a los Estados la generación de información pública, abierta, actualizada y sucesiva sobre la adopción, pilotaje, despliegue y evaluación de sistemas de IA implementados o que, habiendo sido implementados, fueron desmontados o retirados.
Publicar informes diagnósticos sobre el estado regional de uso, implementación, evaluación y monitoreo de los sistemas de IA desplegados por los Estados o que, habiendo sido implementados, fueron desmontados o retirados.
Para los actores del sector privado
Genere estándares y lineamientos que operacionalicen los compromisos de las Empresas en materia de Derechos Humanos y su aplicabilidad a las actividades de las empresas tecnológicas. Sobre este particular, sugerimos respetuosamente adoptar el contenido de la Resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas A/HRC/50/56 “La aplicación práctica de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos a las actividades de las empresas tecnológicas” adoptada en 2022, que consagra acciones específicas para las empresas que desarrollan, diseñan, venden o licencian tecnologías digitales, en especial, sistemas de IA, que luego son apropiadas por los Estados; así como obligaciones específicas para los Estados que adquieren, compran, licencian o tercerizan actividades de la función pública en empresas privadas del sector tecnológico.
Aborde de manera diferenciada el rol y alcances que tienen los distintos actores del sector privado (empresas nacionales y transnacionales de tecnologías; actores de la cooperación y el desarrollo; universidades privadas, etc.), así como el alcance de sus obligaciones en derechos humanos aplicada a los sistemas de IA cuando son apropiados o desplegados por los Estados.
Para la sociedad civil
Establecer, con la cooperación y alianza de la sociedad civil interesada y otros actores interesados, grupos de trabajo que permitan avanzar en el monitoreo, estudio, documentación, evaluación e intercambio de información en torno a casos de despliegue de sistemas de IA por los Estados.
Desplegar, con la colaboración de la sociedad civil interesada, sesiones informativas y de intercambio de conocimiento entre la CIDH y sus distintas Relatorías, para ampliar capacidades y conocimiento técnico mutuo.
Alentar y orientar a la sociedad civil para que pueda apropiarse de los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (como su involucramiento con el SIMORE, las audiencias temáticas, el envío de casos ante el SIDH, etc.) para fortalecer sus capacidades de incidencia a nivel regional.
Generar espacios de encuentro, en línea y fuera de ella, entre los integrantes de la CIDH, sus distintas Relatorías, y la sociedad civil, para dar seguimiento a las acciones apropiadas por ésta a partir de la audiencia regional citada de oficio “Derechos Humanos e Inteligencia Artificial”.
Otros esfuerzos de la OEA en materia de IA
Solicitamos a la CIDH que pueda articular, asesorar y orientar desde una perspectiva de derechos humanos, los esfuerzos emprendidos por la OEA dirigidos a la generación del así llamado Marco Jurídico Interamericano de Gobernanza de Datos e IA, y que está compuesto por tres documentos: los a) Lineamientos para la gobernanza de datos y la IA, b) la Publicación regional sobre gobernanza de datos e IA, y la c) Política Modelo de Gobernanza de Datos, generados en atención al mandato asumido por la OEA en la última Asamblea General.
La presente publicación ha sido financiada por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de TEDIC y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.
Cuando pensamos en “tecnología”, muchas veces imaginamos cables, pantallas y grandes centros de datos. Rara vez pensamos en nuestros cuerpos, en nuestros territorios o en la historia de lucha de los feminismos. Sin embargo, en nuestra nueva investigación invitamos a mirar el mundo digital desde otro lugar: uno donde lo técnico también es político, y donde lo feminista es profundamente tecnológico.
Desde TEDIC y la Asociación de Investigadoras Feministas del Paraguay (APIF) lanzamos Feminismos y tecnologías: una investigación exploratoria desde Paraguay, un trabajo que parte de una pregunta tan importante pero poco explorada: ¿cómo se cruza la experiencia feminista con el mundo de la tecnología en un país como el nuestro?
Lo personal es político… y también digital
A lo largo de décadas, los feminismos han cuestionado las estructuras de poder que organizan nuestras vidas. Esta vez, el foco está puesto en las tecnologías: cómo se diseñan, quiénes las piensan, desde qué lugares, y qué desigualdades reproducen o podrían transformar.
Esta investigación nos muestra que pensar en tecnologías desde una perspectiva feminista implica repensar las relaciones de género, clase, raza y poder que atraviesan tanto los dispositivos que usamos como las formas en que los usamos. La tecnología no es neutral. Y por eso, es urgente disputar su diseño y su desarrollo.
¿Por qué esta investigación es importante?
En Paraguay casi no existen estudios que vinculen feminismos con tecnologías desde una mirada crítica e interseccional. Y porque, aunque muchas veces parezca que hablar de “tecnología” es solo para ingenieros u hombres “expertos”, lo cierto es que todas y todos vivimos atravesadas por sus efectos. Desde cómo nos comunicamos hasta cómo trabajamos, criamos o resistimos.
Las autoras –Montserrat Fois, Verónica Villalba y Jazmín Sánchez– proponen una mirada desde el sur global que visibiliza algo fundamental: la tecnología no solo importa, también se habita, se cuestiona y se resignifica desde nuestros territorios.
¿Cómo se hizo esta investigación?
Este estudio fue realizado combinando una revisión teórica y documental con entrevistas a personas representantes del campo feminista y tecnológico de Paraguay. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a activistas, académicas y profesionales del ámbito tecnológico. Las entrevistas no solo brindaron insumos para el análisis, sino que también funcionaron como una forma de reconocer, validar y visibilizar saberes situados que rara vez son parte de las conversaciones sobre tecnología.
Además, se realizó un mapeo de iniciativas, colectivos y experiencias que articulan género y tecnología desde el activismo, la educación, la producción técnica o la defensa de derechos digitales. La investigación no buscó agotar el tema, sino abrir un camino para futuras sistematizaciones, investigaciones y articulaciones.
¿Qué aporta una mirada feminista?
Una mirada feminista e interseccional sobre la tecnología nos permite:
Cuestionar la idea de que el acceso tecnológico basta si no se discuten las condiciones de desarrollo y uso.
Identificar cómo las tecnologías actuales reproducen desigualdades de género, raza y clase.
Reconocer la importancia del conocimiento situado y las experiencias locales frente a una mirada tecnocrática o extractivista.
Plantear alternativas desde la colaboración, la autonomía tecnológica y la justicia social.
Resistencias que ya existen
La investigación también recupera las voces de mujeres y diversidades que ya están disputando el territorio tecnológico en Paraguay y la región: desde las comunidades campesinas que crean redes agroecológicas, hasta activistas digitales que enfrentan la violencia en línea, pasando por científicas y técnicas que desafían la brecha de género en ciencia y tecnología.
En un contexto político y económico hostil, donde las políticas públicas avanzan poco en temas de inclusión digital, estas resistencias cobran más fuerza y sentido que nunca. Como señala el estudio, “las tecnologías digitales no son ajenas al cuerpo, ni a la tierra que habitamos”.
Desde Paraguay, para el sur global
Uno de los aportes más valiosos de este trabajo es la capacidad de conectar lo local con lo regional y lo global. Desde la noción de cuerpo-territorio hasta la crítica a la colonialidad del poder y su nueva versión: la colonialidad tecnológica, el documento se convierte en una herramienta teórica y práctica para pensar la soberanía digital desde una perspectiva feminista y latinoamericana.
Además, la investigación propone algunos caminos por seguir transitando o explorar:
Fortalecer redes entre organizaciones feministas y tecnológicas.
Impulsar políticas públicas con enfoque de género en el ámbito digital.
Crear repositorios tecnofeministas de acceso abierto.
Desarrollar investigaciones colaborativas sobre sesgos algorítmicos.
Fomentar campañas de comunicación que promuevan la justicia digital.
Invertir en educación tecnológica con perspectiva de género.
Hallazgos que abren preguntas
Entre los hallazgos más importantes se destacan:
La ausencia de políticas públicas con enfoque de género en el ámbito tecnológico.
El escaso acceso de mujeres y diversidades a carreras y espacios vinculados al desarrollo tecnológico.
La invisibilización del trabajo de activistas, técnicas e investigadoras en el campo de la tecnología.
La necesidad de producir conocimiento desde el sur, que dialogue con experiencias y resistencias locales, lejos de los modelos importados y extractivistas.
También se visibiliza que, aunque las experiencias tecnofeministas en Paraguay existen, muchas veces no se nombran como tales. Eso nos invita a reconocer que el cruce entre feminismos y tecnologías no siempre es explícito, pero sí constante, diverso y en expansión.
¿Qué sigue?
Desde TEDIC creemos que este estudio es apenas un punto de partida. Un llamado a seguir tejiendo redes, construyendo tecnologías más justas y repensando nuestros vínculos con lo digital. Porque no queremos más tecnologías que reproduzcan las desigualdades y violencias que combatimos todos los días. Queremos tecnologías pensadas desde el cuidado, la autonomía y la transformación.
Podés leer el informe completo en nuestra web y compartirlo con tu comunidad. Porque cuando hablamos de tecnología, también estamos hablando de derechos, de justicia y de futuros posibles.
“Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado.” – George Orwell, 1984
Cuando George Orwell escribió 1984, quizás no imaginaba que, décadas más tarde, su distopía sería menos una advertencia lejana y más un espejo incómodo de nuestro presente. Aunque no vivimos bajo un solo “Gran Hermano”, sí lo hacemos bajo la mirada constante de un puñado de empresas que saben qué comemos, con quién hablamos, qué deseamos y hasta por quién votamos. La vigilancia ya no solo se impone con miedo, sino que se puede descarga gratis desde cualquier app store.
Vivimos en un mundo donde casi todo lo que hacemos online —desde enviar un mensaje hasta guardar una receta— es monitoreado, recopilado, vendido o usado para alimentar algoritmos que deciden qué vemos, qué no, y en qué creemos. No es ciencia ficción: es el modelo de negocio de las big techs.
Hoy, solo cinco grandes corporaciones – Alphabet (Google), Amazon, Microsoft, Apple y Meta – concentran el poder de decidir cómo nos comunicamos, cómo nos organizamos y qué herramientas usamos para hacerlo. Esta concentración no solo limita nuestra libertad digital, sino que también pone en riesgo nuestra seguridad, nuestra privacidad y, en última instancia, nuestra democracia.
El esfuerzo vale la pena
Elegir herramientas libres no es (solo) una cuestión técnica. Es una decisión política, que muchas veces también implica contar con ciertos privilegios: tiempo, acceso a información, habilidades técnicas o redes de apoyo que no todas las personas tienen. Es preguntarnos qué modelo queremos sostener: uno basado en la vigilancia y el extractivismo de datos, o uno basado en la autonomía, la transparencia y el cuidado colectivo.
Sí, cambiar cuesta. Requiere esfuerzo. Pero es el mismo esfuerzo que hacemos las comunidades desarrolladoras, activistas y organizaciones que sostenemos estas alternativas libres. Y es también el esfuerzo que merecen nuestras redes, nuestros espacios de trabajo y nuestros proyectos.
A continuación, compartimos una lista de herramientas libres y seguras que desde TEDIC utilizamos y que vos también podés empezar a usar hoy mismo. Algunas son ideales para uso personal; otras, perfectas para organizaciones que quieren dejar de depender de servicios privativos. No son “más difíciles”: simplemente requieren otro tipo de compromiso y organización.
Menos X, más Mastodon y Bluesky Plataformas descentralizadas donde cada comunidad establece sus propias reglas. No hay algoritmo que te diga qué pensar.
Cambiar de software no basta si no cambiamos también nuestra forma de organizarnos y pensar lo digital. Es necesario construir espacios seguros y autónomos desde el diseño mismo de nuestras prácticas: cómo trabajamos, cómo nos comunicamos, cómo alojamos nuestros datos. La seguridad digital no es un producto que se compra: es un hábito que requiere que nuestras organizaciones y activismos trabajen de forma colectiva.
La vigilancia masiva no es un destino inevitable. Podemos elegir otro camino. Podemos construir otras formas de habitar Internet. Seguramente no sea fácil, pero tampoco lo es sostener la vigilancia como norma. Si querés seguir explorando opciones libres, podés revisar esta lista de herramientas para la educación virtual o escribirnos para seguir pensando juntas, juntos, juntes.
La presente publicación ha sido financiada por Pan Para el Mundo. Su contenido es responsabilidad exclusiva de TEDIC y no refleja necesariamente los puntos de vista de la Pan Para el Mundo.
